Otro de los tantos nombres que se suman a la abultada agenda de enemigos públicos de Estados Unidos es el de Nicolás Maduro. El controvertido líder que gobierna Venezuela con mano de hierro vuelve a estar en el centro de la tormenta. Washington puso precio a su cabeza: cincuenta millones de dólares por información que conduzca a su captura, y veinticinco millones por su principal aliado, Diosdado Cabello.

Los cargos son múltiples: narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y abuso de poder. Sin embargo, detrás de cada acusación también laten los intereses estratégicos de Estados Unidos, que nunca ha disimulado su mirada sobre los recursos venezolanos.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la presión sobre Caracas se ha intensificado. La Casa Blanca sostiene que Maduro encabeza una organización de narcotráfico conocida como el “Cartel de los Soles”, integrada, según las acusaciones, por altos funcionarios del chavismo. Washington no solo lo señala como un régimen corrupto, sino como un actor que combina negocios ilícitos con prácticas cercanas al terrorismo.

La respuesta de Caracas fue reforzar la alerta militar ante una posible invasión. Maduro ordenó movilizar cuatro millones y medio de milicianos, quince mil efectivos en estados fronterizos y un despliegue de buques. A esto se sumó el llamado a reservistas voluntarios. El contraste con la capacidad militar estadounidense es abrumador: destructores frente a las costas venezolanas, submarinos, aviones Poseidon y más de cuatro mil marines listos para actuar.

La comparación con Siria no parece descabellada. Una intervención militar podría convertirse en una guerra sangrienta, que la oposición celebraría como liberación, pero que podría abrir las puertas a una nueva etapa de intervencionismo directo en América Latina.

El trasfondo económico y geopolítico es evidente. Venezuela no solo controla cerca del veinte por ciento de las reservas mundiales de petróleo, sino que mantiene un diferendo con Guyana por el territorio del Esequibo, donde empresas como ExxonMobil operan con fuerte respaldo de Washington. Allí donde hay energía y petróleo, suele estar Estados Unidos.

El paralelismo histórico es inevitable. En la Guerra Fría, América Latina fue considerada el “patio trasero” de Washington, escenario de experimentos políticos y económicos. La historia de Manuel Noriega en Panamá es un espejo: acusado de narcotráfico y de desafiar a los Estados Unidos, fue derrocado en 1989 tras una invasión, capturado y condenado a cuarenta años de prisión. La pregunta es si Maduro puede terminar el mismo camino.

Hoy Venezuela se encuentra aislada. Rusia enfrenta sus propios problemas en Ucrania y busca distender con Estados Unidos. China condena la intimidación, pero no da señales de involucrarse directamente. Trump, por su parte, parece decidido a reinstalar la idea de un “patio trasero” latinoamericano, en línea con las viejas recetas del siglo XX.

Lo que está claro es que el régimen de Maduro no es un modelo transparente ni democrático. Las denuncias de corrupción y los testimonios de los millones de venezolanos que buscaron refugio en otros países lo confirman. Pero una intervención militar extranjera difícilmente sea la solución. Basta con mirar los resultados en Medio Oriente y África para entender que los pueblos terminan pagando un precio altísimo. El futuro venezolano, en cualquier escenario, se anuncia lleno de incertidumbre y sufrimiento.