Día: 9 marzo, 2026

Ipsos: percepciones divididas sobre igualdad de género en el mundo en 2026

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 Ipsos presenta los resultados de su Estudio Global 2026 sobre igualdad de género, realizado en 29 países entre el fines de 2025 y el enero de 2026, sobre una muestra de 23.268 adultos. El informe analiza percepciones sobre el avance en igualdad de derechos, expectativas hacia las nuevas generaciones y actitudes frente a los roles tradicionales, y ofrece una fotografía comparativa que permite observar cómo evolucionan estas opiniones y cómo se evalúan hoy las oportunidades de mujeres y hombres en distintos ámbitos.

Uno de los principales hallazgos muestra que, en el promedio de los 29 países, el 52% está de acuerdo en que, cuando se trata de otorgar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres, las cosas han avanzado lo suficiente en su país. Esta percepción no es uniforme: el 55% de los hombres coincide con esta afirmación, frente al 44% de las mujeres. En todos los grupos de edad relevados, los hombres son más propensos que las mujeres a considerar que se ha hecho lo suficiente en materia de igualdad de derechos.

En paralelo, el 60% en el promedio global considera que las cosas funcionarán mejor si más mujeres ocuparan puestos de responsabilidad en el gobierno y las empresas. Este porcentaje incluye al 66% de las mujeres y al 52% de los hombres. Asimismo, el 54% cree que las mujeres no lograrán igualdad con los hombres en su país a menos que haya más mujeres en cargos de liderazgo en empresas y gobierno, con un nivel de acuerdo mayor entre mujeres (60%) que entre hombres (47%).

El estudio también analiza expectativas hacia el futuro. Más de la mitad (55%) considera que las mujeres jóvenes de hoy tendrán una vida mejor que la de la generación de sus madres, resultado que se mantiene estable respecto de la medición anterior. En contraste, el 40% cree que los hombres jóvenes tendrán una vida mejor que la generación anterior, lo que representa una disminución de cinco puntos porcentuales en comparación con 2025. Además, el 28% considera que su vida será similar y el 25% que será peor.

En relación con los roles tradicionales, las opiniones aparecen divididas. En el promedio de 29 países, el 29% considera que los hombres se benefician más cuando las mujeres cumplen roles femeninos tradicionales, mientras que el 17% cree que se benefician más cuando no los cumplen. Un 35% señala que no tiene impacto en los hombres si las mujeres mantienen o no esos roles. A nivel generacional, Millennials y Generación Z son más propensos que Generación X o Baby Boomers a afirmar que los hombres se benefician cuando las mujeres mantienen roles tradicionales.

La investigación también aborda la percepción sobre oportunidades. Si bien en distintos ámbitos prevalece la idea de que hombres y mujeres tienen la misma cantidad de opciones, el 39% afirma que los hombres tienen más opciones en cuanto a los tipos de trabajos que pueden desempeñar, frente al 10% que considera que las mujeres tienen más opciones en ese aspecto. En cambio, en dimensiones como la vestimenta, las citas o los roles dentro del hogar, una proporción mayor señala que las mujeres cuentan con más opciones que los hombres.

En América Latina, los resultados forman parte del promedio global relevado por el estudio, lo que permite comparar percepciones regionales con el conjunto de los 29 países encuestados y observar diferencias por género y edad en línea con las tendencias internacionales.

En Argentina, el 60% de las personas considera que se ha avanzado lo suficiente en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres; esta percepción es compartida por el 61% de los hombres y el 58% de las mujeres. Es decir, las opiniones no son completamente homogéneas entre géneros, incluso dentro de esta mayoría que entiende que el avance ha sido suficiente. En comparación con el promedio global del 52% en los 29 países relevados, Argentina se ubica por encima de la media global, lo que permite contextualizar cómo se posiciona el país dentro del escenario mundial”, señaló Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicación en Ipsos Argentina.

El panorama en Argentina

En Argentina, el 60% está de acuerdo con que, cuando se trata de dar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres, se ha avanzado lo suficiente en el país. Este indicador creció 9 puntos porcentuales desde 2019 y se ubica entre los más altos de América Latina, apenas por debajo de México (66%) y Chile (65%). En este contexto, el 34% de los argentinos se autodefine como feminista, una proporción intermedia dentro de la región.

En relación con el liderazgo, el 58% considera que las cosas funcionarían mejor si más mujeres ocuparan puestos de responsabilidad en el gobierno y las empresas. Se trata del nivel más bajo entre los países latinoamericanos relevados, por debajo de Colombia (70%), Perú (65%) y Brasil (64%), donde la percepción sobre el impacto positivo del liderazgo femenino es más alta.

En el ámbito de los roles tradicionales, Argentina es el país de la región con menor acuerdo con la afirmación de que los hombres se benefician más cuando las mujeres mantienen roles femeninos tradicionales (28%). Además, junto con Chile, registra el nivel más bajo de acuerdo (13%) con la idea de que “una esposa siempre debe obedecer a su marido”, por debajo del promedio de 29 países (20%).

En conjunto, los datos muestran que, mientras una mayoría percibe que en términos de derechos se ha avanzado lo suficiente y el apoyo al liderazgo femenino es comparativamente menor en la región, también se observan niveles bajos de adhesión a enunciados asociados a roles tradicionales en el ámbito privado.

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Milei promulgó la ley de Régimen Penal Juvenil y fija la imputabilidad desde los 14 años

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La política criminal argentina entra en una nueva etapa. Con la promulgación de la Ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026, el Gobierno formalizó un nuevo régimen penal juvenil que establece responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial el 9 de marzo, y pone en marcha un cambio estructural en el tratamiento penal de menores en conflicto con la ley.

El nuevo esquema reemplaza la normativa vigente desde la dictadura —la ley 22.278— y redefine el equilibrio entre punición, resocialización y garantías procesales. Además, fija un plazo de 180 días para su entrada en vigencia, lo que abre una etapa de adaptación institucional en el sistema judicial y en las políticas de protección de la niñez.

El dato político no es menor: la reforma instala un marco legal que combina responsabilidad penal desde edades más tempranas con un sistema de sanciones alternativas, supervisión judicial y programas educativos, en un intento por reconfigurar el abordaje del delito juvenil.

Un paso formal con impacto político

El gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, cerrando el proceso legislativo iniciado en el Congreso y transformando en norma una de las iniciativas discutidas en la agenda penal reciente. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 138/2026, firmado el 6 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, y publicado oficialmente este 9 de marzo.

La promulgación se realizó en uso de las facultades previstas por el artículo 78 de la Constitución Nacional Argentina, tras la sanción de la ley por parte del Congreso de la Nación Argentina en la sesión del 27 de febrero de 2026. El decreto lleva además las firmas del vocero presidencial Manuel Adorni y del funcionario judicial Juan Bautista Mahiques.

Con ese paso administrativo, el Ejecutivo termina de validar el trámite institucional de una ley que ahora ingresa en la etapa decisiva: su implementación concreta y el impacto que pueda generar en el sistema penal y en el debate político.

Del Congreso al Ejecutivo: cierre del circuito institucional

La promulgación constituye el último eslabón formal del proceso legislativo iniciado en el Parlamento. La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso a fines de febrero, y el decreto presidencial instruye su publicación en el Registro Oficial, la remisión de copia al Poder Legislativo y la comunicación al Ministerio de Justicia.

Desde el punto de vista institucional, el procedimiento es estándar: el Poder Ejecutivo valida la norma sancionada y habilita su entrada en vigor. Sin embargo, el acto tiene un significado político adicional. Cada promulgación funciona como una señal de alineamiento entre el Ejecutivo y el resultado parlamentario, especialmente cuando la norma involucra reformas vinculadas al sistema penal.

En el decreto no se introducen observaciones ni vetos parciales. El Gobierno optó por promulgar íntegramente la ley, lo que sugiere que el texto aprobado por el Congreso no generó objeciones formales dentro del Ejecutivo.

Lectura política: una reforma que pasa del debate a la gestión

Más allá del trámite jurídico, la promulgación traslada el debate desde el plano legislativo hacia el terreno de la gestión pública y la política criminal. En términos políticos, el foco deja de estar en la discusión parlamentaria y pasa a la capacidad del Gobierno para instrumentar el nuevo régimen.

En este tipo de reformas, el momento de promulgación suele marcar el inicio de una segunda etapa: la de reglamentación administrativa, coordinación con el sistema judicial y adaptación institucional. Allí es donde se define si una norma logra modificar efectivamente prácticas del sistema o queda acotada al plano normativo.

Para el oficialismo, la promulgación también tiene valor simbólico. Permite mostrar avance en la agenda legislativa y consolidar la relación institucional con el Congreso en temas sensibles vinculados a seguridad y justicia.

Un nuevo régimen penal para adolescentes

La ley establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal u otras leyes penales.

Hasta ahora, el sistema argentino mantenía un esquema distinto de responsabilidad penal juvenil regulado por la ley 22.278. La nueva norma deroga ese régimen y lo reemplaza por un modelo que incorpora reglas procesales específicas, sanciones diferenciadas y mecanismos orientados a la reintegración social.

En términos operativos, el sistema se estructura sobre varios ejes:

  • Responsabilidad penal desde los 14 años.
  • Proceso judicial con garantías constitucionales y defensa legal obligatoria.
  • Sistema de sanciones progresivas, que prioriza medidas alternativas antes que la privación de libertad.
  • Intervención de equipos interdisciplinarios y supervisores especializados.

La lógica del régimen combina sanción penal con herramientas educativas y sociales. La ley establece expresamente que el objetivo es promover la responsabilidad del adolescente y su reinserción social, más que un enfoque punitivo clásico.

Qué penas podrán aplicarse

La norma define un abanico de sanciones que los jueces podrán aplicar según la gravedad del delito y las circunstancias personales del adolescente.

Entre las penas posibles se incluyen: amonestaciones judiciales, prohibiciones de contacto o de concurrir a determinados lugares, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño a la víctima, y restricciones territoriales o de conducta.

La privación de la libertad queda reservada para los casos más graves y puede cumplirse bajo distintas modalidades: arresto domiciliario, institutos abiertos o centros especializados de detención juvenil.

La ley establece además límites claros al castigo penal: se prohíben las penas de prisión perpetua o reclusión perpetua. Y la pena máxima para adolescentes será de 15 años de prisión, incluso en casos de múltiples delitos.

Este esquema busca diferenciar el sistema juvenil del régimen penal de adultos, aunque introduce un marco de responsabilidad penal formal desde edades más tempranas.

Procesos más rápidos y mediación penal juvenil

Otro de los cambios relevantes está en la estructura del proceso judicial.

El nuevo régimen obliga a que los casos se tramiten con celeridad y plazos razonables, y establece sanciones disciplinarias para jueces o fiscales en caso de dilaciones injustificadas.

Además, incorpora herramientas alternativas a la condena tradicional, como: mediación penal juvenil, cuando el delito tenga una pena máxima de hasta seis años. Suspensión del proceso a prueba, con condiciones que el adolescente debe cumplir. Y criterios de oportunidad, que permiten al fiscal desistir de la acción penal en determinadas circunstancias.

Estos mecanismos buscan reducir la judicialización plena de los casos menos graves y favorecer acuerdos restaurativos entre víctima e imputado.

Instituciones especializadas y control judicial

La ley también establece estándares específicos para la detención y el seguimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Entre las principales reglas: los menores detenidos no podrán convivir con adultos privados de libertad, los centros de detención deberán contar con personal capacitado en tratamiento juvenil, y se garantizará acceso a educación, capacitación laboral, atención médica y actividades recreativas.

Además, cada adolescente deberá contar con un supervisor especializado, encargado de monitorear su evolución y elaborar informes periódicos para el juez.

Este componente institucional apunta a reforzar el seguimiento judicial y el abordaje interdisciplinario del problema.

Recursos presupuestarios y adaptación del sistema

La ley también incluye un componente financiero para su implementación.

El texto asigna $23.739.155.303,08 para poner en marcha el nuevo régimen durante su primer ejercicio presupuestario.

Los recursos se distribuirán principalmente entre:el Ministerio de Justicia, para gastos de personal, y la Defensoría General de la Nación, destinada a reforzar la asistencia legal en los procesos.

Además, el Congreso invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal a los principios del nuevo régimen.

Esto implica que la implementación práctica dependerá también de la coordinación entre jurisdicciones.

Una reforma con impacto institucional

Más allá de su contenido jurídico, la sanción del nuevo régimen penal juvenil tiene implicancias políticas e institucionales.

La reforma actualiza un sistema que llevaba más de cuatro décadas vigente y redefine la relación entre política criminal, sistema judicial y políticas de infancia.

También introduce una tensión clásica en el debate público: cómo equilibrar seguridad pública, derechos de las víctimas y protección de los menores en conflicto con la ley penal.

El diseño final intenta integrar esos tres planos mediante un sistema de responsabilidad penal con fuerte presencia de medidas educativas y restaurativas.

Un sistema que ahora deberá probarse en la práctica

La ley comenzará a regir 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, lo que abre una etapa de adaptación para el sistema judicial, los organismos de protección de la niñez y las instituciones penitenciarias especializadas.

En ese período deberán definirse reglamentaciones, protocolos de actuación y estructuras administrativas que permitan aplicar el nuevo régimen.

El verdadero alcance de la reforma no se medirá solo en su arquitectura legal. La pregunta que empezará a responderse en los próximos meses es si el sistema judicial y las políticas públicas lograrán convertir ese diseño normativo en un modelo operativo capaz de reducir la reincidencia juvenil sin abandonar las garantías que el propio régimen establece.

Régimen Penal Juvenil by CristianMilciades

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Las bolsas globales operan en rojo ante la disparada del petróleo por encima de los US$100

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Las bolsas de Europa y Asia registran un nuevo declive en el comienzo de la segunda semana de marzo mientras los precios del petróleo se disparan por encima de los US$100 ante la escalada en el conflicto en Medio Oriente.

Los mercados internacionales profundizan su caída en medio de la persistencia del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán. En Europa, las bolsas abrieron en rojo con París bajando 2,72%, Fráncfort 2,51%, Milán 2,79%, Londres 2,71% y Madrid 3,22%.

En este contexto, el índice Euro Stoxx 50 se desploma un 2,76% y en España el Ibex 35 cede un 2,81% quedando por debajo de los 17.000 puntos, acumulando una caída del 10% de su valor (2000 puntos) en poco más de una semana tras el estallido del conflicto.

En el continente asiático, vuelven a darse registros negativos en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con una caída de 5,24% y Hong Kong, de 1,35%. En Seúl el derrumbe alcanzó el 5,96% y en Shanghái el retroceso fue más moderado (-0,67%).

El mal clima en los mercados se acentúa ante la disparada de los precios del petróleo por encima de los US$100, alcanzando el nivel máximo desde 2022, cuando se produjo la invasión de Rusia en Ucrania.

De esta manera, el precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar hasta la zona de los US$120 para luego moderarse a 105,5 dólares, un alza del 13,8%. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos, también rozó los US$120 y luego bajó a 102,9 dólares, una suba del 13,3% respecto al último cierre.

La moderación en los valores está atada a la posibilidad de que el G7 decida este lunes liberar coordinadamente sus reservas de petróleo ante la persistencia del cierre de la circulación en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

Asimismo, el precio del gas europeo también continúa su escalada, al dispararse por encima del 15%, a raíz de que el conflicto amenaza las exportaciones de gas natural licuado del Golfo. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, aumentó hasta los 61,7 euros por megavatio hora.

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El Gobierno ratifica la desregulación de la VTV y rechaza el reclamo de los talleres

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El Gobierno nacional decidió cerrar la disputa administrativa que abrió el sector de los talleres de verificación técnica vehicular y ratificó la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) impulsada en 2025. A través del Decreto 139/2026, firmado el 6 de marzo y publicado el 9 de marzo en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei rechazó el reclamo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional y por más de veinte empresas y particulares vinculados al sector.

La decisión tiene un alcance político claro: el Ejecutivo reafirma la desregulación del mercado de revisiones técnicas y mantiene sin cambios el esquema introducido por el Decreto 196/2025, que amplió los plazos de inspección para vehículos nuevos y eliminó restricciones históricas al funcionamiento de los talleres. Detrás del expediente administrativo aparece una discusión más amplia sobre cuánto mercado y cuánta regulación debe tener el sistema de control vehicular.

Con el rechazo formal del reclamo, el Gobierno no solo mantiene la reforma sino que cierra la vía administrativa para los demandantes, que ahora deberán acudir a la Justicia si pretenden frenar el nuevo modelo.

La reforma de la RTO que el Gobierno decidió sostener

El conflicto se originó tras el dictado del Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N.º 24.449. Esa norma introdujo cambios estructurales en el sistema de revisiones técnicas de vehículos.

Entre los puntos centrales de la reforma que ahora quedaron ratificados se destacan:

  • Extensión del plazo de la primera revisión para vehículos 0 km de 3 a 5 años desde el patentamiento.
  • Revisión cada dos años para vehículos de hasta 10 años de antigüedad.
  • Eliminación de la posibilidad de que las jurisdicciones limiten la cantidad de talleres o fijen tarifas obligatorias.
  • Apertura del sistema para que más prestadores puedan ofrecer el servicio, siempre que cumplan los requisitos técnicos.
  • Eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados, en línea con una política de simplificación administrativa.

Para el Gobierno, estas medidas buscan reducir costos para los usuarios, ampliar la oferta de servicios y concentrar los controles en vehículos más antiguos, donde el riesgo técnico es mayor.

La Cámara empresaria que representa a talleres de revisión técnica sostuvo lo contrario: argumentó que la reforma podría afectar la seguridad vial, debilitar la trazabilidad del mantenimiento y generar conflictos de interés si concesionarias o talleres que reparan vehículos también realizan inspecciones.

El argumento oficial: competencia y modernización del sistema

En el decreto que rechaza el reclamo, el Ejecutivo defendió la reforma con una lógica coherente con su agenda económica.

El Gobierno sostiene que la extensión de los plazos responde a la evolución tecnológica del parque automotor, cuyos componentes tienen mayor durabilidad y menor tasa de fallas en los primeros años de uso.

Además, citó informes técnicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, que concluyen que la mayoría de los siniestros viales se explica por factores humanos —como exceso de velocidad o alcohol— y no por fallas mecánicas.

En ese marco, el Ejecutivo sostiene que mantener revisiones tempranas implicaba destinar recursos a vehículos de bajo riesgo, mientras que el nuevo esquema permitiría concentrar controles donde el deterioro mecánico es más probable.

El decreto también reivindica explícitamente la lógica de apertura de mercado: eliminar restricciones a la cantidad de talleres y a los precios busca, según el Gobierno, incrementar la competencia y evitar distorsiones en los valores del servicio.

Un choque entre modelo regulatorio y actores del sector

El expediente refleja un choque de visiones entre el Estado y una parte del sector regulado.

La CATRAI, que agrupa talleres de revisión técnica del transporte de pasajeros y cargas, consideró que la reforma alteraba el equilibrio del sistema. Entre otras objeciones, señaló que permitir que concesionarias o importadores participen en las inspecciones podría comprometer la independencia del control.

El Gobierno respondió con una lectura diferente: sostuvo que los estándares internacionales —como los utilizados en Europa o las normas técnicas de inspección— no exigen exclusividad en la actividad, siempre que exista fiscalización adecuada sobre los procesos.

Desde esa perspectiva, el Ejecutivo argumenta que la imparcialidad del sistema no depende de la estructura empresarial de los talleres, sino del cumplimiento verificable de los protocolos técnicos.


Un capítulo más de la agenda desreguladora

La decisión también tiene una dimensión política más amplia. La defensa explícita del nuevo modelo se inscribe dentro de la lógica de reformas que el Gobierno viene impulsando desde el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que introdujo el principio de desregulación económica en múltiples sectores.

El decreto que rechazó el reclamo retoma esa línea argumental: plantea que las restricciones al número de prestadores o a la fijación de precios funcionaban como barreras de entrada, limitando la competencia y afectando la dinámica de mercado.

En ese sentido, el conflicto con los talleres de revisión técnica aparece como uno de los primeros choques sectoriales derivados de la desregulación de servicios vinculados al transporte.

La batalla podría trasladarse a la Justicia

El Decreto 139/2026 también deja una definición institucional importante: la vía administrativa quedó agotada. Eso significa que los reclamantes solo podrán continuar el conflicto mediante acciones judiciales.

La decisión abre un nuevo escenario. Si el sector decide judicializar la reforma, la discusión podría trasladarse a tribunales y convertirse en un nuevo frente de disputa entre regulación estatal y apertura de mercados.

Mientras tanto, el sistema de revisiones técnicas seguirá funcionando bajo las reglas fijadas por el Gobierno en 2025.

La incógnita ahora no pasa solo por la seguridad vial o los costos del servicio. Lo que está en juego es si el modelo de competencia que impulsa el Ejecutivo logra consolidarse en sectores históricamente regulados o si enfrentará nuevas resistencias en los tribunales y en las jurisdicciones provinciales.

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Milei comienza una semana de actividades dividida entre Estados Unidos y Chile

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Javier Milei inicia una semana de actividades repartida entre Estados Unidos y Chile: inaugurará formalmente el evento que se llevará a cabo en Nueva York, Argentina Week 2026, y luego participará de la asunción presidencial de su par chileno, José Antonio Kast.

Esta gira internacional comenzará, el lunes 9, con una disertación del Presidente de la Nación en Yeshiva University, la institución de educación superior judía más importante del mundo, fundada en 1886. Posteriormente, concluirá la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, un evento benéfico destacado en Nueva York que reconoce a las personas más influyentes en la vida judía y el apoyo a Israel.

Por otra parte, el martes mantendrá una reunión con el CEO de JP MorganJaime Dimon, e inaugurará la Argentina Week 2026, el encuentro que impulsa inversiones económicas y financieras, con el objetivo de fortalecer el vínculo de Argentina con los principales bancos de inversión de Wall Street

Ese mismo día, Milei partirá a Santiago de Chile, junto a su gabinete, donde tiene previsto llegar antes de medianoche. El miércoles 11, asistirá a la ceremonia de asunción presidencial de Kast, el jefe de Estado recientemente electo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

La visita del mandatario argentino busca ratificar la consolidación política con el nuevo gobierno chileno; meses antes de la asunción, ambos líderes habían acordado trabajar en una agenda común sobre seguridad, migración y reactivación económica

El jueves 12, Milei ya se encontrará en suelo argentino y, posiblemente, realice una serie de reuniones en Casa Rosada con su gabinete para delimitar las acciones que llevará su gestión las próximas semanas. 

Para el viernes, la agenda del Presidente contempla su participación en la jornada de cierre de Expoagro 2026 (Edición YPF Agro), especialmente significativa, ya que celebra el 20° aniversario de la megamuestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región.

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