Alerta por mora judicial tras sanción al juez Guerrero de Eldorado
La reciente sanción impuesta al juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, por acoso laboral, violencia y maltrato, pone en relieve una preocupante realidad: la mora en la resolución y acceso a la justicia en una zona caliente.
Tras la sanción del Consejo de la Magistratura a la inconducta del juez, las causas que se tramitan en el juzgado de Eldorado, ubicado en la estratégica Triple Frontera, enfrentan demoras y complicaciones. Esta zona, conocida por su complejidad en temas de crimen organizado y narcotráfico, requiere de un juez con liderazgo y un equipo de trabajo cohesionado para garantizar la eficiencia de la justicia.
Las denuncias de 18 trabajadores del juzgado, que incluyen secretarios y prosecretarios, pintan un panorama de maltrato y graves consecuencias psicológicas que impactan directamente en el ritmo de trabajo y la resolución de causas. Si bien la sanción económica al juez Guerrero busca sentar un precedente, la incertidumbre sobre el futuro del juzgado y la reorganización del equipo generan preocupación en la comunidad.
El consejero-juez Alberto Lugones enfatizó la necesidad de que los jueces posean la “actitud psico-física adecuada” para afrontar sus responsabilidades. En este contexto, la sociedad eldoradense se pregunta ¿cómo se garantizará la continuidad y la celeridad de la justicia en Eldorado mientras se resuelve la situación del juez Guerrero?
La sociedad espera que el Consejo de la Magistratura tome medidas urgentes para asegurar el normal funcionamiento del juzgado y evitar que la sanción al juez se traduzca en una mayor demora en el acceso a la justicia. Es crucial que se priorice la atención de las causas pendientes y se brinde apoyo al personal afectado para que puedan continuar con su labor de manera eficiente.
Más allá de la sanción económica, es fundamental que se implementen mecanismos de control y prevención para garantizar un ambiente laboral saludable y respetuoso en el Poder Judicial. Solo así se podrá asegurar la confianza de la ciudadanía en la justicia y la eficacia del sistema en la lucha contra el delito.
About The Author
