La diputada Duarte recuerda que la norma establecía también un freno a los desalojos durante la realización del censo catastral de territorios indígenas; pero “el plazo para realizar esa suerte de censo se venció reiteradamente sin que se completara. A once años de su aprobación existe un muy bajo nivel de ejecución, hay un muy bajo porcentaje de comunidades con el reconocimiento territorial concretado, tal como lo viene denunciando el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que relevó la aplicación de la norma. y que plantea que “la Ley parece ser usada más para frenar los reclamos indígenas que para reparar el daño que durante más de 200 años sufren los pueblos originarios que habitan el país”.
El INAI debía ejecutar el programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas (RETECI), promoviendo la asistencia del Consejo de Participación Indígena (CPI), universidades, entidades del Estado nacional y provincial, institutos indígenas y ONGs. Los objetivos del programa son formar conciencia social acerca de los alcances de la ley, relevar la organización comunitaria y los aspectos socio-productivos; verificar la ocupación actual, dar cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la tierra y ocupación de los predios; relevar los territorios con GPS y volcarlos en un soporte SIG (Sistema Jaguar). El producto final del relevamiento era una carpeta técnica por comunidad.

Necesidad de que la Ley se cumpla
Ante el incumplimiento de los plazos, en 2009, la Ley 26554, prorrogó la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2013, y destinó diez millones de pesos adicionales por cada uno de los tres años posteriores a su sanción. En 2013, con la aprobación de la Ley 26894 se determina que la norma operará hasta noviembre de 2017. Es por esto que las comunidades necesitan que la ley se cumpla antes de esta fecha.

El impacto de no aplicar la Ley
Los sucesivos incumplimientos de esta norma generan graves conflictos e injusticias que actualmente son de conocimiento público. Cuando detuvieron al lonko mapuche Facundo Jones Huala, se encontraba defendiendo sus territorios ancestrales. Cuando Agustín Santillán, joven dirigente wichí de Formosa, fue detenido en julio estaba junto a familias de la comunidad mbya Kokuereí, desalojadas sin mediar orden judicial. Cuando Santiago Maldonado desapareció estaba apoyando el reclamo de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen, por sus territorios.
Duarte entiende que si bien esta Ley no es la panacea para esta grave problemática, “es imprescindible su tratamiento urgente para evitar desalojos arbitrarios y compulsivos de miles de familias en nuestro territorio. La pérdida de sus territorios implica el abandono de sus prácticas culturales, productivas y la modificación de su vida comunitaria, el desmembramiento y por tanto desaparición de muchos de los pueblos originarios”, sostuvo.