Opinión pública argentina

Alarma en Casa Rosada: seis de cada diez rechazan la reelección de Milei

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El último relevamiento nacional de Zuban & Córdoba dejó una señal política incómoda para la Casa Rosada: hoy, la reelección de Javier Milei no aparece como un horizonte consolidado, sino como una hipótesis resistida por una clara mayoría. Apenas el 29,4% afirma que votaría por un nuevo mandato del Presidente, mientras que el 60,7% dice que no lo haría y un 9,9% todavía no lo sabe. La foto es más severa aún cuando se la traduce en clima de época: el 60,6% está en desacuerdo con la idea de que Milei deba gobernar un segundo período.

El oficialismo conserva un núcleo duro nítido, pero perdió capacidad de expansión y, sobre todo, enfrenta un desgaste que ya no se explica únicamente por la economía. En la base de apoyo todavía pesan la confianza en el liderazgo presidencial y el rechazo al peronismo, pero en el rechazo empiezan a mezclarse con más fuerza la mala gestión económica, las promesas incumplidas y los cuestionamientos por corrupción. Ese combo vuelve más frágil la arquitectura política con la que Milei llegó al poder.

La encuesta, realizada entre el 1 y el 3 de abril de 2026 sobre 2.200 casos de población general mayor de 16 años, con un margen de error de +/- 2,09% y 95% de confianza, ofrece una radiografía precisa del momento político nacional. Y la conclusión central es clara: el Gobierno mantiene volumen, pero perdió centralidad emocional positiva. Hoy domina más el límite que la expectativa.

Entre quienes sí volverían a votar a Milei, la razón principal no es una mejora material tangible, sino la confianza personal en su conducción. El 47% de ese universo responde que lo apoyaría porque confía en su liderazgo. Bastante más atrás aparecen el miedo o rechazo a la alternativa peronista, con 21,6%, y la valoración de que tiene las mejores políticas, con 20,2%. Apenas el 7,9% lo haría porque lo considera honesto y sólo el 2,6% por beneficios personales o familiares. El dato es relevante porque muestra que el sostén del oficialismo sigue siendo eminentemente subjetivo y político, mucho más vinculado a la figura presidencial que a resultados concretos o a una percepción extendida de integridad.

Entre quienes no lo votarían, la estructura del rechazo es bastante más dura y homogénea. El 47% atribuye su negativa a la mala gestión económica, el 24,7% a las promesas incumplidas y el 21,5% a los casos de corrupción. Apenas el 3,5% menciona su escaso liderazgo. En otras palabras, el problema del Gobierno no aparece en la encuesta como una crisis de autoridad, sino como una crisis de resultados y credibilidad. Esa diferencia no es menor: un presidente puede compensar déficit de carisma con eficacia, pero cuando se erosionan al mismo tiempo el bolsillo y la confianza, la capacidad de recomposición suele ser mucho más compleja.

Ese deterioro también se observa al revisar qué pasó con el apoyo original desde el ballotage de 2023. El 42,9% afirma que su apoyo sigue igual y el 19,9% dice que aumentó, pero el 24,7% sostiene que disminuyó y el 9,2% directamente dejó de apoyar por completo. Sumados, quienes redujeron o retiraron su respaldo llegan al 33,9%. Es un tercio del electorado que alguna vez lo acompañó y que hoy muestra signos de fatiga o decepción.

Cuando se profundiza sobre ese segmento que se alejó, la economía vuelve a ser el gran factor de desgaste. El 47,7% de quienes disminuyeron o quitaron su apoyo señala a la situación económica como causa principal. Luego aparecen las promesas incumplidas, con 18,9%; el aumento de la corrupción, con 12,7%; y el mal manejo de la crisis, con 9,1%. Es decir: aun entre antiguos votantes de Milei, el desencanto ya no se limita a la paciencia frente al ajuste. Empieza a incorporar componentes éticos y de gestión que perforan la narrativa original del cambio.

En cambio, entre quienes mantienen o ampliaron su apoyo, la razón dominante es la percepción de buena gestión en crisis, con 39,6%, seguida por la confianza en el liderazgo, con 29,2%, y la mejora en políticas públicas, con 14,8%. Otra vez, los datos muestran que el oficialismo retiene adhesión sobre todo en quienes todavía interpretan el presente como una etapa de transición difícil pero necesaria. Sin embargo, ese argumento parece no estar alcanzando para ampliar la base.

Hay otro dato que merece una lectura fina: el sistema político todavía no logra construir una alternativa convincente, pero la sociedad muestra ganas de buscarla. El 48,2% apoyaría una alianza entre varios partidos para derrotar a Milei. A su vez, el 46,4% votaría a un espacio de centro más moderado. 

Y todavía más expresivo: el 62,4% cree que Argentina necesita un candidato nuevo, no vinculado con ninguno de los partidos actuales. Esa cifra probablemente sea una de las más importantes del estudio porque revela que la insatisfacción no deriva automáticamente en una recuperación lineal de las fuerzas tradicionales. Hay malestar con Milei, pero también persistente desconfianza hacia el resto del sistema.

Ese punto ayuda a entender por qué el oficialismo aún no enfrenta una amenaza electoral plenamente ordenada. La encuesta marca que el 60,3% considera que la oposición a Milei está desorganizada. Incluso cuando casi la mitad apoyaría una coalición amplia para derrotarlo, la percepción dominante sigue siendo que del otro lado falta coordinación, estrategia y liderazgo. 

La debilidad del Gobierno convive, así, con la debilidad de sus rivales. Esa coexistencia es, acaso, el principal activo táctico de Milei de cara al mediano plazo.

También resulta sugestivo el dato sobre una eventual ampliación oficialista: ante la frase “Milei debería sumar al PRO, la UCR y varios partidos provinciales si quiere ser reelegido”, el 30,4% está de acuerdo, el 39,3% en desacuerdo y el 30,3% no sabe. No hay allí un mandato social claro a favor de una coalición tradicional encabezada por el Presidente. Más bien aparece una sociedad fragmentada, con muchas dudas sobre la mejor fórmula para la gobernabilidad futura.

Por eso, la novedad más importante del estudio no es sólo que Milei pierda volumen reeleccionista. Es que empieza a consolidarse una demanda de recambio que no encuentra todavía vehículo. El Gobierno conserva un piso, pero no logra construir techo. La oposición percibida como desorganizada impide que ese malestar se convierta rápidamente en alternativa. Y la demanda de un candidato nuevo, por fuera de los partidos actuales, confirma que la crisis de representación sigue abierta.

En términos políticos, la encuesta deja tres alertas rojas para la Casa Rosada. La primera: la reelección hoy es una posición minoritaria. La segunda: la economía sigue siendo el principal factor de erosión. La tercera: la corrupción ya dejó de ser ruido periférico y empezó a entrar en la estructura del rechazo. Cuando eso ocurre, el problema no es sólo de gestión; pasa a ser de legitimidad.

El mileísmo entró en una fase más exigente. Ya no le alcanza con resistir. Necesita volver a convencer. Milei sigue en el centro de la escena, pero 2027 dejó de parecer una autopista y empezó a verse como una curva peligrosa.

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AdorniGate: 70% quiere su renuncia y el Gobierno queda en el centro del desgaste

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El escándalo que envuelve a Manuel Adorni dejó de ser un ruido pasajero para convertirse en un problema político de primera magnitud. Los datos no dejan margen para la interpretación: la crisis ya no es mediática ni coyuntural, es estructural y golpea directamente en la credibilidad del Gobierno.

El relevamiento nacional de Zuban & Córdoba, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre 1.200 casos, expone una fotografía contundente: 66% de imagen negativa contra apenas 21,5% de positiva . La diferencia no es sólo amplia: es políticamente crítica.

Pero el dato más relevante no está en la foto, sino en la película. Hace un año, el vocero presidencial se movía en niveles de rechazo cercanos al 50%. Hoy ese número se disparó hasta el 66%, mientras la imagen positiva se derrumbó desde niveles superiores al 40% a poco más del 21%. No hay zona gris: el desgaste se consolidó y se volvió irreversible en el corto plazo.

A diferencia de otras crisis, el caso logró una penetración social casi total. El 72% de los consultados afirma haber escuchado “bastante” o “algo” sobre las denuncias, mientras que apenas un 5,8% dice no saber nada . Es decir, el tema dejó de ser agenda mediática para transformarse en conversación pública.

En ese contexto, emerge un dato que enciende todas las alarmas: el 77,9% de la sociedad cree que Adorni debe explicar cómo paga sus viajes. No se trata de un reclamo partidario, sino de un consenso transversal sobre la necesidad de transparencia.

El punto de máxima tensión aparece en la pregunta más directa: la continuidad en el cargo. Allí, el resultado es lapidario: el 70,4% considera que Adorni debería renunciar. No es una mayoría ajustada ni circunstancial, sino un rechazo amplio que erosiona la sustentabilidad política del vocero.

Pero el golpe más profundo no está en la figura individual, sino en la percepción sobre la respuesta oficial. El 70,2% cree que la defensa del Gobierno fue una estrategia para “tapar” o dilatar el tema, mientras que sólo el 15,3% la considera transparente . En términos políticos, esto implica un salto cualitativo: la crisis deja de ser sobre un funcionario y pasa a ser sobre la credibilidad del Gobierno.

Incluso cuando se consulta qué debería haberse hecho, la sociedad marca un camino claro: mostrar pruebas (31,6%), dar un paso al costado (17,5%) o responder sin confrontar (15,9%) . La lógica social es consistente: explicar o apartarse. Todo lo demás profundiza el daño.

En este escenario, el #AdorniGate se transforma en algo más que un episodio incómodo. Es un test de gobernabilidad comunicacional. Y los datos sugieren que, lejos de cerrarse, la crisis abre una grieta más profunda: la de la confianza.

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Una encuesta revela 18 puntos de caída en la imagen positiva de Milei en Posadas

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Un monitoreo de opinión pública realizado en Posadas, Misiones, desde agosto de 2025 hasta  marzo de 2026 por MRVT Consultora, evidencia un deterioro sostenido en la imagen positiva del  presidente Javier Milei. 

Los indicadores muestran una trayectoria descendente que ha perforado los niveles de consenso alcanzados al inicio del mandato. Esta dinámica sugiere una  tendencia estructural de desgaste, donde el factor económico aparece como el principal punto de inflexión en la percepción ciudadana, sumado al impacto de denuncias por hechos de corrupción. 

El análisis de la serie histórica revela que, tras alcanzar un techo de imagen positiva del 57% en septiembre, la valoración favorable inició un retroceso sistemático, acumulando una pérdida de 18 puntos porcentuales al cierre del periodo. Este comportamiento se correlaciona con un incremento de la imagen negativa, sugiriendo una transferencia de sectores moderados hacia el bloque crítico. 

El segmento de “No sabe/No contesta” se ha mantenido en niveles bajos y estables (promediando el 14%), lo que indica un escenario de alta polarización donde la ciudadanía ha definido su postura de manera creciente. 

Un hito determinante es el quiebre estadístico de febrero, momento en el cual el diferencial de  imagen se situó por primera vez en terreno negativo. En dicho mes, la imagen negativa (42%) superó a la positiva (41%), configurando un escenario de empate técnico con tendencia decreciente. Para cualquier gestión, el cruce de estas variables representa una señal de agotamiento del capital político inicial.

Al cierre de marzo, la imagen negativa alcanza su punto máximo del 47%, frente a un soporte de  imagen positiva del 39%. La volatilidad del diferencial neto -que pasó de +26 a -8 puntos- refleja  una degradación de 34 puntos netos en siete meses. Este comportamiento indica que el núcleo  duro del respaldo presidencial tiende al aislamiento, mientras crece el segmento de ciudadanos cuya opinión ha mutado ante la ausencia de resultados tangibles en el bienestar cotidiano. 

La dinámica de los datos muestra que, si bien el núcleo identitario del apoyo oficial permanece  rígido, el desplazamiento hacia la negatividad se explica por la migración de sectores  independientes y votantes moderados. 

Esta transición en los estratos medios es la que  fundamenta la caída del diferencial neto, señalando que la pérdida de consenso ocurre  principalmente en las periferias del electorado y no en su base electoral más dura. 

Ficha Técnica: Este relevamiento fue realizado en la ciudad de Posadas, Misiones, utilizando un  sistema de encuesta panel. La metodología consistió en el seguimiento de los mismos grupos a lo  largo de los meses analizados, garantizando una trazabilidad precisa de los cambios de opinión.

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A 50 años del golpe: la democracia resiste como ideal, pero cruje en su experiencia cotidiana

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A medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Argentina exhibe una paradoja profunda: la democracia sigue siendo el horizonte político preferido por una mayoría clara, pero al mismo tiempo pierde solidez en la evaluación cotidiana de su funcionamiento. Esa es, acaso, la principal conclusión que deja el estudio nacional de Zuban Córdoba, realizado entre el 11 y el 14 de marzo de 2026 sobre 1.500 casos en todo el país, con un margen de error de +/- 2,53%.

El dato más contundente marca que 66,3% de los consultados sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que 12,1% admite que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible, y 13,4% afirma que le da igual un régimen u otro. Es un piso de legitimidad democrática todavía robusto, sobre todo si se lo observa en perspectiva histórica y en un contexto regional e internacional atravesado por fatiga institucional, polarización y discursos de orden. 

Pero ese respaldo convive con otra señal menos tranquilizadora: 48,6% evalúa como inadecuado el funcionamiento actual de la democracia argentina, contra 42% que lo considera adecuado.

Ahí aparece el núcleo del problema. La democracia no está siendo rechazada como principio, pero sí está siendo cuestionada como experiencia. Es decir: la sociedad no parece poner en discusión el valor del sistema democrático, sino su capacidad concreta para resolver problemas, garantizar derechos y ofrecer representación eficaz. La democracia conserva crédito simbólico, pero ese capital empieza a erosionarse cuando se lo mide en términos de desempeño real.

En ese marco, la memoria sobre la última dictadura continúa ocupando un lugar central en la cultura política argentina, aunque ya no con la homogeneidad de otros ciclos. El 68,6% acuerda con que la dictadura cívico-militar fue un período de violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades, y 57,1% la caracteriza como una dictadura que llevó adelante un plan de desaparición de personas y violó sistemáticamente los derechos humanos

Sin embargo, el dato que exige atención es que 25,2% todavía adopta la definición del “proceso de reorganización nacional” que enfrentó una guerra contra el terrorismo, una formulación directamente asociada a la narrativa justificatoria del terrorismo de Estado.

Ese cuarto de la muestra no es mayoría, pero tampoco es marginal. En términos políticos, revela que el consenso democrático sobre el pasado sigue siendo predominante, aunque ya no inmune a la disputa de sentido. Cincuenta años después, la batalla por la memoria no está saldada: sigue abierta en el lenguaje, en la interpretación histórica y en la forma en que sectores de la sociedad reorganizan su vínculo con el pasado reciente.

De todos modos, el estudio también confirma que la memoria sigue teniendo una fuerte legitimidad social. El 57,4% considera “muy importante” mantener viva la memoria sobre lo ocurrido durante la última dictadura y otro 16,2% la juzga “algo importante”. En conjunto, eso configura una mayoría de 73,6% que le asigna relevancia al trabajo memorial. No es un dato menor: aún en una sociedad cansada, fragmentada y sometida a tensiones económicas permanentes, la memoria no aparece como una agenda residual, sino como una pieza todavía viva de la identidad democrática argentina.

Pero el informe agrega otra capa de lectura: la persistencia de la memoria no implica satisfacción con el presente. De hecho, el trabajo sugiere que la memoria democrática convive con una percepción de insuficiencia institucional. Eso se refleja también en el plano educativo. Solo 15,8% cree que la educación prepara de manera suficiente a los jóvenes para la vida democrática; 47,6% dice que lo hace, pero de manera insuficiente; y 31% considera directamente que no los prepara. El dato es relevante porque desplaza la discusión desde la mera conmemoración hacia la transmisión intergeneracional de valores, herramientas y cultura política.

Si la democracia es preferida, pero no necesariamente comprendida, practicada o enseñada con la densidad suficiente, el problema deja de ser solo institucional y pasa a ser también pedagógico. La pregunta, entonces, no es únicamente cuánta memoria conserva la sociedad, sino qué capacidad tiene para traducir esa memoria en ciudadanía democrática activa.

Otro aspecto importante del estudio es la fragmentación social de esas percepciones. Entre quienes votaron a Sergio Massa en el ballotage, la mirada sobre la dictadura es mucho más contundente: 86,4% acuerda con que fue un período de violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades, frente a 56,8% entre quienes votaron a Javier Milei. Algo similar ocurre en la caracterización del período 1976-1983: entre votantes de Massa, 80,5% lo define como una dictadura con desaparición de personas y violación sistemática de derechos humanos; entre votantes de Milei, ese porcentaje cae a 41,2%, mientras 41,7% adopta la idea de una guerra contra el terrorismo.

Esos números muestran que la memoria ya no sólo ordena el vínculo con el pasado, sino también las identidades políticas del presente. La lectura sobre la dictadura funciona, en parte, como un clivaje ideológico contemporáneo. No se trata únicamente de historia: se trata de cómo se lee la democracia actual, el rol del Estado, los derechos humanos y la legitimidad de ciertos discursos públicos.

También hay un corte etario que merece ser observado. El apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno sube con la edad: 56,2% entre 18 y 30 años, 57,2% entre 31 y 45, 65,5% entre 45 y 60 y 80% entre mayores de 60 años. En paralelo, los más jóvenes son quienes exhiben mayores niveles de indiferencia frente al tipo de régimen político: 20,7% entre 18 y 30 años dice que le da igual un gobierno u otro.

Ese dato debería encender alarmas. No porque los jóvenes estén abrazando masivamente posiciones autoritarias -el estudio no permite afirmar eso-, sino porque evidencia una relación más distante, menos emotiva o menos comprometida con la democracia como conquista histórica. Allí vuelve a aparecer el problema educativo y cultural: una democracia que no logra enamorar a las nuevas generaciones corre el riesgo de ser aceptada como formato, pero no defendida como convicción.

También es significativa la diferencia por género en la evaluación del funcionamiento democrático. El 48% de los varones considera adecuado el funcionamiento de la democracia actual, contra 36,7% de las mujeres. A la inversa, 50,5% de las mujeres la evalúa como inadecuada, por encima del 46,1% de los hombres. Esto puede leerse como una señal de que la experiencia democrática no se vive de manera uniforme: los déficits de representación, igualdad y acceso efectivo a derechos impactan de manera diferencial según el lugar social desde el que se mira.

En definitiva, el estudio deja una conclusión tan potente como incómoda: a 50 años del golpe, la democracia argentina sigue teniendo legitimidad moral, pero enfrenta una erosión de eficacia. La memoria del terrorismo de Estado conserva mayoría, pero ya no unanimidad cultural. Y la sociedad, lejos de romper con la democracia, parece interpelarla con más severidad: la sostiene como valor, pero le exige resultados, densidad institucional y capacidad de respuesta.

Ese quizá sea el dato más político de todos. Medio siglo después del quiebre institucional más brutal de la historia reciente, la Argentina no exhibe una nostalgia mayoritaria por el autoritarismo. Lo que muestra es algo más complejo y más desafiante: una ciudadanía que todavía elige la democracia, pero que ya no está dispuesta a otorgarle un cheque en blanco.

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Mayoría pide bajar la edad de imputabilidad y avala la reforma laboral en medio de la crisis

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La nueva medición del Monitor de Opinión Pública exhibe una clara sintonía entre los temas en debate legislativo y la opinión pública. El 64,2% se muestra a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13/14 años, mientras que el 48,6% respalda la reforma laboral actualmente en discusión. En ese contexto, el Gobierno nacional logra apropiarse de la agenda pública y convertirla en capital político, algo que se refleja en la imagen positiva de Javier Milei, que alcanza el 47%, en un escenario de fuerte polarización.

La demanda de bajar la edad de imputabilidad no se explica únicamente por la agenda de seguridad, sino por el clima general que refleja el MOP. La situación económica aparece como el principal problema del país y el 46,8% evalúa negativamente el rumbo nacional. En ese marco de malestar, crece la expectativa de respuestas firmes y decisiones concretas. La discusión penal se inscribe en esa lógica: cuando la percepción de fragilidad aumenta, la tolerancia social disminuye y el reclamo de orden se vuelve transversal.

La encuesta también muestra que el desempleo figura entre las principales preocupaciones y que el 41,9% atravesó la pérdida de trabajo propia o en su entorno cercano durante el último año. A esto se suma que el 76,1% considera que su salario no le gana a la inflación. Este escenario de inestabilidad económica y deterioro del poder adquisitivo impulsa la búsqueda de cambios estructurales, particularmente en el mercado laboral, donde casi la mitad de la sociedad se muestra dispuesta a respaldar modificaciones de fondo.

En una economía con altos niveles de informalidad y condiciones laborales frágiles, se consolida además un fuerte desgaste de los actores sindicales tradicionales. El MOP de noviembre ya había registrado una mala imagen de los gremios, con alrededor del 65% de evaluación negativa. A ello se sumó el amplio respaldo social a la eliminación de las cuotas sindicales obligatorias, aunque finalmente el Gobierno y la CGT acordaron mantenerlas. Ese contraste expone una brecha entre la dirigencia sindical y el humor social: mientras las cúpulas gremiales resisten cambios y defienden estructuras de financiamiento propias, una parte significativa del electorado cuestiona su representatividad y su capacidad real de mejorar las condiciones laborales.

En este marco, la reforma laboral no es leída exclusivamente en clave ideológica, sino como una posible ruptura con un sindicalismo percibido como corporativo y desconectado de los trabajadores más vulnerables, especialmente los informales y precarizados. La resistencia de la CGT, lejos de generar un respaldo automático, se enfrenta a una opinión pública que muestra fatiga frente a un modelo sindical que no logra revertir ni la informalidad ni la pérdida del poder adquisitivo.

Con ambos proyectos ya con media sanción en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa se consolida como uno de los ejes centrales en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. La combinación entre demanda de orden en materia penal y disposición a discutir reformas laborales configura un escenario en el que el Congreso debate iniciativas que cuentan con respaldo social significativo y que pueden redefinir el equilibrio político en el inicio del nuevo período legislativo.

Consultados sobre los cambios ocurridos durante febrero, tras la salida del director del INDEC, Marcos Lavagna, se observa una posición mayoritariamente negativa en la opinión pública. Predomina la lectura de que se trata de una intervención sobre un organismo que funciona como el “termómetro” de lo que ocurre con los precios y, por lo tanto, como un pilar de credibilidad institucional en un tema sensible para la vida cotidiana.

Ante la pregunta sobre si están de acuerdo con la intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones del INDEC, el 59,3% se mostró en contra, mientras que solo el 17,9% se manifestó a favor. Ese rechazo convive con otro dato igual de relevante, porque también se ve afectada la confianza en las estadísticas oficiales. En febrero, vuelve a crecer la desconfianza y más del 60% afirma que el dato de inflación publicado no refleja lo que percibe en la vida cotidiana, una brecha persistente entre el número oficial y la experiencia real de precios.

La paradoja es contundente y marca un límite institucional. Una enorme mayoría no cree en el dato, pero casi esa misma mayoría tampoco avala que el Poder Ejecutivo intervenga el organismo para modificar qué se mide o cómo se mide. En términos políticos, el mensaje no es “ajusten el número”, sino “no capturen el termómetro”. Es un reclamo de independencia que remite a antecedentes de otras etapas, cuando intervenciones sobre la metodología y la canasta generaron cuestionamientos dentro y fuera del país. Esa memoria social quedó instalada y cualquier movimiento que se parezca activa, de inmediato, las luces de alarma.

Imágenes Políticas

En febrero, la imagen del presidente de la Nación, Javier Milei, muestra una mejora respecto a enero y, por primera vez desde julio de 2025, pasa a exhibir un diferencial positivo de poco más de un punto porcentual. Alcanza 47% de imagen positiva y 45,9% de imagen negativa. Este movimiento lo vuelve a colocar en el centro del debate público, en un contexto marcado por cambios estructurales y discusiones intensas sobre reglas establecidas, mientras la oposición política todavía no logra consolidar figuras con peso suficiente para disputar agenda ni instalar propuestas superadoras con llegada social.

Esa dinámica de polarización también se refleja en la evaluación de gestión. La aprobación alcanza valores muy similares a los de su imagen: 44,4% aprueba la gestión y 45% la desaprueba, configurando un escenario de paridad que sugiere un país dividido, con márgenes estrechos y alta sensibilidad a la evolución de la agenda política y económica.

En contraste, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa en descenso y alcanza el mínimo de la serie analizada. Su imagen positiva se ubica en 30,6%, mientras que la negativa trepa a 61,6%. El dato no solo describe un desgaste personal, sino también un problema político más amplio para la oposición, que todavía no logra consolidar un liderazgo capaz de disputarle a Javier Milei el centro de la escena con un discurso competitivo y propuestas de cambio con llegada social.

En términos de clima de época, Kicillof aparece asociado a un modelo político que una parte importante del electorado percibe como “pasado”, especialmente en un contexto donde crecen demandas de cambios en normas e instituciones. Debates internos como la presidencia del PJ bonaerense o del PJ nacional operan como discusiones de microclima partidario, alejadas de los temas que hoy dominan la agenda social. Esa desconexión termina amplificando la distancia con las preocupaciones cotidianas y profundiza la dificultad de la oposición para ordenar una alternativa que interpele a una sociedad que, según este propio estudio, expresa malestar y pide definiciones.

Sobre el estudio

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), un estudio desarrollado desde Zentrix Consultora con el propósito de relevar percepciones políticas y económicas de la población residente en Argentina. El relevamiento, correspondiente a la medición de enero, incluyó 1.002 casos válidos con cobertura nacional y fue realizado mediante un diseño muestral ponderado por región y edad según el último padrón electoral. La recolección de datos se efectuó a través de un cuestionario autoadministrado en línea (Google Forms), con difusión controlada y posterior depuración de duplicados y registros inválidos. Se aplicaron mecanismos de validación mediante variables externas (como el voto declarado en el balotaje 2023 y octubre 2025), y los resultados fueron ajustados para garantizar representatividad nacional. Bajo estas condiciones, el margen de error teórico se estima en ±3,09%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.

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