Combustibles

Más presión sobre los combustibles: actualizan los biocombustibles y suma otro factor de aumento para agosto

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Las Resoluciones 188 y 189 de la Secretaría de Energía fijaron los nuevos precios mínimos para agosto en el marco de la Ley 27.640 de Biocombustibles. El bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar pasó a costar 1.061,87 pesos por litro, mientras que el producido con maíz quedó establecido en 973,24 pesos por litro, ambos con un incremento del 1,75% respecto de los valores vigentes durante julio.

En paralelo, el biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil aumentó hasta 2.001.063 pesos por tonelada, lo que representa una suba del 4% mensual, un porcentaje que supera ampliamente la inflación estimada para junio, del 1,9%.

Si bien estos incrementos no se trasladan íntegramente al precio que pagan los consumidores, sí impactan en la estructura de costos de las petroleras debido a la obligatoriedad de incorporar biocombustibles a los combustibles fósiles. En Argentina, la nafta contiene un corte obligatorio del 12% de bioetanol, distribuido en partes iguales entre caña de azúcar y maíz, mientras que el gasoil incorpora 7,5% de biodiésel, porcentaje que puede modificarse por decisión oficial, aunque la legislación establece un piso mínimo del 5%.

El ajuste se suma a otra decisión reciente del Gobierno: la actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), un mecanismo que el Ministerio de Economía venía postergando para evitar un mayor traslado a la inflación.

Con esa modificación, la carga tributaria sobre la nafta aumentó a 10,57 pesos por litro en concepto de ICL y 0,64 pesos por IDC. En el caso del gasoil, los valores pasaron a 9,50 pesos y 1,09 pesos por litro, respectivamente.

La estrategia oficial de escalonar los ajustes impositivos responde a un delicado equilibrio entre recomponer la recaudación fiscal y evitar un salto abrupto en uno de los precios con mayor capacidad de transmisión sobre el resto de la economía. El combustible continúa siendo uno de los principales insumos para el transporte de cargas, la producción industrial y las actividades agropecuarias, por lo que cualquier variación repercute rápidamente sobre la cadena de costos.

El campo también siente el impacto

Las resoluciones tienen además una lectura productiva. El aumento mejora los ingresos de las industrias que elaboran biocombustibles, un sector estrechamente vinculado al agro argentino. El bioetanol de maíz fortalece la cadena cerealera, mientras que el derivado de caña de azúcar beneficia principalmente a los ingenios del NOA. En tanto, el biodiésel continúa siendo una salida estratégica para la industrialización de la soja.

Desde esa perspectiva, la actualización busca preservar la rentabilidad de las plantas elaboradoras frente al incremento de los costos de producción, tal como prevé el marco regulatorio vigente. La Secretaría de Energía justificó la decisión señalando que las condiciones actuales del mercado ameritan una nueva adecuación de precios para garantizar el abastecimiento de la mezcla obligatoria.

Un mercado que también mira al petróleo

A las variables domésticas se suma un contexto internacional que mantiene elevada la incertidumbre. Las tensiones en Medio Oriente y las dificultades sobre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz continúan generando volatilidad en la cotización del petróleo, aunque hasta el momento parte de ese efecto fue amortiguado por la política comercial de YPF.

Desde la desregulación parcial del mercado iniciada en 2024, los precios de los combustibles dejaron de depender exclusivamente de las decisiones del Gobierno nacional. Las petroleras recuperaron mayor libertad para definir sus estrategias comerciales y ya no están obligadas a informar previamente los aumentos, un esquema que modificó el funcionamiento del mercado y permitió acelerar la recomposición de precios luego de varios años de atraso relativo.

Según datos del portal especializado Surtidores, el precio nominal de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires acumuló incrementos superiores al 257% desde el inicio de la actual administración, reflejando el proceso de normalización de precios impulsado tras la liberalización del sector.

En ese escenario, el ajuste de los biocombustibles representa un nuevo factor de presión sobre los surtidores. Aunque el efecto directo sea limitado por el bajo porcentaje de mezcla, la combinación entre impuestos, costos de producción y volatilidad internacional mantiene abierta la posibilidad de nuevas actualizaciones en los precios durante las próximas semanas.

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Aumentaron los impuestos a los combustibles: cuánto suben la nafta y el gasoil

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A partir de este sábado 1° de agosto, cargar combustible vuelve a ser más caro. El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización parcial de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que impactará directamente sobre el precio de la nafta y el gasoil en los surtidores de todo el país.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 693/2026 publicado el viernes 31 de julio, mantiene la estrategia aplicada durante los últimos meses: habilitar únicamente una parte de la actualización pendiente de los tributos específicos y postergar el resto para evitar un traslado inmediato de todo el incremento al consumidor.

La modificación autoriza que durante agosto se aplique un aumento de $10,572 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos para todas las variedades de nafta sin plomo y la nafta virgen. A ello se suma una actualización de $0,648 por litro correspondiente al Impuesto al Dióxido de Carbono. En conjunto, la carga tributaria sobre las naftas aumenta $11,22 por litro.

En el caso del gasoil, el incremento autorizado será de $9,511 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, más $1,084 por litro del Impuesto al Dióxido de Carbono. Además, continuará vigente el tratamiento diferencial para las provincias patagónicas y zonas alcanzadas por el beneficio fiscal, donde el componente específico del impuesto se incrementa $5,150 por litro.

Aunque el impacto final dependerá de la política comercial que adopte cada petrolera, estos incrementos impositivos suelen trasladarse rápidamente al precio de venta al público. De este modo, agosto comenzará con un nuevo ajuste en los surtidores, en un contexto donde el costo del transporte y la logística continúa siendo uno de los principales factores que inciden sobre la inflación.

Sin embargo, el dato más relevante del decreto es que el Gobierno volvió a diferir una parte importante de la actualización impositiva acumulada. Los aumentos pendientes correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026 no se aplicarán completamente durante agosto, sino que fueron postergados hasta el 1° de septiembre de 2026.

La decisión responde, según explica el texto oficial, al objetivo de sostener el proceso de estabilización económica y evitar un impacto más fuerte sobre los precios. En otras palabras, el Ejecutivo optó por aplicar un incremento parcial ahora y trasladar el resto para el mes siguiente.

Para consumidores particulares, transportistas, productores agropecuarios y empresas de logística, esto implica que el costo de los combustibles continuará ajustándose en forma escalonada. El gasoil, insumo clave para el transporte de mercaderías y las economías regionales, seguirá siendo uno de los principales costos de la actividad productiva, mientras que las sucesivas actualizaciones impositivas podrían seguir presionando sobre los costos de distribución.

Así, agosto llegará con una nueva suba en los surtidores impulsada por la actualización parcial de los impuestos nacionales, pero el decreto deja en claro que el proceso todavía no concluye: el remanente de los incrementos fiscales ya tiene fecha de aplicación y comenzará a regir desde el 1° de septiembre, por lo que el mercado ya anticipa un nuevo ajuste en los precios de los combustibles.

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La nafta pulverizó el salario: un sueldo compra casi diez tanques menos que al inicio de la gestión Milei

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El deterioro del poder adquisitivo también puede medirse en litros. En noviembre de 2023, un salario mediano del sector privado registrado permitía llenar 26,3 tanques de nafta súper de 50 litros. En julio de 2026, el mismo ingreso alcanza para apenas 16,4 tanques.

La pérdida equivale a 9,9 cargas completas, o casi 500 litros de combustible. En términos porcentuales, representa una caída del 37,6% en la capacidad del salario para comprar nafta desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande, que cruzó la mediana salarial del Sistema Integrado Previsional Argentino con la evolución del precio de la nafta súper. El relevamiento muestra una brecha contundente: entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el salario privado registrado aumentó 311%, mientras que el combustible acumuló una suba del 558%.

En otras palabras, el precio de la nafta avanzó casi 80% más que los salarios en términos relativos. Esa diferencia explica por qué, aun con aumentos nominales de ingresos, los trabajadores pueden comprar cada vez menos combustible.

La serie muestra que el deterioro no fue lineal. Después del desplome inicial registrado entre noviembre y diciembre de 2023, el poder de compra experimentó una recuperación parcial durante 2024 y la primera mitad de 2025.

El mejor registro posterior al cambio de Gobierno se produjo en junio de 2025, cuando el salario alcanzó para comprar alrededor de 22 tanques. Sin embargo, desde entonces comenzó una nueva caída.

En febrero de 2026, antes del agravamiento del conflicto internacional y de la nueva escalada del petróleo, el salario mediano todavía permitía comprar 19,4 tanques. Cinco meses después, en julio, la capacidad se redujo a 16,4 tanques: tres cargas menos en un período muy corto.

De acuerdo con el Instituto Argentina Grande, el precio de la nafta súper aumentó 27,2% desde el inicio del conflicto, mientras los ingresos volvieron a quedar rezagados.

Poder de compra del salario medido en tanques de nafta

El salario perdió casi diez tanques de nafta desde 2023

Cantidad de tanques de 50 litros de nafta súper que puede comprar un salario mediano del sector privado registrado.

26,3tanques en noviembre de 2023
16,4tanques en julio de 2026
-37,6%caída del poder de compra en combustible
Fuente: elaboración de Economis sobre datos del Instituto Argentina Grande, SIPA y Surtidores. Los valores intermedios fueron digitalizados del gráfico original; de abril a julio de 2026 el IAG estima una variación salarial del 2% mensual.

El “buffer” evitó una suba mayor, pero ahora demora la baja

Durante la etapa de mayor tensión internacional, el precio local de los combustibles no trasladó completamente la disparada del petróleo. YPF implementó desde abril un mecanismo de amortiguación, conocido dentro del sector como buffer de precios, que luego fue acompañado por el resto de las petroleras.

El sistema mantuvo la nafta súper cerca de los $2.000 por litro durante los meses en que el petróleo internacional registraba valores considerablemente más altos. La contracara es que las compañías acumularon una diferencia que ahora buscan recuperar antes de convalidar una reducción en los surtidores.

La consultora 1816 explicó que durante varios meses el combustible se vendió por debajo del precio que hubiera resultado de combinar la cotización internacional del petróleo y el tipo de cambio mayorista. Por eso, el valor actual funcionaría como una compensación para refinadoras y estaciones de servicio.

Esa lógica ayuda a entender por qué la baja del petróleo todavía no se trasladó a los consumidores. Aunque el crudo retrocedió desde sus máximos, los precios internos permanecen prácticamente sin cambios.

Fuentes del sector estiman que septiembre podría ser una fecha posible para una primera reducción. Sin embargo, la consultora 1816 considera que, si las petroleras buscaran recuperar completamente lo resignado durante el período de contención, los valores actuales podrían sostenerse hasta mediados de noviembre.

Las estimaciones privadas indican que, para adecuarse nuevamente al precio internacional del petróleo, los combustibles deberían bajar aproximadamente 16%.

Una reducción de esa magnitud tendría un efecto directo de alrededor de 0,65 puntos porcentuales sobre el Índice de Precios al Consumidor, sin contar los impactos indirectos sobre transporte, logística, alimentos, industria y servicios.

La decisión dependerá especialmente de YPF. Por su posición dominante, con más de la mitad del mercado minorista, la petrolera controlada por el Estado establece el precio de referencia que luego siguen las demás compañías.

Los impuestos agregan presión

A la dinámica del petróleo, el dólar y las compensaciones empresariales se suma la carga tributaria. En julio, el Gobierno nacional aplicó una nueva actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono.

El incremento representó $21,19 por litro de nafta sin plomo, más $1,298 correspondientes al impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, el ajuste fue de $18,96 por litro.

El Gobierno volvió a aplicar solamente una parte del aumento acumulado y postergó para agosto el grueso de las actualizaciones pendientes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026. No obstante, los sucesivos aplazamientos indican que ese cronograma podría modificarse nuevamente.

Así, incluso en un escenario de petróleo más barato, la recomposición de márgenes de las compañías y los impuestos pendientes limitan la posibilidad de una baja rápida.

La pérdida de poder adquisitivo medida en combustible excede el gasto de quienes utilizan diariamente un automóvil. La nafta y el gasoil forman parte de la estructura de costos del transporte, la producción, la distribución de alimentos, la actividad comercial y los servicios.

En provincias como Misiones, donde las distancias, la dispersión territorial y la dependencia del transporte por carretera son mayores, el impacto resulta especialmente sensible. El encarecimiento del combustible reduce el ingreso disponible de los hogares y presiona sobre los costos logísticos de las empresas.

La comparación de los últimos dos años expone una de las dimensiones más claras del ajuste sobre los ingresos: el salario nominal aumentó, pero quedó muy lejos de acompañar el precio de un insumo esencial. Al inicio del período alcanzaba para recorrer el equivalente a 26 tanques; hoy apenas cubre 16.

La eventual reducción de los surtidores podría moderar esa pérdida, pero difícilmente alcance para revertirla. Para recuperar la capacidad de compra de noviembre de 2023, el salario debería aumentar más de 60% respecto de la nafta o, alternativamente, el combustible tendría que registrar una reducción extraordinariamente superior a la proyectada por el mercado.

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Impuesto a los combustibles: el Gobierno autoriza un aumento parcial de $22 por litro de nafta y $31 por litro de gasoil

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La política de actualización gradual de los impuestos sobre los combustibles suma un nuevo capítulo. Mediante el Decreto 562/2026, el Gobierno nacional modificó el cronograma previsto para la actualización de los tributos que gravan la nafta y el gasoil, manteniendo la estrategia de diferir parte de la carga fiscal para reducir el impacto inmediato sobre los precios en surtidor.

La medida posterga nuevamente una parte de los incrementos acumulados correspondientes a las actualizaciones previstas por la Ley 23.966, que se calculan trimestralmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lugar de trasladar la totalidad del ajuste desde julio, el Ejecutivo resolvió aplicar únicamente una fracción y dejar el resto para el 1 de agosto de 2026.

Para el entramado productivo, la decisión tiene una lectura que va más allá del surtidor. El combustible representa uno de los principales costos transversales de la economía argentina: impacta sobre el transporte de cargas, la logística de exportación, la producción agropecuaria, la industria y el comercio.

En provincias como Misiones, donde buena parte de la actividad económica depende del transporte terrestre de largas distancias, cualquier variación en el precio del gasoil repercute sobre toda la cadena de costos, desde la producción primaria hasta la distribución comercial.

Un incremento parcial para contener el traslado a precios

El decreto establece que durante todo julio regirá únicamente una actualización parcial de los impuestos.

Los incrementos fiscales fijados son:

  • Naftas: aumento de $21,192 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y $1,298 en el impuesto al dióxido de carbono.
  • Gasoil: incremento de $18,959 por litro en el impuesto específico, $10,266 correspondientes al tratamiento diferencial y $2,161 por dióxido de carbono.

La actualización completa de los remanentes acumulados durante 2024, los primeros dos trimestres de 2025 y parte de 2026 quedó reprogramada para los hechos imponibles que se produzcan desde el 1 de agosto, salvo que el Gobierno vuelva a modificar el cronograma, una práctica que se repitió durante los últimos meses.

Una herramienta para administrar el impacto inflacionario

Aunque los impuestos a los combustibles tienen una actualización prevista por ley, el Poder Ejecutivo viene utilizando decretos para escalonar su aplicación.

La lógica económica detrás de esta decisión responde a dos objetivos simultáneos: Por un lado, evitar que un incremento tributario significativo acelere la inflación mensual mediante un aumento inmediato de los combustibles. Por otro, mantener cierta previsibilidad sobre los costos de transporte para los sectores productivos mientras continúa el proceso de desaceleración inflacionaria.

El propio decreto fundamenta la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, combinando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas con una implementación gradual de la carga impositiva.

La postergación parcial del impuesto no elimina futuros aumentos, pero sí distribuye su impacto en el tiempo, permitiendo una planificación más gradual de costos operativos.

Para el sector privado, los principales efectos son menor presión inmediata sobre los costos logísticos durante julio. Reducción del impacto inflacionario derivado del precio de los combustibles. Persistencia de incertidumbre respecto del ajuste previsto para agosto. Mayor previsibilidad de corto plazo para industrias, transportistas y cadenas comerciales.

Un alivio transitorio que mantiene pendiente el ajuste fiscal

La estrategia oficial no implica una reducción de impuestos, sino un diferimiento de su aplicación.

Eso significa que la presión tributaria prevista por la legislación permanece vigente, aunque distribuida en distintos momentos para amortiguar sus efectos sobre la inflación y el consumo.

Desde la óptica fiscal, el Estado posterga parte de la recaudación potencial; desde la mirada empresarial, se evita un incremento más pronunciado del costo operativo en un solo mes.

El principal interrogante pasa por agosto. Si el cronograma establecido en el decreto se cumple sin nuevas modificaciones, el mercado enfrentará la aplicación del remanente acumulado de las actualizaciones impositivas. La decisión que adopte el Gobierno dependerá del comportamiento de la inflación, la evolución del precio internacional del petróleo y la estrategia oficial para sostener la desaceleración de los precios sin resignar recursos fiscales.

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El Gobierno estira el “ancla” impositiva a los combustibles

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El Palacio de Hacienda acaba de ejecutar una nueva maniobra de microcirugía monetaria sobre la estructura de precios relativos de la energía. Mediante el Decreto 405/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial tras la rúbrica del presidente Milei, el ministro Caputo y el jefe de gabinete Adorni, el Ejecutivo nacional dispuso postergar de forma parcial hasta el 1° de julio de 2026 la aplicación de las actualizaciones remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

La medida, analizada bajo la lente macroeconómica del Nordeste Argentino (NEA), opera como un respirador artificial temporal para un sector de consumo de alta sensibilidad. Al alterar los plazos fijados previamente en el Decreto 617/2025 y su cadena de prórrogas mensuales subsidiarias, el Gobierno asume el costo de oportunidad fiscal en el corto plazo con un objetivo unívoco: evitar que la inercia del canal de distribución indexe de manera anticipada la tasa de inflación núcleo (core inflation) del mes que inicia.

¿Qué se posterga y por qué?

La arquitectura del esquema impositivo local, regida por la histórica Ley N° 23.966, estipula indexaciones trimestrales basadas en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El texto oficial de la norma desnudó el solapamiento de vencimientos que amenazaba el surtidor este mes: el remanente de los períodos fiscales correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Y el impacto pleno del primer trimestre calendario de 2026.

Al unificar los efectos de estos tres bloques impositivos para los hechos imponibles que se perfeccionen recién a partir del 1° de julio, la administración central busca amortiguar la presión sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. El argumento oficial explicita el delicado equilibrio de la hoja de ruta económica: “Continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Traducido al llano: la recaudación secundaria cede el paso al control del índice de precios.

Para las provincias del NEA —una región caracterizada por la ausencia estructural de redes de gas natural domiciliario de cobertura total y una dependencia absoluta del transporte automotor de cargas—, el precio del gasoil no es una variable marginal, sino el denominador común del costo logístico global.

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa conviven históricamente con una distorsión de precios en boca de expendio respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el artículo 7° de la Ley 23.966 ratifica exenciones y montos diferenciales fijos para la Patagonia (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Patagones y Malargüe), el Norte Grande continúa absorbiendo los costos de flete interno desde los nodos de refinado.

El aplazamiento impositivo mitiga de forma transitoria el salto en los costos fijos de las pymes de transporte regionales, pero no neutraliza el sendero de recomposición de márgenes que las petroleras (encabezadas por YPF como market maker) aplican por fuera del componente puramente impositivo, asociadas al precio internacional del barril de crudo (Brent) y la devaluación mensual programada (crawling peg).

Cronología de la contención fiscal

El laberinto administrativo que derivó en la firma de este decreto exhibe una secuencia sistemática de postergaciones durante el último semestre, configurando la principal ancla nominal del programa de estabilización.

Decreto 617/2025 – 28 de Agosto de 2025: Establece la matriz de postergación de los pasivos impositivos hidrocarburíferos devengados.

Decretos de Fin de Año – Septiembre – Diciembre 2025: Tránsito sucesivo mediante los Decretos 699, 782, 840 y 929 para evitar el traslado a góndolas durante el pico de consumo de las fiestas de fin de año.

Batería Normativa 2026 – Enero – Abril 2026: Congelamiento secuencial mes a mes mediante las oficinas de Hacienda (Decretos 74, 116, 217 y 302) bajo monitoreo de ARCA (ex AFIP).

Decreto 405/2026 – 29 de Mayo de 2026: Firma definitiva de la norma actual. Publicación e inicio de vigencia al 1° de junio, fijando el nuevo horizonte de impacto al inicio del segundo semestre.

El interrogante central para los analistas radica en la sostenibilidad de esta estrategia. El diferimiento del cobro de tributos a los combustibles implica una renuncia fiscal líquida e inmediata para las arcas de la Nación y, por derrame de coparticipación, para las provincias del NEA.

Sin embargo, el coeficiente de elasticidad de la demanda de combustibles ha mostrado signos de fatiga ante las actualizaciones previas. En una economía de frontera donde el diferencial de precios con los países vecinos (Paraguay y Brasil) se ha acortado drásticamente, la caída del consumo fronterizo ya eliminó el histórico “colchón” de demanda externa que dinamizaba las estaciones de servicio misioneras.

En conclusión, el Decreto 405/2026 compra tiempo. Otorga 30 días de estabilidad formal a la base imponible del combustible, transfiriendo al mes de julio —pleno período de receso invernal y estacionalidad turística alta— el desafío de calibrar el precio definitivo de la energía sin disparar las expectativas de inflación regional.

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