vie. Dic 19th, 2025

Alejandro Pegoraro

Director de Consultora Politikon Chaco

Las estadísticas cuentan… pero el relato libertario insiste

By Alejandro Pegoraro 6 días ago
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Días atrás, el presidente de la Nación compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde celebró que desde la asunción de su gobierno, se crearon 650 mil puestos de trabajo en el sector privado. Sin embargo, es notable observar la enorme disociación que muestra con la realidad que no la cuentan los opositores, sino los propios datos oficiales de su gobierno. 

Este viernes pasado, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación publicó su informe mensual de “Situación y evolución del trabajo registrado”, con datos correspondientes a septiembre de 2025, el cual inicia expresando que en ese mes la población con trabajo registrado en el país alcanzó los 12,84 millones de personas y presentó una caída de 0,1% con respecto al mes anterior (10,7 mil personas menos). 

Cuando analiza la evolución del trabajo registrado por modalidad de ocupación, afirma que el empleo asalariado registrado (sector privado, público y casas particulares) mostró un retroceso del 0,1% en comparación con el mes anterior y que dos de las tres categorías presentaron disminución de empleo: -0,2% en el sector privado y -0,7% trabajo en casas particulares (-0,7%), mientras que en el sector público presentó una variación del +0,1%. Respecto al trabajo independiente, hubo “caídas en los autónomos (-0,7%) que neutralizaron el crecimiento en la cantidad de monotributistas (+0,4%)”, tal como cita el reporte. 

Sigue el informe mencionado, en comparación con el mismo mes del año anterior, el empleo asalariado se redujo 0,5% (-53,3 mil trabajadores) y se registraron caídas en todas las categorías: el privado mostró bajas del 0,4% (-25,9 mil empleos) y también -0,4% para el público (-12,8 mil empleos) y de -3,2% para el trabajo en casas particulares (-14,7 mil empleos). A su vez, los monotributistas crecieron 2,5% interanual (53,2 mil personas más) pero los autónomos disminuyeron 5,2% (21,2 mil personas menos).

A priori, ya se observa una importantísima baja solo en el mes de septiembre en la mayoría de los segmentos contemplados. Pero hay dos cosas que el informe omite: la tendencia y la evolución de largo plazo desde que asumió la actual gestión. Para esto, concentrémonos en el segmento privado formal. 

¿Qué muestra la tendencia? El empleo registrado en el sector privado no para de caer: acumula cuatro meses consecutivos de bajas que fueron de -0,2% en cada mes desde junio a septiembre, período en el cual se perdieron 48.997 empleos en ese segmento. ¿Qué dice el largo plazo? Que desde diciembre de 2023 a septiembre de 2025, se perdieron 154.382 empleos registrados en el sector privado en todo el país. 

Esta pérdida provocó que el volumen actual de empleo, que es de 6,2 millones de personas, sea el más bajo de los últimos 39 meses: para ver un número inferior, hay que irse a julio 2022. Por ende, es también el menor volumen de empleo de la era Milei. En otras palabras, la recuperación del empleo en el sector privado, lejos de crecer, no para de caer. 

En este contexto, la situación de Misiones es también altamente negativa: los últimos datos muestran un descenso del 1,2% mensual en septiembre, mes en el que se perdieron 1.203 empleos privados formales acumulando también cuatro meses de bajas, que generaron la destrucción de 2.432 puestos de trabajo en ese período. 

Pero hay otros dos datos, en línea a lo mencionamos para el caso nacional, que agravan notoriamente la situación: en lo que va de la gestión Milei, la provincia sufrió una pérdida que ya alcanza los 8.407 empleos y, además, el volumen de empleo actual (100,4 mil personas) es el más bajo de los últimos 55 meses: hay que remontarse a febrero de 2021, en plena recuperación post-pandemia. 

Esta grave situación necesariamente debe contextualizarse para entender la gravedad de la situación actual. Misiones logró superar los 100 mil empleos en el sector privado formal en junio de 2013 y en septiembre de 2015 logró un pico histórico con 109,1 mil. Luego, en la gestión Macri, comenzó a descender, pero nunca perforó el piso de los 100 mil. Así, la gestión Fernández inició con un volumen de empleo en la provincia de 100,7 mil empleos. En abril de 2020, cuando estalló la pandemia, Misiones perforó los 100 mil empleos y se mantuvo así hasta febrero de 2021, oscilando en volúmenes de entre 97 y 99 mil empleos. Para marzo de 2021, volvió a superar los 100 mil empleos y comenzó a crecer llegando a alcanzar un nuevo récord histórico con 110,3 mil empleos, superando así el pico anterior de septiembre de 2015. 

A partir de allí, comenzó la destrucción; los dos últimos meses del gobierno de Alberto Férnandez, altamente caóticos por disparada inflacionaria y escenario electoral, produjeron descensos aunque relativamente menores, pero ya con la actual administración a cargo, predominaron los descensos. 

Del récord de 110,3 mil empleos de septiembre de 2023 se llegó a 103,8 mil empleos en igual mes de 2024; un año más tarde, es decir, septiembre de 2025, el volumen es de 100,4 mil con una tendencia altamente negativa. 

Por ende, podemos pensar que de no mediar un cambio de rumbo, Misiones está a las puertas de volver a perforar el piso de los 100 mil empleos, algo que no ocurre desde la pandemia. 

Pero aquí hay que decir otra cosa: la caída en la pandemia se explica por factores totalmente externos a políticas de gobierno; entonces, si exceptuamos ese período del análisis para entender las consecuencias de un modelo económico sobre la matriz del empleo en la provincia, Misiones está a tiro de volver a niveles que no se ven desde el año 2013. El retroceso es fenomenal. 

Esta situación, en mayor o menor medida, se da en la enorme mayoría de las provincias, porque es consecuencia de las medidas nacionales con impacto (desigual) en todo el territorio. Hay algunas pocas excepciones donde el volumen de empleo actual es superior al momento previo de asumir la actual gestión, pero esto se explica por factores puntuales: Neuquén, por ejemplo, tiene tracción de Vaca Muerta; Tucumán y Mendoza tenían un nivel históricamente bajo de empleo ya en 2023 y lograron repuntes vía mayor actividad en sus principales cadenas regionales alentada por el frente externo y Río Negro por mayor actividad hidrocarburifera. Pero el resto, está en el piso. 

Al observar esta situación y contrastar con lo que el presidente de la Nación publica en sus redes sociales, no queda otra que preguntarse si miente, desconoce o tiene un moderno diario de Yrigoyen. 

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Nueva fase en la relación Nación-Provincias: ¿cambio estructural o regreso al toma y daca?

By Alejandro Pegoraro 2 semanas ago
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El cambio de nombres en el ministerio de Interior y en la Jefatura de Gabinete, producido hace solo unas semanas, produjo que se abran fuertes interrogantes respecto a cómo se va a encarar la relación Nación–Provincias para el segundo tramo del gobierno de Milei. 

El primer tramo, sin dudas, fue para el olvido para los subnacionales: cedieron mucho más de lo que pudieron haber obtenido a cambio y la Nación centralizó de manera muy fuerte no solo la discusión pública, sino la administración de recursos públicos. Prueba de esto es el hecho de que 2024 y 2025, hasta el momento, son los dos años de menores transferencias presupuestarias a provincias de los últimos, por lo menos, 20 años. 

En este marco. ¿podemos esperar que la relación cambie? Si bien no sería demasiado contundente el viraje del Gobierno, hay señales de que algunos cambios están en la mira. El Gobierno nacional, de manera bastante silenciosa por el momento, viene desarrollando en estas últimas semanas una negociación política intensa con las provincias, en un contexto en el que los gobernadores buscan certezas para cerrar el año y proyectar el inicio de 2026 pero, al mismo tiempo, en uno donde el Gobierno nacional necesita garantizar los votos en el Congreso para el presupuesto y para la reforma laboral, de mínima. 

¿Qué hay en estas conversaciones? El ministerio del Interior está evaluando la posibilidad concreta de liberar fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para el tramo final del año y para inicios del 2026, de modo tal de darle liquidez a las provincias en épocas muy sensibles y que los propios gobernadores manifiestan ser indispensable para atender los compromisos de fin de año, equilibrar las cuentas provinciales y sostener gastos operativos que comenzaron a tener ciertos retrasos. 

Al respecto de los ATN, cabe recordar dos cosas: primero, que hay una ley de reparto automático, que fue vetada por Milei y en la que el Senado insistió, pero Diputados aún no hizo lo propio, por ende, sigue sin estar vigente. 

En segundo lugar, en noviembre, por primera vez en el año, no se repartieron ATN. Si bien el año ya mostraba un nivel bajo de ejecución, la no distribución de noviembre vino a empeorar la situación pero, en ese mismo marco, es donde está el centro de la discusión.

Hay un antecedente de esto, aunque con motivos de fondo distintos: en diciembre de 2023, ya con el resultado electoral presidencial resuelto, una de las últimas medidas del entonces ministro de Economía, Sergio Massa fue repartir parte del excedente de ATN que no se había distribuido en el año para garantizar pagos de aguinaldos y salarios a provincias en un contexto de creciente deterioro de las finanzas provinciales y una inflación galopante

. En ese año, hasta noviembre, se habían repartido solo $50.661 millones sobre un total de $201.158 millones que tenía el Fondo ATN: es decir, el 25%. Pero en diciembre de ese año, se repartieron unos $128.870 millones, es decir, casi el triple de lo que se distribuyó en los once meses anteriores, juntos. Con esa ejecución extra, el Fondo ATN cerró con un nivel de distribución del 78%, el más alto de la última década (con excepción del 2020 por la pandemia). 

Este 2025 apuntaría, según parece, a algo parecido, aunque quizás no tan concentrado en diciembre sino apuntando a un reparto de un volumen fuerte pero con mayor distribución en los meses que vienen. Pero dado que el argumento es distinto (antes, como fin de ciclo; ahora, por necesidad de fortalecer acuerdos) la distribución no sería del todo pareja entre los distritos. 

En resumen y de manera clara: puede ser que se abra la canilla de ATN, pero no todas las provincias están conectadas a esa red de agua. 

A priori, Buenos Aires, Formosa, La Pampa y La Rioja son los números puestos para seguir sin recibir asistencia nacional, pero otras pueden resultar muy beneficiosas. 

¿De qué montos estamos hablando? Para ello hay que ver el grado de ejecución del Fondo ATN en lo que va del año. Entre enero y noviembre, el Fondo ATN recaudó unos $860.115 millones pero se distribuyeron solo $131.500 millones, es decir, el 15%. Esto deja un saldo remanente sin distribución de unos $728.615 millones, sin actualizar por inflación, fondos que estarían, según funcionarios del ministerio del Interior, en una cuenta especial en el BNA. 

Para que el 2025 cierre con un nivel de distribución del 35% del Fondo ATN (que sería igualmente un nivel bajo) se requiere que solo en diciembre se repartan $200 mil millones de esos recursos, algo que a simple vista parece ser imposible: no por imposibilidad económica, sino política. 

Si se ve más factible que acelere la distribución en comparación con los meses anteriores a unos $ 30/$35 mil millones por mes durante diciembre y el primer trimestre 2025. 

Hasta el momento, Neuquén fue la más beneficiada del reparto de ATN en lo que va del 2025 con $18 mil millones, seguida por Tucumán ($15.000 millones) y Salta ($13.000 millones). Misiones, por su parte, se hizo de $ 7.000 millones ubicándose de mitad de tabla para abajo. 

Solo a modo de ejercicio de simulación: ¿Qué pasaría si el Gobierno decidiese tomar todo el saldo remanente de ATN a noviembre y distribuirlo en su totalidad acorde a los coeficientes de distribución de coparticipación? En diciembre, Misiones podría captar unos $23.344 millones, sin dudas un volumen de dinero muy importante para, por lo menos, cerrar el año con una tranquilidad que, vaya la paradoja, no tiene precio. 

Lo mismo para todas las provincias: más allá de que algunas están más holgadas y otras más ahogadas, la recepción de fondos será clave para administrar las tensiones propias de fin de año. Pero también se aplica ello a los primeros meses del 2026: dado que la recaudación nacional sigue a la baja (en noviembre cayó por cuarto mes consecutivo) cada peso más que ingrese se festeja como un gol. 

Cerrado el tema ATN, ¿qué otras cosas están hoy en la agenda de posible negociación del gobierno nacional con provincias? Hay dos que se destacan: en primer lugar, el Ejecutivo nacional estaría trabajando en un esquema que permitiría otorgar cupos específicos para que las provincias accedan a financiamiento de organismos internacionales. Este punto es particularmente relevante porque, durante todo el año, los gobernadores insistieron en la necesidad de recuperar instrumentos de crédito que estaban prácticamente paralizados. La reapertura de líneas con bancos multilaterales no solo destrabaría programas de inversión ya aprobados sino que también permitiría financiar obras nuevas en infraestructura, agua, energía, conectividad o desarrollo productivo. El acceso al crédito externo bajo estas modalidades opera con tasas relativamente bajas y plazos largos, lo que le da aire financiero a los gobiernos subnacionales y sería un buen instrumento para movilizar la actividad económica local. 

En segundo lugar, y altamente relevante: las cajas previsionales no transferidas. Este es un tema que desde hace años genera discusiones respecto al financiamiento y la actualización de los flujos que la Nación gira para cubrir los déficits provinciales, con el agravante de que en estos dos últimos años, prácticamente desaparecieron. 

Para ser más precisos, desaparecieron en 2024 y asomaron levemente la cabeza en 2025 para algunos pocos elegidos: Córdoba y Entre Ríos, mediante firmas de acuerdos específicos, comenzaron a recibir estos fondos “a cuenta” de ejercicios aun en auditorías. 

Córdoba recibe $5.000 millones por mes y Entre Ríos $6.000 millones por mes (en ambos casos, son convenios de doce meses). Chaco también firmó uno similar por $3.300 millones al mes por un año, cuyos pagos iniciaban en noviembre pasado, pero a la provincia no le llegaron esos fondos (posiblemente se paguen dos cuotas juntas en diciembre). Sin embargo, hay otras nueve provincias que siguen esperando señales para recibir estos fondos, entre ellas, Misiones. 

En este terreno, el Gobierno analiza aumentar los envíos durante los próximos meses con el objetivo de recomponer la sostenibilidad financiera de esos sistemas y, al mismo tiempo (y principalmente) ordenar la relación con los distritos. Las cajas provinciales representan una porción significativa de los presupuestos locales y su déficit suele presionar sobre otras áreas sensibles, por lo que una mayor previsibilidad por parte del Gobierno nacional sería recibida como un alivio importante para las administraciones provinciales. Ahora bien, dentro de esta misma discusión aparece una posibilidad de mayor alcance: que algunas provincias avancen en la transferencia de sus cajas previsionales a la órbita nacional. 

No todas pueden hacerlo (por ejemplo, Chaco tiene blindaje constitucional) pero hay algunas que no tendrían impedimentos de tipo legal, aunque sí quizás un costo político fuerte. Por lo general, los sistemas previsionales provinciales son mejores al nacional, y el trascendido de que la Nación podría absorber algunas cajas ya provocó rechazos (caso Córdoba). Lo que se dice en los pasillos de Interior es que el Gobierno nacional no descarta abrir una vía institucional para que quienes lo soliciten puedan integrar sus sistemas al de la Nación, replicando el esquema aplicado en la década del noventa. 

Para algunas jurisdicciones, la transferencia significaría liberarse del peso estructural del déficit previsional y consolidar un horizonte de estabilidad fiscal. Para la Nación implicaría asumir nuevas obligaciones, aunque con la ventaja de unificar criterios, mejorar controles y evitar litigios permanentes por compensaciones insuficientes. Se trata, en cualquier caso, de una decisión política de alto impacto que requeriría consenso, acuerdos técnicos y un análisis profundo de la situación actual en cada provincia.

¿Estamos en una antesala de un nuevo Pacto Fiscal pero con alcances más grandes? O, quizás, estamos ante la posibilidad solamente de vincular intereses vía intercambio de favores: recursos para los distritos a cambio de apoyo político en el Congreso. En cualquiera de los dos casos, aunque con características distintas, todo indica que nos acercamos a un nuevo escenario Nación-Provincias. Dudo mucho que sea distinto a otros que ya hemos observado, pero podría ser sí distinto a lo que vimos entre 2024 y 2025.

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La falacia detrás de los datos económicos: del mito de la recuperación a la crudeza de la realidad

By Alejandro Pegoraro 3 semanas ago
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Ingresando ya en el tramo final del 2025, cabe hacer un reconto de lo que fue un año que, en la previa, se esperaba que sea uno de importante recuperación tras un 2024 atravesado por un brutal recesión y caída de todos los indicadores que rigen la economía real. Sin embargo, y en línea con lo que es casi una ley natural de la Argentina, los vaivenes y las volatilidades se hicieron presentes de modo más fuerte de lo esperado y complicaron los intentos de recuperación genuina. 

“Riesgo Kuka”, le dijeron algunos. “Inconsistencias del programa”, decimos otros. 

Es cierto que durante el año se dieron muchas medidas tendientes a solucionar (parcial o totalmente) muchos desequilibrios que reinaban el país, desde el cepo cambiario hasta las reglamentaciones de comercio exterior pasando por la política monetaria, pero no necesariamente todo fue realizado con el timming o con la metodología correcta, que derivó en problemas que, en algunos casos, fueron más grandes que la solución que proponían. 

Desarme de LEFIs, apertura de importaciones, el “compra campeón”, son algunos de los ejemplos de “errores no forzados” (o sí, depende de como se lo mire) que limitaron la estabilización que el país necesitaba para poder consolidar la recuperación de los de abajo: del consumo esencial, de los ingresos disponibles de los hogares, de las fuentes de trabajo. 

Como agravante de esta situación, nos vemos envueltos en discusiones que parecen en cierto punto, absurdas: nos peleamos con los datos. Desde hace un tiempo, pero de manera más exacerbada en los últimos meses, desde el rincón libertario se empecinaron en usar los datos de una manera incoherente, manipulada y mentirosa para poder adaptarlos a su discurso refundacional de la Argentina. La lógica que usan es tan simple como perversa: el discurso no se toca y los datos los readecuamos (o reinterpretamos) en función de eso, cuando debería ser al revés. En este sentido, no son tan diferentes de lo que critican: el kirchnerismo de paladar negro usó la misma metodología en sus años dorados. 

Hay muchas evidencias de esto: empecemos midiendo el consumo. Hay una abismal diferencia entre los durables con los de consumo. Entre estos últimos, esta semana conocimos que las ventas en supermercados cayeron por sexto mes consecutivo en la comparación mensual y pasaron a terreno negativo en la interanual por primera vez en el año. 

Esto último no es menor: entre enero y agosto, estas ventas crecieron contra una base de 2024 que estaba en el piso; era esperable entonces que hubiera ciertos repuntes; pero en septiembre cayeron contra un septiembre de 2024 que ya había sido malo. La recuperación, entonces, no es tal. 

De hecho, hacia septiembre de 2024, este indicador estaba -9,4% vs. noviembre de 2023; desaceleró a -6,3% para marzo de este año (aquí se comenzó a ver un escenario positivo de recuperación); pero a septiembre 2025 ya está -9,7%: es decir, en un nivel peor que hace un año atrás. 

“La gente ya no va tanto a supermercados, cambió su hábito y ahora consume en mayoristas porque la estabilidad de precios y la recomposición de ingresos le permite elegir qué, cuánto y dónde consumir sin necesidad de estar viendo día a día las listas de precios”. Este argumento, en lo personal, lo escuché y leí cientos de veces. Entonces, la baja en las ventas de super se compensa con los mayoristas, según esa lógica. 

Según el INDEC, las ventas en los mayoristas cayeron en cinco de los últimos 6 meses en la comparación mensual y no tuvieron ninguna variación positiva interanual desde que está la actual gestión:  están -26,7% respecto a noviembre de 2023.

“Lo que pasa es que antes comprabas mucho porque la inflación te liquidaba y ahora podés elegir entre comprar solo lo que necesitás de alimentos y otros bienes esenciales y destinar el otro dinero que tengas a comprarte ropa u algún otro bien no esencial”, es otro argumento. 

Bajo esa lógica, las ventas minoristas deberían transitar un sendero de expansión. Tomando el período enero a octubre, las ventas que releva CAME cayeron en ocho de esos 10 meses en la comparación mensual y en los últimos seis en particular también tuvo bajas interanuales; contra la previa del inicio de la actual gestión están -27,3%. 

“Lo que pasa es que ahora se compra todo online”, es el siguiente argumento. Es indudable que el e-commerce ha ganado muchísimo terreno en el país y que cada vez son más las personas que acuden a esa herramienta, pero no existe siquiera una evidencia que muestre que es un segmento que sea representativo del consumo de las familias a nivel global. 

A este dato se le suma otro que también conocimos esta semana que refiere a las ventas de combustibles: cayeron 1,2% en octubre y en los diez meses del año muestran cuatro caídas interanuales y 6 mermas mensuales. Si miramos solo el segmento de naftas, hay caídas mensuales en seis de los diez períodos del año: hay recuperación leve contra un 2024 horrible, pero no exhibe un crecimiento sostenido sino que hay volatilidad. 

Una enorme parte de los argentinos consume menos porque no puede darse el lujo de llenar el tanque, aun cuando sea un consumo esencial para su movilidad diaria. 

Siguen los argumentos: “No me podés decir que el consumo cae cuando hay récord de patentamientos”. En noviembre, dato que conocimos este viernes último, las ventas de autos 0km. tuvieron una fuerte baja mensual que era esperable por cuestiones de estacionalidad, aunque aun así el descenso fue mucho mayor al estimado (-33,2% mensual vs. -20% esperado), pero más importante todavía, cayeron 3,6% interanual, la primera baja año/año en el 2025. Pese a este resultado adverso, el mercado automotor muestra una muy fuerte recomposición contra años previos (está casi +50% vs. 2024 y es el mejor año desde 2018), por lo cual en este apartado en particular hay un proceso importante de recuperación. 

Pero esto no puede, ni de cerca, ser atribuible a una mejora en las condiciones generales de vida de la población. Por el contrario, tiene factores específicos: el atraso cambiario abarató (relativamente) los bienes transables y tiende a reducir el precio relativo de los autos; en segundo lugar, la aparición del crédito: hasta octubre, los créditos prendarios habían crecido en un 46,5% real acumulado, lo que permitió a muchos hogares acceder a un préstamo para hacerse de su vehículo; pero ojo: esta expansión del crédito tuvo su correlato en los niveles de morosidad: el ratio de irregularidad del crédito prendario en familias pasó del 2,8% en diciembre 2023 al 4,5% en septiembre de 2025. Este mismo dato puede ser visto bajo otro análisis comparativo: el saldo de crédito otorgado (es decir, la cantidad de pesos prestamos en condición de crédito prendario) a las familias creció 125% interanual en septiembre pero los créditos medidos en pesos que están en mora crecieron 141,5%. 

Siguiendo con los durables, los Electrodomésticos no transitan un sendero demasiado optimista. En septiembre cayeron 17,1% interanual y acumulan tres meses consecutivos a la baja, todo en doble dígito. Ningún grupo de estos mostró resultados positivos: televisores caen -9,5%; heladeras y freezer -14,6%; computación y accesorios -20,9%, telefonía -29,4% y pequeños electrodomésticos -18,9% entre otros. Si comparamos su resultado acumulado contra 2023, la merma de consumo de estos bienes es muy fuerte: -19,3% para el total llegando hasta el -43,1% en telefonía. 

Para cerrar, esta semana se viralizaron en redes sociales diferentes posteos (desde cuentas vinculadas a militantes digitales libertarios) afirmando, entre otros delirios, que en la actual gestión se crearon más de 300.000 nuevos empleos en el país, basados en la EPH INDEC. De ese total, dicen, 96 mil son registrados del sector privado, 43 mil en informales y 510 mil nuevos en independientes (monotributo y autónomos), mientras que el empleo público cayó en 367 mil. 

Esto que hacen es manipulación de los datos: primero, la EPH es una encuesta y no un registro administrativo; y segundo, esos totales son proyecciones al total país desde los resultados por aglomerados urbanos. Los datos oficiales, que surgen de registros administrativos, marcan una postal muy diferente: entre agosto 2025 y noviembre de 2023 hay 138.573 asalariados menos registrados en el sector privado y -60.509 en el público; -24.724 en hogares particulares; y -444 autónomos mientras que hay -121.740 monotributistas, dando un saldo final de -102.500 empleos. 

Haciendo una bajada territorial, todo lo anteriormente dicho se aplica casi con exactitud en Misiones, lo que ratifica el hecho de que, aun con los esfuerzos locales, la provincia está muy atada a los ciclos económicos e incluso sufre más por condiciones estructurales. 

El consumo esencial cayó, la venta de durables tiene desempeños mixtos y el empleo tiene pérdidas que llevará años de crecimiento sostenible en recuperar, luego de haber tocado un techo en 2023. 

El 2026 debería ser un año donde dejemos de pelearnos con los datos. La realidad es tan compleja que no siempre es blanco o negro: está lleno de grises. Que un indicador sea bueno no significa que toda la economía está en un buen momento; y que un indicador sea malo no significa que toda la economía está en mal momento. La clave está en identificar cada situación para trabajar en soluciones sectoriales que encajen en un programa global, para que puedan ser sostenibles. Pero el diagnóstico (y sus conclusiones para cada caso) no deben estar plegadas de ideología ni mucho menos de fanatismo. Caso contrario, vamos a seguir insertos en una discusión sin sentido que lo único que trae como consecuencia es la postergación sistemática de soluciones.

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Reforma tributaria: ¿es el fin del monotributo la salida adecuada?

By Alejandro Pegoraro 4 semanas ago
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¿Se viene el fin del monotributo? El tema se instaló en la agenda pese a que el gobierno lo desmiente, aunque de manera algo leve. Pareciera que se trata de una especie de tubo de ensayo, considerando el hecho de que el propio FMI hizo la recomendación de avanzar hacia un esquema de armonización del sistema tributario yrecomendó, sin decirlo, que el monotributo tenga una fecha de vencimiento no muy alejada.

El monotributo nació como una herramienta de simplificación fiscal y para incorporar a pequeños comercios y prestadores de servicios a la formalidad; pero, con el paso del tiempo se transformó en un componente estructural del mercado laboral argentino y también del esquema impositivo, aunque en menor medida. Esta herramienta impactó de manera muy profunda no sólo en cómo se tributa, sino también en cómo se trabaja. En medio del debate por el sí o no de este componente, es prudente analizar sus virtudes y defectos para entender qué hizo posible, qué distorsionó y qué tensiones reprodujo dentro de un país marcado por la informalidad, la volatilidad macroeconómica y los reiterados fracasos en la creación de empleo privado formal.

En primer lugar, el monotributo logró algo que pocas herramientas fiscales argentinas consiguieron: masividad. Su diseño accesible permitió que cientos de miles de trabajadores con baja escala de ingresos entraran al sistema tributario sin las barreras administrativas, regulatorias y de costos que implica la relación de dependencia o el régimen general. En un país con una informalidad estructural arraigada, este esquema actuó como un puente entre la invisibilidad laboral y algún grado de formalización. 

Para una enorme cantidad de oficios independientes, profesiones jóvenes, actividades emergentes y emprendimientos comerciales, representó la posibilidad concreta de facturar, construir un historial económico y acceder a ciertos derechos, aunque parciales. 

Esa inclusión fiscal tuvo efectos especialmente evidentes en los sectores donde la actividad se caracteriza por su atomización. Desde servicios personales hasta pequeños comercios digitales, la figura del monotributista permitió encuadrar situaciones laborales que, de otro modo, hubieran permanecido totalmente al margen del sistema. En momentos de crisis, cuando las empresas recortan personal y surgen alternativas precarizadas o autónomas, el monotributo funcionó como un refugio administrativo donde miles encontraron una vía para sostener ingresos de manera mínimamente ordenada. Su flexibilidad, en un país de shocks recurrentes, se convirtió en una ventaja difícil de subestimar.

Sin embargo, esa virtud se transformó también en la puerta de entrada a un problema profundo: el monotributo dejó de ser una herramienta diseñada para pequeños contribuyentes y pasó a ser utilizado de manera sistemática por empleadores como mecanismo de sustitución de la relación laboral formal. 

La figura del falso monotributista se volvió parte del paisaje laboral argentino. Empresas pero también el propio Estado, en todos sus niveles, comenzaron a reemplazar puestos asalariados por contratos de prestación de obra o de servicios donde la vulnerabilidad del trabajador se multiplicó. Esta dinámica no solo precariza, sino que desfinancia al sistema previsional y erosiona derechos laborales básicos. 

Esa flexibilización encubierta no fue un efecto no deseado, sino la consecuencia lógica de un mercado laboral incapaz de generar empleo registrado de manera sostenida durante décadas. 

El monotributo, en lugar de complementar al sistema, se convirtió en su válvula de escape. Para muchos empleadores, significó un ahorro enorme en contribuciones y una reducción de riesgos legales. Para los trabajadores, implicó aceptar condiciones más inestables a cambio de seguir insertos en un mercado laboral con pocas alternativas. En la práctica, la masificación del monotributo terminó legitimando una forma de contratación que profundiza las desigualdades y consolida un modelo donde la incertidumbre queda del lado del trabajador.

El punto más tenso que se plantea en la actualidad es su baja cobertura previsional: si bien el esquema formalmente incluye un componente jubilatorio, los montos efectivamente abonados no alcanzan para garantizar un retiro digno. La enorme diferencia entre los aportes del monotributo y los del régimen general genera una brecha previsional que se proyecta hacia el futuro con consecuencias difíciles de revertir. 

El resultado es un sistema jubilatorio más frágil, con aportantes que contribuyen menos y que, llegado el momento, requerirán algún tipo de compensación estatal, elevando la carga pública. Para esto, es bueno ver un análisis que hizo el economista Fernando Marull: para poder financiar una 1 jubilación mínima, se requieren casi 20 monotributistas. 

El problema entonces es doble: el desfinanciamiento para el sistema actual, primero; luego, el propio plan de retiro del trabajador que es monotributista, que ya sabe (o debería saber) hoy que le espera una remuneración baja para cuando termine su condición de activo. 

Acá hay, otra vez, un doble dilema: como aportante, el monotributista paga “poco” (o por lo menos, paga menos que el responsable inscripto), pero al mismo tiempo tiene menor cobertura. El desfasaje que hay entre un sistema y otro generó un sistema donde mantenerse pequeño es funcional al presente, sobre todo bajo la consideración de que el monotributista tiene un margen de ganancia que también es menor. 

A final de cuenta, el monotributo pone sobre la mesa un problema estructural del país: la incapacidad del mercado laboral para absorber trabajadores en condiciones formales plenas. Si el régimen creció tanto no fue solo porque es simple o barato, sino porque la economía argentina perdió la capacidad de generar empleo de calidad, ya sea por condiciones macro o, también, por la propia legislación laboral (principalmente vinculada a costos) que limita la contratación. Así, mientras el empleo privado registrado se estancó, el monotributo avanzó como respuesta adaptativa de trabajadores y empresas ante  la rigidez, los costos y la incertidumbre.

Naturalmente, la presencia de mayor o menor volumen de monotributistas es también una respuesta a las propias características económicas de un territorio en particular. Veamos el caso de Misiones: una provincia con un perfil marcadamente turístico, el empleo estacional requiere un sistema que acompañe esa estacionalidad, no solo en servicios turísticos per se, sino incluso en toda la cadena comercial. Similar situación se puede ver en industrias ligadas al suelo, como la yerbatera o tealera, por la alta necesidad de mano de obra en períodos puntuales del año. 

Los últimos datos muestran que en Misiones hay poco más de 104 mil monotributistas: es decir, hay 1,03 inscriptos en ese régimen por cada asalariado registrado. Una relación casi 1 a 1, inferior a otras provincias del NEA: en Chaco hay 1,14 por cada asalariado privado formal; en Corrientes 1,10 y en Formosa 1,75. 

Ante esto, la discusión de terminar o no con este régimen requiere de un diálogo previo: ¿Qué hacer con el sistema tributario? Eliminar directamente el monotributo para converger en un sistema único sería un golpe directo a trabajadores que ya de por sí, aun con bajas valores de impuestos, sufren para poder pagarlo. 

Sostenerlo así como está, altera la sustentabilidad del régimen previsional y del futuro del propio trabajador. Bienvenido el debate, pero en una cancha equilibrada y con seriedad.

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Entre el discurso del derrame y la realidad provincial: el semáforo económico de Misiones sigue en rojo

By Alejandro Pegoraro 1 mes ago
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Estamos pronto a iniciar, por decirlo de algún modo, la segunda etapa del gobierno libertario. Transcurridas las elecciones de medio término y tras haber logrado un amplio apoyo en gran parte del país, el Gobierno nacional retomó la agenda y comienza a dar señales sobre hacia dónde podría orientarse la próxima fase del programa económico. “Será el Congreso más reformista de la historia”, dijo Javier Milei, en línea con la intención del Poder Ejecutivo de avanzar, como mínimo, con una reforma tributaria y laboral. Mucho se habla de estos cambios, pero todavía no existe certeza sobre los contenidos específicos ni se conoce el texto que buscarían impulsar.

En este contexto, el Presidente participó del Congreso de Economía Regional realizado en Corrientes, donde respondió a quienes sostienen que “nadie se está ocupando de la micro”. Según sus palabras, “la macro es la suma de todas las micro” y, bajo esa premisa, si la macroeconomía se encuentra relativamente ordenada y estable, entonces la economía real también debería estarlo. Sin embargo, no existe evidencia que respalde esa interpretación. Por el contrario, los propios datos oficiales la contradicen. 

Si efectivamente la economía real estuviera ordenada como resultado de un equilibrio macro, no deberían registrarse caídas en el empleo, en la cantidad de empresas, en los salarios (que esta semana el INDEC confirmó en retroceso real) ni en el consumo esencial, que continúa deprimido. Tampoco se observaría el estancamiento o deterioro de los indicadores de actividad sectoriales, que en su gran mayoría no lograron recuperarse en lo que va de la actual gestión.

Hacia dentro del país, la situación es diversa, pero la tónica general todavía es negativa. Las provincias no sienten los efectos del presunto orden macro y, mucho menos, cuentan con “micros” que ordenen hacia arriba. Para medir este escenario retomamos el Semáforo de Actividad Económica de Misiones, herramienta que permite evaluar el estado de la economía provincial en función de indicadores clave de actividad. Así podremos corroborar si existe solidez en el argumento presidencial (spoiler: no).

Los indicadores recientes de la actividad económica en Misiones muestran un panorama heterogéneo, y si bien algunos sectores exhiben signos de recomposición, otros que son la mayoría continúan bajo un marcado deterioro. Vayamos evaluando la situación por bloques de actividad para entender en mejor medida el panorama actual en la provincia. 

El consumo sigue altamente contraído. Las ventas en supermercados continúan en terreno negativo: en agosto (último dato disponible) sigue la baja en la comparación interanual (-7,7%) aunque se destaca que en la variación mensual desestacionalizada hubo una mejora (+1,1%). 

Sin embargo, se trata de un dato aislado que no responde a una tendencia de corto plazo: si observamos la variación del último trimestre móvil (junio, julio y agosto vs. marzo, abril y mayo) este indicador presenta baja de 3,8%. Pero también en el mediano plazo se ve el deterioro: contra noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno, las ventas en supermercados aún están 25,4% por debajo. 

Otro indicador de ventas, que corresponde en este caso a los combustibles, presenta quizás un panorama algo más optimismo, aunque aún no del todo: en septiembre (último dato disponible) el gasoil cayó 2,5% interanual pero +8,9% mensual desestacionalizado, logrando cerrar el trimestre móvil en +1,4%; por ende, la mejora mensual de septiembre acompañó un proceso de recomposición incipiente que debe continuar de manera muy sostenida durante un buen lapso de tiempo debido a que todavía está -31,5% contra noviembre de 2023. 

Algo similar se ve para las naftas: en el último mes creció 4,4% interanual, +4,3% mensual y +2,5% trimestral, por lo que aquí está más fortalecido este proceso de recomposición, pero aun así sigue siendo incipiente y leve dado que el retroceso acumulado todavía es fuerte: está -25,3% respecto a noviembre de 2023. 

Por el lado del consumo de los durables, los patentamientos vienen a buen ritmo pero presentan una pequeña alerta de corto plazo. En el caso de autos, mostró mejoras interanuales y mensuales en septiembre y están muy por encima de noviembre de 2023 pero en el último trimestre móvil cayó 7,4%, que se deduce podría haber sido resultado del ruido económico pre-electoral que tiró arriba el tipo de cambio y encareció notablemente el crédito. Lo mismo se ve para las motos: tiene números positivos a nivel interanual, mensual y vs. noviembre de 2023 pero retroceso trimestral móvil (-13,1%), afectado por las mismas razones que los autos. Si vemos los patentamientos totales (autos, motos, acoplados, transporte y carga y MAVI) el escenario es idéntico. Dado que la caída trimestral está muy apoyada en las condiciones mencionadas previamente, la estabilidad post-elecciones, el ordenamiento de las expectativas y una reducción de la volatilidad de las tasas de intereses podrían volver a impulsar estos indicadores. 

En resumen, el consumo muestra dos vías: caídas generalizadas en bienes esenciales (supermercados y combustibles) y mejor situación en durables (vehículos), una situación que se ve en todo el país. 

Vamos a otro aspecto de análisis: el empleo. Sobre esto, cabe decir que el mercado laboral continúa evidenciando importantes tensiones. El empleo registrado en el sector privado no logra, siquiera, estabilización ya que aún continua la merma de empleos. El semáforo de este indicador es completamente rojo: en agosto, último dato disponible, cayó a nivel interanual (-1,4%), mensual desestacionalizado (-0,3%), trimestral móvil desestacionalizado (-0,3%) y vs. noviembre de 2023 (-6,3%). En ese contexto de achicamiento laboral, tampoco el salario presenta mejoras necesarias para sostener calidad de vida: si bien hay mejores interanuales (+6,1% en junio, último dato disponible), cayó mensualmente (-1,1%), presentó una tendencia a la baja de orden trimestral (-4,7%) y está -4,8% contra noviembre de 2023. También esto se ve afectado por la cantidad de empleadores en la provincia: caen 2,4% contra el año anterior, -1,0% vs. mes previo y -3,7% en la era Milei, aunque hay una leve señal positiva trimestral (1,6%).

Hay también deterioros en materia fiscal: la recaudación tributaria de Ingresos Brutos mantiene un retroceso del 9,6% interanual en términos reales y también cayó a nivel mensual y se ubica muy lejos de noviembre de 2023 en moneda constante. Se observa así que el impacto de la caída del consumo masivo y la inestabilidad de la actividad económica siguen afectando las cuentas públicas, aunque el dato trimestral desestacionalizado muestra un leve crecimiento del 1,2%.

Los sectores energéticos y de construcción exponen dinámicas divergentes. La demanda de energía muestra rojos en todos los niveles comparativos: en septiembre quedó -2,3% interanual, -1,6% mensual, -6,3% trimestral y -16,1% vs. noviembre del 2023, interpretado esto como un indicador aún débil de actividad. En la construcción, los permisos de obra y la superficie autorizada muestran descensos muy marcados, también con rojos en todos sus niveles comparativos. 

Las exportaciones de Misiones, en cambio, brindan una señal positiva. Las exportaciones totales crecieron 38,9% interanual medidas en dólares, con un aumento también mensual del 11,5% y una suba acumulada del 84,4% respecto de noviembre de 2023, aunque en el último trimestre redujo la velocidad. Si se mide en cantidades, también las exportaciones provinciales presentan buenos números. Parte de este buen desempeño se explica por el buen comportamiento del complejo yerbatero, donde el mercado externo creció 49,1% interanual pero, en contraste, el consumo interno de yerba mate continúa débil, con una baja del 2,5% interanual y -11,0% contra noviembre 2023.

El turismo receptivo también muestra una dinámica mixta. La cantidad de viajeros (consolidado de Posadas y Puerto Iguazú) registró en agosto 2025 un crecimiento interanual del 12,6%, aunque está todavía -2,2% contra el 2023. 

Finalmente, los datos del sistema financiero revelan una reaparición del crédito, aunque aún en niveles moderados. Al segundo trimestre, los depósitos del sector privado subieron 17,9% interanual en términos reales, y los préstamos un significativo 93,3%, aunque posiblemente veamos una disminución importante hacia el tercer trimestre producto de la inestabilidad financiera y el encarecimiento de tasas vistas en ese período, sumado a un crecimiento de la morosidad. 

¿Qué podemos concluir de todo esto? La economía misionera muestra señales heterogéneas y todavía insuficientes para sostener el argumento presidencial de una macro que, por el mero efecto derrame, ordena a las micro, ni mucho menos que sea un proceso inverso. Existen dinámicas positivas en comercio automotor, exportaciones y turismo, pero persisten debilidades profundas en consumo esencial, empleo, ingresos laborales, recaudación y construcción. La recuperación, si se consolida, será gradual y no exenta de tensiones, y difícilmente pueda explicarse bajo el supuesto simplificador de que un orden macro garantiza automáticamente bienestar general. 

El desafío, entonces, para la etapa que inicia el gobierno nacional será reconocer la complejidad real de las economías provinciales y diseñar políticas que atiendan, de manera específica y sostenida, sus necesidades productivas, sociales y fiscales.

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