Con el Decreto 84/2026, publicado este 4 de febrero, el Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación de la Ley 27.793, declaró operativa la emergencia en discapacidad y definió el marco administrativo, fiscal y previsional del sector. La decisión se produce en un contexto de tensión institucional, con una sentencia judicial que ordenó la aplicación inmediata de la norma y recursos del Estado aún sin resolver.
El Gobierno nacional avanzó este martes en la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, al dictar el Decreto 84/2026, que establece las reglas operativas para su implementación, aprueba el nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y fija las competencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud. La medida, que entra en vigencia desde su dictado, marca un punto de inflexión en una política pública atravesada por restricciones presupuestarias, debates federales y una fuerte judicialización.
La decisión del Ejecutivo se produce tras la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que el 12 de diciembre de 2025 declaró inválido el artículo 2° del Decreto 681/25 —que había suspendido la aplicación de la ley por falta de financiamiento— y ordenó su inmediata puesta en marcha. Aunque el Estado nacional apeló el fallo y presentó recursos pendientes de resolución, el decreto aclara que la reglamentación se dicta “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir los fundamentos” del pronunciamiento judicial, pero con el objetivo de dotar de previsibilidad administrativa al sistema.
Un marco normativo bajo presión judicial y presupuestaria
La Ley 27.793 fue sancionada por el Congreso tras la insistencia legislativa frente al veto total del Ejecutivo, instrumentado en agosto de 2025 mediante el Decreto 534/25. Finalmente, la norma fue promulgada en septiembre por el Decreto 681/25, aunque su ejecución había quedado suspendida en función del artículo 5° de la Ley 24.629, que condiciona la vigencia de leyes con impacto fiscal a la identificación de fuentes de financiamiento.
Ese equilibrio se quebró con la intervención judicial. El fallo de Campana intimó al Estado a reglamentar la ley en un plazo de 30 días, plazo que el Ejecutivo cumple formalmente con el dictado del Decreto 84/2026. En los considerandos, el Gobierno remarca la necesidad de ordenar criterios, fortalecer la trazabilidad de las acciones estatales y establecer mecanismos de control, en un contexto de alta sensibilidad social y fiscal.
El decreto también consolida la centralización de la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, a partir de la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama oficial, decisión ya dispuesta por el Decreto 942/25. El enfoque adoptado se alinea con el “modelo social de la discapacidad” y con los tratados internacionales en la materia, integrando dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.
Pensiones, auditorías y alivio fiscal: los ejes de la reglamentación
Uno de los puntos centrales del decreto es la puesta en funcionamiento del nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que reemplaza y ordena prestaciones previas. La reglamentación define criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades, procedimientos administrativos y mecanismos de control, y establece que la ANSES será el organismo encargado de la liquidación y el pago de los haberes.
Además, se instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a iniciar, dentro de los 15 días hábiles desde la publicación, el proceso de conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a la ley, garantizando el derecho de defensa de los beneficiarios. Hasta tanto se dicten los actos administrativos correspondientes, los titulares continuarán percibiendo los beneficios vigentes.
En paralelo, la reglamentación activa un régimen de regularización de deudas tributarias para sujetos alcanzados por la Ley 24.901, que incluye obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025. El esquema contempla la condonación de hasta el 100% de intereses resarcitorios y punitorios, así como multas no firmes, y faculta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a dictar las normas operativas en un plazo de 15 días hábiles.
También se prevé un mecanismo de compensación de emergencia para prestadores de servicios de discapacidad, con base en la facturación declarada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La instrumentación se realizará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con controles de la Superintendencia de Servicios de Salud y eventual intervención del Ministerio de Economía para definir el cronograma de pagos.
Articulación federal y control: el rol del Consejo Federal de Discapacidad
Otro eje estructural del decreto es el fortalecimiento de la articulación federal. La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica y a presentar, en un plazo de 30 días, un plan de auditorías periódicas, tal como lo exige el artículo 16 de la ley.
El Consejo, creado por la Ley 24.657, es ratificado como el principal ámbito institucional de consulta y coordinación, con participación de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la sociedad civil. Las medidas adicionales que se acuerden en ese ámbito se implementarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento, sujetos a las competencias y disponibilidades presupuestarias de cada jurisdicción.
Impacto y escenarios abiertos
La reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tiene efectos directos sobre beneficiarios de pensiones, prestadores de servicios, organizaciones del sector y las finanzas públicas. En lo inmediato, ordena un marco operativo que estaba en suspenso y responde a una exigencia judicial concreta. Sin embargo, deja abiertos varios interrogantes: el desenlace de los recursos judiciales pendientes, la definición de las fuentes de financiamiento y la capacidad del Estado para sostener el esquema en un contexto de ajuste fiscal.
Desde el plano institucional, el decreto busca equilibrar cumplimiento formal, control administrativo y cautela presupuestaria. Desde el plano político, expone la tensión entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial en torno a políticas sociales de alto impacto. Y desde lo económico, instala un sistema que combina alivio fiscal, control de prestaciones y reordenamiento del gasto, con efectos que se medirán en los próximos meses.
