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Ueno Bank: empresas del Grupo Vázquez recibieron contratos estatales por US$ 46,4 millones

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La crisis financiera, empresarial y política desatada por el colapso de Ueno Bank continúa ampliando sus consecuencias en Paraguay. A la destitución e imputación del expresidente Santiago Peña se suma ahora un nuevo foco de incertidumbre: contratos estatales por aproximadamente US$ 46,4 millones, adjudicados a seis empresas vinculadas al Grupo Vázquez entre 2023 y 2026.

El relevamiento realizado por el periodista Víctor Ferreira, de ABC Color, sobre información de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), identificó 157 procesos de contratación por 287.630 millones de guaraníes, equivalentes a unos US$ 46,4 millones al tipo de cambio de referencia utilizado.

La concentración es significativa: cinco instituciones públicas reúnen casi el 78% del monto adjudicado, equivalente a US$ 36,1 millones, mientras que Technoma SAECA concentra por sí sola aproximadamente US$ 40,3 millones.

Los contratos estatales, expresados en dólares

Conversión aproximada de los montos originales, tomando G. 6.200 por dólar.

InstituciónMillones de US$
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios14,32
Banco Central del Paraguay9,96
Ministerio de Economía y Finanzas5,09
Ministerio de Tecnologías3,62
Banco Nacional de Fomento3,16
ANDE2,24
Corte Suprema de Justicia1,68
Dinavisa1,17

Technoma SAECA encabeza las adjudicaciones empresariales con aproximadamente US$ 40,35 millones. Le siguen ITTI SAE, con US$ 4,47 millones; Ueno Seguros, con US$ 969.000; Discover Paraguay, con US$ 339.000; Impresión, Distribución y Logística, con US$ 161.000; y Office Design, con US$ 105.000.

Uno de los procesos más importantes que no llegó a concretarse fue la contratación del sistema bancario central del Banco Nacional de Fomento, por US$ 21,9 millones (135.853 millones de guaraníes), que estaba encaminada a ITTI SAE antes de la resolución de Ueno Bank. Este importe no integra los US$ 46,4 millones adjudicados.

La caída de Ueno Bank dejó de ser exclusivamente un problema bancario. Sus consecuencias alcanzan al entramado empresarial del Grupo Vázquez, a organismos públicos que contrataron sus servicios y a las principales instituciones políticas de Paraguay.

Los 287.630 millones de guaraníes adjudicados entre 2023 y 2026 permiten dimensionar la relación comercial de las compañías vinculadas al conglomerado con el Estado, aunque ese monto representa adjudicaciones acumuladas y no necesariamente obligaciones pendientes de pago o contratos actualmente vigentes.

La distinción resulta central para evaluar el verdadero riesgo económico: el volumen histórico de contrataciones no equivale automáticamente al dinero público comprometido en contratos sin ejecutar.

La continuidad de los servicios, la eventual ejecución de garantías y la necesidad de nuevas licitaciones dependerán de las decisiones que adopte cada institución contratante.

En paralelo, la expulsión de Santiago Peña del Partido Colorado y los cuestionamientos a la Fiscalía muestran que la crisis continúa extendiéndose sobre el sistema político paraguayo.

El caso Ueno Bank abre así una nueva etapa, en la que las investigaciones judiciales conviven con interrogantes sobre la continuidad de contratos públicos millonarios y las responsabilidades institucionales derivadas del colapso financiero.

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