Se conoció el decreto con el que el gobierno de Javier Milei pretende volver a licitar la vía navegable troncal y disolver el Consejo Federal de la Hidrovía, corriendo de la escena a las provincias por las que pasa el Río Paraná y el Río de la Plata.

El decreto transfiere el manejo del proceso desde la Administración General de Puertos al Ministerio de Economía, lo que significa un nuevo retroceso para el desarrollo de los puertos públicos provinciales, dejando a merced de las corporaciones el mercado de granos y los impactos que el tráfico fluvial genera sobre el ambiente.

El gobierno tiene un proyecto de decreto de necesidad y urgencia que desplaza a las provincias de la licitación de la principal vía de exportación del país: por allí circula casi el 80 por ciento de las cargas granarias y derivados industriales procesados en el polo del Gran Rosario.

Con este decreto, Milei da de baja el esquema trazado por el gobierno de Alberto Fernández y avanza hacia el modelo de licitación de los años 90, que entregó el dragado de los ríos a la empresa privada Jan de Nul, sin prever mecanismos de control estatal.

Esto significa que deja afuera en el control de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná y del Río de la Plata a los gobernadores de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe y de Misiones.

Las provincias perderán la oportunidad de discutir temas fundamentales como los dragados de sus canales de acceso a los puertos provinciales, la evaluación del impacto ambiental sobre su fauna ictícola, flora, la calidad del agua y la erosión de sus costas, cuestiones esenciales para la vida y el desarrollo de la región.

Con este decreto que está al firmar de Milei, Entre Ríos y las demás provincias ribereñas (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe) volverán a dejar de tener voz y voto, y deberán acatar las decisiones del gobierno nacional, permitiendo que las corporaciones avanzan de nuevo sobre los intereses soberanos.