Especialistas en derecho y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la independencia, integridad y legitimidad de la Justicia están en peligro ante la posibilidad de que el Senado convalide las designaciones de dos jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto presidencial. Así lo manifestaron durante el conversatorio “Jueces por decreto: el rol del Senado en la protección de la independencia judicial”, realizado este miércoles en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

El encuentro fue convocado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano. Contó con las exposiciones de reconocidos especialistas como Ricardo Gil Lavedra, Marisa Herrera y Roberto Gargarella.

La preocupación gira en torno al inminente tratamiento en el Senado de los pliegos de los jueces designados en comisión por el Presidente de la Nación, una facultad que prevé la Constitución solo de manera excepcional y limitada. “Si esto se acepta, cualquier Presidente podría nombrar un juez de la Corte en cada receso de su mandato, evaluando año tras año si el juez continúa siendo funcional a sus intereses o si conviene reemplazarlo. Esto convierte la inestabilidad en la norma y arrasa con la independencia judicial”, alertaron las organizaciones.

Los especialistas remarcaron que el Senado enfrenta un momento histórico, ya que el próximo jueves podrá ejercer su atribución de rechazar los pliegos y evitar lo que consideran “un gravísimo retroceso institucional”. Para las organizaciones, la estabilidad de los jueces y juezas de la Corte es un pilar clave para garantizar la autonomía frente al poder político.

“El Senado debe actuar en defensa propia, pero también en defensa de toda la sociedad, que merece jueces (y que sobre todo merece juezas) que representen algo más que los intereses del Gobierno”, señalaron.

Además, enfatizaron que permitir estas designaciones vulnera el procedimiento ordinario de nombramientos, que requiere el acuerdo del Senado. “De ningún modo puede entenderse que cuando la Constitución reguló un límite máximo para la duración de esta designación excepcional haya vaciado de contenido el eje central del procedimiento ordinario, que es la facultad del Senado de brindar o no brindar acuerdo”, sostuvieron.

Durante el encuentro se advirtió que, si los pliegos no alcanzan la mayoría constitucional requerida, los jueces designados no podrán integrar la Corte. “Si ya asumió, debe volver a su casa; si no asumió, ya no podrá hacerlo. Así lo sostiene casi toda la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte”, aseguraron.

Finalmente, las organizaciones instaron al Senado a “reafirmar una idea tan básica como esencial para la vida democrática: jueces de la Corte a dedo, no”.