A medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Argentina exhibe una paradoja profunda: la democracia sigue siendo el horizonte político preferido por una mayoría clara, pero al mismo tiempo pierde solidez en la evaluación cotidiana de su funcionamiento. Esa es, acaso, la principal conclusión que deja el estudio nacional de Zuban Córdoba, realizado entre el 11 y el 14 de marzo de 2026 sobre 1.500 casos en todo el país, con un margen de error de +/- 2,53%.

El dato más contundente marca que 66,3% de los consultados sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que 12,1% admite que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible, y 13,4% afirma que le da igual un régimen u otro. Es un piso de legitimidad democrática todavía robusto, sobre todo si se lo observa en perspectiva histórica y en un contexto regional e internacional atravesado por fatiga institucional, polarización y discursos de orden. 

Pero ese respaldo convive con otra señal menos tranquilizadora: 48,6% evalúa como inadecuado el funcionamiento actual de la democracia argentina, contra 42% que lo considera adecuado.

Ahí aparece el núcleo del problema. La democracia no está siendo rechazada como principio, pero sí está siendo cuestionada como experiencia. Es decir: la sociedad no parece poner en discusión el valor del sistema democrático, sino su capacidad concreta para resolver problemas, garantizar derechos y ofrecer representación eficaz. La democracia conserva crédito simbólico, pero ese capital empieza a erosionarse cuando se lo mide en términos de desempeño real.

En ese marco, la memoria sobre la última dictadura continúa ocupando un lugar central en la cultura política argentina, aunque ya no con la homogeneidad de otros ciclos. El 68,6% acuerda con que la dictadura cívico-militar fue un período de violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades, y 57,1% la caracteriza como una dictadura que llevó adelante un plan de desaparición de personas y violó sistemáticamente los derechos humanos. 

Sin embargo, el dato que exige atención es que 25,2% todavía adopta la definición del “proceso de reorganización nacional” que enfrentó una guerra contra el terrorismo, una formulación directamente asociada a la narrativa justificatoria del terrorismo de Estado.

Ese cuarto de la muestra no es mayoría, pero tampoco es marginal. En términos políticos, revela que el consenso democrático sobre el pasado sigue siendo predominante, aunque ya no inmune a la disputa de sentido. Cincuenta años después, la batalla por la memoria no está saldada: sigue abierta en el lenguaje, en la interpretación histórica y en la forma en que sectores de la sociedad reorganizan su vínculo con el pasado reciente.

De todos modos, el estudio también confirma que la memoria sigue teniendo una fuerte legitimidad social. El 57,4% considera “muy importante” mantener viva la memoria sobre lo ocurrido durante la última dictadura y otro 16,2% la juzga “algo importante”. En conjunto, eso configura una mayoría de 73,6% que le asigna relevancia al trabajo memorial. No es un dato menor: aún en una sociedad cansada, fragmentada y sometida a tensiones económicas permanentes, la memoria no aparece como una agenda residual, sino como una pieza todavía viva de la identidad democrática argentina.

Pero el informe agrega otra capa de lectura: la persistencia de la memoria no implica satisfacción con el presente. De hecho, el trabajo sugiere que la memoria democrática convive con una percepción de insuficiencia institucional. Eso se refleja también en el plano educativo. Solo 15,8% cree que la educación prepara de manera suficiente a los jóvenes para la vida democrática; 47,6% dice que lo hace, pero de manera insuficiente; y 31% considera directamente que no los prepara. El dato es relevante porque desplaza la discusión desde la mera conmemoración hacia la transmisión intergeneracional de valores, herramientas y cultura política.

Si la democracia es preferida, pero no necesariamente comprendida, practicada o enseñada con la densidad suficiente, el problema deja de ser solo institucional y pasa a ser también pedagógico. La pregunta, entonces, no es únicamente cuánta memoria conserva la sociedad, sino qué capacidad tiene para traducir esa memoria en ciudadanía democrática activa.

Otro aspecto importante del estudio es la fragmentación social de esas percepciones. Entre quienes votaron a Sergio Massa en el ballotage, la mirada sobre la dictadura es mucho más contundente: 86,4% acuerda con que fue un período de violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades, frente a 56,8% entre quienes votaron a Javier Milei. Algo similar ocurre en la caracterización del período 1976-1983: entre votantes de Massa, 80,5% lo define como una dictadura con desaparición de personas y violación sistemática de derechos humanos; entre votantes de Milei, ese porcentaje cae a 41,2%, mientras 41,7% adopta la idea de una guerra contra el terrorismo.

Esos números muestran que la memoria ya no sólo ordena el vínculo con el pasado, sino también las identidades políticas del presente. La lectura sobre la dictadura funciona, en parte, como un clivaje ideológico contemporáneo. No se trata únicamente de historia: se trata de cómo se lee la democracia actual, el rol del Estado, los derechos humanos y la legitimidad de ciertos discursos públicos.

También hay un corte etario que merece ser observado. El apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno sube con la edad: 56,2% entre 18 y 30 años, 57,2% entre 31 y 45, 65,5% entre 45 y 60 y 80% entre mayores de 60 años. En paralelo, los más jóvenes son quienes exhiben mayores niveles de indiferencia frente al tipo de régimen político: 20,7% entre 18 y 30 años dice que le da igual un gobierno u otro.

Ese dato debería encender alarmas. No porque los jóvenes estén abrazando masivamente posiciones autoritarias -el estudio no permite afirmar eso-, sino porque evidencia una relación más distante, menos emotiva o menos comprometida con la democracia como conquista histórica. Allí vuelve a aparecer el problema educativo y cultural: una democracia que no logra enamorar a las nuevas generaciones corre el riesgo de ser aceptada como formato, pero no defendida como convicción.

También es significativa la diferencia por género en la evaluación del funcionamiento democrático. El 48% de los varones considera adecuado el funcionamiento de la democracia actual, contra 36,7% de las mujeres. A la inversa, 50,5% de las mujeres la evalúa como inadecuada, por encima del 46,1% de los hombres. Esto puede leerse como una señal de que la experiencia democrática no se vive de manera uniforme: los déficits de representación, igualdad y acceso efectivo a derechos impactan de manera diferencial según el lugar social desde el que se mira.

En definitiva, el estudio deja una conclusión tan potente como incómoda: a 50 años del golpe, la democracia argentina sigue teniendo legitimidad moral, pero enfrenta una erosión de eficacia. La memoria del terrorismo de Estado conserva mayoría, pero ya no unanimidad cultural. Y la sociedad, lejos de romper con la democracia, parece interpelarla con más severidad: la sostiene como valor, pero le exige resultados, densidad institucional y capacidad de respuesta.

Ese quizá sea el dato más político de todos. Medio siglo después del quiebre institucional más brutal de la historia reciente, la Argentina no exhibe una nostalgia mayoritaria por el autoritarismo. Lo que muestra es algo más complejo y más desafiante: una ciudadanía que todavía elige la democracia, pero que ya no está dispuesta a otorgarle un cheque en blanco.