Combustibles

La nafta pulverizó el salario: un sueldo compra casi diez tanques menos que al inicio de la gestión Milei

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El deterioro del poder adquisitivo también puede medirse en litros. En noviembre de 2023, un salario mediano del sector privado registrado permitía llenar 26,3 tanques de nafta súper de 50 litros. En julio de 2026, el mismo ingreso alcanza para apenas 16,4 tanques.

La pérdida equivale a 9,9 cargas completas, o casi 500 litros de combustible. En términos porcentuales, representa una caída del 37,6% en la capacidad del salario para comprar nafta desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande, que cruzó la mediana salarial del Sistema Integrado Previsional Argentino con la evolución del precio de la nafta súper. El relevamiento muestra una brecha contundente: entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el salario privado registrado aumentó 311%, mientras que el combustible acumuló una suba del 558%.

En otras palabras, el precio de la nafta avanzó casi 80% más que los salarios en términos relativos. Esa diferencia explica por qué, aun con aumentos nominales de ingresos, los trabajadores pueden comprar cada vez menos combustible.

La serie muestra que el deterioro no fue lineal. Después del desplome inicial registrado entre noviembre y diciembre de 2023, el poder de compra experimentó una recuperación parcial durante 2024 y la primera mitad de 2025.

El mejor registro posterior al cambio de Gobierno se produjo en junio de 2025, cuando el salario alcanzó para comprar alrededor de 22 tanques. Sin embargo, desde entonces comenzó una nueva caída.

En febrero de 2026, antes del agravamiento del conflicto internacional y de la nueva escalada del petróleo, el salario mediano todavía permitía comprar 19,4 tanques. Cinco meses después, en julio, la capacidad se redujo a 16,4 tanques: tres cargas menos en un período muy corto.

De acuerdo con el Instituto Argentina Grande, el precio de la nafta súper aumentó 27,2% desde el inicio del conflicto, mientras los ingresos volvieron a quedar rezagados.

Poder de compra del salario medido en tanques de nafta

El salario perdió casi diez tanques de nafta desde 2023

Cantidad de tanques de 50 litros de nafta súper que puede comprar un salario mediano del sector privado registrado.

26,3tanques en noviembre de 2023
16,4tanques en julio de 2026
-37,6%caída del poder de compra en combustible
Fuente: elaboración de Economis sobre datos del Instituto Argentina Grande, SIPA y Surtidores. Los valores intermedios fueron digitalizados del gráfico original; de abril a julio de 2026 el IAG estima una variación salarial del 2% mensual.

El “buffer” evitó una suba mayor, pero ahora demora la baja

Durante la etapa de mayor tensión internacional, el precio local de los combustibles no trasladó completamente la disparada del petróleo. YPF implementó desde abril un mecanismo de amortiguación, conocido dentro del sector como buffer de precios, que luego fue acompañado por el resto de las petroleras.

El sistema mantuvo la nafta súper cerca de los $2.000 por litro durante los meses en que el petróleo internacional registraba valores considerablemente más altos. La contracara es que las compañías acumularon una diferencia que ahora buscan recuperar antes de convalidar una reducción en los surtidores.

La consultora 1816 explicó que durante varios meses el combustible se vendió por debajo del precio que hubiera resultado de combinar la cotización internacional del petróleo y el tipo de cambio mayorista. Por eso, el valor actual funcionaría como una compensación para refinadoras y estaciones de servicio.

Esa lógica ayuda a entender por qué la baja del petróleo todavía no se trasladó a los consumidores. Aunque el crudo retrocedió desde sus máximos, los precios internos permanecen prácticamente sin cambios.

Fuentes del sector estiman que septiembre podría ser una fecha posible para una primera reducción. Sin embargo, la consultora 1816 considera que, si las petroleras buscaran recuperar completamente lo resignado durante el período de contención, los valores actuales podrían sostenerse hasta mediados de noviembre.

Las estimaciones privadas indican que, para adecuarse nuevamente al precio internacional del petróleo, los combustibles deberían bajar aproximadamente 16%.

Una reducción de esa magnitud tendría un efecto directo de alrededor de 0,65 puntos porcentuales sobre el Índice de Precios al Consumidor, sin contar los impactos indirectos sobre transporte, logística, alimentos, industria y servicios.

La decisión dependerá especialmente de YPF. Por su posición dominante, con más de la mitad del mercado minorista, la petrolera controlada por el Estado establece el precio de referencia que luego siguen las demás compañías.

Los impuestos agregan presión

A la dinámica del petróleo, el dólar y las compensaciones empresariales se suma la carga tributaria. En julio, el Gobierno nacional aplicó una nueva actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono.

El incremento representó $21,19 por litro de nafta sin plomo, más $1,298 correspondientes al impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, el ajuste fue de $18,96 por litro.

El Gobierno volvió a aplicar solamente una parte del aumento acumulado y postergó para agosto el grueso de las actualizaciones pendientes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026. No obstante, los sucesivos aplazamientos indican que ese cronograma podría modificarse nuevamente.

Así, incluso en un escenario de petróleo más barato, la recomposición de márgenes de las compañías y los impuestos pendientes limitan la posibilidad de una baja rápida.

La pérdida de poder adquisitivo medida en combustible excede el gasto de quienes utilizan diariamente un automóvil. La nafta y el gasoil forman parte de la estructura de costos del transporte, la producción, la distribución de alimentos, la actividad comercial y los servicios.

En provincias como Misiones, donde las distancias, la dispersión territorial y la dependencia del transporte por carretera son mayores, el impacto resulta especialmente sensible. El encarecimiento del combustible reduce el ingreso disponible de los hogares y presiona sobre los costos logísticos de las empresas.

La comparación de los últimos dos años expone una de las dimensiones más claras del ajuste sobre los ingresos: el salario nominal aumentó, pero quedó muy lejos de acompañar el precio de un insumo esencial. Al inicio del período alcanzaba para recorrer el equivalente a 26 tanques; hoy apenas cubre 16.

La eventual reducción de los surtidores podría moderar esa pérdida, pero difícilmente alcance para revertirla. Para recuperar la capacidad de compra de noviembre de 2023, el salario debería aumentar más de 60% respecto de la nafta o, alternativamente, el combustible tendría que registrar una reducción extraordinariamente superior a la proyectada por el mercado.

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Impuesto a los combustibles: el Gobierno autoriza un aumento parcial de $22 por litro de nafta y $31 por litro de gasoil

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La política de actualización gradual de los impuestos sobre los combustibles suma un nuevo capítulo. Mediante el Decreto 562/2026, el Gobierno nacional modificó el cronograma previsto para la actualización de los tributos que gravan la nafta y el gasoil, manteniendo la estrategia de diferir parte de la carga fiscal para reducir el impacto inmediato sobre los precios en surtidor.

La medida posterga nuevamente una parte de los incrementos acumulados correspondientes a las actualizaciones previstas por la Ley 23.966, que se calculan trimestralmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lugar de trasladar la totalidad del ajuste desde julio, el Ejecutivo resolvió aplicar únicamente una fracción y dejar el resto para el 1 de agosto de 2026.

Para el entramado productivo, la decisión tiene una lectura que va más allá del surtidor. El combustible representa uno de los principales costos transversales de la economía argentina: impacta sobre el transporte de cargas, la logística de exportación, la producción agropecuaria, la industria y el comercio.

En provincias como Misiones, donde buena parte de la actividad económica depende del transporte terrestre de largas distancias, cualquier variación en el precio del gasoil repercute sobre toda la cadena de costos, desde la producción primaria hasta la distribución comercial.

Un incremento parcial para contener el traslado a precios

El decreto establece que durante todo julio regirá únicamente una actualización parcial de los impuestos.

Los incrementos fiscales fijados son:

  • Naftas: aumento de $21,192 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y $1,298 en el impuesto al dióxido de carbono.
  • Gasoil: incremento de $18,959 por litro en el impuesto específico, $10,266 correspondientes al tratamiento diferencial y $2,161 por dióxido de carbono.

La actualización completa de los remanentes acumulados durante 2024, los primeros dos trimestres de 2025 y parte de 2026 quedó reprogramada para los hechos imponibles que se produzcan desde el 1 de agosto, salvo que el Gobierno vuelva a modificar el cronograma, una práctica que se repitió durante los últimos meses.

Una herramienta para administrar el impacto inflacionario

Aunque los impuestos a los combustibles tienen una actualización prevista por ley, el Poder Ejecutivo viene utilizando decretos para escalonar su aplicación.

La lógica económica detrás de esta decisión responde a dos objetivos simultáneos: Por un lado, evitar que un incremento tributario significativo acelere la inflación mensual mediante un aumento inmediato de los combustibles. Por otro, mantener cierta previsibilidad sobre los costos de transporte para los sectores productivos mientras continúa el proceso de desaceleración inflacionaria.

El propio decreto fundamenta la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, combinando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas con una implementación gradual de la carga impositiva.

La postergación parcial del impuesto no elimina futuros aumentos, pero sí distribuye su impacto en el tiempo, permitiendo una planificación más gradual de costos operativos.

Para el sector privado, los principales efectos son menor presión inmediata sobre los costos logísticos durante julio. Reducción del impacto inflacionario derivado del precio de los combustibles. Persistencia de incertidumbre respecto del ajuste previsto para agosto. Mayor previsibilidad de corto plazo para industrias, transportistas y cadenas comerciales.

Un alivio transitorio que mantiene pendiente el ajuste fiscal

La estrategia oficial no implica una reducción de impuestos, sino un diferimiento de su aplicación.

Eso significa que la presión tributaria prevista por la legislación permanece vigente, aunque distribuida en distintos momentos para amortiguar sus efectos sobre la inflación y el consumo.

Desde la óptica fiscal, el Estado posterga parte de la recaudación potencial; desde la mirada empresarial, se evita un incremento más pronunciado del costo operativo en un solo mes.

El principal interrogante pasa por agosto. Si el cronograma establecido en el decreto se cumple sin nuevas modificaciones, el mercado enfrentará la aplicación del remanente acumulado de las actualizaciones impositivas. La decisión que adopte el Gobierno dependerá del comportamiento de la inflación, la evolución del precio internacional del petróleo y la estrategia oficial para sostener la desaceleración de los precios sin resignar recursos fiscales.

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El Gobierno estira el “ancla” impositiva a los combustibles

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El Palacio de Hacienda acaba de ejecutar una nueva maniobra de microcirugía monetaria sobre la estructura de precios relativos de la energía. Mediante el Decreto 405/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial tras la rúbrica del presidente Milei, el ministro Caputo y el jefe de gabinete Adorni, el Ejecutivo nacional dispuso postergar de forma parcial hasta el 1° de julio de 2026 la aplicación de las actualizaciones remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

La medida, analizada bajo la lente macroeconómica del Nordeste Argentino (NEA), opera como un respirador artificial temporal para un sector de consumo de alta sensibilidad. Al alterar los plazos fijados previamente en el Decreto 617/2025 y su cadena de prórrogas mensuales subsidiarias, el Gobierno asume el costo de oportunidad fiscal en el corto plazo con un objetivo unívoco: evitar que la inercia del canal de distribución indexe de manera anticipada la tasa de inflación núcleo (core inflation) del mes que inicia.

¿Qué se posterga y por qué?

La arquitectura del esquema impositivo local, regida por la histórica Ley N° 23.966, estipula indexaciones trimestrales basadas en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El texto oficial de la norma desnudó el solapamiento de vencimientos que amenazaba el surtidor este mes: el remanente de los períodos fiscales correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Y el impacto pleno del primer trimestre calendario de 2026.

Al unificar los efectos de estos tres bloques impositivos para los hechos imponibles que se perfeccionen recién a partir del 1° de julio, la administración central busca amortiguar la presión sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. El argumento oficial explicita el delicado equilibrio de la hoja de ruta económica: “Continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Traducido al llano: la recaudación secundaria cede el paso al control del índice de precios.

Para las provincias del NEA —una región caracterizada por la ausencia estructural de redes de gas natural domiciliario de cobertura total y una dependencia absoluta del transporte automotor de cargas—, el precio del gasoil no es una variable marginal, sino el denominador común del costo logístico global.

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa conviven históricamente con una distorsión de precios en boca de expendio respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el artículo 7° de la Ley 23.966 ratifica exenciones y montos diferenciales fijos para la Patagonia (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Patagones y Malargüe), el Norte Grande continúa absorbiendo los costos de flete interno desde los nodos de refinado.

El aplazamiento impositivo mitiga de forma transitoria el salto en los costos fijos de las pymes de transporte regionales, pero no neutraliza el sendero de recomposición de márgenes que las petroleras (encabezadas por YPF como market maker) aplican por fuera del componente puramente impositivo, asociadas al precio internacional del barril de crudo (Brent) y la devaluación mensual programada (crawling peg).

Cronología de la contención fiscal

El laberinto administrativo que derivó en la firma de este decreto exhibe una secuencia sistemática de postergaciones durante el último semestre, configurando la principal ancla nominal del programa de estabilización.

Decreto 617/2025 – 28 de Agosto de 2025: Establece la matriz de postergación de los pasivos impositivos hidrocarburíferos devengados.

Decretos de Fin de Año – Septiembre – Diciembre 2025: Tránsito sucesivo mediante los Decretos 699, 782, 840 y 929 para evitar el traslado a góndolas durante el pico de consumo de las fiestas de fin de año.

Batería Normativa 2026 – Enero – Abril 2026: Congelamiento secuencial mes a mes mediante las oficinas de Hacienda (Decretos 74, 116, 217 y 302) bajo monitoreo de ARCA (ex AFIP).

Decreto 405/2026 – 29 de Mayo de 2026: Firma definitiva de la norma actual. Publicación e inicio de vigencia al 1° de junio, fijando el nuevo horizonte de impacto al inicio del segundo semestre.

El interrogante central para los analistas radica en la sostenibilidad de esta estrategia. El diferimiento del cobro de tributos a los combustibles implica una renuncia fiscal líquida e inmediata para las arcas de la Nación y, por derrame de coparticipación, para las provincias del NEA.

Sin embargo, el coeficiente de elasticidad de la demanda de combustibles ha mostrado signos de fatiga ante las actualizaciones previas. En una economía de frontera donde el diferencial de precios con los países vecinos (Paraguay y Brasil) se ha acortado drásticamente, la caída del consumo fronterizo ya eliminó el histórico “colchón” de demanda externa que dinamizaba las estaciones de servicio misioneras.

En conclusión, el Decreto 405/2026 compra tiempo. Otorga 30 días de estabilidad formal a la base imponible del combustible, transfiriendo al mes de julio —pleno período de receso invernal y estacionalidad turística alta— el desafío de calibrar el precio definitivo de la energía sin disparar las expectativas de inflación regional.

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Biodiésel: el Gobierno volvió a subir el precio regulado y suma presión sobre los costos logísticos

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El Gobierno nacional actualizó el precio del biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil y fijó un nuevo valor de $1.858.424 por tonelada para junio, una decisión que, aunque técnica y poco visible para el consumidor final, tiene implicancias directas sobre la estructura de costos del transporte, la logística y buena parte de las economías regionales que dependen del gasoil para movilizar producción y mercaderías.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 123/2026 de la Secretaría de Energía, que estableció además que las petroleras deberán cancelar las compras de biodiésel en un plazo máximo de siete días corridos. El nuevo precio regirá durante junio y permanecerá vigente hasta que sea reemplazado por una nueva actualización.

Detrás de la decisión aparece un equilibrio complejo: garantizar rentabilidad a las plantas elaboradoras de biodiésel y sostener el esquema de mezcla obligatoria con combustibles fósiles, sin generar una escalada de costos que termine trasladándose al surtidor

La cadena productiva mira el costo del flete

El sector forestal es probablemente uno de los más expuestos. La industria maderera y de la celulosa moviliza millones de toneladas al año mediante transporte carretero. Un incremento sostenido en los costos del combustible impacta sobre toda la cadena: desde el traslado de rollizos hasta la exportación de productos con valor agregado.

La yerba mate tampoco queda al margen. El movimiento de hoja verde, yerba canchada y producto terminado depende casi exclusivamente de camiones. Lo mismo ocurre con el té, una de las actividades exportadoras más importantes de la provincia.

En un contexto donde los márgenes de rentabilidad siguen siendo ajustados, cualquier modificación en la estructura de costos logísticos se convierte en una variable observada de cerca por cooperativas, secaderos e industrias.

Para el comercio misionero el efecto también existe, aunque de manera indirecta. Los costos de distribución de alimentos, bebidas, materiales de construcción y bienes de consumo masivo están estrechamente vinculados al precio del combustible utilizado por la logística nacional.

Por qué Energía sigue ajustando el biodiésel

La actualización responde al mecanismo previsto en la Ley 27.640, que regula el mercado de biocombustibles y otorga a la Secretaría de Energía la facultad de establecer periódicamente los precios de referencia.

El esquema busca garantizar que los productores de biodiésel puedan operar con una rentabilidad considerada razonable, contemplando: costos de elaboración. Transporte. Materias primas. Costos financieros. Operación industrial.

El biodiésel forma parte del porcentaje obligatorio que las refinadoras deben incorporar al gasoil comercializado en el país, por lo que su valor termina integrando la estructura de costos del combustible.

La Secretaría de Energía argumentó que las condiciones actuales del mercado justificaban una nueva adecuación de precios para junio.

La incógnita para el sector productivo es cuánto de esta actualización terminará trasladándose al precio final del gasoil durante los próximos meses.

La respuesta dependerá de múltiples factores: evolución del petróleo internacional, tipo de cambio, impuestos, costos de refinación y decisiones regulatorias futuras.

Para Misiones, donde el costo logístico es una de las principales barreras para la competitividad, la variable energética sigue siendo tan importante como el tipo de cambio o la presión tributaria.

Una diferencia de pocos puntos porcentuales en el combustible puede terminar reflejándose en el costo de exportar madera, transportar yerba mate o abastecer comercios en el interior provincial.

La actualización del biodiésel confirma que el Gobierno mantiene una política de ajustes periódicos dentro del esquema regulado de biocombustibles. Para las empresas misioneras, el dato relevante no es únicamente el nuevo valor de junio, sino la tendencia que pueda consolidarse durante el segundo semestre.

Si los incrementos continúan y terminan impactando sobre el gasoil, la logística volverá a ocupar un lugar central en la discusión sobre competitividad regional, especialmente en una provincia que compite diariamente con economías fronterizas y que depende del transporte para sostener su perfil exportador.

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YPF reúne a las petroleras y define si traslada la suba del petróleo a los surtidores

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YPF encabezará este lunes una reunión clave con las principales petroleras del país para definir qué ocurrirá con los precios de los combustibles tras el vencimiento del mecanismo de “buffer” aplicado desde abril para contener el traslado de la suba internacional del petróleo a los surtidores locales.

La discusión llega en un contexto de fuerte volatilidad global. El Brent todavía opera por encima de los USD 100 por barril, mientras persiste la tensión geopolítica en Medio Oriente tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. A eso se suma la actualización de impuestos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono dispuesta por el Gobierno nacional desde mayo.

El resultado de esa combinación puede impactar directamente sobre inflación, logística, transporte y consumo interno, especialmente en provincias periféricas como Misiones, donde el costo del combustible tiene incidencia estructural sobre la economía regional.

Se termina el “buffer” que desacopló el petróleo internacional del precio local

El mecanismo impulsado por el CEO de YPF, Horacio Marín, comenzó el 1° de abril y vence el próximo 15 de mayo.

El esquema funcionó como una herramienta de amortiguación temporal frente a la disparada del petróleo internacional. Mientras el Brent llegó a superar los USD 120, las refinadoras continuaron operando internamente con un valor de referencia cercano a los USD 70 por barril, equivalente al precio vigente en marzo.

La diferencia entre el valor real y el valor reconocido internamente quedó registrada en cuentas compensadoras a saldar posteriormente si el precio internacional descendía.

Participaron del acuerdo: refinadoras, empresas integradas, y productoras puras del sector. Entre ellas: YPF, Shell, Axion, Puma, Raízen, Trafigura, Tecpetrol, Pluspetrol, y Fénix.

La decisión permitió moderar el impacto inmediato de la crisis energética global sobre los consumidores argentinos, aunque el mercado ahora espera una corrección gradual del atraso acumulado.

El petróleo bajó, pero la presión sobre los surtidores sigue intacta

Durante los últimos días, el mercado internacional mostró cierta desaceleración tras las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

El WTI cayó hasta los USD 95 por barril, mientras el Brent retrocedió a la zona de USD 101–104. Sin embargo, las petroleras consideran improbable un regreso a los valores previos al conflicto, cuando el crudo cotizaba cerca de los USD 60.

La expectativa del sector es que el petróleo permanezca en torno a los USD 90 incluso si disminuye la tensión militar.

Eso mantiene abierta la presión sobre los surtidores argentinos.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los combustibles acumularon un incremento cercano al 23% en el país.

El Gobierno actualizó impuestos y suma otra presión sobre los precios

La discusión entre las petroleras no se limita al petróleo internacional.

El 30 de abril, el Gobierno nacional oficializó una actualización del 0,5% en los impuestos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono.

Según cálculos difundidos por SDC Asesores Tributarios, la carga impositiva implicaría un aumento potencial de: $11,035 por litro de las naftas, incluyendo impuestos líquidos y CO₂.

La decisión de trasladar total o parcialmente ese costo quedó en manos de las compañías.

La caída del consumo condiciona la decisión de las petroleras

El mercado enfrenta además otro dato sensible: la demanda comenzó a retroceder. Según un informe citado por el sector, las ventas de combustibles cayeron 1,8% en marzo de 2026, mientras la nafta súper registró una baja interanual del 4,1%.

El dato refleja: menor uso de vehículos, deterioro del poder adquisitivo, y límites crecientes para seguir trasladando aumentos al consumidor. Ese escenario explica parte de la cautela que mantuvieron las petroleras durante las últimas semanas.

En provincias como Misiones, el precio de los combustibles tiene efectos más amplios que en los grandes centros urbanos. Cada suba del gasoil repercute sobre: costos logísticos, precios minoristas, competitividad exportadora, y márgenes industriales.

Además, las llamadas asimetrías fronterizas amplifican el problema. Cuando el combustible aumenta en Argentina, la diferencia de costos frente a Paraguay y Brasil afecta el comercio local y el consumo interno.

La presión energética global termina así trasladándose a las economías regionales con más intensidad que en áreas metropolitanas.

La decisión de YPF también tiene impacto político

El rol de YPF durante la crisis energética volvió a posicionar a la petrolera de mayoría estatal como actor central en la administración de precios sensibles para la economía.

El “buffer” permitió desacelerar parcialmente el traslado inmediato del shock internacional sobre inflación y consumo.

Ahora, el fin de ese esquema abre una nueva discusión: cuánto del atraso acumulado absorberán las compañías, cuánto se trasladará a surtidores, y qué margen político existe para nuevos aumentos en un contexto de caída de ventas.

La reunión de este lunes será observada tanto por el mercado energético como por el Gobierno nacional, que enfrenta el desafío de administrar inflación y actividad económica bajo un escenario internacional todavía inestable.

Un mercado pendiente de Medio Oriente y del precio del Brent

La evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán seguirá condicionando las decisiones locales. El sector energético observa especialmente: el comportamiento del Brent, la estabilidad del estrecho de Ormuz, y el impacto de nuevas tensiones militares sobre el comercio global de petróleo.

Por ahora, el mercado descuenta que habrá ajustes en surtidores. La incógnita es la magnitud, el ritmo y la capacidad del consumo argentino para absorber otro incremento en combustibles.

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