El escándalo de coimas en el Senado fue un caso de corrupción que comenzó en abril del 2000, en medio de la sanción de la Ley 25.250, conocida como Ley de Flexibilización Laboral, que finalmente llevó a la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez al Senado y luego del presidente De la Rúa en diciembre de 2001.

Corría el mes de abril de 2000 y, entre tanta opulencia (prestada) afuera, el clima social y de descontento se hacía cada vez más denso y hostil.

En esos despachos adornados con obras de la pinacoteca de la colección exclusiva del Senado y la boiserie francesa lustrada hasta el último detalle por los mejores ebanistas, las reuniones no cesaban.

En la Casa Rosada, los grupos económicos y el FMI exigían al presidente De la Rúa la “flexibilización de las leyes laborales”.

La desesperación económica de la sociedad explotaba en las calles. Era un genuino enojo popular. Enojo válido.

Veníamos del país de los 90: una falsa convertibilidad, un Estado aniquilador, ausente, destruido, y una supuesta emergencia del Estado que nos había desguazado y vaciado absolutamente.

Las privatizaciones habían dejado cuantiosas ganancias, obviamente no para la sociedad sino para unos pocos.

La conocida “Ley Banelco” fue fruto de operaciones desesperadas para cumplir con el FMI, que casi siempre pide lo mismo: ajuste a los trabajadores y viejas recetas liberales que, en conjunto, apuntaban a recortar derechos laborales y restar capacidad negociadora a los asalariados.

En el mes de abril se aprobó el proyecto: tuvo media sanción en la Cámara de Diputados con la oposición del peronismo.

En el Senado la relación de fuerzas se invertía. Algunos senadores rápidamente le hicieron saber a De la Rúa que no tenían la menor prisa por sacar la ley.

El peronismo había negociado la aprobación de dos leyes —el Presupuesto y el paquete fiscal— así como también la presidencia provisional del Senado. No iban a ceder más y había que negociar ley por ley, punto por punto.

La Comisión de Legislación Laboral la presidía el peronista Alberto Tell (Jujuy).

Las versiones de asignaciones, promesas, dineros y sobornos sobrevolaban y se sentían cada vez más voces y susurros por esos pasillos que mencioné anteriormente.

El jefe del bloque del PJ era el entrerriano Augusto Alasino.

El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, viendo que eran minoría en el Senado, le dijo a Moyano luego de una reunión: “Para los senadores tengo la Banelco”. Frase que perdura hasta el día de hoy en la memoria de los argentinos. El presidente De la Rúa no anduvo con vueltas para respaldar a Flamarique.

El soborno como arma de negociación parecía ser la única vía que encontraba el gobierno para la aprobación de la norma.

Los pasillos del Senado, sobre todo el Salón Gris, eran un ir y venir de legisladores, gobernadores, sindicalistas y asesores, hasta que Antonio Cafiero, entonces senador por la provincia de Buenos Aires, manifestó que tenía “la certeza de que había sobornos”. Institucionalmente, una declaración muy importante, ya que un senador de la Nación exponía así a sus pares y al gobierno de De la Rúa.

Iba a ser una sesión más que caliente, y así fue. El ministro Flamarique se presentó al Senado y desafió públicamente a los senadores. La sesión fue presidida por el radical José Genoud y, a su lado, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto (quien luego, ante la Justicia, reconoció como arrepentido la existencia de los sobornos).

La ley fue aprobada y De la Rúa siguió negando la existencia del soborno a los senadores.

Al poco tiempo, Flamarique se fue del Ministerio de Trabajo y lo reemplazó Patricia Bullrich.

Nueve meses más tarde, De la Rúa se fue en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una brutal represión al pueblo.

La causa pasó entonces al juez Daniel Rafecas, quien en 2007 procesó a Pontaquarto, al presidente Fernando de la Rúa, al secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, al ministro Flamarique y a los senadores Alberto Tell (Jujuy), Remo Costanzo (Río Negro), Ricardo Branda (Formosa) y Augusto Alasino (Entre Ríos).

El expresidente provisional del Senado, el mendocino Genoud, terminó suicidándose.

Responsabilidad institucional y democrática es, sin dudas, la que debe regir por estos días. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

En el año 2012 fue derogada la llamada Ley Banelco.