El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, a través de la Dirección de Control Forestal, continúa desarrollando operativos preventivos en rutas y lotes rurales de diferentes puntos de la provincia, con el acompañamiento de efectivos de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones (DDMAyDR).
En la zona norte, el martes 24 de febrero inspectores de control forestal realizaron controles preventivos en el municipio de Colonia Delicia. Las intervenciones se concretaron sobre sectores de la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial Nº 18, donde se llevó adelante la verificación del tránsito de camiones para detectar posible transporte de maderas nativas.
Durante la jornada, el equipo también efectuó recorridas e inspecciones in situ en lotes rurales con presencia de bosque nativo ubicados al interior de la Ruta Provincial Nº 18, reforzando así las tareas de fiscalización territorial.
En la zona sur, agentes de la Dirección de Control Forestal, junto a la DDMAyDR de la Policía de Misiones, continúan ejecutando un Plan de Operativos de Control preventivo en ruta y en lotes rurales de los municipios de San Javier, Azara y Apóstoles.
Los días martes 24 y miércoles 25 de febrero se realizaron controles diurnos y nocturnos en rutas, con verificación del tránsito de camiones para fiscalizar el posible transporte de madera nativa, controlar la documentación correspondiente —incluidas las guías de transporte— y detectar eventuales maniobras de traslado ilegal.
El plan de operaciones continuará durante la semana en municipios de la zona centro y norte, con el objetivo de profundizar las acciones preventivas y garantizar una presencia efectiva de los agentes de fiscalización, especialmente en aquellos distritos que cuentan con amplias superficies de bosques nativos.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, mantuvo un encuentro virtual con sus pares de Catamarca, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta y Tucumán para coordinar una agenda común centrada en producción, turismo, energía, minería y agro. El intercambio, difundido a través de sus redes sociales, no fue una simple foto política: funcionó como un mensaje explícito sobre el papel del interior en la discusión económica nacional y sobre la necesidad de fortalecer la voz de las provincias en el Congreso.
“El federalismo no es un discurso, es una práctica cotidiana”, expresó Passalacqua tras la reunión con Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). La frase condensa el tono del encuentro: una reivindicación del poder territorial en un momento donde las decisiones macroeconómicas impactan directamente en las economías regionales.
La reunión no anunció medidas concretas ni normas nuevas. Sin embargo, su relevancia radica en la construcción de un bloque político que busca incidir en debates clave vinculados a regulación productiva, inversión energética y defensa de actividades estratégicas del interior.
Federalismo activo y coordinación política
Los mandatarios coincidieron en la necesidad de compartir “miradas, datos y realidades” sobre la situación de sus provincias y sobre el rol que el interior debe asumir “en la Argentina que viene”. Esa formulación, lejos de ser retórica, apunta a consolidar un esquema de coordinación entre provincias con perfiles productivos fuertes y recursos naturales estratégicos.
La mayoría de los gobernadores que participaron provienen de espacios provinciales. Ese dato no es menor. Refuerza una identidad política menos alineada a estructuras partidarias nacionales y más enfocada en la defensa de intereses territoriales específicos.
En términos institucionales, la referencia a “fortalecer la voz de nuestras provincias en el Congreso” sugiere una estrategia de articulación legislativa. Las provincias productoras de energía, minería o agroindustria suelen tener intereses comunes en debates sobre retenciones, coparticipación, incentivos a la inversión o regulación sectorial.
El encuentro virtual, entonces, opera como instancia de coordinación previa a discusiones formales. No crea un nuevo organismo ni formaliza un bloque, pero sí anticipa un alineamiento que puede traducirse en posiciones comunes frente a iniciativas nacionales.
Producción y recursos naturales: el eje económico
Producción, turismo, energía, minería y agro fueron los sectores mencionados. Todos comparten una característica: dependen de políticas regulatorias y fiscales definidas en gran medida a nivel nacional, pero generan impacto directo en las economías provinciales.
Para distritos con fuerte presencia de recursos naturales, la discusión sobre inversión y reglas de juego resulta central. La defensa de “nuestras economías regionales”, como planteó Passalacqua, remite a la necesidad de sostener competitividad y evitar decisiones que afecten márgenes productivos o ingresos fiscales locales.
Además, el énfasis en el interior productivo introduce una narrativa económica clara: el crecimiento nacional, según los gobernadores, “empieza en cada provincia, productor y trabajador del interior profundo”. Es una forma de colocar al sector productivo territorial en el centro del debate sobre desarrollo.
En la práctica, esta articulación puede influir en discusiones sobre infraestructura, incentivos sectoriales, distribución de recursos y marcos regulatorios. También puede incidir en cómo se negocian proyectos vinculados a energía o minería, actividades con alta sensibilidad fiscal y ambiental.
Señales políticas en un escenario de tensión federal
El mensaje político es evidente. Al reivindicar una mirada “autónoma” y distante de “las viejas disputas del centralismo”, los gobernadores plantean una tensión histórica entre Nación y provincias. No es una confrontación explícita, pero sí una advertencia sobre la necesidad de equilibrio en la toma de decisiones.
En un contexto donde las variables macroeconómicas dominan la agenda pública, el interior busca no quedar relegado. La coordinación entre provincias productivas refuerza su capacidad de negociación y envía una señal al sistema político: las decisiones económicas tendrán impacto territorial y las provincias pretenden participar activamente en su diseño.
El encuentro no redefine el mapa institucional, pero sí muestra una dinámica en movimiento. Las provincias productivas buscan mayor incidencia. La discusión sobre cómo se traduce esa articulación en acciones concretas —legislativas, regulatorias o fiscales— queda abierta. Y allí se jugará el verdadero alcance de este gesto político.
Javier Milei volvió a subir el tono contra sectores industriales a los que acusa de haber operado con márgenes extraordinarios al amparo del proteccionismo. A través de su cuenta en X, el Presidente habló de “chorros” y de un “robo” contra los consumidores, y reivindicó la apertura económica como herramienta para desarmar lo que define como un esquema de privilegios empresariales. El mensaje llegó en un momento delicado: el cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes y el despido de 920 empleados, una decisión que obligó al Gobierno a dictar conciliación obligatoria por 15 días bajo la Ley 14.786.
La ofensiva discursiva no es aislada. Se inscribe en una estrategia más amplia de confrontación con sectores productivos que cuestionan la desregulación comercial y la reducción de barreras a la importación. En términos políticos, Milei intenta reforzar su narrativa: la apertura como mecanismo de disciplinamiento de precios y eliminación de “ganancias extraordinarias”.
Acusaciones públicas y defensa de la apertura
El Presidente celebró un mensaje que reunía titulares sobre presuntos sobreprecios industriales y márgenes elevados en distintos rubros. En ese marco, apuntó contra empresarios siderúrgicos y fabricantes de neumáticos, a quienes aludió con apodos despectivos, y sostuvo que habían dejado “en evidencia” un sistema que, según su visión, operó con protección estatal.
BATALLA CULTURAL Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de…
En el sector del neumático, Milei citó declaraciones del CEO de Neumen, Roberto Méndez, quien reconoció públicamente: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”. También señaló que la ganancia debería ubicarse en “no menos de 22%” sin contar impuestos.
El Gobierno interpreta estas admisiones como prueba de que la regulación comercial y la restricción a las importaciones favorecieron márgenes elevados. Por eso, defiende la apertura como instrumento correctivo. No se trata solo de comercio exterior: es una disputa sobre el modelo productivo y el rol del Estado en la protección de la industria.
Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado de “robo” los precios de la ropa en Argentina y admitido que evitaba comprar indumentaria en el mercado interno. El cruce con la industria textil anticipó el clima actual.
El caso Fate: empleo, regulación laboral y señal al mercado
La confrontación discursiva coincidió con el anuncio del cierre de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores. Frente a esa decisión, el Gobierno activó la conciliación obligatoria por 15 días, ordenando retrotraer la situación previa al conflicto.
La resolución, firmada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley 14.786, obliga a la empresa a dejar sin efecto las cesantías mientras dure el proceso y a garantizar tareas normales. Al mismo tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino debe suspender medidas de fuerza.
La intervención muestra un equilibrio complejo. Por un lado, el Ejecutivo promueve apertura y competencia externa; por otro, utiliza herramientas regulatorias para contener el impacto laboral inmediato. En términos económicos, el conflicto expone la tensión entre precios más bajos vía importaciones y sostenibilidad del empleo industrial.
El sector del neumático enfrenta competencia creciente en un mercado que históricamente operó con protección arancelaria. La apertura puede presionar márgenes y forzar reestructuraciones. Sin embargo, también puede trasladar beneficios al consumidor final en forma de precios más competitivos.
Señales políticas y reconfiguración del vínculo con la industria
El mensaje presidencial va más allá del caso puntual. Milei habla de “batalla cultural” y agradece, en tono irónico, a empresarios que —según su lectura— revelaron prácticas asociadas al proteccionismo. La estrategia apunta a consolidar apoyo social a la desregulación, incluso en medio de conflictos laborales.
La señal al mercado es ambivalente. Para importadores y consumidores, la retórica refuerza la idea de mayor competencia y menores barreras. Para la industria local, introduce incertidumbre sobre el nivel de respaldo estatal en un contexto de transición.
La utilización de términos duros no es casual. Forma parte de una construcción política que contrapone apertura y “empresarios amigos”. Al mismo tiempo, la conciliación obligatoria muestra que el Gobierno no renuncia a herramientas de intervención cuando el conflicto escala.
La discusión de fondo permanece abierta: cuánto ajuste puede absorber el entramado industrial sin deterioro significativo del empleo y cuánto margen existe para sostener competitividad sin protección. La confrontación discursiva ya está instalada. El impacto económico real se medirá en los próximos meses.
El 2 de marzo comenzará el ciclo lectivo 2026 en los institutos públicos de gestión privada de Misiones. La confirmación llegó a través de la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (AIPEM), que presentó el inicio de clases bajo el lema “Estudiar asegura tu futuro. Juntos creamos más oportunidades”.
Más allá de la consigna institucional, el dato central es político y económico: el arranque en fecha busca consolidar previsibilidad en un sistema que combina financiamiento estatal, gestión privada y fuerte articulación con organizaciones sociales y religiosas. En un contexto donde la estabilidad de servicios esenciales funciona como señal de orden, la educación vuelve a convertirse en un termómetro institucional.
El anuncio no es solo calendario. Es una declaración de normalidad operativa y de coordinación entre actores públicos y privados en un sector que tiene impacto directo en empleo docente, economía familiar y dinámica territorial.
Un esquema mixto con respaldo estatal y gestión privada
Los institutos públicos de gestión privada forman parte del sistema educativo provincial bajo un modelo híbrido: reciben aporte estatal pero son administrados por entidades privadas, muchas de ellas con arraigo social o religioso. Ese esquema exige una coordinación permanente entre el Estado provincial, las instituciones y las familias.
AIPEM subrayó que el inicio del ciclo lectivo se da con “las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades pedagógicas”, una frase que, en términos institucionales, traduce planificación presupuestaria, previsión salarial y organización académica previa.
En sistemas educativos con financiamiento compartido, el cumplimiento del calendario escolar tiene implicancias más amplias que la mera apertura de aulas. Implica que la estructura de aportes, subsidios y funcionamiento administrativo logró sostenerse sin interrupciones.
El mensaje también apunta a reforzar confianza. La educación, en especial en provincias con fuerte presencia de gestión privada subvencionada, funciona como red de contención social y como engranaje productivo indirecto. Cada institución activa moviliza empleo docente y no docente, consumo vinculado a útiles, transporte y servicios, y estructura rutinas laborales familiares.
Impacto económico y territorial: empleo, previsibilidad y capital humano
El inicio regular del ciclo lectivo impacta en varios niveles. En primer lugar, sostiene la actividad laboral de miles de docentes y personal administrativo que dependen directa o indirectamente de estos establecimientos. En segundo término, ordena la planificación económica de las familias, que ajustan gastos en función del calendario escolar.
Pero el efecto más profundo es estructural. La continuidad educativa incide en la formación de capital humano, variable central para cualquier estrategia de desarrollo provincial. AIPEM enfatizó el compromiso con la “educación, la inclusión y el desarrollo de oportunidades reales”, conceptos que, en clave económica, remiten a movilidad social y productividad futura.
El trabajo articulado entre Estado, instituciones educativas, organizaciones sociales y religiosas y familias aparece como el soporte de esa estabilidad. Esa cooperación reduce incertidumbre en un sector que depende tanto de decisiones presupuestarias como de capacidad organizativa.
En términos regulatorios, el normal inicio de clases también consolida el modelo de gestión privada con financiamiento público, esquema que equilibra autonomía institucional y supervisión estatal. Para el sector productivo, la regularidad del calendario escolar contribuye a la organización de tiempos laborales y a la previsibilidad social.
Una señal institucional en un contexto más amplio
La educación no suele ocupar el centro del debate macroeconómico inmediato, pero su funcionamiento ordenado tiene peso simbólico. En un escenario donde la previsibilidad se convierte en activo político, comenzar el ciclo lectivo en fecha envía un mensaje de coordinación y continuidad.
El anuncio de AIPEM refuerza la idea de estabilidad en un sistema que requiere cooperación permanente. No introduce cambios normativos ni reformas estructurales, pero sí consolida una dinámica institucional que combina gestión privada y respaldo estatal.
La señal, entonces, no es disruptiva sino confirmatoria: el esquema vigente se sostiene y opera con normalidad. Queda por observar cómo evolucionará durante el año el vínculo financiero y regulatorio entre el Estado provincial y los institutos de gestión privada, especialmente en un contexto donde los equilibrios presupuestarios suelen tensionar áreas sensibles.
Por ahora, el calendario marca el pulso. Y el 2 de marzo, en Misiones, la educación volverá a abrir sus puertas como indicador de continuidad institucional más que como simple acto administrativo.
La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para relevar documentación contable y financiera que, según el organismo, fue requerida sin respuesta.
La medida, firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, apunta a verificar posibles “graves irregularidades”, aunque aclararon que no implica una intervención ni una sanción, sino una veeduría informativa en el marco de las funciones de fiscalización.
De concretarse, los veedores deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, revisar libros societarios, registros financieros y elaborar un informe técnico sobre cuentas, obligaciones impositivas y previsionales.
El control también alcanzará el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo la adquisición de inmuebles, la estructura patrimonial y los convenios firmados, con foco en la trazabilidad de los fondos utilizados.
Además, la IGJ pidió auditar los vínculos comerciales y financieros de la AFA con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas y otras firmas relacionadas, para reconstruir el flujo de dinero y las rendiciones de cuentas.
El pedido se da luego de que el organismo rechazara el intento de la entidad de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que mantuvo a la asociación bajo su órbita de control. Ahora, la designación de los veedores dependerá de la decisión final del Ministerio de Justicia.
