Dentro de los más profundos basamentos de un sistema democrático representativo está la necesidad de construir mecanismos de participación ciudadana capaces de establecer un balance que tienda al equilibrio, dado fundamentalmente a las tensiones que generan los intereses minoritarios de empresas y grupos de presión corporativos. 

La forestoindustria expresa hoy un poderoso frente de desarrollo productivo en Misiones, pero poco se ha señalado que, más allá de los innumerables emprendimientos pequeños y medianos, quienes monopolizan el mercado regional pueden contarse con los dedos de una mano y cuyos capitales distan mucho de ser parte de alguna “industria nacional”. Un minúsculo grupo de empresarios que, desde su posición de privilegio, ostentan el monopolio del rubro, tanto en cultivos de pinos y eucalipto, como de su manufactura y comercialización. 

Grupos como AMAYADAP y APICOFOM, han sido capaces de imponer las reglas del mercado local mediante la autorregulación de los precios en plaza, asegurando así su posicionamiento y control frente a cualquier amenaza de competitividad. Lo cual ha venido creando una fuerte decadencia y malestar, que a todas luces es más que genuino. 

En 2020, el gobierno provincial tomó la audaz iniciativa de intervenir en el sector con la creación del INFOPRO, en el afán de imponer un precio justo que oxigene y dé nuevo impulso al sector con el estímulo de la rentabilidad. 

Una medida lógica de un Estado que comprende la necesidad de cuidar el empleo y las genuinas generaciones de riqueza, todo lo cual, en un sistema capitalista, se basa en la libre competencia no monopolista. 

El pasado jueves 13, se realizó, en el Ministerio de Cambio Climático, la Mesa Forestal Provincial, sentando en la negociación a los empresarios referentes/representantes de las empresas más importantes junto al Estado provincial. 

Más allá de las micro tensiones por particularidades específicas del sector como los que surgen del precio diferencial existente entre laminados y con destino a aserrar, por ejemplo, quedó claro que el eje ineludible de las tensiones gira en torno al malestar que ocasiona la intromisión del Estado como garante de reglas claras y de transparencia. Se dejó de manifiesto el interés empresarial por constituir una “mesa chica” en la que les permitan tener injerencia en el establecimiento de los precios, que según ellos juzgan, les estarían ocasionando pérdidas y complicaciones en sus negocios. 

¡Obvio!, Era la idea claramente. Dado que sus intereses monopólicos obstruían el normal desenvolvimiento de precios, fruto de su posición preponderante en la oferta y la demanda.

No me interesa abrir debate sobre “estatismo vs libertarios”, ya que se trata de conceptos reduccionistas e inexactos, en un contexto sumamente complejo y diverso, sino que más bien considero oportuno, la toma de posición, en un marco signado por instituciones democrático representativas. Dado lo cual surge una ineludible interrogante. En términos de representación, ¿alguien ha tomado nota que el sector primario está mayoritariamente compuesto por más de 26.000 campesinos minifudistas, y que si juntamos a todos ellos, no serían capaces de reunir siquiera un mísero dígito de los cultivos forestales que hoy concentra el sector?

Me tomé el trabajo de realizar una mini encuesta y de la misma surge una constante que puede ser resumida en las siguientes expresiones literales: 

“…no entiendo el negocio. Nunca nadie me explicó. En el sentido éste: plantar algunas hectáreas y esperar 20 años para poder vender y recién ahí cobrar algo de plata. A eso le agregas la incertidumbre del valor de la madera, que como ahora tengo entendido que vale muy poco”. 

“El pino es un ahorro que intenté, pero que no fue más que una pérdida de tiempo y de dinero, esperando vender me pasé a pan y agua”. 

“Los que nos dedicamos al té y dependemos de contratar el servicio de cosecha, hoy estamos arrancando todo con topadora y pensamos en yerba o mandioca como alternativa, el pino es negocio para los que pueden esperar. Nosotros necesitamos sobrevivir, y la mayoría no tiene más remedio que apostar al maíz o la soja que son más o menos negocio si tenés posibilidad de contrabandear”. 

“Yo tenía dos hectáreas de pino, y lo que me costó sacar los tocones y preparar el terreno para poner soja, es lo mismo que gané vendiendo el pino, y lo hago porque con dos cosechas de soja, obtengo lo que me da el pino en 20 años, y solo si podes vender a Brasil de contrabando, porque vender acá no es negocio tampoco”.  

“Quien trabaja como yo con madera, en carpintería o aserradero chico, te puede decir que el sistema hace que sea más negocio la nativa por el precio, la demanda y la misma informalidad”. 

“Hoy el valor de la madera es la suma del talado, el transporte y la manufactura, es decir los costos del producto final, no de su cultivo y cuidado, por eso no es negocio más que para los monopolios”.

Como vemos, aquí anida la verdadera discusión. La situación imperante es el fruto de décadas en las que se dejó actuar a “la mano invisible del mercado”. Monopolios que se alimentan no sólo de estas crueles imposiciones, sino también en el crecimiento indefinido sobre un territorio que aspira a la preservación de la biodiversidad. Los popes del monocultivo son una amenaza social y ambiental. ¿Cómo no alentar y celebrar la intervención del Estado?

Hablemos también de sostenibilidad en un marco climático que no hace muchos meses destruyó con feroces incendios más de media provincia de Corrientes, que no era más que puro pino y pastizal.

Hablemos de cómo esta injusticia está propiciando y estimulando la instalación de cada vez más y más hectáreas de soja transgénica con destino al contrabando.

Hablemos de cómo también se termina por excitar el apeo ilegal de nativas.

Hablemos del real impacto en el mercado laboral de estas empresas poniendo en la balanza los costos y beneficios globales que asumen los misioneros. 

Hablemos pero en serio, con verdadero espíritu democrático. Hablemos y debatamos qué quieren los misioneros para Misiones. Porque claramente, expuesto está, que lo que los monopolios quieren para sí no es más que la maximización de sus beneficios para la extracción de una riqueza que en su gran mayoría sólo drena al exterior. Lo quieren todo sin dejar nada. 

La forestoindustria es una alternativa productiva que, como cualquier otra, al estar disponiendo de nuestros recursos naturales, debe estar necesariamente, no sólo bajo la tutela y observación del Estado, sino también y de manera esencial, de todos los misioneros, ya que sin empoderarnos de nuestro patrimonio, jamás seremos testigos más que del saqueo y la expoliación sistemática.

Hablemos de la viabilidad, en este contexto, de leyes como las de Agricultura Familiar, entre tantas otras que nos enorgullecen y trazan un rumbo que democráticamente elegimos todos. 

Hablemos, pero no sobre “mesas chicas”, sino más y más amplias para que, de las riquezas de nuestro suelo, usufructuen sus genuinos herederos.

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