El proyecto impulsado por gobernadores para modificar la distribución del impuesto a los combustibles beneficiaría a todas las provincias en términos nominales, pero no por igual. Según un análisis del Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea, aún cuando casi se dupliquen los ingresos actuales, Misiones se ubica entre las jurisdicciones que menos crecerían proporcionalmente con el nuevo esquema, lo que significaría una pérdida relativa de participación frente a otras provincias, especialmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas provincias del norte y centro del país. La iniciativa, aprobada por el Senado, ahora espera la ratificación en Diputados, que podría concretarse antes del fin de julio.

El proyecto en debate propone eliminar los fideicomisos nacionales que actualmente reciben una parte significativa de la recaudación del impuesto —destinados a infraestructura de transporte, hídrica y subsidios al transporte público— y redirigir esos recursos directamente a las provincias. Hoy, las provincias reciben un 25,47% del total recaudado, mientras que con el nuevo esquema pasarían a recibir un 57,02%. El resto quedaría para el Tesoro Nacional (14,29%) y para el financiamiento del sistema de seguridad social (28,69%).

En el caso de Misiones, el ingreso proyectado por este impuesto en el segundo semestre de 2025 pasaría de 26.577 millones de pesos a 49.432 millones, lo que representa un aumento del 86%. A primera vista, se trata de una mejora significativa. Sin embargo, en el promedio nacional el aumento sería del 124%, y hay jurisdicciones como CABA que incrementarían sus ingresos en más de 700%. En este contexto, Misiones vería reducir su participación en el total nacional del 4,1% actual al 3,4%, una pérdida relativa de 0,7 puntos porcentuales.

La distribución provincial se haría en un 25% en partes iguales entre todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el 75% restante según los coeficientes de coparticipación. Este nuevo criterio implica una redistribución interna que genera ganadores y perdedores: si bien todas las provincias recibirían más dinero que antes, algunas lo harían en mucha mayor proporción que otras.

Las provincias que más crecerían en términos porcentuales son CABA (+725%), Catamarca (+188%), Santa Fe (+143%) y Tucumán (+153%). En cambio, además de Misiones, otras provincias que verían reducida su participación relativa son Corrientes (-0,6 puntos), Neuquén (-1,4 puntos), Río Negro (-0,9), Chubut (-0,7) y Tierra del Fuego (-0,4).

Si bien el proyecto mejora la recaudación automática para todas las jurisdicciones, no establece mecanismos claros sobre quién se hará cargo de las funciones que hasta ahora financiaban los fideicomisos nacionales, como el mantenimiento de rutas, obras hídricas y subsidios al transporte. En ese sentido, los analistas advierten que, al tratarse de fondos de libre disponibilidad, podría agravarse el problema del financiamiento de infraestructura en caso de que no se acuerde una redistribución también de responsabilidades.

Para Misiones, que depende en buena medida de los subsidios al transporte y de los fondos nacionales para obras viales e hídricas, el cambio implicaría un doble desafío: recibir más recursos nominales, pero tener que hacer más con menos participación en el reparto nacional.