Día: 31 marzo, 2026

Escándalo en la causa Cuadernos: el Tribunal aceptó un video editado

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El jueves pasado, en la sala Auditorium del subsuelo de Comodoro Py, ocurrió algo que a los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7 les dio trabajo explicar con claridad en el momento: el empresario arrepentido Juan Carlos De Goycochea, de Isolux, condujo la sesión.

En ese sentido,  exhibió un video editado de una declaración que Oscar Centeno prestó ante la justicia española.

El tribunal, de esta manera, incorporó una prueba que favorece a todos los acusados ya que ubica a un Centeno dubitativo.

El material audiovisual —cuya cadena de custodia el propio tribunal reconoció desconocer en ese instante— muestra al exchofer de Roberto Baratta declarando por teleconferencia en un juicio en España contra directivos de Isolux Corsán. Lo que dice Centeno allí dinamita, pieza por pieza, el andamiaje acusatorio que lo convirtió en el testigo central del mayor juicio por corrupción de la historia argentina.

La escena rara 

La dinámica de la audiencia fue llamativa. De Goycochea, imputado por su rol en la empresa española con contratos en obra pública kirchnerista, solicitó la reproducción del video en pleno debate. La fiscal Fabiana León se opuso con dureza: argumentó que la cuestión ya había sido resuelta en el auto de admisibilidad de prueba, donde el tribunal había decidido no incorporar soportes audiovisuales de declaraciones externas.

La fiscal fue más lejos: sostuvo que reproducir el video equivaldría a un “careo virtual” entre dos imputados, ejecutado en otro tribunal y ante otra fiscalía, y que además forzaría la voluntad de Centeno, quien en esta causa ya manifestó su decisión de no declarar ni responder preguntas.

El tribunal se tomó un cuarto intermedio y dio el botón de play al empresario que entregaba dinero. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli no tenían en ese momento certeza sobre el origen del material ni sobre si correspondía a la versión íntegra de lo declarado en España. Todo quedó grabado. Una omisión procesal de envergadura en un juicio que se lleva adelante con 87 imputados y más de 630 testigos admitidos.

Lo que dijo Centeno en España 

El video exhibido por la defensa de De Goycochea registra la declaración de Centeno ante la justicia española en el marco de una causa vinculada a presuntas irregularidades de Isolux Corsán.

 Ante la pregunta de si conocía la existencia de Isolux, Centeno respondió textualmente: “Bueno no no no recuerdo verdad, no sabía que se trataba de un grupo de empresas cuya matriz radicaba en España… tampoco sabía”. Sobre qué relación mantenía Isolux con el Ministerio de Planificación Federal, el exchofer fue aún más escueto: “No sé…”. 

Las respuestas no mejoran al avanzar en el interrogatorio. Cuando le preguntaron quién actuaba como interlocutor por parte de Isolux, Centeno respondió: “No podía saberlo nunca”. Y ante la pregunta directa sobre qué personas de la firma conoció, el exchofer cerró cualquier margen de interpretación: “Ninguna. No conozco a nadie”.

La pregunta sobre las entregas de fondos en los años 2011, 2012 y 2014 obtuvo una respuesta de dos palabras: “Tampoco lo sé”. Y cuando le consultaron si le constaba que algún responsable de Isolux hubiera entregado fondos a funcionarios, Centeno declaró: “No me consta ningún responsable que hayan entregado fondos a funcionarios”.

Son los mismos cuadernos de Centeno los que nombran a Isolux en la anotación del 8 de abril de 2010, vinculando a la empresa con la licitación de la central termoeléctrica de Río Turbio. El propio exchofer, ante la justicia española, admitió que escribió ese dato porque “alguien” —en una espera— le comentó que era la empresa que había ganado una licitación, pero que nunca tuvo contacto con nadie de la firma.

La jugada de De Goycochea 

La estrategia de la defensa estaba clara desde antes de que empezara la audiencia. De Goycochea declaró que Isolux era una empresa española con sede de directorio en Madrid, cuya sucursal argentina no tenía autonomía de decisión respecto de la casa matriz. Afirmó que “Centeno nunca tuvo conocimiento de que Isolux se entregara dinero a nadie, ni me conoció a mí ni a ninguna otra persona de Isolux”. 

Tras la exhibición del video, De Goycochea fue al cierre con la precisión de quien ya sabía lo que iba a ver: “Como ha quedado claramente demostrado, Centeno desconoce por completo todo lo vinculado con Isolux. Pido que no se haya tenido en cuenta como prueba en mi contra”. 

Su defensa sostiene, además, que la declaración prestada por Centeno en España fue bajo juramento y con plena voluntad de responder, por lo que su reproducción en el juicio argentino no afecta los derechos del exchofer en esta causa. Las defensas de otros imputados adhirieron al planteo. 

El filo de la navaja probatoria

El episodio del video no ocurre en el vacío. El juicio arrancó en noviembre de 2025 y en marzo de 2026 pasó a la etapa presencial de declaraciones indagatorias. Centeno compareció ante el TOF 7 el 19 de marzo y se negó a declarar. El tribunal rechazó los planteos de nulidad de las defensas y ratificó la incorporación por lectura de sus indagatorias previas. 

En España, la justicia descartó en 2022 los cargos contra un directivo de Isolux al concluir que el material incriminatorio era “escaso y débil”. La fiscalía española basaba su caso en la declaración de Centeno, copias de los cuadernos —cuyo original fue destruido— y correos electrónicos sobre la obra de Río Turbio. No fue suficiente. 

El juicio más grande de la historia judicial argentina enfrenta una fisura en su propio núcleo: el hombre que escribió los cuadernos declaró, bajo juramento y ante otra justicia, que no conoce, por lo menos a este acusado.

Hoy será el turno de otros empresarios acusados. No se descarta que busquen aportar nuevas pruebas en vivo dando play. Si De Goycochea describió el mecanismo de entrega de dinero pero para “campaña electoral”.

Fuente Noticias Argentinas

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Adorni bajo la lupa: compró un departamento por USD 230 mil con un crédito del 90% de dos jubiladas

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió en noviembre de 2025 un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble. La operación, formalizada el 18 de ese mes, quedó asentada en la escritura de compraventa y forma parte de un expediente judicial que busca determinar la evolución patrimonial del funcionario.

La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía previamente a dos mujeres que la habían comprado meses antes. Las vendedoras, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo, no solo transfirieron el inmueble sino que además financiaron la mayor parte de la operación: otorgaron un crédito hipotecario por USD 200.000, equivalente a cerca del 90% del valor total.

Según el informe registral, cada una aportó el 50% del préstamo y quedó como acreedora en partes iguales. Este esquema permitió completar la adquisición del inmueble con un financiamiento poco habitual en el mercado inmobiliario, donde los créditos privados de este tipo son excepcionales.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, apunta a reconstruir la situación patrimonial, financiera y registral de Adorni y su entorno familiar.

Entre las medidas solicitadas se incluyen pedidos de información a registros de la propiedad, organismos de control y entidades financieras, con el objetivo de detectar activos no declarados o inconsistencias en las declaraciones juradas.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial del 500% en un período fiscal. Según la presentación, existirían diferencias entre las declaraciones juradas del funcionario, con omisiones de activos financieros, depósitos en el exterior por más de $16 millones y la incorporación de USD 24.500 en efectivo.

Además de la propiedad en Caballito, la Justicia analiza la compra de un inmueble en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Registros internos del barrio privado indican que las expensas del lote comenzaron a emitirse a nombre de la cónyuge, lo que podría evidenciar una titularidad o posesión no declarada.

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó la titularidad del 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de otro en La Plata, pero no incluyó propiedades en countries ni nuevas adquisiciones recientes.

El informe de dominio del departamento de Caballito también detalla que la operación fue posible gracias al crédito otorgado por las propias vendedoras, un mecanismo que ahora es analizado por los investigadores para determinar el origen de los fondos y posibles vínculos entre las partes.

En paralelo, trascendieron cuestionamientos sobre el valor declarado del inmueble, que podría estar por debajo de los precios de mercado para propiedades similares en la zona, lo que abre otra línea de análisis dentro de la causa judicial .

La fiscalía remarcó la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” del funcionario y su entorno. Por el momento, no hay resoluciones judiciales, pero se espera que en las próximas semanas se incorporen nuevos elementos que permitan esclarecer la consistencia de su patrimonio.

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Nuevos audios complican a Milei y reavivan dudas en el caso $LIBRA

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La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo con la aparición de audios atribuidos al empresario Mauricio Novelli, que refuerzan las sospechas sobre su influencia en la estrategia comunicacional del presidente Javier Milei, especialmente en redes sociales.

Según surge del peritaje realizado sobre el celular de Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el lobista habría mantenido una relación fluida y directa con el mandatario y su entorno inmediato en momentos clave del lanzamiento del token.

Uno de los principales puntos bajo análisis es cómo Milei accedió al código alfanumérico de 44 caracteres que publicó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, apenas minutos después del lanzamiento de $LIBRA. Ese dato, central para operar la criptomoneda, sigue sin una explicación concluyente dentro del expediente.

Audios, chats y coordinación en tiempo real

Los nuevos audios revelan que Novelli no solo tenía contacto directo con el Presidente, sino que además intervenía en la dinámica de publicaciones en redes sociales.

En distintas grabaciones, el empresario afirma que enviaba contenido para que Milei lo difundiera, e incluso menciona la necesidad de insistir para lograr que se publiquen determinados mensajes vinculados a sus negocios.

El análisis forense también detectó una intensa actividad de comunicaciones: entre el 14 y el 16 de febrero de 2025, Novelli registró 38 contactos con Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Solo el día del lanzamiento del token hubo 19 intercambios, en una franja horaria que coincidió con la salida al mercado y posterior colapso de la criptomoneda.

Estas evidencias contrastan con la explicación pública que dio el propio Milei tras el escándalo. En una entrevista televisiva, el Presidente aseguró que había difundido el proyecto por interés personal en temas tecnológicos y sin una vinculación previa con sus impulsores.

Sin embargo, la información surgida del celular de Novelli plantea un escenario distinto: una posible coordinación previa en la difusión del activo digital, lo que abre interrogantes sobre el grado de conocimiento e involucramiento del jefe de Estado.

En paralelo, la causa judicial continúa su curso en el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. La querella solicitó la indagatoria de Novelli, de los hermanos Milei y de otros actores vinculados al lanzamiento de $LIBRA.

Por su parte, la defensa de Novelli pidió la nulidad del peritaje sobre su celular, argumentando presuntas irregularidades y filtraciones durante el proceso.

El expediente se encamina hacia una etapa clave, con posibles definiciones judiciales en los próximos días que podrían reconfigurar el alcance político y penal del caso.

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La desregulación impacta en las exportaciones: China se suma a Chile y frena carne argentina

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La política de desregulación impulsada por el Gobierno sumó un nuevo frente de tensión externa: China frenó un cargamento de 22 toneladas de carne argentina por la presunta presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en el comercio internacional. La decisión, tomada por la Administración General de Aduanas del país asiático la semana pasada, se suma al antecedente reciente de Chile, que ya había suspendido importaciones por cambios en los controles sanitarios. El dato trasciende lo comercial. Expone un punto sensible del esquema oficial: la relación entre flexibilización regulatoria y confianza internacional. ¿Se trata de episodios aislados o de un costo estructural de la desregulación?

Un cambio normativo bajo presión externa

El episodio con China ocurre en un contexto de modificaciones en los controles sanitarios del SENASA, enmarcadas en la política de desregulación. Entre los cambios más relevantes aparece la eliminación del registro obligatorio de empresas certificadoras, un mecanismo que funcionaba como garantía de trazabilidad en la cadena exportadora.

Ese punto resulta central. La trazabilidad no es solo un requisito técnico: es el lenguaje con el que los mercados validan la calidad sanitaria de los productos. Su debilitamiento, aun parcial, impacta directamente en la credibilidad del sistema.

El caso puntual se originó en la planta que un frigorífico posee en Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo. A partir de la detección del antibiótico, se activaron mecanismos de control y una revisión técnica que incluye un proceso de trazabilidad para identificar el origen del lote cuestionado. Las primeras hipótesis apuntan a un posible falso positivo o a la presencia de sustancias similares, lo que abre un margen de discusión técnica, pero no neutraliza el impacto comercial inmediato.

De Chile a China: señales de alerta en cadena

El antecedente con Chile refuerza la dimensión del problema. En agosto, el Servicio Agrícola y Ganadero suspendió importaciones desde la Patagonia tras la flexibilización sanitaria que permitió el ingreso de carne con hueso a zonas libres de aftosa. La medida puso en cuestión el estatus sanitario regional y encendió alarmas por el riesgo de enfermedades.

Aunque Chile reanudó compras luego de verificar condiciones sanitarias, el episodio dejó una señal: los cambios regulatorios internos pueden tener efectos inmediatos en mercados externos.

En el caso de China, el contexto agrega complejidad. El país asiático endurece sus controles a productos importados y avanza en una estrategia de protección de su producción local. Ese escenario amplifica cualquier observación sanitaria. No solo afecta a la carne: también se registraron advertencias sobre envíos de soja por presencia de malezas.

Dólares en juego y un mercado clave bajo revisión

El impacto potencial es significativo. China concentra 458.360 toneladas de las 654.800 exportadas por Argentina en los primeros 11 meses de 2025. Es, por amplio margen, el principal destino de la carne argentina.

Además, el esquema comercial incluye un sistema de cupos con penalidades claras. Si se superan las 511.000 toneladas, el arancel salta del 12,5% al 55%. En ese marco, cualquier restricción o demora no solo afecta volúmenes, sino también costos y competitividad.

El episodio también expone una dinámica interna. El SENASA, con una estructura reducida por recortes, debe responder a exigencias crecientes en mercados que endurecen estándares. La ecuación es delicada: menos regulación interna frente a mayores demandas externas.

Correlación de fuerzas y tensión regulatoria

La situación coloca al Gobierno ante un equilibrio complejo. Por un lado, la desregulación busca reducir costos y simplificar procesos. Por otro, los mercados internacionales operan con lógicas inversas: más controles, más certificaciones y mayor seguimiento de la cadena productiva.

En términos de poder, los países importadores refuerzan su capacidad de condicionar el comercio a través de exigencias sanitarias. La Argentina, en cambio, necesita sostener confianza para mantener acceso a mercados estratégicos.

El resultado es una tensión que trasciende lo técnico. Se trata de quién fija las reglas en el comercio internacional y bajo qué estándares se valida la producción.

Un escenario en revisión

La reacción oficial se concentra ahora en limitar el impacto del caso y evitar que se extienda a otros embarques. El foco está puesto en el informe técnico que deberá producir el SENASA y en las eventuales correcciones del sistema.

En paralelo, el comportamiento de China será clave. Su política de controles más estrictos puede transformar episodios puntuales en tendencias si no se logra restablecer confianza.

Lo que está en juego no es solo un cargamento. Es la consistencia entre el modelo regulatorio interno y las exigencias del mercado global. Esa tensión, por ahora, sigue abierta.

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Adorni compró un departamento en Caballito por USD 230.000 con una hipoteca privada

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A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa. Según los registros de la propiedad inmueble, el funcionario nacional adquirió en noviembre pasado un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito, mediante una modalidad de financiamiento que ya despierta interrogantes: una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad.

El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000, de los cuales la pareja —Adorni y su esposa, Bettina Angeletti— habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.

Lo llamativo del caso radica en el instrumento de pago. El matrimonio suscribió una hipoteca por US$ 200.000 con dos personas físicas. Estas particulares habían comprado el departamento apenas meses antes, en abril de 2025.

La compra se concretó en un momento político sensible para Adorni, apenas 14 días después de que fuera nombrado Jefe de Gabinete de la Nación. Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.

Desde el entorno del integrante del Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna. El funcionario ha reiterado en diversas oportunidades que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia. Y más allá de las versiones que lo dan fuera del Gobierno, en Balcarce 50 juran que el ex candidato a legislador está firme en el cargo.

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