Combustibles

YPF reúne a las petroleras y define si traslada la suba del petróleo a los surtidores

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YPF encabezará este lunes una reunión clave con las principales petroleras del país para definir qué ocurrirá con los precios de los combustibles tras el vencimiento del mecanismo de “buffer” aplicado desde abril para contener el traslado de la suba internacional del petróleo a los surtidores locales.

La discusión llega en un contexto de fuerte volatilidad global. El Brent todavía opera por encima de los USD 100 por barril, mientras persiste la tensión geopolítica en Medio Oriente tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. A eso se suma la actualización de impuestos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono dispuesta por el Gobierno nacional desde mayo.

El resultado de esa combinación puede impactar directamente sobre inflación, logística, transporte y consumo interno, especialmente en provincias periféricas como Misiones, donde el costo del combustible tiene incidencia estructural sobre la economía regional.

Se termina el “buffer” que desacopló el petróleo internacional del precio local

El mecanismo impulsado por el CEO de YPF, Horacio Marín, comenzó el 1° de abril y vence el próximo 15 de mayo.

El esquema funcionó como una herramienta de amortiguación temporal frente a la disparada del petróleo internacional. Mientras el Brent llegó a superar los USD 120, las refinadoras continuaron operando internamente con un valor de referencia cercano a los USD 70 por barril, equivalente al precio vigente en marzo.

La diferencia entre el valor real y el valor reconocido internamente quedó registrada en cuentas compensadoras a saldar posteriormente si el precio internacional descendía.

Participaron del acuerdo: refinadoras, empresas integradas, y productoras puras del sector. Entre ellas: YPF, Shell, Axion, Puma, Raízen, Trafigura, Tecpetrol, Pluspetrol, y Fénix.

La decisión permitió moderar el impacto inmediato de la crisis energética global sobre los consumidores argentinos, aunque el mercado ahora espera una corrección gradual del atraso acumulado.

El petróleo bajó, pero la presión sobre los surtidores sigue intacta

Durante los últimos días, el mercado internacional mostró cierta desaceleración tras las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

El WTI cayó hasta los USD 95 por barril, mientras el Brent retrocedió a la zona de USD 101–104. Sin embargo, las petroleras consideran improbable un regreso a los valores previos al conflicto, cuando el crudo cotizaba cerca de los USD 60.

La expectativa del sector es que el petróleo permanezca en torno a los USD 90 incluso si disminuye la tensión militar.

Eso mantiene abierta la presión sobre los surtidores argentinos.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los combustibles acumularon un incremento cercano al 23% en el país.

El Gobierno actualizó impuestos y suma otra presión sobre los precios

La discusión entre las petroleras no se limita al petróleo internacional.

El 30 de abril, el Gobierno nacional oficializó una actualización del 0,5% en los impuestos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono.

Según cálculos difundidos por SDC Asesores Tributarios, la carga impositiva implicaría un aumento potencial de: $11,035 por litro de las naftas, incluyendo impuestos líquidos y CO₂.

La decisión de trasladar total o parcialmente ese costo quedó en manos de las compañías.

La caída del consumo condiciona la decisión de las petroleras

El mercado enfrenta además otro dato sensible: la demanda comenzó a retroceder. Según un informe citado por el sector, las ventas de combustibles cayeron 1,8% en marzo de 2026, mientras la nafta súper registró una baja interanual del 4,1%.

El dato refleja: menor uso de vehículos, deterioro del poder adquisitivo, y límites crecientes para seguir trasladando aumentos al consumidor. Ese escenario explica parte de la cautela que mantuvieron las petroleras durante las últimas semanas.

En provincias como Misiones, el precio de los combustibles tiene efectos más amplios que en los grandes centros urbanos. Cada suba del gasoil repercute sobre: costos logísticos, precios minoristas, competitividad exportadora, y márgenes industriales.

Además, las llamadas asimetrías fronterizas amplifican el problema. Cuando el combustible aumenta en Argentina, la diferencia de costos frente a Paraguay y Brasil afecta el comercio local y el consumo interno.

La presión energética global termina así trasladándose a las economías regionales con más intensidad que en áreas metropolitanas.

La decisión de YPF también tiene impacto político

El rol de YPF durante la crisis energética volvió a posicionar a la petrolera de mayoría estatal como actor central en la administración de precios sensibles para la economía.

El “buffer” permitió desacelerar parcialmente el traslado inmediato del shock internacional sobre inflación y consumo.

Ahora, el fin de ese esquema abre una nueva discusión: cuánto del atraso acumulado absorberán las compañías, cuánto se trasladará a surtidores, y qué margen político existe para nuevos aumentos en un contexto de caída de ventas.

La reunión de este lunes será observada tanto por el mercado energético como por el Gobierno nacional, que enfrenta el desafío de administrar inflación y actividad económica bajo un escenario internacional todavía inestable.

Un mercado pendiente de Medio Oriente y del precio del Brent

La evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán seguirá condicionando las decisiones locales. El sector energético observa especialmente: el comportamiento del Brent, la estabilidad del estrecho de Ormuz, y el impacto de nuevas tensiones militares sobre el comercio global de petróleo.

Por ahora, el mercado descuenta que habrá ajustes en surtidores. La incógnita es la magnitud, el ritmo y la capacidad del consumo argentino para absorber otro incremento en combustibles.

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El Gobierno aplica una nueva suba de impuestos a los combustibles

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El Gobierno nacional activó un nuevo movimiento en su estrategia fiscal sobre los combustibles: mediante el Decreto 302/2026, firmado el 29 de abril, dispuso aplicar solo una parte de los incrementos pendientes en los impuestos a la nafta y el gasoil durante mayo, mientras difiere el resto hasta el 1° de junio.

La decisión introduce un ajuste acotado —con montos específicos por litro— y vuelve a patear hacia adelante el impacto completo de actualizaciones acumuladas de 2024 y 2025. En un contexto de tensión entre inflación, recaudación y actividad económica, la medida abre una pregunta central: ¿se trata de una señal de prudencia macroeconómica o de una administración política de los precios sensibles?

Un esquema legal que acumula atrasos y parches

El impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se rige por la Ley 23.966, que fija montos en pesos actualizables trimestralmente según el IPC del INDEC. Ese mecanismo, reglamentado por el Decreto 501/2018, establece ajustes automáticos en enero, abril, julio y octubre, con impacto diferido en el tiempo.

Sin embargo, desde 2024 en adelante, el Poder Ejecutivo optó por intervenir esa dinámica: una serie de decretos —entre ellos el 617/2025 y sus sucesivas modificaciones— fueron postergando la aplicación plena de esos incrementos. El resultado es un “stock” de subas acumuladas que no se trasladaron completamente al precio final.

El nuevo decreto se inscribe en esa lógica. Por un lado, fija incrementos parciales para mayo de 2026: en naftas, $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y $0,637 en el tributo al dióxido de carbono; en gasoil, $9,269 y $1,056 respectivamente, más un adicional diferencial de $5,019 en determinadas regiones. Por otro, desplaza al 1° de junio la entrada en vigencia del resto de los aumentos pendientes.

En términos técnicos, no se altera el esquema legal, pero sí su timing efectivo. La actualización automática sigue existiendo en la norma, pero su aplicación real queda sujeta a decisiones discrecionales del Ejecutivo.

Equilibrio fiscal versus ancla inflacionaria

La medida impacta en dos planos simultáneos. Por un lado, sostiene parcialmente la recaudación tributaria en un rubro clave, en línea con el objetivo de consolidación fiscal. Por otro, modera el traslado inmediato a precios en un insumo altamente sensible para la inflación y la estructura de costos de la economía.

El Gobierno explicita ese equilibrio en los considerandos: “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. La fórmula sintetiza una tensión conocida: aumentar impuestos mejora ingresos, pero presiona sobre precios; diferirlos alivia la inflación de corto plazo, pero posterga recursos fiscales.

En ese marco, la decisión de fragmentar los aumentos sugiere una administración fina del calendario económico. Mayo aparece como un mes de transición, con subas parciales que evitan un salto brusco, mientras junio queda marcado como el punto en el que podría materializarse el ajuste completo.

Aunque se trata de una norma técnica, el trasfondo es político. El manejo de los impuestos a los combustibles incide directamente en variables sensibles: inflación, tarifas implícitas y costos logísticos. Por eso, cada postergación o aplicación parcial redefine equilibrios entre el Ministerio de Economía, la política energética y la estrategia general del Gobierno.

El esquema adoptado evita un shock inmediato que podría tensionar expectativas inflacionarias o generar costos políticos en el corto plazo. Al mismo tiempo, mantiene la señal de que los aumentos no se eliminan, sino que se administran.

En términos de correlación de fuerzas, el Ejecutivo retiene control pleno sobre el ritmo de actualización, desplazando en la práctica la automaticidad prevista por la ley. No hay intervención del Congreso en esta dinámica, lo que refuerza el carácter centralizado de la decisión.

Un calendario abierto y sin resolución definitiva

El decreto no cierra el problema de fondo: solo reprograma su impacto. El traslado de los incrementos pendientes a junio deja abierta la incógnita sobre si ese plazo será definitivo o volverá a modificarse.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en dos variables: la evolución de la inflación y la necesidad fiscal. Si la presión sobre los precios se mantiene, el Gobierno podría verse tentado a extender nuevamente los diferimientos. Si, en cambio, prioriza la recaudación, junio podría marcar un ajuste más pleno.

En esa tensión se juega algo más que un impuesto: la consistencia entre el discurso de disciplina fiscal y la gestión política de precios clave. Por ahora, la decisión no resuelve esa disyuntiva. La posterga.

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YPF congela el precio del combustible por 45 días y busca contener el impacto del petróleo en plena volatilidad global

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Una decisión con impacto político y económico inmediato. Desde este miércoles 1° de abril, YPF puso en marcha una estrategia que trasciende lo comercial: decidió no trasladar al surtidor las variaciones del precio internacional del petróleo durante un plazo de hasta 45 días. El anuncio, realizado por su CEO Horacio Marín, introduce un “buffer” de precios que apunta a sostener cierta estabilidad en los combustibles en un escenario global marcado por la volatilidad del Brent.

El dato es concreto y sensible: en un país donde el precio de la nafta funciona como referencia para toda la estructura de costos, la decisión abre una pregunta de fondo. ¿Es un movimiento táctico para sostener la demanda o una señal más amplia sobre el rol de la principal petrolera en un mercado que se define como libre?

El mecanismo: absorber el shock externo sin alterar el surtidor

La medida se limita a una variable clave: el precio internacional del crudo. Durante los próximos 45 días, YPF absorberá ese componente sin trasladarlo al consumidor, en un intento por amortiguar el impacto de la suba del Brent, influida por el conflicto en Medio Oriente.

La empresa dejó en claro los límites de la decisión. El congelamiento no alcanza a otras variables que componen el precio final, como impuestos o tipo de cambio, que podrían eventualmente generar ajustes. Es decir, el “buffer” no es un congelamiento total, sino una contención parcial del componente más volátil.

El contexto en el que se inscribe la medida también es relevante. Desde la compañía señalaron que la demanda muestra signos de debilidad, especialmente en el interior del país, lo que refuerza la necesidad de evitar nuevos aumentos que profundicen la caída del consumo.

Señales hacia adentro y hacia afuera

La decisión de YPF se ubica en una zona híbrida. Por un lado, la empresa ratifica que opera en una economía de libre mercado, donde las decisiones responden a oferta y demanda. Por otro, introduce un criterio de estabilidad que tiene impacto directo en la dinámica inflacionaria y en el humor social.

En términos de correlación de fuerzas, el movimiento posiciona a la petrolera como un actor que puede moderar, al menos temporalmente, las tensiones de precios en un insumo clave. Esto no es menor en un contexto donde los combustibles inciden en transporte, logística y precios finales.

Al mismo tiempo, la medida marca un contraste implícito con el resto de las variables que no controla la empresa. Al dejar abierta la posibilidad de ajustes por impuestos o tipo de cambio, YPF delimita responsabilidades dentro del esquema económico más amplio.

Que dijo Marín

El CEO de YPF, Horacio Marín indicó en sus redes sociales “desde YPF hemos decidido realizar un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días, comenzando a partir del día de hoy. Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent, quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio”.

Explicó que “desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía. Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global. Operamos en una economía de libre mercado: las empresas observamos la oferta y la demanda y definimos las mejores estrategias comerciales para acompañar a nuestros clientes”.

Sostenibilidad y efecto rebote

El “buffer” tiene fecha de vencimiento: 45 días. Ese plazo funciona como ventana de contención, pero también como límite operativo. La incógnita es qué ocurrirá cuando el mecanismo se agote, especialmente si las condiciones internacionales no se estabilizan.

En el corto plazo, la decisión podría sostener el consumo y evitar un traslado inmediato a precios. En el mediano, la acumulación de tensiones podría reconfigurar el escenario.

Lo que queda en juego es más que una política comercial. Es la capacidad de una empresa clave de intervenir —aunque sea parcialmente— en un mercado sensible, sin desdibujar su lógica de funcionamiento. Esa tensión, por ahora, sigue abierta.

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Los costos de transporte saltan un 10,15% en marzo: la cifra más alta en dos años

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Luego de 26 meses, los costos del transporte de cargas volvieron a registrar un incremento de dos dígitos al cerrar marzo con un aumento de 10,15%, impulsados principalmente por el desproporcionado salto en el precio del gasoil.

De esta manera, el Índice de Costos del Transporte (ICT) de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) acumula 15% de incremento en el primer trimestre de 2026 (enero-marzo) y 48% en los últimos 12 meses.

Tal como advirtió FADEEAC, la continua escalada en el precio del gasoil fue el motor de la suba. El combustible, que representa aproximadamente el 35% de la estructura de costos, sufrió un aumento promedio del 24,7% en marzo, aunque en algunas ciudades del interior y de modo particular en la modalidad “a granel” (mayorista), que usan primordialmente las empresas de transporte, superó el 27%.

La velocidad del ajuste no tiene antecedentes cercanos: solo en marzo se concentró más de la mitad de todo el aumento registrado en 2025. Mientras que el año pasado el gasoil subió un 45%, en apenas 31 días de marzo los precios se incrementaron entre 3 y 5 veces.

“El sector vive una situación crítica. Históricamente el litro de gasoil osciló entre 0,80 y 1,20 dólares. Hoy esa cifra trepa a US$ 1,60 y no solo lo ubica como uno de los valores más altos de la última década, sino como uno de los más elevados entre los países de la región”, describió Cristian Sanz, Presidente de FADEEAC.

Realidad externa y local

Si bien el crudo Brent saltó de US$ 65 a más de US$ 100 por el conflicto en Medio Oriente, el impacto interno se vio agravado por el debilitamiento de los mecanismos que permitan desacoplar los precios internos de los internacionales y moderar el shock externo, a pesar de la pujante producción local de petróleo en Vaca Muerta.

“El desproporcionado aumento de los precios del gasoil en marzo pone a nuestra actividad en una situación muy compleja, teniendo en cuenta la gravitación del combustible en las operaciones, las señales de desaceleración en la economía real y el deterioro de la infraestructura vial”, dijo Sanz.

En este contexto, también se advierte que la dinámica de costos comienza a trasladarse a un plano operativo.

“Hoy el problema ya no es sólo el nivel de costos, sino la imposibilidad de absorber su velocidad de ajuste dentro de esquemas tarifarios que están previamente pactados. El desfasaje supera el 20% en muchos contratos vigentes y eso nos deja operando a pérdida. Si esta dinámica persiste, el riesgo no es únicamente inflacionario, sino operativo: pueden empezar a registrarse incumplimientos en los servicios y tensiones en el abastecimiento, porque el sistema no está preparado para absorber un shock de esta magnitud en tan poco tiempo”, agregó el Presidente de FADEEAC.

Por su parte, los especialistas del Departamento de Estudios Económicos de FADEEAC señalaron que en el primer trimestre de 2026 el Combustible acumula un aumento de 29% y que, en medio de este contexto, volvió a diferirse la aplicación plena de la actualización de los impuestos al Combustible (Decreto 116/26).

Qué pasó con los otros rubros

El ICT que elabora FADEEAC y audita la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), releva el comportamiento de 11 rubros que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia técnica clave para la determinación y actualización de tarifas del sector.

En marzo, detrás del Combustible -que encabeza el ranking de aumentos-, se ubicó Peajes, con una suba de 8,26 %, (en febrero 13,3%), teniendo en cuenta nuevos incrementos mensuales en los accesos a CABA.

En tercer lugar, Personal (Conducción), 4,57%, con la entrada en vigencia de la primera cuota del actual CCT 40/89, abarcando actualizaciones mensuales en la mano de obra desde marzo a agosto de 2026. Con impacto asimismo en los rubros componentes relacionados, Reparaciones (1,69%) -en un contexto de creciente deterioro de la infraestructura para operar debido al deficiente mantenimiento de rutas y caminos-, y Gastos Generales (1,58%).

También se registraron incrementos en Lubricantes (3,67%), Neumáticos (2,13%), y Costo financiero (6,46%).

El resto de los rubros (Material Rodante; Seguros; Patentes y tasas -con variaciones anuales-) no mostró modificaciones respecto de febrero.

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El Gobierno frena el impuesto a los combustibles y apuesta a los biocombustibles para contener la inflación

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Con el precio de la nafta por encima de los $2.000 y el impacto de la guerra en Medio Oriente trasladándose a los surtidores, el Gobierno nacional decidió suspender la actualización del impuesto a los combustibles prevista para abril. La medida, oficializada en las últimas horas, busca contener la escalada inflacionaria en un rubro sensible, pero también expone una tensión de fondo: hasta dónde puede intervenir el Estado sin desarmar su propio esquema fiscal.

La decisión no llegó sola. Se complementa con otra señal: el aumento del corte obligatorio de bioetanol al 15% en las naftas, en un intento por amortiguar el traslado del precio internacional del petróleo. En conjunto, el paquete configura una respuesta de corto plazo frente a una presión externa que el Gobierno no controla, pero que impacta de lleno en su principal objetivo económico.

Un equilibrio delicado entre inflación y recaudación

La suspensión del impuesto se inscribe en una lógica más amplia: evitar que el aumento del costo energético termine filtrándose al resto de los precios. En términos prácticos, implica resignar ingresos fiscales en un momento donde el equilibrio de las cuentas públicas sigue siendo una prioridad.

Al mismo tiempo, el incremento del componente de biocombustibles introduce un mecanismo de sustitución parcial. No se trata solo de una decisión técnica, sino de una señal política: reducir la dependencia del petróleo importado y amortiguar la volatilidad internacional con producción local.

El trasfondo es claro. La suba del barril, empujada por el conflicto en Medio Oriente, reconfigura los márgenes de maniobra. Frente a ese escenario, el Gobierno combina herramientas fiscales y regulatorias para sostener el ancla inflacionaria sin modificar el esquema general de política económica.

Presión política y disputa por la agenda energética

La decisión oficial reactivó de inmediato el frente legislativo. Desde Provincias Unidas, un grupo de diputados y una senadora reclamaron que el Congreso trate el proyecto presentado el 19 de marzo para elevar el corte obligatorio de biocombustibles a nivel nacional.

El planteo no es nuevo, pero adquiere otra dimensión tras las medidas del Ejecutivo. Los impulsores del proyecto sostienen que el contexto internacional abre una “oportunidad concreta” para reducir importaciones, generar empleo y fortalecer la industria local. También buscan que el Ministerio de Relaciones Exteriores impulse gestiones ante la Unión Europea para evitar restricciones al comercio de biocombustibles.

En ese cruce, la política energética empieza a mostrar una disputa más amplia: quién fija el rumbo de la matriz productiva y bajo qué criterios. El Gobierno toma medidas puntuales, mientras sectores legislativos intentan capitalizar ese movimiento para instalar una agenda más estructural.

Entre la urgencia y el rediseño de la matriz

El combo de medidas revela un movimiento táctico más que un cambio de paradigma. La prioridad sigue siendo contener la inflación en el corto plazo, incluso a costa de resignar recursos o intervenir precios indirectamente.

Sin embargo, el debate sobre biocombustibles introduce una variable de mediano plazo. La posibilidad de diversificar la matriz energética, reducir la exposición a shocks externos y generar divisas aparece como una discusión que excede la coyuntura.

En las próximas semanas, la clave estará en observar si el Congreso toma el guante y avanza con el proyecto pendiente, y si el Gobierno profundiza esta línea o la mantiene como una herramienta puntual. La presión internacional no cede. Tampoco la inflación. Entre ambas, se juega algo más que el precio en surtidor.

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