Hasta el 30 de Abril de 2026, los clientes de Banco Macro que utilicen sus Tarjetas Visa Macro sumarán chances para el sorteo de 38 paquetes para dos personas y disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA2026TM que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, cortesía de Visa.
Los paquetes incluyen:
Entradas para un partido de la Copa Mundial de la FIFA2026TM
Pasajes aéreos ida y vuelta desde Buenos Aires.
Hospitalidad Visa para el ganador y un acompañante.
Asistencia al viajero durante toda la experiencia.
Alojamiento por 4 noches en un hotel 4 estrellas.
Comidas incluidas: desayunos, almuerzos y cenas.
Traslados en el destino.
Tarjeta prepaga con un saldo de 400 dólares.
Regalos de merchandising de cortesía.
Actividades culturales y staff de soporte y seguridad las 24 horas durante la estadía.
¿Cómo participar en el sorteo?
Es muy sencillo: cada vez que los clientes usen sus tarjetas de débito o crédito Visa Macro sumarán chances automáticamente.
Por cada $1.000 en consumos → 1 chance
Si pagan con MODO, Apple Pay o Google Pay → las chances se multiplican x5
Cuanto más consuman los clientes con sus Tarjetas Visa de Débito y Crédito Visa Macro, más oportunidades tendrán de ganar.
Toda la información, bases y condiciones se encuentran en:
“Esta promoción es una forma más de agradecer y premiar la confianza que día a día nos brindan nuestros clientes. Junto a Visa queremos que 38 personas y sus acompañantes vivan la experiencia única de alentar a la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA2026TM afirmó, Juan Parma, CEO de Banco Macro.
El presidente Javier Milei decidió reemplazar a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y nombrar en su lugar a Juan Bautista Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El anuncio se concretó con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente y terminó de materializar una salida que, según trascendió, estaba acordada desde octubre pasado y tenía como horizonte marzo de este año.
La decisión marca el fin de uno de los últimos integrantes del primer Gabinete de Milei y abre una nueva etapa en una cartera estratégica para la relación entre el Gobierno y el sistema judicial. ¿Se trata de un simple recambio por desgaste o de un movimiento más profundo para consolidar influencia institucional en un área sensible?
Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.
El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente.
Mahiques llega al Ministerio tras ejercer desde finales de 2019 la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, es decir, como jefe de los fiscales porteños. También preside desde 2022 la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.
Su perfil combina gestión técnica y pertenencia a lo que en el ámbito judicial se denomina “familia judicial”. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El Presidente envió recientemente su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para renovar su cargo antes de que cumpla 75 años en noviembre, un gesto interpretado como señal de cercanía política.
El entorno familiar también incluye a Ignacio Mahiques, fiscal porteño y adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, y a Esteban Mahiques, actual director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integrante previo del Tribunal de Disciplina de la AFA.
El desplazamiento de Cúneo Libarona responde a un acuerdo previo con los hermanos Milei para permanecer en funciones hasta marzo. El propio ministro saliente admitía en privado el desgaste de la gestión y su intención de dejar el cargo.
Impacto político y equilibrio institucional
El Ministerio de Justicia no solo gestiona políticas públicas; actúa como bisagra entre el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y el Congreso en materia de reformas judiciales. El ingreso de un fiscal con trayectoria en el ámbito porteño y vínculos consolidados dentro del sistema judicial puede redefinir esa interlocución.
En términos de poder, el movimiento fortalece el ala técnica con anclaje en tribunales y fiscalías. También envía una señal hacia el Senado, donde se tramitan pliegos y designaciones clave. La renovación del cargo de Carlos Mahiques en Casación y la llegada de su hijo al Ministerio configuran un esquema que consolida una red de relaciones institucionales.
Para el Gobierno, el recambio puede servir para ordenar una agenda judicial que incluye reformas pendientes y debates sensibles. Para la oposición, abre interrogantes sobre concentración de influencia y alineamientos dentro del Poder Judicial.
Un nuevo ciclo en Justicia
El cambio ocurre en un momento en que el Ejecutivo necesita estabilidad política y coordinación con el Congreso para avanzar en iniciativas estructurales. La figura del ministro de Justicia es central en ese engranaje.
Habrá que observar cómo Mahiques gestiona la transición, qué señales envía hacia magistrados y fiscales federales y cómo articula con el Parlamento en eventuales proyectos de reforma. También será relevante el tono que adopte la relación con el Consejo de la Magistratura.
La salida de uno de los últimos integrantes del Gabinete original de Milei cierra una etapa. El desembarco de Mahiques abre otra, con un perfil más anclado en la estructura judicial. El alcance real de ese movimiento dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas y de cómo se reconfigure el equilibrio entre el Gobierno y el sistema de justicia.
El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga advierte por una brecha de 800 millones de empleos y lleva el debate al G7 y el G20. Banga plantea que el desafío demográfico es económico y de seguridad nacional
El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, puso sobre la mesa una cifra que reconfigura la agenda global: en los próximos 10 a 15 años, 1200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad laboral, pero las tendencias actuales indican que solo se crearán unos 400 millones de empleos. La brecha potencial de 800 millones no es, según su planteo, un problema sectorial ni una consigna de desarrollo; es un desafío económico estructural y, cada vez más, de seguridad nacional.
El diagnóstico adquiere relevancia política en un calendario marcado por foros internacionales. Tras pasar casi inadvertido en la última reunión de Davos, el tema podría emerger con mayor fuerza en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en las cumbres del G7 y el G20. La tensión es clara: ¿los líderes priorizarán las crisis inmediatas o asumirán una “fuerza de baja frecuencia” que, si se ignora, puede derivar en inestabilidad sistémica?
Demografía, empleo y arquitectura institucional
Banga enmarca el fenómeno dentro de transformaciones de largo plazo como los cambios demográficos, la globalización y la escasez de recursos. A diferencia de guerras o crisis financieras —que dominan titulares—, el crecimiento acelerado de la población joven en economías en desarrollo avanza sin estridencias, pero con impacto acumulativo.
El planteo institucional del Grupo Banco Mundial se estructura en tres pilares. Primero, crear infraestructura física y humana. Sin electricidad confiable, transporte, educación y salud, la inversión privada no se traduce en empleo. El ejemplo citado es un centro de formación en Bhubaneswar, India, que capacita a casi 38.000 personas al año en alianza con el Gobierno y el sector privado, alineando habilidades con demanda real del mercado.
Segundo, promover un entorno regulatorio previsible. Normas claras y marcos estables reducen incertidumbre y habilitan la expansión de empresas, especialmente microemprendimientos y pymes, responsables de la mayor parte del empleo.
Tercero, facilitar crecimiento empresarial mediante capital accionario, financiamiento, garantías y seguros contra riesgos políticos. Se menciona un esquema reciente de garantía para financiamiento comercial del Banco do Brasil, que libera aproximadamente USD 700 millones para pequeñas compañías brasileñas, en particular del sector agrícola.
La estrategia focaliza en cinco sectores con alto potencial de empleo: infraestructura y energía, agroindustria, atención primaria de la salud, turismo y manufacturas con valor agregado. No se trata de una expansión indiscriminada, sino de asignación selectiva de recursos limitados.
Impacto político y correlación global
La advertencia tiene implicancias directas para la gobernabilidad de los países en desarrollo. Si 1200 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral y solo 400 millones encuentran empleo, la presión sobre instituciones, migración irregular y conflictos se vuelve previsible. El empleo funciona como amortiguador social.
Para economías desarrolladas, el razonamiento es pragmático. Hacia 2050, más del 85 % de la población mundial vivirá en países en desarrollo. Eso implica la mayor expansión histórica de fuerza laboral y, al mismo tiempo, del universo de consumidores y mercados. Desde esta óptica, invertir en empleo no es altruismo; es una apuesta por estabilidad de cadenas de suministro, reducción de presiones migratorias y ampliación de demanda global.
El sector privado aparece como actor central. La creación de empleo a gran escala depende de su capacidad de inversión. El rol de las instituciones de desarrollo, según el planteo, es reducir riesgos reales y percibidos para catalizar capital.
La correlación de fuerzas en foros como el G7 y el G20 será clave. Si las potencias priorizan seguridad tradicional sobre seguridad económica y social, el desafío puede quedar relegado. Si lo incorporan como eje estratégico, el financiamiento y las reformas regulatorias podrían acelerarse.
Un dilema de anticipación
La tesis es sencilla pero exigente: actuar temprano o enfrentar consecuencias acumuladas. La expansión demográfica no es una hipótesis; es una proyección basada en tendencias firmes. El interrogante es político.
En los próximos meses habrá que observar si los compromisos multilaterales incorporan metas concretas de generación de empleo, si se amplían garantías financieras y si los países en desarrollo adoptan reformas regulatorias que faciliten inversión privada.
La decisión no es sobre si la demografía moldeará el futuro. Eso ya ocurre. La discusión gira en torno a si la comunidad internacional convertirá esa presión en motor de crecimiento o permitirá que derive en inestabilidad. En ese margen se juega buena parte del equilibrio económico y político de las próximas décadas.
La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ya no impacta solo en el mercado petrolero. El conflicto tensiona una variable estratégica menos visible pero igual de decisiva: la seguridad alimentaria de los países del Golfo Pérsico. Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Barein y Kuwait importan alrededor del 85% de sus alimentos y más del 90% de sus cereales. Con el tráfico marítimo ralentizado en el estrecho de Ormuz y unas 200 embarcaciones varadas según Lloyd’s List, la vulnerabilidad estructural de la región quedó expuesta.
El dato central es contundente: en condiciones normales, unos 138 barcos cruzan diariamente Ormuz, según el Centro Conjunto de Información Marítima. No transportan solo petróleo y gas. Llevan buena parte del abastecimiento alimentario que sostiene a poblaciones urbanas altamente dependientes del comercio exterior. Si esa arteria se obstruye, el impacto no se mide en barriles sino en góndolas.
Dependencia estructural y geografía adversa
La ecuación es conocida pero pocas veces adquiere dimensión política. Las temperaturas estivales que alcanzan los 50 °C y una precipitación anual promedio inferior a 100 milímetros en la mayoría de los territorios hacen inviable la agricultura a gran escala. Incluso Omán, el más autosuficiente del grupo, importa la mayoría de sus alimentos.
Esa realidad convierte al comercio marítimo en infraestructura estratégica. El estrecho de Ormuz funciona como punto de estrangulamiento energético global, pero también como corredor alimentario. Iraq, Kuwait, Barein y Qatar tienen escasas alternativas logísticas: la mayor parte de los envíos marítimos debe atravesar ese paso.
Desde el inicio de la guerra y las represalias iraníes, el tráfico de petroleros se ralentizó drásticamente. La mayoría de las grandes navieras suspendió reservas hacia Medio Oriente. El cierre del espacio aéreo en varios países del Golfo añade presión y limita opciones de transporte alternativo.
La consecuencia inmediata no es el desabastecimiento automático, sino el aumento del riesgo sistémico. Cada día de interrupción tensiona cadenas logísticas diseñadas para flujos constantes.
Seguridad alimentaria y estabilidad política
Los gobiernos del Golfo llevan años intentando reducir esa dependencia mediante reservas estratégicas y diversificación de proveedores. Desde el inicio del conflicto, han buscado transmitir calma y asegurar que cuentan con reservas de emergencia de cereales y alimentos suficientes para varios meses.
Sin embargo, la dimensión política es evidente. En Estados donde la estabilidad interna descansa en contratos sociales basados en bienestar y provisión estatal, la seguridad alimentaria es un componente central de legitimidad. Una disrupción prolongada podría impactar en precios, subsidios y gasto público.
Además, el escenario internacional agrega presión. Si el conflicto se prolonga, los costos de transporte y seguros marítimos podrían escalar, trasladando tensiones al presupuesto estatal y al consumidor final.
La clave no está solo en si Ormuz se cierra formalmente, sino en cuánto se encarece y ralentiza su tránsito. Con 138 barcos diarios en tiempos normales y 200 buques actualmente varados, la señal es clara: el corredor no opera con normalidad.
En las próximas semanas habrá que observar tres variables: la duración de la guerra, la reacción de las grandes navieras y la capacidad de los Estados del Golfo para activar rutas o acuerdos alternativos. También será determinante si las reservas estratégicas alcanzan para amortiguar una crisis prolongada o si el conflicto obliga a redefinir la política alimentaria regional.
Por ahora, la guerra con Irán redefine el tablero más allá del petróleo. En el Golfo, la seguridad alimentaria dejó de ser un tema técnico para convertirse en una cuestión de poder y estabilidad.
Con alrededor de 150 inscriptos, la Municipalidad de Posadas puso en marcha este miércoles 4 de marzo el primer curso de entrenadores de fútbol base del año en el Polideportivo Municipal Ernesto “Finito” Gehrmann. La propuesta, que se dictará durante cuatro meses en modalidad presencial, no solo superó expectativas de convocatoria sino que obligó a la confirmación de una nueva edición en agosto, con cierre en diciembre.
El dato excede lo deportivo. En un contexto donde los municipios buscan ampliar herramientas de inserción laboral y reforzar presencia territorial en los barrios, la formación de directores técnicos orientados a categorías infantiles y juveniles se convierte en una política pública con impacto social directo. La pregunta es si esta iniciativa consolida una línea estratégica de gestión o si responde a una demanda coyuntural de capacitación.
Formación base y salida laboral: el enfoque institucional
El curso está orientado al nivel inicial de entrenadores y focaliza en la etapa infantil y juvenil. Según se explicó en la charla informativa, el eje está puesto en la formación técnica y táctica, pero también en el desarrollo motriz del niño y en la construcción de vínculos pedagógicos.
La conducción académica incluye a los entrenadores profesionales Juan Ramón “Cepi” Núñez Silveira y Bruno Smorczewski, junto al director de Deportes Federados y Entidades Deportivas, Cristian Núñez Silveira. El cuerpo docente aborda tres dimensiones complementarias: el rol formador del director técnico, los fundamentos tácticos y técnicos del fútbol y la motricidad en edades tempranas.
El planteo institucional es claro: priorizar fundamentos antes que competencia. La capacitación apunta a profesores y entrenadores de escuelas de fútbol que buscan formalizar herramientas y ampliar posibilidades de inserción laboral. En términos políticos, la Municipalidad interviene en un espacio donde deporte, contención social y empleo se cruzan.
La duración de cuatro meses y la modalidad presencial refuerzan la idea de un trayecto formativo estructurado, no de un taller aislado. Esa decisión implica asignación de recursos, planificación y seguimiento.
Capital político y territorialidad
El récord de participación —unas 150 personas— le otorga volumen a la política deportiva municipal. En la práctica, significa que habrá más entrenadores capacitados para trabajar en clubes y barrios de la ciudad, ampliando la red de formadores en edades clave.
Esa expansión tiene efectos indirectos. El deporte base funciona como herramienta de cohesión social y como espacio de referencia para niños y adolescentes. Fortalecer la figura del entrenador como formador no es un detalle pedagógico; es una apuesta a ordenar dinámicas comunitarias en territorios donde el Estado busca presencia sostenida.
La decisión de anunciar una segunda edición en agosto también envía una señal interna: la gestión pretende institucionalizar el curso como política recurrente. No se trata solo de cubrir cupos, sino de sostener continuidad en la agenda deportiva municipal.
En términos de correlación de fuerzas locales, el área de Deportes consolida protagonismo dentro del esquema de gestión. La alta demanda legitima el programa y le otorga respaldo para futuras iniciativas.
Escenario abierto: continuidad y expansión
El desafío ahora será sostener calidad académica y traducir la capacitación en inserción real en clubes y escuelas de fútbol. También habrá que observar si el modelo se amplía a otras disciplinas o niveles de formación.
La confirmación de una segunda cohorte anticipa continuidad. Sin embargo, el impacto estructural dependerá de la articulación con entidades deportivas y del seguimiento posterior a la cursada.
En Posadas, el deporte vuelve a ocupar un lugar estratégico en la agenda municipal. La masiva inscripción en este curso no solo habla de interés formativo; también refleja una demanda social que el Gobierno local decidió capitalizar. Cómo evolucione esa apuesta en los próximos meses marcará si se consolida como política pública sostenida o si queda circunscripta a un ciclo anual de capacitación.
