Año: 2026

Misiones extendió hasta abril de 2026 las medidas de alivio fiscal para profesionales e industrias

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El Gobierno de Misiones extendió hasta abril de 2026 un paquete de medidas de alivio fiscal que impacta de manera directa sobre profesionales e industrias de toda la provincia. La decisión, anunciada por el gobernador Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, apunta a sostener la actividad económica y aliviar la carga tributaria en un contexto nacional de fuerte ajuste fiscal y desaceleración del consumo.

La prórroga incluye la continuidad de la bonificación del 30% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales, la suspensión de la autorretención prevista en el artículo 9 de la Resolución General 18/10, y el mantenimiento de una alícuota reducida del 1,50% como pago a cuenta de Ingresos Brutos para el sector industrial. El esquema regirá, en todos los casos, hasta el 30 de abril de 2026.

Alivio fiscal extendido: continuidad de beneficios clave

Según comunicó el mandatario provincial, Misiones resolvió extender hasta abril de 2026 las medidas de alivio fiscal vigentes, con el objetivo de brindar previsibilidad tributaria a sectores estratégicos de la economía local.

En primer lugar, se mantiene la bonificación del 30% en Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia, un beneficio que reduce de manera directa la carga impositiva sobre actividades independientes y servicios profesionales, uno de los segmentos más sensibles a la retracción del mercado interno.

Asimismo, se prorroga hasta el 30 de abril de 2026 la suspensión del artículo 9 de la Resolución General 18/10, que establece el régimen de autorretención del impuesto. La continuidad de esta suspensión evita adelantos impositivos automáticos y mejora el flujo financiero de los contribuyentes alcanzados, especialmente en actividades con márgenes ajustados.

Industria: se mantiene el pago a cuenta reducido en Ingresos Brutos

El paquete de medidas incluye también al sector productivo. El Gobierno provincial confirmó que se mantiene la reducción del pago a cuenta de Ingresos Brutos para las industrias, fijada en una alícuota del 1,50% sobre la base imponible de los anticipos.

Este beneficio representa un incentivo directo a la actividad industrial, al disminuir el costo fiscal mensual y mejorar la competitividad de las empresas radicadas en Misiones. En términos prácticos, la continuidad del esquema permite a las industrias planificar su estructura de costos con mayor previsibilidad en un escenario macroeconómico nacional marcado por la restricción del gasto público y la presión sobre la rentabilidad.

Impacto esperado

La extensión de estas medidas se inscribe en una estrategia provincial orientada a amortiguar el impacto del ajuste fiscal nacional sobre la economía local. En un escenario de caída del consumo y menor dinamismo en la actividad, el alivio tributario busca sostener el empleo, preservar la capacidad productiva y evitar un deterioro mayor en sectores clave como los servicios profesionales y la industria.

Desde el punto de vista institucional, la prórroga hasta abril de 2026 envía una señal de continuidad y previsibilidad en la política fiscal provincial, un factor valorado por contribuyentes y empresas a la hora de tomar decisiones de inversión y expansión.

En ese marco, la decisión del Ejecutivo misionero refuerza el perfil de una política tributaria diferenciada, con foco en la contención de la carga impositiva y el sostenimiento de la actividad económica en el territorio provincial.

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EE.UU. aseguró que incautó el petrolero escoltado por Rusia que en el pasado transportó crudo venezolano

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BBC Mundo – El Comando Europeo del ejército de Estados Unidos afirmó que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de ese país incautaron el buque Marinera, antes Bella 1, por infringir las sanciones estadounidenses.

En una publicación en X, comentaron: “El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro”.

El barco históricamente transportó crudo venezolano y se creía que se encontraba entre Escocia e Islandia más temprano este martes. No se sabe si lleva cargamento.

El presidente Donald Trump ordenó el pasado mes un “bloqueo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida calificada como “robo” por las autoridades venezolanas.

Antes de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ocurrida el sábado, Trump acusó repetidamente al gobierno del país sudamericano de utilizar barcos para introducir drogas en suelo estadounidense.

La Guardia Costera de EE.UU. intentó abordar el Bella 1 el mes pasado en el Caribe cuando se creía que se dirigía hacia Venezuela. Tenía una orden judicial para incautar el barco, acusado de infringir las sanciones estadounidenses y transportar petróleo iraní.

Luego cambió drásticamente de rumbo (así como de nombre a Marinera) y, según se informa, cambió de bandera de guyanesa a rusa.

Su aproximación a Europa coincidió con la llegada de unos 10 aviones de transporte militar estadounidenses, así como helicópteros.

La postura de Rusia

Rusia afirmó más temprano estar “monitoreando con preocupación” la situación en torno al buque. Esto porque el barco cambió de nombre y bandera recientemente. Pasó de llamarse Bella 1 a Marinera, y cambió la bandera de Guyana por la de la Federación Rusa.

Dos funcionarios estadounidenses declararon a CBS News el martes que las fuerzas estadounidenses planeaban abordar el buque y que Washington prefería incautarlo antes que hundirlo.

BBC Verify analizó imágenes publicadas por Russia Today, supuestamente tomadas a bordo de un petrolero, que mostraban un barco a lo lejos que coincide con el perfil de un guardacostas clase Legend de la Guardia Costera estadounidense.

También el martes, el Comando Sur del ejército estadounidense publicó en redes sociales que “continúa dispuesto a apoyar a nuestras agencias gubernamentales asociadas en la lucha contra los buques y actores sancionados que transitan por esta región”.

“Nuestros servicios marítimos están vigilantes, ágiles y preparados para rastrear buques de interés”. Cuando llegue la llamada, allí estaremos”.

mapa que muestra la posible ubicación del marinera entre islandia y escocia.

El cambio a bandera rusa

Más temprano, funcionarios citados por CBS indicaron que Estados Unidos podría realizar una operación como la del mes pasado, cuando los Marines y las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, en colaboración con la Guardia Costera, incautaron The Skipper, un gran petrolero con bandera de Guyana, después de que el buque zarpara del puerto de Venezuela.

Según el derecho internacional, los buques que enarbolan la bandera de un país están bajo la protección de dicha nación, pero Dimitris Ampatzidis, analista sénior de Riesgos y Cumplimiento de la firma de inteligencia marítima Kpler, declaró a BBC Verify que un nuevo nombre y bandera del buque podría no suponer un gran cambio.

“La acción de EE.UU. se basa en la identidad subyacente del buque [número OMI], sus redes de propiedad/control y su historial de sanciones, no en sus marcas pintadas ni en la reivindicación de la bandera”, afirmó.

Ampatzidis añadió que el cambio al registro ruso podría causar “fricciones diplomáticas”, pero no detendría ninguna acción coercitiva de EE.UU.

Sin embargo, Michelle Bockmann, analista de inteligencia marítima de Windward, opinaba que cambiar a un registro ruso podría complicar las medidas de control de Estados Unidos.

“En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, existe una disposición que permite que las autoridades aborden un buque apátrida. Al cambiar a bandera rusa, el buque ya no puede ser abordado en virtud de esta disposición”, explicó.

“Actualmente, nuestro buque navega en aguas internacionales del Atlántico Norte bajo la bandera estatal de la Federación Rusa y en pleno cumplimiento de las normas del derecho marítimo internacional”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso más temprano este martes.

“Por razones que desconocemos, el buque ruso está recibiendo una atención cada vez mayor y claramente desproporcionada por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos y la OTAN, a pesar de su carácter pacífico”, agregó.

“Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a adherirse a este principio”.

La controversia por el petrolero se produce días después de que Estados Unidos conmocionara al mundo con la captura de Maduro en la capital, Caracas. Objetivos en la ciudad fueron bombardeados durante la operación para arrestarlo a él y a su esposa, bajo acusaciones de supuestos delitos relacionados con armas y drogas.

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Las represas del Comahue cambian de manos y refuerzan las cuentas del Tesoro

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El Ministerio de Economía apura el traspaso de las principales represas hidroeléctricas del Comahue en una semana decisiva para las finanzas públicas. Con la toma de posesión prevista para este jueves 8 de enero, el Gobierno busca asegurarse el ingreso de más de US$ 700 millones por la venta de las acciones de los complejos Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados, fondos que resultan estratégicos para afrontar un vencimiento de deuda por US$ 4.200 millones previsto para el viernes inmediato.

La operación se apoya en la Resolución 2124/2025, publicada el 30 de diciembre en el Boletín Oficial, y fue complementada esta semana por la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía, que estableció un régimen excepcional y transitorio para garantizar la continuidad operativa y comercial de las centrales en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) durante el cambio de manos.

Reprivatización exprés y dólares urgentes para el Tesoro

Las cuatro represas del Comahue, cuyas concesiones originales vencieron en agosto de 2023 tras 30 años de privatización y fueron prorrogadas sucesivamente, ingresan ahora en la etapa final de su transferencia accionaria. El cronograma fijó como fecha límite de pago de las acciones el martes 6 de enero, mientras que la toma de posesión de las nuevas concesionarias se concretará el jueves 8 a las 12:00.

Según fuentes empresarias citadas en el proceso, hacia el lunes 5 de enero ya se había transferido más del 90% del monto total, y el resto se completaría dentro del plazo establecido. Aunque inicialmente el pago había sido fijado en pesos —obligando a las empresas a liquidar divisas en el mercado local—, finalmente se acordó que la transferencia pudiera realizarse directamente en dólares.

Desde el Gobierno confirmaron que “esta semana va a estar el pago”, en referencia al ingreso de los US$ 700 millones, que se convertirán en un refuerzo clave para las cuentas del ministro Luis Caputo en una semana marcada por fuertes exigencias financieras.

Quién se queda con cada represa y cuánto pagó

La adjudicación de los complejos se formalizó en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25, cuya preadjudicación fue dispuesta por la Resolución 2059/2025 del Ministerio de Economía.

Los montos ofertados y adjudicatarios quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Piedra del Águila: adjudicada a Central Puerto S.A., con una oferta de US$ 245 millones.
  • El Chocón: otorgada al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y BML Energía S.A., junto a MSU Green Energy y Orazul, por US$ 235.671.294.
  • Alicurá: adjudicada al grupo encabezado por Edison Holding S.A., con una oferta de US$ 162.040.002,17.
  • Cerros Colorados: quedó en manos del mismo grupo, por US$ 64.174.002,32.

En conjunto, las cuatro operaciones explican el ingreso de algo más de US$ 700 millones a las arcas del Estado nacional.

Transición regulada y continuidad en el Mercado Eléctrico Mayorista

Para evitar interrupciones en la operación del sistema eléctrico, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 7/2026 el 6 de enero, que habilita un régimen excepcional de continuidad automática como agentes del MEM para las nuevas concesionarias desde la fecha de toma de posesión.

La medida se apoya en el Anexo 17 de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios”, aprobado por la Resolución 61/1992, y en las facultades conferidas por los artículos 35 y 36 de la Ley 24.065. El objetivo es asegurar la continuidad del despacho, la liquidación de transacciones y la administración de garantías, mientras se completa el trámite formal de cambio definitivo de titularidad.

La resolución instruye a CAMMESA a realizar las adecuaciones necesarias en materia de registración, representación comercial y liquidación, y otorga a las nuevas adjudicatarias un plazo de 30 días corridos desde la toma de posesión para cumplir con la totalidad de los requisitos complementarios previstos en la normativa.

El texto aclara que el régimen tiene carácter “estrictamente transitorio e instrumental”, y no implica la aprobación definitiva del cambio de titularidad ni la modificación del régimen contractual establecido en la Resolución 2124/2025.

Impacto fiscal y señales al mercado

El ingreso de los dólares provenientes de las hidroeléctricas llega en un momento de alta sensibilidad financiera. Con un vencimiento de deuda por US$ 4.200 millones, los fondos de la reprivatización aportan aire al Tesoro y refuerzan la estrategia del Gobierno de monetizar activos para sostener el frente externo.

Al mismo tiempo, el esquema regulatorio dispuesto busca enviar una señal de previsibilidad al sector energético y a los agentes del MEM, garantizando que el cambio de concesionarios no afecte la operación ni la seguridad del sistema eléctrico.

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Economía redefinió las tasas de la CNV, cuánto pagarán mercados, agentes y emisores en 2026

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El Ministerio de Economía formalizó una nueva actualización integral de las tasas de fiscalización, control y aranceles que percibe la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la Resolución 1/2026, publicada el 7 de enero en el Boletín Oficial. La medida redefine los montos que deberán abonar mercados, agentes, emisores y otros participantes del sistema financiero a lo largo de 2026, con impacto directo en la estructura de costos del mercado de capitales argentino y en la estrategia oficial de regulación, supervisión y competitividad del sector.

La decisión se inscribe en el marco de la Ley 26.831 y de una extensa secuencia de actualizaciones normativas iniciada en 2017, y responde tanto a la actualización anual de valores como a los cambios regulatorios y operativos implementados por la CNV durante 2025. En términos prácticos, el nuevo esquema fija montos más elevados en tasas anuales, ajusta denominaciones de agentes, redefine aranceles de autorización y modifica el costo de servicios clave, como los exámenes de idoneidad y certificaciones.

Actualización de tasas: más costos fijos para mercados, agentes y emisores

La Resolución 1/2026 sustituye los anexos vigentes de las resoluciones 87/2017 y 153/2017 del ex Ministerio de Finanzas, incorporando nuevos cuadros tarifarios que regirán durante todo 2026. En materia de Tasas de Fiscalización y Control, se mantienen esquemas de pago anual con montos fijos para mercados y agentes, y porcentuales para fondos comunes de inversión.

Entre los valores más relevantes, los mercados deberán abonar una tasa anual de $112.224.000, mientras que los mercados con funciones de cámara compensadora afrontarán $289.912.000 y las cámaras compensadoras, $177.688.000. En el caso de los agentes, se destacan montos como $374.080.000 para el Agente Depositario Central de Valores Negociables, $46.760.000 para el Agente de Custodia, Registro y Pago, y $18.704.000 para los distintos tipos de Agentes de Liquidación y Compensación.

También se fijaron tasas específicas para proveedores de servicios de activos virtuales, con un pago anual de $5.344.000 para personas humanas y $13.360.000 para personas jurídicas. En el universo de emisores, los de acciones, obligaciones negociables y valores de deuda de corto plazo deberán abonar $2.805.000 anuales, mientras que los emisores de CEDEAR tributarán $468.000 por programa vigente.

En el caso de los Fondos Comunes de Inversión, se mantienen esquemas porcentuales sobre el patrimonio neto administrado o custodiado, con alícuotas que van desde 0,02% para agentes de administración hasta 0,005% para agentes de custodia, con percepción trimestral.

Aranceles de autorización y “otros servicios”: cambios clave para emisores

La norma también redefine los aranceles de autorización para emisiones de obligaciones negociables, fideicomisos financieros, CEDEAR, CEVA y programas globales. Para las obligaciones negociables autónomas, se establece un arancel del 0,05% sobre el monto autorizado, mientras que para colocaciones por programa global se aplican tasas que oscilan entre 0,01% y 0,04%, según el tipo de trámite y la etapa de la emisión.

Un punto central es la modificación del régimen aplicable a emisores frecuentes y a valores sociales, verdes y sustentables, diferenciando entre emisiones registradas antes del 31 de diciembre de 2025 y aquellas que se inscriban a partir del 1° de enero de 2026. En estos casos, las alícuotas varían entre 0,001% y 0,015%, según el régimen y el tipo de operación, reflejando un intento de adecuar costos a los nuevos esquemas simplificados.

En el apartado de Otros Servicios, se actualizaron valores sensibles para el funcionamiento del mercado. La rendición del examen de idoneidad total pasa a costar $103.000, mientras que la revalidación parcial se fija en $65.000. Además, se incorpora el pago de $87.000 por el Certificado de vigencia de sociedades en el Régimen de Oferta Pública, un servicio que adquiere mayor relevancia en un contexto de mayor fiscalización y control documental.

Fundamentos regulatorios e impacto en el mercado

Según los considerandos de la resolución, la actualización responde a que las tasas de fiscalización y control son montos fijos anuales, actualizados por última vez en diciembre de 2024, y deben reflejar el nivel de actividad administrativa, el uso de recursos económicos y humanos, la capacidad contributiva de los sujetos alcanzados y el valor agregado que cada tipo de entidad aporta al mercado.

Asimismo, el Ministerio de Economía subraya que los cambios acompañan la modernización normativa impulsada por la CNV durante 2025, que amplió funciones de ciertos agentes, simplificó regímenes de autorización y eliminó algunos aranceles, como el de inscripción y ratificación bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Desde el punto de vista institucional, la medida consolida el rol de la CNV como organismo de supervisión con mayor capacidad operativa y financiera propia. En términos económicos, el nuevo esquema implica mayores costos fijos para mercados y agentes, lo que podría trasladarse a tarifas y comisiones, especialmente en un contexto de reactivación gradual del mercado de capitales y de búsqueda oficial de mayor profundidad financiera.

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Red Federal de Concesiones: rutas clave del Mercosur pasan a manos privadas sin subsidios

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En la antesala de un vencimiento de deuda relevante, el Gobierno nacional formalizó la firma de los contratos que habilitan la concesión, explotación y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas estratégicas del Mercosur. Se trata de los primeros tramos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, un esquema sin subsidios públicos y financiado con peajes, que busca trasladar la gestión vial al sector privado, pero que ya genera cuestionamientos por el impacto en los usuarios, el estado de la infraestructura y la ausencia de compromisos de obras de ampliación.

La medida quedó oficializada a tres días de un vencimiento clave de deuda, en un contexto fiscal restrictivo y de fuerte ajuste del gasto público. A partir del 7 de enero, las empresas adjudicatarias asumirán la operación de corredores centrales para el transporte de cargas y pasajeros, en una decisión con implicancias económicas, logísticas e institucionales.

Rutas estratégicas del Mercosur y un cambio de modelo de gestión

Las concesiones alcanzan a 741 kilómetros de rutas nacionales, correspondientes al Tramo Oriental y al Tramo Conexión, los primeros segmentos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). En el caso del Tramo Oriental, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la explotación de la red, que pasará a denominarse Autovía del Mercosur. En tanto, el Tramo Conexión, rebautizado Conexión Alto Delta, quedará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A.

El Tramo Oriental incluye rutas nacionales clave como la RN 12, RN 14, RN 135, RN A015 y RN 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Este corredor constituye una pieza central del Mercosur terrestre, al articular la logística regional y el comercio con Brasil y Uruguay mediante pasos fronterizos estratégicos como Colón–Paysandú, Concordia–Salto Grande y Paso de los Libres–Uruguaiana.

Por su parte, el Tramo Conexión comprende el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace vital entre Entre Ríos y Santa Fe, que refuerza el flujo comercial hacia el Gran Rosario, uno de los principales nodos productivos y portuarios del país.

Desde el Ejecutivo, la designación de estas concesiones es presentada como un hito en la política vial, con el objetivo de incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en etapas sucesivas bajo el esquema de la RFC, desplazando la administración directa del Estado y promoviendo la inversión privada en infraestructura.

Concesiones sin subsidios, peajes y supervisión estatal

Según el comunicado oficial, el nuevo modelo funcionará sin subsidios del sector público, a diferencia del esquema anterior, que requería aportes estatales aun sin garantizar mejoras sustantivas para los usuarios. Los contratos otorgan a las concesionarias la gestión integral de las rutas, que incluye operación, mantenimiento, servicios al usuario y posibles explotaciones complementarias.

El financiamiento de estas obligaciones se realizará a través de un sistema de peajes, que será la principal fuente de ingresos para las empresas. En ese marco, el ministro Luis Caputo celebró públicamente el anuncio de la Etapa I de las concesiones viales, destacando el avance del esquema en línea con el objetivo de equilibrio fiscal.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será el organismo responsable de la supervisión de los contratos, con la tarea de evaluar resultados y exigir condiciones que garanticen la seguridad y transitabilidad de los corredores. Al frente de la DNV se encuentra el ingeniero Marcelo Jorge Campoy, quien ya había ocupado el cargo en 1999 durante el gobierno de Menem y regresó a la conducción del organismo en julio de 2024, tras la renuncia de Raúl Bertola.

Críticas, reclamos provinciales y la denuncia de un “Club del Peaje”

Pese a los objetivos oficiales, la iniciativa no estuvo exenta de cuestionamientos. Gobernadores de distintas provincias expresaron públicamente su preocupación por el estado de las rutas nacionales. A mediados de 2025, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llegó incluso a recomendar a los conductores utilizar rutas provinciales en lugar de nacionales, al describir el estado de estas últimas como “catastrófico”.

Desde el Gobierno nacional, los recortes en mantenimiento se inscriben en el plan de Déficit Cero, aun cuando, según distintos actores, esas decisiones impactan negativamente sobre la productividad y los costos logísticos del país.

En ese contexto, el presidente del Comité Nacional del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, denunció que el sistema de licitaciones viales deriva en tarifas de peaje elevadas, sin compromisos claros de obras de ampliación o mejoras estructurales. Según advirtió, las concesiones se limitarían a tareas básicas como corte de pasto y bacheo, una crítica publicada por el sitio Construar.

Lasca calificó el esquema como un “Club del Peaje”, al sostener que no ofrece beneficios concretos ni contraprestaciones reales para los usuarios y que funciona como una “caja fácil” para empresas vinculadas al poder. En una entrevista concedida el 05/01 al medio Realpolitik, afirmó: “Quiero aclarar que hubo aumentos de tarifas, no de peajes, sino que es un impuesto al tránsito, también en Córdoba y en Santa Fe. Va a haber a nivel nacional con las nuevas concesiones del presidente Milei”.

Licitación, antecedentes y expectativas oficiales

La puesta en marcha de los tramos concesionados es el resultado de un proceso de licitación pública nacional e internacional, que atrajo a múltiples oferentes y fue lanzado en 2025 mediante la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo sostienen que la adjudicación y el manejo profesionalizado de los corredores podrían incrementar la eficiencia del transporte terrestre, reducir tiempos de traslado y bajar costos logísticos para la circulación de cargas y pasajeros. Al mismo tiempo, el Gobierno apuesta a que la integración de estas rutas fortalezca la competitividad regional y la conectividad internacional.

Sin embargo, el debate permanece abierto. A pocos días de un vencimiento financiero relevante, la decisión de avanzar con concesiones sin subsidios y con peajes como principal fuente de financiamiento vuelve a poner en discusión el equilibrio entre ajuste fiscal, calidad de los servicios públicos y el impacto directo sobre los usuarios y la producción.

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