Por Alberto Barrera Tyszka. Es narrador y ensayista venezolano. Las elecciones han pasado a ser un ejercicio de alto riesgo en nuestra región. Los 91 políticos asesinados durante la reciente campaña electoral en México o la persecución y encarcelamiento de todos los precandidatos a los próximos comicios en Nicaragua son un indicador brutalmente obvio.

Pero estas estadísticas, escandalosas e indignantes, forman también parte de una crisis más profunda, que alimenta en nuestros países dudas y desconfianzas sobre la democracia y sus procedimientos. La denuncia de fraudes invisibles, la descalificación o el ataque desde el poder a los tribunales electorales, son también maneras de violentar los procesos comiciales, de socavar la ya frágil institucionalidad de nuestras naciones. En la encuesta de Latinobarómetro de 2018, la satisfacción con la democracia alcanzaba solo el 24 por ciento en la región, a diferencia del 44 por ciento en 2010. Es una perspectiva preocupante en un continente con una gran tradición autoritaria.

No importa demasiado el nombre que le pongamos: polarización, populismos, crisis de representación política, neototalitarismos de derecha o de izquierda… Lo cierto es que los eventos y mecanismos de elección política están cada vez más tocados por distintas formas de hostigamiento y, cada vez menos, consiguen la legitimidad que buscan. Ahora es todavía más evidente: las democracias dependen de las instituciones.

Lo que sucede actualmente en el Perú emblematiza muy bien lo que ocurre o puede ocurrir en un grupo de países de la región. Con el 100 por ciento de las boletas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), Pedro Castillo tiene la mayoría de los votos. La diferencia es estrecha —menos de 45.000 actas— pero los resultados son claros.

A pesar de haber asegurado que aceptaría y reconocería los resultados, a pesar de todas las promesas y de haber ofrecido la marca Vargas Llosa como garantía, a pesar de las declaraciones de Estados Unidos, la Unión Europea —que felicitaron al país por celebrar elecciones libres— y de observadores internacionales que certificaron la contienda, Keiko Fujimori insiste en denunciar un fraude, desautorizando los procedimientos y las instancias electorales oficiales, promoviendo entre sus seguidores la idea de que existe un engaño invisible, un delito que no se puede demostrar. Es una apuesta política que instala una falla de origen en el próximo gobierno y agita emocionalmente los peores fantasmas de una sociedad dividida.

La renuncia de Luis Arce Córdova, uno de los miembros de la autoridad electoral del Perú, solo enturbia más el proceso. Arce, quien actualmente está siendo investigado por tráfico de influencias y corrupción, invoca la transparencia y acusa de parcialidad a los demás miembros de la institución. Aunque ninguna de sus denuncias electorales han prosperado legalmente, Keiko Fujimori no retrocede, pide que se anulen votos y el sábado 26 de junio convocó a una vigilia pública para rezar por la “defensa de la libertad y la democracia”. Ese mismo día, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, denunció que fue agredido por supuestamente avalar un fraude electoral para el cual no hay pruebas.

Durante la vigilia del sábado, Fujimori dijo, atizando la desconfianza: “Queremos saber la verdad”.

Invocar estas grandes causas, actuar como si el país estuviera frente a un cisma definitivo en la historia, es una parte fundamental del conflicto. En Latinoamérica, cada vez con más frecuencia, la alternancia política es presentada y percibida ya no como una forma natural de la vida democrática sino como un trágico apocalipsis.

No se trata de algo gratuito, por supuesto. Hay un expediente dolorosamente visible, iniciado por el chavismo en Venezuela y seguido —con menos pretensiones de disimulo— por Daniel Ortega en Nicaragua. Hugo Chávez convirtió su popularidad en una moderna forma de tiranía, mostrando que era posible llegar democráticamente al poder para —desde ahí— destruir a la democracia. Ortega, con menos popularidad y menos disimulo, ha terminado imponiéndose a sangre y fuego como un dictador en su país. Sin embargo, no se trata de una experiencia ya común en el amplio espectro de la región. Con las dificultades de cada caso, la alternancia política sin embargo se ha mantenido en países como Brasil, Argentina, Ecuador, México, incluso de alguna forma en Bolivia. Y Nayib Bukele en El Salvador demuestra que la tentación autoritaria no es un problema ideológico.

Cuba, Venezuela y Nicaragua, en rigor, siguen siendo casos aislados y minoritarios en el continente. Y sus experiencias, además, han generado una alerta especial en las otras sociedades de la región. No es azaroso, por ejemplo, que —más allá de la violencia fatal durante la campaña previa— el éxito de las recientes elecciones en México se mida y se pondere más a partir de las reacciones ante los resultados que a partir de los resultados mismos. Para muchos mexicanos, lo más determinante de los comicios era la respuesta —de respeto ante los votos y al organismo electoral— que tendrían el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena después de las votaciones.

Asociar la idea del cambio político a las catástrofes y a la histeria no parece ser lo más saludable en un continente que, en definitiva, sigue sin resolver sus grandes problemas de desigualdad, pobreza e impunidad. Más que satanizar la alternancia política y los procesos electorales, es necesario fortalecer la institucionalidad en América Latina. Solo así se pueden dirimir las diferencias con votos y no con balas. El futuro comienza en los árbitros.

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