Un juez del Supremo Tribunal de Brasil, Edson Fachin, anuló hoy todas las condenas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros debido a la supuesta parcialidad de la Fiscalía y el exjuez y exministro Sérgio Moro.

Fachin tomó esta decisión al hacer lugar a un habas corpus impuesto por la defensa del expresidente Lula en el marco de las causas impulsadas por la hoy cuestionada Operación Lava Jato.

La decisión monocrática de Fachin, un juez conocido por haber estado alineado a las denuncias y casos impulsados por la Operación Lava Jato, se produjo luego del escándalo generado por la filtración de mensajes que desnudaron lo que Lula y el PT siempre denunciaron: el trabajo conjunto y secreto de los fiscales y el entonces juez Moro para condenar al exmandatario antes de que pudiera competir en las últimas elecciones presidenciales.

Lula pasó 580 días preso en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, y tras ser detenido en medio de un operativo que fue transmitido en el mundo entero, tuvo que bajar definitivamente su candidatura.

El exjuez Moro más tarde se convirtió en el primer ministro de Justicia del presidente que triunfó en esas elecciones, el actual mandatario Jair Bolsonaro.

El escándalo por el lawfare en Brasil llegó a uno de sus puntos más altos luego de que se revelara un audio en el cual el fiscal Deltan Dallagnol, quien participó de la operación Lava Jato, presionó a la jueza sucesora de Sérgio Moro para que condenara en tiempo récord al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Asi constan en los archivos filtrados por un hacker que están en poder del Supremo Tribunal Federal (STF) y de la defensa de Lula, que ponen en evidencia las maniobras extrajudiciales de la Operación Lava Jato.

La última de las revelaciones tiene que ver con la condena a 16 años de prisión contra Lula por supuestamente ser propietario oculto de una quinta en Atibaia, San Pablo, que fue refaccionada por las constructoras Odebrecht y OAS como posibles favores a cambio de millonarios contratos con Petrobras entre 2003 y 2010.

Dallagnol aparece en el audio contando cómo la jueza Patricia Hardt, reemplazante de Moro cuando este se fue para asumir como ministro de Justicia de Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019, le prometió, pese a su gran volumen de trabajo, ‘sentenciar’ a Lula.

Los abogados de Lula denunciaron a la Corte que está práctica es ilegal ya que no pertenece a la equidistancia del proceso.

En su sentencia récord, Hardt condenó a Lula usando ‘copiar y pegar’ de la condena anterior a Moro bajo el argumento de que no disponía de tiempo.

Esto se suma a otra serie de filtraciones peritadas y liberadas por la Corte Suprema sobre el lawfare contra Lula y son munición para la defensa del expresidente, que pasó 580 días preso, en el pedido para que se declare parcial a Moro y se anulen sus sentencias.

En otra filtración revelada por la defensa de Lula, Dallagnol cuenta un dato considerado de alto contenido escandaloso. Les dice a sus pares de la Operación Lava Jato que en 2018 la jueza de la corte Carmen Lucia Antunes actuó en las sombras para frenar un habeas corpus que podía liberar a Lula de la cárcel de la Policía Federal de Curitiba, adonde estaba detenido por una condena de Moro a 8 años de cárcel en la causa en la que Dallagnol lo acusó de recibir un apartamento en Guarujá, playa paulista, de la empresa constructora OAS.

Un camarista de Porto Alegre había aceptado un habeas corpus para liberar a Lula para que siga la etapa de apelaciones libre, pero Dallagnol sostuvo que Carmen Lucia Antunes habló con el presidente del tribunal de apelaciones y con el entonces ministro de Justicia del gobierno Michel Temer, Raúl Jungmann.

La defensa de Lula espera este semestre la decisión de la sala II de la corte sobre la parcialidad de Moro.

Uno de los jueces del STF que debe decidir el asunto, Gilmar Mendes, comparó a la Lava Jato con la Stasi (policía políltica de Alemania oriental) y al grupo criminal brasileño PCC.

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