Caso Ueno: abrieron la bóveda oculta en la mansión de Santiago Peña y la Fiscalía no encontró dinero ni objetos de valor

La investigación judicial por el escándalo financiero de Ueno Bank sumó este martes un nuevo capítulo con la apertura de la bóveda oculta en la mansión del expresidente paraguayo Santiago Peña, en la localidad de San Bernardino. Después de dos jornadas de procedimientos y de superar un complejo sistema de seguridad, los agentes fiscales y policiales consiguieron acceder al recinto, donde no encontraron dinero en efectivo ni objetos de valor.

La apertura permitió despejar uno de los interrogantes que habían surgido durante el allanamiento iniciado el domingo 8 de noviembre, cuando los investigadores descubrieron un compartimento de alta seguridad oculto detrás de una pared falsa. La estructura contaba con dos puertas blindadas: los intervinientes lograron abrir la primera, pero la segunda presentó dificultades técnicas que obligaron a suspender temporalmente esa parte del procedimiento y mantener la residencia bajo custodia.

Según informó la Fiscalía, el acceso finalmente fue posible después de que Peña, por intermedio de su abogado, indicara dónde se encontraba la llave de seguridad. La fiscal Silvia González explicó que esa información permitió completar la apertura sin recurrir a las alternativas que se habían evaluado previamente para superar el mecanismo de protección.

De acuerdo con la explicación proporcionada por la defensa del exmandatario, el compartimento funcionaba como una habitación de pánico, destinada a brindar protección ante eventuales situaciones de emergencia. La inspección judicial determinó que no había dinero ni bienes de valor en su interior, aunque la Fiscalía no había difundido inicialmente un inventario detallado ni imágenes oficiales del procedimiento.

La mansión pasa a manos de la administración estatal

Otro de los aspectos relevantes del procedimiento fue el cambio de custodia de la residencia. Una vez finalizadas las actuaciones en el inmueble, la propiedad quedó bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), organismo encargado de administrar los bienes sometidos a medidas judiciales.

La titular de la institución, Teresa Rojas de Jara, estuvo presente durante las actuaciones. Con el traspaso de responsabilidades, los efectivos militares que mantenían la vigilancia de la residencia fueron relevados y la SENABICO asumió la administración del inmueble.

La medida incorpora un componente patrimonial a la investigación, ya que la propiedad no solamente constituye uno de los escenarios de los allanamientos, sino que también está bajo análisis por su financiamiento y la relación crediticia que mantuvo el expresidente con Ueno Bank.

Los créditos para construir la residencia, bajo la lupa judicial

Uno de los puntos que concentra la atención de la investigación es el esquema de financiamiento de la residencia de verano de Peña. La construcción habría demandado aproximadamente 7.700 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1,25 millones de dólares según los datos difundidos por la prensa paraguaya.

El 13 de mayo de 2024, cuando Peña ejercía la Presidencia, Ueno Bank le otorgó dos préstamos simultáneos por un total de 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 575.200 dólares según la información publicada.

Las cuotas mensuales correspondientes a esos compromisos financieros alcanzaban los 239 millones de guaraníes, una cifra que representaba aproximadamente seis veces el salario presidencial informado para ese período, de 37.908.800 guaraníes mensuales.

La relación entre el financiamiento de la propiedad, las condiciones de los créditos y los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el grupo económico constituye uno de los aspectos que busca esclarecer la investigación. La comparación entre las cuotas y la remuneración presidencial expone una dimensión económica del caso que deberá analizarse junto con la documentación financiera y patrimonial correspondiente.

La investigación sobre Ueno Bank y el alcance del caso

La apertura de la bóveda se inscribe en una investigación más amplia sobre el cierre por insolvencia de Ueno Bank y la situación del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial al que pertenecía la entidad financiera y con el que Peña mantuvo vínculos como accionista hasta el año pasado.

Las actuaciones judiciales buscan determinar si existieron irregularidades en la administración de la entidad, posibles beneficios indebidos y responsabilidades vinculadas con las decisiones financieras y empresariales que precedieron a la crisis.

El caso adquirió una dimensión institucional y económica por sus implicancias sobre el sistema financiero paraguayo y la situación de los ahorristas. La crisis de Ueno Bank derivó en la intervención de la entidad y en una serie de allanamientos que alcanzaron propiedades vinculadas con el expresidente, dependencias empresariales y domicilios de otros involucrados.

En ese contexto, la investigación también apunta a reconstruir movimientos financieros, identificar documentación relevante y establecer eventuales responsabilidades patrimoniales. La revisión de los elementos incautados y el análisis de las operaciones crediticias serán determinantes para avanzar en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades.

Peña fue imputado por presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio, y permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, según los reportes difundidos este martes. Las imputaciones constituyen acusaciones judiciales que deberán ser examinadas en el proceso correspondiente.

La apertura de la bóveda cierra una instancia puntual del allanamiento, pero no resuelve las principales incógnitas del expediente. El foco de la investigación continúa puesto en las operaciones de Ueno Bank, las relaciones financieras con el grupo empresarial y el eventual perjuicio económico derivado de las maniobras bajo análisis.

En términos institucionales, el desafío para las autoridades paraguayas será traducir los procedimientos de investigación en información verificable sobre el origen y destino de los recursos, las responsabilidades de los involucrados y los mecanismos de recuperación de activos, en una causa que excede la situación patrimonial de un exmandatario y compromete la confianza pública en el sistema financiero.