En una resolución cargada de advertencias institucionales y argumentos jurídicos de fondo, el Tribunal Electoral de Misiones autorizó la candidatura del excomisario Ramón Oscar Amarilla como diputado provincial por el partido “Por la Vida y los Valores”, pero no sin antes lanzar un severo reproche político y legal a la fuerza por postular a un candidato que actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.

Amarilla está acusado de coacción agravada y conspiración para la sedición, en el marco de una causa penal donde se lo investiga como presunto organizador de un levantamiento policial. Según el informe remitido por el Juzgado de Instrucción N°3, su prisión preventiva continúa vigente y ha sido confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Aun así, su nombre figura como primer candidato a diputado en la boleta oficializada del espacio.

El Fiscal Electoral impugnó su postulación basándose en los artículos 43 de la Ley XI-7 y 3 de la Ley XI-6, que impiden ser candidato a quien esté excluido del padrón electoral. En particular, el inciso 3 del artículo 3 establece que están excluidos “los detenidos por orden de juez competente”. Esta condición, de acuerdo con el dictamen fiscal, lo inhabilitaría automáticamente para ser candidato.

El Tribunal Electoral reconoció que efectivamente Amarilla está comprendido en esa causal, y remarcó que “se encuentra privado de su libertad por disposición judicial” y que, por ende, encuadra en una inhabilitación prevista por la normativa vigente.

La apoderada del partido presentó un descargo en el que argumentó que la prisión preventiva no constituye una condena firme y que, por tanto, no debería implicar inhabilitación. Invocó además derechos políticos consagrados por la Constitución Nacional, como el de elegir y ser elegido.

Sin embargo, el Tribunal fue enfático al cuestionar el accionar del espacio político. En el primer artículo de la resolución, advierte formalmente al partido por “falta de compromiso con la ciudadanía misionera” y por “generar incertidumbre respecto del derecho al sufragio de quienes opten por dicha fuerza política”.

La gravedad institucional

Uno de los pasajes más contundentes del fallo expone la gravedad del hecho imputado a Amarilla, no solo por su condición de detenido, sino por su rol como agente de seguridad: “El pretenso candidato está siendo investigado como presunto organizador de un levantamiento policial contra el orden público, agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad”. Esta condición, según el Tribunal, refuerza su responsabilidad institucional y compromete aún más la decisión del partido.

Además, el fallo advierte que Amarilla “procura utilizar el proceso electoral y con ello la actividad política como vía de escape de la acción judicial”, sugiriendo que su postulación podría tener como objetivo acceder a fueros parlamentarios para evitar su juzgamiento.

A pesar de considerar acertada la impugnación fiscal, el Tribunal finalmente resolvió no hacer lugar a la misma. Alegó que la restricción por prisión preventiva, si bien configura una causal de exclusión, debe aplicarse con criterios restrictivos que ponderen los derechos constitucionales. En ese equilibrio, priorizó la “voluntad del soberano”, es decir, del electorado, y habilitó su candidatura.

No obstante, dejó en claro que la situación procesal de Amarilla podría afectar no solo su postulación, sino su eventual asunción, que quedaría supeditada a las resoluciones del fuero penal.

La resolución del Tribunal Electoral no solo pone bajo la lupa la candidatura de Amarilla, sino que sienta un precedente: los partidos no solo deben ajustarse a la ley, sino que también deben actuar con responsabilidad política e institucional. “Es su deber garantizar que dichas postulaciones respeten los principios democráticos y el marco constitucional”, remarcaron los jueces. Aunque la postulación de Amarilla fue finalmente autorizada, el mensaje del Tribunal es inequívoco: los partidos deben responder ante la ciudadanía no solo por lo que hacen, sino por a quién eligen como sus representantes. En este caso, la candidatura del excomisario detenido fue vista más como un desafío a la justicia que como una oferta genuina de representación democrática.