La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios, Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), transmitió su “profunda preocupación” por la actitud del Poder Ejecutivo Nacional –“propia de proyectos políticos  hegemónicos”-que pretende forzar una reforma para bajar la edad de imputabilidad de los menores, teniendo en cuenta que la sociedad académica en sus diferentes formas, organizaciones sociales, Magistrados y Funcionarios, entre otros, se han pronunciado en contra de la baja de la edad de punibilidad.

La Ajunaf recordó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocó durante los primeros meses de este año, a reuniones de especialistas, estableciéndose ocho ejes para la discusión de la reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil, creándose ocho comisiones en su consecuencia, entras las cuales se constituyó la Comisión sobre Edad  de Responsabilidad Penal Juvenil, donde los participantes manifestaron mayoritariamente su oposición a la baja de la edad de punibilidad.

Según los dichos atribuidos al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; éste habría afirmado que como en la Comisión sobre la Edad la mayoría de los asistentes fueron de organizaciones sociales y de derechos humanos, la opinión mayoritaria en contra de la baja de la edad de punibilidad, no constituye una propuesta, por lo que el Poder Ejecutivo avanzará en un proyecto que proponga la baja de la edad, anuncio que se formulará ante la Asamblea Legislativa.

“Nadie duda que la reforma legislativa es una necesidad a los fines de la adecuación del sistema de responsabilidad penal juvenil que responsabilice a los adolescentes infractores, con la consecuente derogación del decreto ley 22.278 de la dictadura militar, y en ese marco la baja de la edad de punibilidad fue debatida en la propia Comisión creada por el Poder Ejecutivo Nacional, cuyas conclusiones son desoídas por el Presidente Macri”, recordó el juez misionero César Jiménez, presidente de la Ajunaf.

Del último relevamiento disponible (UNICEF/SENNAF 2015) resulta que casi la totalidad de los 1.305 adolescentes privados de su libertad en centros cerrados eran varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años. Al momento del relevamiento, el 6,3% (82) eran niños menores de 16 años.

“Intentando desinformar a la población, el Ministro de Justicia afirmó que el 26% de los delitos eran cometidos por adolescentes menores de 18 años. Para ello tomó las cifras del Sistema Nacional de Información Criminal, que registra solamente denuncias, en sede policial, con posible autor identificado, sin discriminar adolescentes punibles (16 y 17) de adolescentes no punibles (menos de 16), y sin la apertura de causa judicial, por lo que no puede tenerse por comprobado fehacientemente el hecho y la autoría”, explica el ente jurídico.

Las cifras gubernamentales carecen de rigor estadístico para elaborar la política de persecución penal, que además se contradicen con el organismo especializado nacional (Sennaf), cuya entonces titular, emitió un comunicado ratificando los compromisos asumidos en el Consejo Federal que reúne a todas las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires, y al propio Estado Nacional, respecto de que la edad de punibilidad debe mantenerse en los 16 años.

“El Gobierno no ha presentado su anteproyecto de ley. No ha brindado datos estadísticos serios que contradigan los publicados por los órganos administrativos y jurisdiccionales especializados. No ha indicado cuál será el costo para poner en funcionamiento la nueva estructura que impondrá la reforma (recursos humanos y materiales), con nuevos magistrados especializados en todo el país, y la adecuación de los organismos administrativos; y tampoco ha expresado cuál es su propuesta en los casos de hechos cometidos por adolescentes ‘no punibles’, aun cuando se baje la edad de punibilidad a 14 años. ¿Qué hará el sistema cuando un adolescente de 13 años cometa un hecho grave?”, insiste Jiménez.

La reforma que se pretende no reducirá la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, y menos los índices de la inseguridad. Solamente se modificará la normativa para establecer cambios en el debido proceso del sistema penal juvenil para adolescentes punibles, sin advertirse que se vayan a introducir políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida (efectividad de derechos económicos y sociales) del sector social del que proviene la mayoría de los adolescentes (pobres) que comenten delitos.

“Es evidente que la propuesta de baja de la edad de punibilidad es una reacción electoral frente a una demanda social creada mediáticamente, y no tendrá incidencia alguna en la solución del problema de inseguridad. Debe responsabilizarse a los adolescentes infractores que sean punibles, y debe establecerse cuáles serán las medidas para los  adolescentes no punibles que comentan delitos graves, pero ello debe efectuarse de manera seria, respetando estándares internacionales, y no como eje de una respuesta a la inseguridad”, opinó el magistrado misionero.

“Nada de ello se vislumbra en los anuncios gubernamentales, destinados a criminalizar a los adolescentes, en lugar dar cumplimiento a las omisiones estatales en materia de derechos económicos y sociales, que exige el sistema de protección integral de la infancia. No solamente transmitimos nuestra preocupación, sino que también anticipamos la dudosa constitucionalidad de un proyecto que avance en la baja de la edad de punibilidad, conculcando el principio de no regresividad”, concluye la Ajunaf.

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