En un escenario internacional donde la trazabilidad ambiental y la descarbonización se volvieron condiciones de acceso a mercados, el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) acompañó la presentación de “The Timber Truth”, una publicación que apunta a desarmar 16 mitos sobre el uso de la madera en la construcción. La iniciativa no es meramente técnica: se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la competitividad de la madera certificada frente a regulaciones ambientales cada vez más exigentes.
El mensaje es claro. La discusión sobre materiales de construcción ya no se limita a costos y prestaciones estructurales. Ahora incluye huella de carbono, trazabilidad y cumplimiento normativo internacional. En ese terreno, la certificación forestal se convierte en un activo económico.
Evidencia técnica para un mercado más exigente
“The Timber Truth” aborda percepciones extendidas en torno a la seguridad, durabilidad, disponibilidad y desempeño ambiental de la madera. A través de argumentos respaldados por datos y ejemplos concretos, la publicación busca ofrecer herramientas a arquitectos, desarrolladores, inversores y tomadores de decisión.
PEFC, como sistema de certificación de gestión forestal sostenible, respalda la iniciativa con un enfoque centrado en la madera de origen responsable. Según se destaca en la presentación, cuando proviene de bosques gestionados de manera sostenible y certificados, la madera es un material renovable con capacidad de almacenamiento de carbono, puede cumplir estándares técnicos exigentes, reduce la huella ambiental del sector y permite trazabilidad en cadenas internacionales.
El eje institucional es nítido: la certificación no solo valida prácticas forestales, sino que habilita cumplimiento regulatorio en mercados que exigen cadenas libres de deforestación y alineación con estándares ESG.
Construcción sostenible y acceso a mercados
La iniciativa se inserta en un contexto donde gobiernos e inversores incorporan criterios ambientales en políticas públicas y decisiones de financiamiento. La regulación internacional avanza hacia mayores controles sobre origen y sostenibilidad de insumos estratégicos, lo que redefine las condiciones de competencia.
En ese marco, la certificación forestal funciona como herramienta para facilitar acceso a mercados, reducir riesgos regulatorios y aportar transparencia en cadenas de valor globales. La madera certificada se presenta así no solo como alternativa técnica, sino como vehículo de inserción comercial.
El sector de la construcción tiene un rol clave en la transición hacia economías de bajas emisiones. Por eso, la discusión sobre materiales adquiere dimensión estratégica. Si la madera logra consolidarse como opción renovable y reutilizable con respaldo técnico y trazabilidad comprobable, el impacto trasciende al sector forestal e incide en desarrollos inmobiliarios, proyectos de infraestructura e inversiones institucionales.
Señal estratégica: sostenibilidad como competitividad
La presentación de “The Timber Truth” apunta a algo más que informar. Busca incidir en la toma de decisiones en un momento donde la descarbonización del sector edilicio ocupa un lugar prioritario en agendas públicas y privadas.
Al derribar mitos técnicos, PEFC intenta fortalecer la confianza en la madera certificada como parte de la solución climática global. La estrategia combina sostenibilidad ambiental y competitividad económica, dos variables que ya no se perciben como contrapuestas.
El desafío ahora pasa por la adopción efectiva de estos estándares en mercados concretos. A medida que la regulación internacional se vuelve más estricta y los compradores exigen mayor trazabilidad, la madera certificada podría ganar terreno. Pero esa transición dependerá de decisiones empresariales, políticas públicas y condiciones de mercado que aún están en evolución.
Con una mayoría cómoda que construyó el oficialismo junto a sectores aliados, el Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral luego de una jornada de protestas en las cercanías del Congreso.
La votación reflejó un desenlace bastante holgado en favor del Gobierno, en línea con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia)
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.
Al final de la sesión, la ex ministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei.
De esta manera, la Cámara alta convalidó la modificación aplicada en la Cámara de Diputados que eliminó el polémico artículo 44 que proponía reducir hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.
La norma aprobada incluyó artículos cuestionados por la oposición como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.
El debate
El senador nacional por Chaco de La Libertad Avanza Juan Cruz Godoy defendió la reforma laboral del Gobierno al sostener que “esta ley es producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación”.
Como miembro informante del dictamen del oficialismo, el libertario destacó que la norma introduce “definiciones del salario y de los beneficios del salarios para evitar la alta litigiosidad que tiene nuestro país”.
“Se crea el Fondo de Asistencia Laboral como herramienta para dar certezas a los empleadores y a los empleados” por eventuales despidos, puntualizó.
“Reconocemos que en nuestro país mas del 70% del trabajo es gracias a las pymes, por eso es importante el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones)”, indicó Godoy.
El chaqueño recordó que “con el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) se dio un primer paso pero atendiendo a la capacidad de las pymes como generadoras de empleo creemos importante dar incentivos a estas empresas para generar más inversión y más empleo”.
También remarcó que la ley contiene la “eliminación de impuestos internos” y “se da un plazo para la renovación de los estatutos profesionales para que se actualicen a la realidad de hoy”.
“Aceptamos muchas modificaciones desde que empezó esto. Creemos que esta es una propuesta mejorada respecto de la propuesta inicial”, valoró.
A su turno, Recalde ratificó el rechazo del bloque Justicialista porque la versión que volvió al Senado “prácticamente está igual” a la que se había votado originalmente.
El senador camporista planteó que se trata de una “ley monstruosa” por la cantidad de leyes que modifica y “por su contenido” en sí mismo”.
También criticó que se haya traído al recinto “de manera exprés”, con poco debate previo.
“Todas estas cosas se hacen cuando una ley va en contra del pueblo. Cuando una ley es a favor del pueblo no se necesitan trámites irregulares ni trámites exprés”, dijo.
Para Recalde, la reforma del Gobierno “conspira contra la seguridad jurídica que quieren ofrecerle a los inversores”.
“Se pone en jaque la seguridad jurídica cuando se proponen leyes que violan la Constitución. Esto va a generar no solamente más litigiosidad sino además más dudas en los inversores”, auguró.
“Es una ley que va proliferando los trabajadores que quedan por fuera de la ley de contratos de trabajo, o sea por fuera de los derechos laborales. Es una ley que empieza a expulsar por fuera del derecho laboral a cada vez más trabajadores”, lamentó el legislador kirchnerista.
Según expresó, es “obvio que se va a judicializar esto y cualquier tribunal que respete la Constitución y las leyes no va a permitir que un trabajador en relacion de dependencia se quede afuera de la Ley de Contratos de Trabajo por un papelito que diga locación de servicios”.
“Ojalá pronto tengamos más votos para cambiar las leyes y volver a poner las cosas en su lugar”, concluyó Recalde.
La senadora Ana Marks (Justicialista) afirmó que desde el peronismo rechazan “esta ley de reforma laboral porque es esclavista , porque es flexibilizadora, porque lejos de modernizar nos devuelve al 1800”.
También justificó su rechazo al denunciar que la reforma “destruye los derechos laborales e intenta destruir la dignidad del pueblo trabajador en cada uno de los artículos en los cuales no hemos encontrado nada a favor de los trabajadores”.
“La rechazamos porque es inconstitucional y porque es absolutamente mentira que vaya a generar empleo”, sumó la camporista rionegrina.
A su turno, la pampeana Victoria Huala (PRO) valoró la eliminación del polémico artículo 44, y señaló la importancia de tener aprobada la reforma laboral.
“Apoyar esta ley no es apoyar a las grandes empresas o a ‘patrones malos’, como algunos nos quieren hacer creer. Apoyar esta reforma laboral es apoyar a las pymes, al empleo real”, subrayó.
La senadora Cristina López (Justicialista) anticipó que su voto sería “en defensa de su provincia, en defensa de cada trabajador fueguino que hoy vive con miedo y con angustia”.
“No vamos a mirar para otro lado mientras la industria fueguina se apaga y no soy cómplice del apagón de la industria nacional”, manifestó la fueguina.
El chaqueño Jorge Capitanich (Justicialista) fue fulminante respecto de los efectos adversos que podría ocasionar la reforma laboral, y alertó que “con este proyecto se está dando un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”.
“Queremos discutir un marco en las relaciones laborales que genere condiciones de negociación laboral para los nuevos trabajos surgidos del cambio tecnológico pero con este proyecto lo que estamos dando es un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”, advirtió.
A su juicio, la reforma laboral “va a impactar negativamente” en el empleo, va a “precarizar el trabajo”, “generar un deterioro del salario” y “no va a resolver los problemas” que la Argentina “tiene que hacer de cara al mundo”.
En la misma línea, el santafesino Marcelo Lewandowski (Justicialista) aseguró que “esta ley de reforma laboral no moderniza, precariza”.
“No vamos a acompañar una ley que lo único que hace es perjudicar a trabajadores. Y venimos de una fuerza política donde capital y trabajo van de la mano, porque no estamos en contra de los empresarios”, sostuvo.
A continuación le tocó tomar la palabra a su compañero de bancada Daniel Pablo Bensusán, quien subrayó que “los derechos del trabajador deben respetarse y no pueden eliminarse reformando la ley laboral”.
“La progresividad y la no regresividad no es una cuestión ideológica, es una cuestión de respeto de la Constitución y del sistema democrático”, enfatizó el senador peronista pampeano.
Andrea Cristina, del PRO, instó a “actualizar la legislación laboral” ya que “es importante que Argentina sea competitiva, previsible y responda a las necesidades del mercado laboral actual”.
“Este proyecto lo hace manteniendo los derechos del trabajador previstos en la ley laboral vigente”, opinó la legisladora chubutense.
El entrerriano Adán Bahl (Justicialista) cuestionó duramente la reforma laboral y al respecto dijo que “cuando uno no ofrece herramientas para el desarrollo entonces ofrece despidos baratos”.
“Lo dijimos: en la medida que pasara el tiempo y no aparecieran resultados, entonces se iba a plantear esta situación que vemos hoy con una ley de flexibilización laboral”, apuntó.
En la misma sintonía, la senadora riojana Florencia López (Justicialista) criticó con ferocidad la iniciativa laboral del Gobierno.
“Pusieron la excusa de la producción para quitar el agua de los glaciares; la excusa de la seguridad para meter a los chicos presos y hoy, ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”, espetó.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cargó fuertemente contra el proyecto de reforma laboral al que calificó como “una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”.
En su discurso de cierre, el formoseño denunció un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”.
“Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.
“En síntesis: una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando acá”, arremetió.
Según analizó, “el trabajador solo quiere una vida digna y con esta ley le estamos arruinando esa posibilidad porque no le va a alcanzar el tiempo de su vida para sostener a su familia” ya que “el trabajador sólo tiene su tiempo”.
“Es una ley anti trabajador. ¡Que dejen de mentir! ¡Perjudica terriblemente al trabajador!, protestó.
Al Fondo de Asistencia Laboral, Mayans lo calificó como “un robo a cara descubierta a los jubilados y los pensionados”.
“Y es abiertamente inconstitucional porque vulnera el 14 bis de la Constitución. Esto rompe el principio protectorio”, señaló.
“Esta es una ley repugnantemente gorila”, sentenció Mayans, fulminante.
En el último discurso antes de la votación, la jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, apoyó con entusiasmo la iniciativa de reforma laboral y cuestionó que en gobiernos anteriores “en el nombre de los trabajadores se mando a la informalidad a miles y miles a la informalidad”.
“Eso es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley, para darle previsibilidad a las empresas y a los trabajadores”, remarcó.
Y siguió: “Esta reforma envía señales claras. Argentina quiere volver a crecer. Hace 15 años que no crecemos, muchos de los cuales fueron gobierno los de aquel lado”.
“Queremos que los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta, de un grupo. Hoy los trabajadores quieren trabajar con más libertad”, finalizó
El Gobierno de Misiones puso en marcha una línea de créditos a tasa 0% para asistir a 50 productores afectados por la reciente tormenta en el departamento San Ignacio. La medida, ejecutada por el Ministerio del Agro y la Producción, financia la compra de plásticos para reconstruir invernaderos con tres meses de gracia y devolución en tres cuotas de $82.000. En un contexto de eventos climáticos cada vez más frecuentes, la decisión busca sostener la producción hortícola y evitar un quiebre en el abastecimiento local.
El esquema no sólo atiende una emergencia puntual. También funciona como señal política hacia el sector productivo: la provincia prioriza instrumentos financieros ágiles para proteger infraestructura crítica y sostener empleo rural.
Microcrédito inmediato y condiciones financieras blandas
La entrega se concretó el viernes 27 de febrero en el salón municipal de Corpus. Alcanzó a productores y productoras de Corpus, Gobernador Roca, Loreto, San Ignacio y Garuhapé. Cada beneficiario accedió a un plástico financiado bajo la línea “Créditos para Plásticos 2026”, diseñada para responder con rapidez ante contingencias climáticas.
Las condiciones establecen un período de gracia de tres meses, tasa de interés 0% y devolución en tres cuotas de $82.000. Para acceder, los productores debieron presentar DNI, RENSPA actualizado y no registrar deudas. El diseño combina requisitos administrativos básicos con acceso simplificado, lo que permite reducir tiempos en situaciones donde la reconstrucción inmediata resulta determinante.
El ministro Facundo López Sartori señaló que, frente a eventos climáticos que afectan a las chacras, el tiempo define la capacidad de recuperación. Por eso, explicó, se activaron herramientas financieras ágiles para restablecer infraestructura y permitir que cada familia vuelva a producir en el menor plazo posible.
Impacto en la horticultura bajo cubierta y en la economía regional
El plástico es un insumo estratégico en la horticultura bajo cubierta. Protege cultivos, estabiliza condiciones de producción y resguarda inversiones realizadas por familias rurales. Cuando una tormenta destruye esa cobertura, el riesgo no se limita a la estructura: se interrumpe la cadena productiva y se comprometen ingresos futuros.
En términos económicos, la línea de microcrédito apunta a evitar un efecto dominó sobre precios, oferta de alimentos frescos y empleo en economías locales. La subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, sostuvo que el financiamiento permite recuperar invernaderos sin comprometer la economía familiar y mantener el abastecimiento regional.
La asistencia no se circunscribe a un solo organismo. Durante la misma semana, otros municipios damnificados recibieron apoyo a través del Instituto de Macroeconomía Circular. La coordinación institucional amplía el alcance y refuerza la estrategia provincial de acompañamiento territorial ante emergencias productivas.
Señal política y gestión del riesgo climático
La intervención revela una lógica de gestión que combina crédito blando y presencia territorial. No se trata de subsidios directos, sino de financiamiento accesible con devolución, lo que preserva disciplina fiscal y compromiso productivo.
En un escenario donde los fenómenos climáticos intensifican su frecuencia, la política pública enfrenta un desafío estructural: diseñar instrumentos que permitan absorber shocks sin desarticular el entramado productivo. El caso de San Ignacio muestra una respuesta rápida y focalizada. La evolución de la campaña hortícola y la recurrencia de eventos extremos marcarán la profundidad de esa estrategia en los próximos meses.
El Ministerio de Capital Humano anunció la suspensión del paro de controladores aéreos previsto para el 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo de 2026, en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La decisión garantiza la operación normal de vuelos domésticos e internacionales en todo el país durante el fin de semana y desactiva, al menos por ahora, un foco de tensión sobre un servicio considerado esencial.
El dato no es menor. La aviación comercial atraviesa un período de alta sensibilidad operativa y cualquier interrupción impacta de forma directa en turismo, comercio y logística. La intervención de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social apunta a encauzar la negociación y evitar un nuevo episodio de parálisis que hubiera afectado a todos los aeropuertos del país.
Intervención oficial y negociación en curso
La suspensión de las medidas de fuerza fue notificada formalmente por la representación legal del sindicato. Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que continúan impulsando instancias de negociación para alcanzar un entendimiento que asegure la normal prestación y la seguridad del servicio de navegación aérea.
Atepsa ya había levantado los paros previstos para el 26 y 27 de febrero, que también iban a afectar a toda la aviación. El gremio sostuvo que se avanzó hacia una “mesa de diálogo real” con el objetivo de continuar negociaciones y dar respuesta a sus reclamos.
El conflicto no se limita a una discusión salarial. Al tratarse de una empresa estatal, cualquier mejora en haberes y condiciones laborales depende de las pautas fijadas por la Oficina Nacional de Empleo Público, lo que agrega una instancia institucional adicional al proceso paritario. Atepsa sostiene que EANA incumplió puntos del Convenio Colectivo de Trabajo, mientras que la empresa cuestiona la legitimidad de algunos reclamos y advierte que, al tratarse de un servicio esencial, las medidas de fuerza no pueden afectar más del 45% de la actividad.
Impacto económico y operativo: lo que estaba en juego
Los controladores aéreos cumplen un rol crítico en la gestión del flujo de aeronaves, partidas y arribos, y supervisan todas las fases de vuelo desde torres y centros de control. Una interrupción parcial o total del servicio hubiera generado cancelaciones, reprogramaciones y sobrecostos para aerolíneas, operadores turísticos y pasajeros.
Durante 2025, el conflicto se expresó en paros y asambleas en momentos de alta demanda, como vacaciones de invierno y fiestas de fin de año. En varias oportunidades, la Secretaría de Trabajo dictó conciliaciones obligatorias para evitar mayores disrupciones.
La estabilidad operativa del sistema aéreo no sólo afecta al turismo. También impacta en la logística empresarial, en la conectividad de economías regionales y en la percepción de previsibilidad regulatoria. Cada conflicto en un servicio estratégico introduce ruido en el mercado.
Judicialización y tensión institucional
El diferendo escaló además al plano judicial. En Comodoro Py avanza una causa que involucra a la conducción gremial de Atepsa y a la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto. La Justicia investiga un posible acuerdo paritario firmado a fines de 2023 que no figura en los registros oficiales de la empresa.
El expediente surgió tras un planteo sindical para que se reconociera un acta con incrementos correspondientes al primer trimestre de 2024. Según la investigación, el documento no fue registrado ni aplicado durante la gestión de Logatto, por lo que se analiza la eventual responsabilidad de la ex presidenta y de la secretaria general de Atepsa, Paola Barritta.
En paralelo, EANA presentó una denuncia penal contra el gremio al considerar que ciertas protestas pudieron poner en riesgo la seguridad operacional. Entre los episodios mencionados figura la colocación de una bandera sindical en el exterior de una torre de control, hecho que, según la empresa, habría interferido con la operatoria aérea.
Señales al sistema: negociación, límites y servicio esencial
El levantamiento del paro envía una señal de contención en un área crítica. El Gobierno busca preservar la prestación de un servicio esencial sin ceder la conducción del proceso de negociación. Al mismo tiempo, el gremio mantiene abiertos sus reclamos y la instancia judicial agrega un componente de presión adicional.
La resolución de este conflicto no sólo definirá condiciones laborales. También marcará el tono de la relación entre empresas estatales, sindicatos y autoridades laborales en sectores estratégicos. Por ahora, el sistema aéreo operará con normalidad este fin de semana. La discusión de fondo, sin embargo, sigue en desarrollo.
El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, una decisión histórica siendo que modifica una norma vigente desde 1980. Esto es, el oficialismo libertario consiguió este viernes lo que otras administraciones intentaron sin éxito, naufragando siempre el tema en el ámbito de las comisiones -solo una vez en 2009 había alcanzado la media sanción en el Senado, que luego fue frizada-. Fue en el marco de una extensa sesión que concluyó a las 18.15, con la aprobación por 44 votos afirmativos, 27 en contra y 1 abstención.
Conseguida la aprobación en general, el Cuerpo se abocó al tratamiento en particular de la norma, en una votación que igual que en la Cámara baja se realiza por títulos.
El proyecto, que en Diputados fue aprobado el 12 de febrero pasado, con 149 votos afirmativos y 100 negativos, establece una baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometen delitos.
Desde el Ejecutivo emitieron un comunicado, donde Milei felicita a los legisladores por aprobar la norma.
Un encendido debate
La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien destacó que “estamos frente a una jornada histórica”. Recordó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, “anterior a la reforma constitucional de 1994” y la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño por parte de nuestro país.
El salteño aseguró que se trata de aplicar un régimen “moderno, integral y especializado” donde “estén debidamente garantizados los derechos al debido proceso” del adolescente. “Es una reforma que tiene pilares claros”, agregó y mencionó que hace más de una década organismos internacionales “instaron a nuestro país a abandonar el modelo tutelar que hoy nos rige”.
Luego de afirmar que no solo se trata de una modernización normativa, el libertario dijo que es “saldar una deuda histórica”, ya que cuando anteriormente se intentó avanzar los proyectos fueron “descalificados como punitivistas, violatorios de los derechos humanos, regresivos”. “Mantener la ley de 1980 es totalmente regresivo. Esa ley puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico”, enfatizó y sumó que la legislación actual “no respeta las garantías mínimas”.
En esa línea, Guzmán Coraita sostuvo que este régimen “está acorde a los estándares internacionales a los cuales el Estado se ha comprometido”. “Estamos avanzando hacia adelante”, expresó y se refirió a la cuestión de la edad: “La edad de 16 años no es un derecho ni un estándar en sí mismo. El Comité de los Derechos del Niño ha analizado distintos regímenes donde preponderantemente la edad es de 14 años y no ha dicho que sea contrario a la Convención”.
Por otra parte, el legislador detalló datos de la Corte Suprema de Justicia, según los cuales en 2023 hubo 17.551 causas penales con menores involucrados y en 2024 fueron 18.972, “un incremento del 10%”. “Detrás de cada número hay un hecho, una víctima, una familia, un adolescente que ha cometido delito y una historia personal”, señaló. En su discurso, donde además precisó cada uno de los títulos del proyecto, mencionó que Argentina “junto a Cuba somos los únicos países en la región que mantiene los 16 años”.
A su turno, el chaqueño Jorge Capitanich señaló que el problema “son las provincias las que efectivamente tienen que dar cumplimiento a un régimen penal en materia de capacidad instalada, pero también, lugares de alojamiento y las políticas públicas necesarias para observar el problema que separe causas y consecuencias. Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias y, si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta”.
Además, planteó que es necesario establecer cuáles son el número de casos en donde efectivamente existen personas detenidas: “En Argentina se registran 935 niños y adolescentes detenidas. En Chaco son 23 casos. Es importante remarcar el número y la evaluación de la tasa de homicidios y delitos cometidos en función de la edad porque cuando se hace un análisis riguroso en el país el 97% de niños y adolescentes son nativos, 9 de cada 10 personas son varones y, a su vez, el porcentaje de delitos de menores alcanza el 2%”.
“La problemática entre 12 a 17 años son 43% porque los delitos están fuertemente asociados a la propiedad 57%, a las personas y delitos de integridad sexual son el 7,5%. El problema es de alta sensibilidad porque existen víctimas y niños, y porque tenemos un problema mayor que tiene que ver con la capacidad de financiamiento y las capacidades estatales sensibles y eficientes para resolver esto”, manifestó el senador del bloque Justicialista.
Capitanich señaló que hay “una sobrepoblación carcelaria que se estima en el 30% en el sistema penitenciario. Es una cuestión compleja”, y se refirió al presupuesto que establece el proyecto: “Ese componente en cifras es equivalente a 24 mil millones de pesos, pero si tomamos alojamientos de 100 personas esto implica una proyección para cada jurisdicción y equivale a 9 años. Este presupuesto es insuficiente porque no puede tarde 9 años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes”, y cerró: “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas para garantizar un ordenamiento jurídico”.
A su turno, la senadora de la UCR Gabriela Valenzuela habló de “una reforma trascendental” en la que “no estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías”.
En esa línea, la correntina dijo que la norma vigente “nada tiene que ver con el país que construimos desde 1983” y, por eso, “es una deuda democrática que este Congreso tiene la obligación de saldar”. “No podemos sostener un régimen que permite amplias discrecionalidades”, insistió.
Yendo al proyecto, la radical remarcó que “un punto central es que la privación de la libertad del adolescente deja de ser una respuesta automática y se convierte en un recurso verdaderamente excepcional”. “Los jóvenes necesitan límites claros y oportunidades para su reinserción”, añadió.
A continuación, la senadora Alicia Kirchner objetó el presupuesto que se destina en la ley y cómo se destinará hacia las provincias. “En Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada, ¿quién las va a apoyar? ¿Las va a apoyar la Nación, les va a derivar los fondos, o todo va a caer de nuevo en las provincias?”, se preguntó.
“Yo no digo que la pobreza traiga el delito, pero la pobreza sí importa”, subrayó la exministra de Desarrollo Social, para enfatizar que se requieren medidas e inversión en otras áreas, como la salud mental. “Hay artículos que no puedo dejar de compartir, pero sí me preocupa el cumplimiento concreto”, manifestó.
La legisladora del bloque Justicialista comparó que en Colombia, donde la edad de imputabilidad es de 14 años, hay “un 25,9%” de menores en encierro, mientras que en Ecuador, donde es de 12 años, “hay 45,1% de menores en encierro, diez veces más por delitos graves que la República Argentina. Evidentemente la edad no es el problema, el problema va más a fondo”. Sobre esto, sumó: “No lo dejemos en la punibilidad, no legislemos sin saber cómo vamos a dar respuestas. Hay que tener una mirada más integrada”.
En un extenso discurso, la senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) sostuvo que la Ley Penal Juvenil actual es “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”, y apuntó contra el kirchnerismo: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.
Avanzado el debate, Beatriz Ávila apuntó que este “es un tema complejo, sensible, pero profundamente necesario” ya que “el Estado no puede estar indiferente frente a delitos cometidos por menores”, los cuales previamente, para llegar a esa instancia, “ya han sido desprotegidos por el propio Estado”. “Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad” y que sean “utilizados por organizaciones delictivas”, advirtió.
La senadora del bloque Independencia aseveró que en la sociedad hay “mucha frustración en ver cómo menores cada vez con mayor facilidad cometen un delito y salen al otro día”. “El espíritu de esta norma tiene que ver con responsabilidad y oportunidad”, defendió y reflexionó que “cuando un menor comete un delito todos fracasamos. Pero ese fracaso no puede convertirse en impunidad”. Además, dijo que “esto no debe terminar solo en esta ley”, sino que hay que trabajar en “salud mental, educación, inserción laboral”.
En su intervención, la catamarqueña Lucía Corpacci (UP) calificó el proyecto como “una pantalla de distracción” y que “no busca mejorar la inseguridad”. En ese sentido, planteó: “Nosotros somos legisladores, no estamos responder el enojo. Sino para dictar leyes que hagan una sociedad mejor”.
“Quieren acusar a los niños de la inseguridad del país. Las estadísticas dicen que solo el 0,45% del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley y tenemos el menor índice de delitos en toda América Latina. Ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo”, expresó y sumó: “La tasa de homicidios es de 3.8% cada 100 mil habitantes. Somos el país menos inseguro. Nosotros estamos para actuar con racionalidad y humanidad”, y preguntó: “¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa? Solo a gente que cree que lo que no es igual se tiene que destruir”.
Corpacci ratificó que “la baja de edad no soluciona nada. Van a sacar excelentes adultos del delito. Las personas están presas para cumplir un castigo y para ser reinsertado en la sociedad. El presupuesto que proponen no sirve para nada. Solo les importa golpear y castigar. Esta ley no soluciona nada, solo garantiza tener más jóvenes delinquiendo. Esto no es la solución, es la debacle. Este Gobierno quiere encerrar chicos de 14 años y esta ley es invotable”.
Titular del bloque Pro, el senador misionero Martín Goërling, consideró que el Régimen Penal Juvenil “es una ley de sentido común que viene a poner una solución a un problema que es real de hace muchos años en una Argentina donde vemos a menores que delinquen y que matan”. También se dirigió a las familiares de las víctimas presentes en el recinto de la Cámara alta y lamentó que “nunca tuvieron justicia” por sus pérdidas.
Al ratificar el apoyo de su bancada, conformado también por la pampeana Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina, señaló que “el resto de los países de América Latina ya zanjó este debate”, respecto a la baja en la edad de imputabilidad. Luego, explicó que “los chicos salen a delinquir porque el Estado está ausente”, y concluyó: “Si un menor mató a los 15, a los 18 va a estar peor, y esta ley viene a poner blanco sobre negro para darle una nueva oportunidad a esos jóvenes que delinquen”.
Por el bloque Justicialista, el senador rionegrino Martín Soria apuntó con aquellos que utilizan ese “argumento berreta de pedir ‘pena de adulto para delito de adulto’”. Comparó este debate con el trunco del 2025 cuando pertenecía al otro cuerpo: “el análisis que se hizo en la Cámara de Diputados fue distinto a lo que hizo en este Senado, donde muchos artículos fueron modificados e, incluso, eliminados porque contradecían a la Constitución Nacional y a tratados internacionales”.
De todas maneras, el exministro de Justicia de la Nación durante el gobierno del Frente de Todos señaló que “sigue siendo una ley muy mala y quiero que quede claro que no estamos debatiendo si dar una respuesta desde el Estado por si un mejor comete delito, acá estamos convencidos”. “Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala”, cerró.
A su turno, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), consideró que el problema de la juventud y de la delincuencia “es una deuda de la política no es cuestión de mano dura o no, hay que reconstruir un contrato social para que el joven sienta que el país le da un futuro”.
“Quienes están en contra de la ley creo que no la han leído. Se han puesto en una posición doctrinaria o de contra sin leerla porque no parece una ley penal. Parece como que el Estado va a salir a agarrar a todos los menores y meterlos presos según lo que dicen, pero cuando lees la ley es más un plan social que una ley penal porque la mayoría de las consignas que tiene son los que realmente el Estado tenía que haberse hecho cargo hace tiempo en cuanto a los menores”, afirmó.
Vischi analizó que “no podemos seguir mirando para el costado porque los menores de 14 años en adelante comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos. No podemos seguir haciendo como si nada pasó. No le podemos decir a la sociedad y a la familia de las víctimas que no pasa nada si un menor de edad comete un delito. No puede ser que no hagamos nada. Esta ley es sumamente necesaria porque es un pedido de la sociedad”.
El cierre del debate estuvo a cargo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien aseguró que el Congreso tiene “la gran oportunidad” de terminar con una de las “grandes injusticias del sistema penal argentino” que es una ley que viene de la dictadura y convirtió a cada juez “en dueño de la vida de cada menor que cometía delitos. Un sistema tutelar sin claridad, donde la ley no era igual para todos. Era un factor discrecional”.
“Acá el kirchnerismo hizo de la seguridad el mundo del revés, donde habló del victimario y nunca de la víctima. Convirtieron a los presos, detenidos, asesinos y abusadores en personas que parecían que habían cometido un delito porque la sociedad no se había desarrollado para que puedan vivir, cuando el 99% no cometen delitos con independencia de la situación social en la que viven”, apuntó.
Bullrich remarcó que el Estado “no va a seguir mirando para otro lado ¿o quieren que los ciudadanos sean de segunda frente a delincuentes que hoy tienen derechos que la Argentina les sigue dando a pesar de los crímenes que cometen? Ponemos una edad de imputabilidad porque es necesario dar certeza. Esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”, y afirmó: “Venimos a recuperar el sentido de la justicia que es fundamental. Venimos a terminar con la doctrina de que el delincuente es víctima del sistema y se deja solo al trabajador”.
“Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad y esto es lo que pasaba. El lugar del delincuente en la sociedad es de acuerdo al delito que comete, si asesina tiene que tener cadena perpetua porque matar no puede ser gratis ni para un menor de 14 años ni para alguien mayor”, exigió Bullrich y recordó el caso de Jeremías Monzón, asesinado por menores de edad en Santa Fe; el de Roberto Sabo asesinado en Ramos Mejía mientras atendía su kiosco; a Uma Aguilera cuyos padres son policías de la federal y eran sus custodios.
La senadora acusó a la oposición de mentir sobre el proyecto: “Mienten para asustar y que la gente crea que se van a llevar a los chicos por una pelea”, y ratificó que “los hechos tienen que tener consecuencias y el Estado no puede ser indiferente. La impunidad nunca educó a nadie y genera la idea de que todo vale. Destruye la conciencia moral del pueblo”.
Por último, destacó que el proyecto baja la edad a 14 años que se basa en “responsabilidad legal, en educación, medidas de re sociabilización, a la integración social, a planes de capacitación social, al acceso a la salud. Es una ley penal que también intenta generar una escala para frenar en el primer delito al delincuente y que no se convierta en un delincuente mayor. Un adolescente que roba y mata es consciente de lo que hace”, y explicó que tiene nueve tipos de penas delictivas, medidas educativas, seguimiento del Estado.
Qué dice el texto
La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podría aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
La norma prohíbe la prisión perpetua y cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención, haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas.
También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.
El proyecto también menciona la figura del “supervisor”; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos. De todas maneras, la ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.
La letra oficial
Por otra parte, el oficialismo argumenta que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de “injusticia” e “impunidad”, dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, pretenden combatir desde el inicio de su gestión.
Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.
Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.
¿A qué se debió el cambio de 13 a 14 años que presentaba el proyecto inicial?
El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.
Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.
Esta decisión también estuvo acompañada por los resultados que hubo durante el debate en comisiones, donde especialistas en desarrollo cognitivo y neurología aseguraron que, si bien un menor puede comprender lo que hace a los 13, los 14años ofrecen un marco más rígido para determinar la responsabilidad penal y la capacidad de comprender la criminalidad del acto.
¿Dónde permanecerán los jóvenes que cometan delitos?
El régimen prohíbe que los menores convivan con adultos y plantea la creación de centros de detención e institutos especializados con personal capacitado en niñez y adicciones, o bien permanecer en una unidad separada dentro de un penal.
Según el oficialismo, estos centros estarán enfocados en la educación y en la salud de los niños y jóvenes: para menores de 15años que cometan delitos graves, se contempla una posible internación para lograr su resocialización, bajo control judicial.
¿Cómo se financiará el proyecto?
De acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional, y mediante la incorporación de un capítulo presupuestario específico, se destinarán más de $23.700 millones para la realización de nuevos centros de detención y la contratación de personal especializado para la supervisión de los menores detenidos._
Luego de la negociación que llevó a cabo con bloques dialoguistas, el oficialismo se enfocará en la construcción de institutos especializados y en la contratación de personal interdisciplinario, para evitar el alojamiento de los niños y adolescentes en cárceles convencionales destinadas a los adultos.
Desde lo conceptual, es una ley que combina una mirada punitivista con un enfoque de resocialización, con penas graduales, castigos alternativos y medidas complementarias para la reinserción ciudadana.
