El Gobierno dio un paso decisivo en su agenda de reformas estructurales: autorizó formalmente el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U., la empresa estatal que presta el servicio de rampa en aeropuertos. La medida quedó plasmada en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, firmada el 8 de marzo, y pone en marcha el proceso concreto de privatización.
El dato no es solo administrativo. La decisión activa uno de los capítulos más sensibles del programa de desestatización impulsado por el oficialismo: la transferencia total de una empresa con rol operativo estratégico en la aviación comercial. En ese marco, la licitación abre una tensión de fondo: ¿se trata de un paso técnico dentro de un plan ya definido o de un movimiento con impacto directo en el equilibrio de poder dentro del sistema aerocomercial?
De la ley a la ejecución: cómo se estructura la privatización
El proceso tiene anclaje legal en la Ley 27.742, que declaró a Intercargo “sujeta a privatización”, y en el Decreto 198/2025, que autorizó la venta total del paquete accionario mediante licitación pública.
La resolución actual no crea el esquema, pero sí lo activa. En términos concretos: Se habilita la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple con base para transferir el 100% de las acciones en manos del Estado. El procedimiento se canalizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, bajo formato digital. El pliego de bases y condiciones ya está aprobado, con un precio base determinado por la valuación del Banco de Inversión y Comercio Exterior. El cronograma fija hitos inmediatos: consultas hasta el 27 de abril de 2026 y presentación de ofertas hasta el 7 de mayo de 2026, con apertura ese mismo día.
El diseño apunta a maximizar la concurrencia de oferentes, incluyendo operadores con experiencia en el sector, en línea con los principios de competencia y transparencia que exige el marco legal.
Hay un dato que no pasa inadvertido: no se prevén mecanismos de preferencia ni programas de propiedad participada, lo que refuerza la lógica de venta directa sin esquemas de participación laboral o sectorial.
Una pieza clave: la ruptura del esquema de exclusividad
El proceso de privatización no ocurre en el vacío. Está atado a una condición previa relevante: la rescisión del contrato de concesión vigente que le otorgaba a Intercargo la explotación exclusiva del servicio de rampa.
Ese contrato —histórico en el esquema aerocomercial— garantizaba a la empresa estatal un rol monopólico en la atención en tierra a aeronaves. Su finalización, ya en trámite, redefine el mapa del sector.
En términos políticos y regulatorios, el cambio es profundo: la privatización no solo implica vender una empresa, sino también desarmar un esquema de exclusividad construido durante décadas.
La Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedan como actores centrales en la implementación, con capacidad para ajustar aspectos técnicos, emitir circulares y requerir asistencia de la propia Intercargo durante el proceso.
Repercusiones: reforma estructural y señales al mercado
La decisión impacta en múltiples planos. En lo económico, envía una señal directa al mercado sobre la voluntad de avanzar con privatizaciones completas, sin esquemas híbridos.
En lo político, ordena el tablero interno: consolida la línea del Ministerio de Economía como ejecutor del programa de reformas, trasladando definiciones que ya estaban en la ley al terreno operativo.
Al mismo tiempo, la modalidad elegida —licitación internacional con base— apunta a atraer jugadores globales, lo que puede reconfigurar la estructura competitiva del servicio de rampa en el país.
La creación de una Comisión Evaluadora “ad hoc” con miembros titulares y suplentes introduce un mecanismo institucional específico para el análisis de ofertas, aunque bajo un esquema donde la conducción política del proceso sigue concentrada.
Un proceso abierto con plazos cortos
La licitación ya tiene fechas. Y eso acelera el ritmo político del proceso.
En pocas semanas se sabrá qué nivel de interés genera la venta, cuántos oferentes participan y bajo qué condiciones. También comenzará a definirse el alcance real de la apertura del mercado de servicios aeroportuarios.
El Gobierno avanzó en la formalización, pero el desenlace todavía depende de variables abiertas: competencia efectiva, valuación, condiciones regulatorias y capacidad de ejecución.
La privatización de Intercargo deja de ser una declaración de intención y entra en fase concreta. Lo que ocurra en este proceso marcará no solo el destino de la empresa, sino también el ritmo y la profundidad de las próximas reformas en el sector público.
