MILEI

Milei retiene el núcleo duro, pero el Círculo Rojo ya busca sucesor

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Mientras el denominado “círculo rojo” acelera especulaciones sobre un eventual “mileismo sin Milei”, los datos de opinión pública muestran una paradoja: el Presidente conserva el núcleo más sólido de potencialidad de voto dentro del espacio de centroderecha, mientras Mauricio Macri y Patricia Bullrich no logran perforar ese mismo electorado ni construir una alternativa superadora. El último informe de Zuban Córdoba & Asociados revela que Javier Milei mantiene un voto seguro del 18,7%, por encima de Bullrich (14,3%) y Macri (9,9%), aunque también exhibe un rechazo consolidado del 57,2%, apenas superior al de sus potenciales reemplazos dentro del mismo universo político.

La consultora plantea que el establishment político y económico argentino “suele ser precoz con respecto a sus deseos” y advierte que el fenómeno Milei atraviesa una etapa de desgaste emocional más que de reemplazo político concreto. “Se ilusiona rápido y se desenamora aún más rápido”, señala el análisis, que interpreta la proliferación de nombres alternativos como una reacción típica ante la frustración más que como una construcción electoral real. Según el documento, la discusión sobre sucesores aparece demasiado anticipada, con un Presidente al que aún le resta más de un año y medio de mandato.

Los números refuerzan esa lectura. Milei registra una potencialidad de voto compuesta por 18,7% de voto seguro y 12,7% de quienes lo votarían, mientras Bullrich alcanza 14,3% y 18,1%, y Macri 9,9% y 20,1%. Sin embargo, los tres comparten prácticamente el mismo techo de rechazo: 57,2% en Milei, 56,4% en Bullrich y 56,8% en Macri. La comparación muestra que ni la ministra de Seguridad ni el ex presidente logran ampliar el perímetro electoral del oficialismo: disputan el mismo electorado, pero no suman fuera de él. La propia consultora resume el fenómeno con una frase directa: “Comparten techo y piso”.

Entre quienes votaron a Patricia Bullrich en primera vuelta de 2023, Milei conserva una alta capacidad de retención: 43,9% aún lo votaría, mientras Bullrich mantiene 68,3%. En cambio, Mauricio Macri logra apenas 44,2% de adhesión entre quienes acompañaron a Milei y 79,7% entre votantes originales de Bullrich. La conclusión es clara: Macri y Bullrich no aparecen como figuras expansivas sino como administradores de un mismo capital político ya consolidado por Milei.

El informe también detecta una fractura generacional significativa. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, Milei conserva mejor performance relativa: 43% asegura que lo votaría, mientras Bullrich llega a 47,1% y Macri queda relegado con 35,3%. Pero en el segmento de 31 a 45 años, donde suele consolidarse el voto económico más sensible al deterioro del ingreso, el rechazo hacia Milei escala a 63,1%, un dato que explica parte de la ansiedad del establishment por anticipar escenarios de recambio.

La pregunta de fondo no es sólo quién podría reemplazar a Milei, sino si existe demanda social para un “mileismo sin Milei”. Allí la consultora introduce la principal advertencia política: el gran ausente de las discusiones de la elite es la sociedad misma. “Se especula con candidaturas sin mencionar rumbos”, sostiene el documento. Es decir, la discusión se concentra en nombres, pero no en un proyecto económico capaz de ofrecer estabilidad tras el ajuste.

El círculo rojo parece haber comenzado el duelo antes de tiempo, pero los datos no muestran todavía una viudez electoral consumada. Milei sigue siendo el dueño principal de ese espacio, aun con desgaste y rechazo alto. La búsqueda de herederos parece más un reflejo ansioso del poder que una necesidad expresada por el electorado.

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Chaco: un periodista fue detenido por preguntar al gobernador Zdero

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Un grave episodio de vulneración a la libertad de prensa se registró en la localidad chaqueña de Margarita Belén, cuando el periodista Fernando Ojeda fue detenido de forma arbitraria tras intentar realizarle una pregunta al gobernador Leandro Zdero.

El trabajador del medio TV Local estuvo privado de su libertad durante siete horas bajo una confusa acusación de “promover desorden”.

El incidente, reconstruido por el portal Litigio, se desencadenó durante una visita oficial de Zdero al Club San Martín. Según registros fílmicos, Ojeda se acercó al mandatario para consultarle sobre las deficiencias en el suministro de agua potable de la zona. Ante la pregunta, el gobernador evitó responder, calificó al cronista de “militante kirchnerista” y continuó su marcha. Pocos minutos después, efectivos policiales procedieron a la aprehensión del joven.

La Policía del Chaco emitió un comunicado oficial donde justificó el arresto alegando que el ciudadano intentó “violar el perímetro de seguridad” del gobernador y luego pretendió darse a la fugaLa causa fue encuadrada bajo el artículo 60 del Código de Faltas provincial.

Sin embargo, el jefe de la fuerza, Fernando Romero, brindó una versión distinta en declaraciones con los medios de comunicación. El uniformado negó que el arresto estuviera vinculado a la labor de prensa o a la seguridad del mandatario, y afirmó que se debió a un supuesto “entredicho” e insultos del joven hacia el personal de seguridad a cien metros del club. Además, aseguró desconocer que el detenido era periodista.

El juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, quien ratificó el procedimiento y mantuvo detenido a Ojeda hasta la una de la madrugada, reconoció en diálogo con Litigio que no tomó contacto directo con el cronista ni constató su estado de salud. Pontón admitió que su decisión se basó exclusivamente en la versión policial y afirmó no tener constancia de que el episodio ocurrió durante una cobertura periodística.

“Se comunican conmigo y me ponen en conocimiento de que aparentemente hubo un disturbio. El personal de seguridad intentó apartarlo y luego lo detuvieron”, relató el magistrado, quien finalmente ordenó la libertad de Ojeda al considerar que no había motivos para una prisión preventiva.

El hecho despertó la alerta en el arco periodístico regional, debido al uso de figuras contravencionales “comodín” y la creación de conceptos como la “violación de perímetros” para restringir el acceso de los trabajadores de prensa a los funcionarios públicos.

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Luciana Geuna le ganó a Javier Milei y la película de espías terminó en papelón

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Para repasar, el conflicto había explotado el 19 de abril de 2026, cuando en el programa “¿Y mañana qué?” de TN se emitió un informe realizado por Nacho Salerno utilizando lentes inteligentes con cámara incorporada para mostrar cómo trabaja un periodista acreditado dentro de Casa Rosada. El material incluía imágenes de circulación interna, sectores comunes y recorridos habituales dentro del edificio presidencial.

La reacción del Gobierno fue bastante desproporcionada, incluso para lo dramático que suele ser el gobierno de Javier Milei. La Casa Militar presentó una denuncia penal hablando de “revelación culposa de secretos políticos y militares”, “espionaje ilegal” y “vulneración de la seguridad nacional”, como si Salerno hubiera bajado colgado del techo a lo Tom Cruise y no mostrando un pasillo vacío con olor a café.

La denuncia fue presentada el 22 de abril por el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, ante el juzgado federal de Ariel Lijo, arguyendo que el informe podía exponer detalles logísticos sensibles de la seguridad presidencial, sobre todo cuando, a nivel internacional, hay tensiones entre Irán y aliados estratégicos de Argentina como Estados Unidos e Israel.

Qué resolvió la Justicia sobre Luciana Geuna y la denuncia de Casa Militar

Pero cuando Pollicita analizó el material completo, el castillo de naipes se cayó. En su dictamen, el fiscal sostuvo que, si bien se incumplieron las normas internas de acreditación, lo que pasó no era ni de cerca espionaje.

Más allá de la modalidad clandestina empleada, de la falta de autorización para llevar adelante la actividad y de la consecuente sanción administrativa que ello acarreó, el contenido difundido no reviste la entidad requerida por los tipos penales en trato. Más allá de la modalidad clandestina empleada, de la falta de autorización para llevar adelante la actividad y de la consecuente sanción administrativa que ello acarreó, el contenido difundido no reviste la entidad requerida por los tipos penales en trato.

Pollicita además añadió: “Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público”. Y remató con otro párrafo que dejó expuesto el relato oficinal: “No se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”.

La Justicia pidió archivar la denuncia contra Luciana Geuna y Nacho Salerno por considerar que no hubo espionaje y que solo se filmaron espacios públicos de Casa Rosada. Foto: Urgente24

El dato más incómodo para el Gobierno es que el fiscal recordó que muchas de esas imágenes ya están disponibles públicamente en Google Maps, YouTube, visitas guiadas y hasta en contenidos oficiales de Casa Rosada. O sea, después de días instalando Watergate, la causa terminó pareciendo más a alguien descubriendo tarde internet.

La fiscalía también aclaró algo importante: el Derecho Penal tiene que ser la última herramienta del Estado y no un garrote para disciplinar periodistas. Por eso Pollicita pidió directamente la desestimación de la causa y el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

La guerra de Javier Milei en X que le terminó saliendo al revés

Si el expediente judicial ya era delicado para el oficialismo, en redes sociales se agravó más el cuadro político. Porque Javier Milei respaldó institucionalmente la denuncia y convirtió el caso en una cruzada personal contra Geuna, Salerno y buena parte del periodismo acreditado.

Desde su cuenta de X compartió posteos donde trató a los periodistas de “basuras repugnantes”, “delincuentes” y “basura mentirosa”. Incluso difundió montajes donde Geuna aparecía presa. Uno de los mensajes más virales del Presidente decía: “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes.”

Sin embargo, al saberse la resolución, X (ex Twitter) se llenó de comentarios compartiendo la noticia, e incluso celebrando esto como un “golpe al Gobierno”.

  • “REVÉS JUDICIAL PARA LA PAREJA MILEI”
  • “El fiscal de la causa desestimó la denuncia… Chupala Milei”.
  • “El fiscal Pollicita desestimó… TAMBIÉN FUE UN VERSO LO DE PERIODISTAS QUE ESPIABAN PARA LOS RUSOS.”
  • “LUCIANA GEUNA SOBRESEIDA!!! … Trompada en los dientes al Presidente. El que las hace las paga.”

Recordemos también que la Casa Rosada se olvidó de la democracia y tomó medidas inéditas, como la suspensión de acreditaciones, el cierre temporal de la sala de prensa, al eliminación de huellas biométricas y restricciones específicas para TN y El Trece. Todo eso por un informe que para la Justicia no tenía relevancia penal.

Al final, todo quedó como una especie de remake de Minority Report, pero con funcionarios viendo conspiraciones en corredores vacíos y una causa judicial que, después de tanta espuma, quedó más flaca que el presupuesto universitario.

Fuente Urgente24

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CRA respaldó el rumbo de Milei aunque con exigencias

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El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, respaldó este martes el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei durante la apertura de JONAGRO, aunque reclamó una “hoja de ruta clara” para eliminar las retenciones. 

También defendió el equilibrio fiscal, la desinflación y la modernización del Estado, y pidió construir consensos políticos e institucionales de largo plazo.

El dirigente rural destacó además el acuerdo Mercosur-Unión Europea, reclamó mejoras de infraestructura y defendió organismos como el INTA, SENASA e INASE. También cuestionó al “ambientalismo extremo”, reivindicó la producción en la Patagonia y llamó a sostener la unidad del sector agropecuario en defensa del interior productivo.

Halagos y reclamos

Durante su discurso, el dirigente rural sostuvo que “terminar con la burocracia, ordenar las cuentas públicas y cerrar definitivamente espacios de corrupción no son solamente objetivos administrativos: son condiciones indispensables para liberar el enorme potencial productivo del país”.

Al mismo tiempo arguyó que “dialogar no es claudicar. Dialogar es entender que sin consensos no existen transformaciones profundas ni políticas de Estado capaces de sostenerse en el tiempo”.

Castagnani ponderó a la administración nacional:“valoramos los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas, pero necesitamos una hoja de ruta clara, previsible y definitiva hacia la eliminación total de las retenciones”, dijo.

Pero reclamó por la carga impositiva: “hoy discutir la legalidad de un impuesto o una tasa puede demorar quince o veinte años, mientras el productor sigue soportando cargas indebidas”.

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“La universidad da pocos graduados”, dijo el subsecretario de Políticas universitarias

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El subsecretario de Políticas universitarias Alejandro Álvarez, “la universidad da pocos graduados” y añadió además que “se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional endureció su discurso sobre el sistema de educación superior y oficializó una reducción de $78.768 millones en distintos programas de la Secretaría de Educación, incluida la suspensión de transferencias para obras universitarias.

La decisión quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y coincidió con una ofensiva pública del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó el modelo de financiamiento actual, habló de un sistema “arbitrario” y aseguró que las universidades “dan pocos graduados” pese al nivel de gasto estatal.

El conflicto no se limita a una discusión presupuestaria. El trasfondo combina ajuste fiscal, disputa por el control político de las universidades y redefinición de los criterios de distribución de fondos en uno de los sectores históricamente más sensibles del Estado argentino.

El recorte llega antes de la marcha universitaria

La reducción presupuestaria impacta sobre programas educativos nacionales, infraestructura escolar, becas y universidades. El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados a transferencias a provincias.

También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, utilizado para equiparar salarios mínimos provinciales, con una quita cercana a $8.930 millones.

La poda incluyó además recortes en infraestructura escolar y equipamiento por más de $21.686 millones, una baja de $6.649 millones en programas socioeducativos y una reducción superior a $559 millones en becas estudiantiles.

La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000 millones.

En paralelo, el Gobierno dejó sin efecto transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria por $5.303 millones. Según el anexo de la medida, las obras quedaron suspendidas en trece universidades nacionales.

La Universidad Nacional de La Plata fue la más afectada, con una reducción de $1.043 millones. También registraron recortes las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

La estrategia oficial: cambiar cómo se reparte el presupuesto

Mientras crece la tensión con rectores, sindicatos y centros estudiantiles, el Gobierno intenta instalar otra discusión: no sólo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos.

Álvarez sostuvo que el presupuesto universitario “se designa por rosca política” y planteó que la intención oficial es reemplazar ese esquema por un mecanismo basado en “indicadores objetivos”.

Según explicó, la Subsecretaría trabaja en el cruce de información vinculada a cantidad de docentes y estudiantes para diseñar nuevos parámetros de distribución presupuestaria.

La señal política es relevante porque apunta directamente al corazón del sistema universitario: el criterio histórico de negociación entre universidades, Estado nacional y actores políticos con peso parlamentario y territorial.

El funcionario también afirmó que las universidades reciben actualmente los fondos de funcionamiento “en tiempo y forma” y defendió la política salarial del Ejecutivo frente a los reclamos gremiales.

La pelea por los hospitales universitarios

Otro de los focos de conflicto quedó expuesto en la discusión sobre los hospitales universitarios.

Álvarez rechazó las críticas de la Universidad de Buenos Aires y sostuvo que el Gobierno transfirió regularmente los recursos correspondientes. Según dijo, la disputa real gira en torno a un fondo de refuerzo de $80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país.

“El reclamo de la UBA es otra cosa”, planteó el funcionario, al señalar que la universidad pretende acceder al 95% de ese fondo extraordinario.

La discusión adquiere peso político porque el Hospital de Clínicas se transformó nuevamente en uno de los símbolos visibles de la protesta universitaria y sanitaria.

La narrativa oficial frente a la marcha

El Gobierno endureció además su caracterización política de la movilización convocada en todo el país.

Álvarez definió la protesta como “un acto opositor” y afirmó que las universidades están dominadas por “dos corporaciones”, una política y otra sindical.

Aunque el Ejecutivo intenta separar la discusión presupuestaria de la protesta callejera, la simultaneidad entre los recortes oficializados y la movilización nacional terminó potenciando el conflicto.

La administración de Javier Milei busca sostener el ajuste fiscal sin ceder ante sectores que considera parte del entramado político tradicional. Del otro lado, rectores, gremios y estudiantes intentan reinstalar el financiamiento universitario como un eje de desgaste para el Gobierno.

Qué muestran los números del presupuesto universitario

Según datos citados del CEPA, el Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.

El informe proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, el crédito vigente alcanzaría los $4,87 billones, lo que ampliaría la retracción acumulada al 41,6% respecto de 2023.

El análisis también compara ese escenario con la Ley de Financiamiento Universitario vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada en el Congreso. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026.

En contraste, la propuesta oficial elevaría el crédito a $5,51 billones, aunque eso implicaría —según el CEPA— una caída real del 33,9% frente a 2023.

Álvarez cuestionó además la viabilidad financiera de esa ley y sostuvo que implicaba un aumento salarial del 50% “que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar”.

Impacto regional y tensión sobre las provincias

Aunque los mayores recortes informados corresponden a universidades de otras regiones del país, la discusión impacta también sobre el NEA y Misiones por múltiples vías.

La reducción de programas nacionales de alfabetización y compensación salarial docente afecta transferencias que alcanzan a las provincias. Además, cualquier modificación en los criterios de distribución presupuestaria universitaria podría alterar el esquema de financiamiento futuro para instituciones nacionales del interior.

En regiones con menor densidad económica relativa, las universidades públicas funcionan además como motores de movilidad social, empleo profesional y circulación de recursos estatales.

La combinación entre ajuste fiscal y revisión de criterios de asignación abre un escenario de incertidumbre para las casas de estudio que dependen en gran medida de fondos nacionales.

Un conflicto que excede la cuestión educativa

La discusión universitaria ya dejó de ser únicamente presupuestaria. El Gobierno intenta avanzar sobre mecanismos de financiamiento, control de gastos y lógica de funcionamiento institucional, mientras las universidades buscan preservar autonomía y capacidad de negociación política.

La magnitud de la movilización federal, la reacción del Congreso y la evolución del conflicto salarial serán variables centrales para medir hasta dónde el Ejecutivo puede sostener su estrategia sin ampliar el costo político.

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