Corte Suprema: Javier Milei nombró a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto

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El Gobierno anunció esta tarde que designó por decreto en la Corte Suprema a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla “hasta la finalización del próximo período legislativo”.

Así lo anunció el Gobierno en un comunicado. De este modo, Javier Milei repite la maniobra de Mauricio Macri al nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, pero ninguno de los dos juró en el cargo hasta obtener el acuerdo del peronismo en el Congreso nacional, como establece la Constitución nacional.

El decreto de Macri había generado un amplio rechazo de la oposición -e inclusive dentro de la coalición gobernante- y fue blanco de críticas por parte de especialistas. El decreto de Macri, incluso, fue judicializado: el 21 de diciembre, a una semana de su vigencia, el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar en la que suspendió los efectos del decreto y ordenó a la Corte abstenerse de tomarles juramento.

Desde el Poder Ejecutivo recordaron que la Constitución Nacional otorga al Presidente la facultad exclusiva de nominar jueces para la Corte Suprema, mientras que el Senado debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos en base a un análisis de idoneidad y sin criterios políticos.

En ese marco, el comunicado oficial sostuvo que “la politización de la Justicia es una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio judicial eficiente” y destacó que “una notable mayoría del arco político respaldó en su momento a Néstor Kirchner y Mauricio Macri en la designación de jueces para la Corte”.

Ante la falta de definición del Senado, el Gobierno argumentó que la Constitución habilita al Presidente a realizar nombramientos en comisión para cubrir vacantes durante el receso legislativo, hasta que la próxima legislatura se expida sobre el tema.

Finalmente, la Casa Rosada justificó la medida señalando que “el Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros” y ratificó que continuará el trámite legislativo para que el Senado ejerza su atribución de prestar acuerdo a los pliegos.

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