El precio de la desigualdad: cómo la Nación financia su superávit con fondos provinciales
El esquema de distribución de recursos Nación-Provincias sigue siendo una enorme deuda pendiente de la democracia argentina. Podemos debatir horas cómo debe ser un régimen de reparto, pero lo que no se puede poner en duda es que, bajo el escenario actual, el rol del Estado Nación en achicar asimetrías de desarrollo entre las provincias es esencial y no podemos naturalizar su retiro de esa función.
La inversión del Estado nacional en las provincias es mucho más que una cuestión de recursos o partidas presupuestarias: es una expresión concreta de federalismo, una herramienta para corregir desigualdades históricas y una condición indispensable para construir un desarrollo equitativo y sostenible.
En un país marcado por profundas asimetrías territoriales, sociales y económicas, el rol del Estado como actor inversor no puede reducirse a una lógica económica. La inversión en las provincias, lejos de ser un gasto como quieren hacer ver algunos, es una herramienta necesaria de desarrollo e integración.
En un país federal en los papeles pero altamente unitario en los hechos, las provincias más alejadas del centro de poder ven año a año como las decisiones centrales de inversión le pasan de largo. Es cierto que hubo gobiernos que profundizaron este atraso de manera más fuerte que otros pero, aún con gobiernos de tinte más federal, existen aún diferencias que, sin intervención activa del estado nacional, condenan a la postergación. Por eso, el rol del Estado nacional es clave.
En este marco, se debe resaltar que las provincias necesitan ser autónomas, sí, pero también necesitan la articulación necesaria con un Estado nacional que hoy concentra para sí mismo la mayor parte de los recursos que se generan en el país. La ecuación es simple: o se produce un esquema articulado de inversión o, simplemente, que la Nación devuelve los recursos a las provincias.
Algo de esto está en discusión actualmente, con dos proyectos elaborados por el pleno de los gobernadores que buscan una redistribución de recursos que hoy se los queda la Nación solo a los efectos de sostener, casi artificialmente, su equilibrio fiscal. En primer lugar, el impuesto a los Combustibles. ¿Cómo se reparte hoy? Luego de la detracción del 1,9% para ARCA (algo que también se debería reformular), el 28,69% de lo recaudado va a ANSES, el 10,4% a provincias (para obras, vialidad y otros), otro 15,07% también a provincias (pero para programas FONAVI), el 10,4% al Tesoro Nacional, el 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y el 2,55% a Compensación del Transporte Público.
¿Qué ocurre en los hechos? Ese 10,4% que queda para el Tesoro en verdad es el 45,84%, ya que los fondos para los fideicomisos los recauda, pero no los ejecuta.
Cuando las provincias reclaman por el mantenimiento de rutas nacionales, por ejemplo, desde el Gobierno nacional afirman que “no hay plata”, omitiendo deliberadamente que el dinero está pero no lo está usando a los fines para lo cual se asignó la recaudación de ese impuesto. Solución fácil (desde la lógica, no desde la política): eliminemos los Fideicomisos y entreguen ese dinero a las provincias. Es decir, la nueva distribución sería entonces: 28,69% para Anses, 14,29% para el Tesoro y 57,02% para provincias. Siguiendo el supuesto de que esto no implica nuevas erogaciones sino, una redistribución de los fondos vigentes, no compromete en nada las cuentas públicas nacionales. ¿Por qué? Lo que el Estado (en teoría) gasta, por ejemplo, en mantenimiento de rutas, dejaría de gastarlo porque le pasa la potestad y los recursos a las provincias para ese mismo fin. Se “deshace” de fondos pero también de la responsabilidad.
La respuesta del Presidente desnudó su propia lógica: esto pone en peligro el equilibrio fiscal porque, de entregar esos fondos, se achicaría el mismo debido a que no están utilizando los recursos para sus fines. En otras palabras: el superávit (o por lo menos, parte de él) está sostenido por la no ejecución de gastos que tienen como fuente de financiamiento la recaudación de impuestos con asignación específica. Flojito de papeles.
¿Cómo impactaría esto en Misiones? Si hacemos un rápido ejercicio de simulación, en el primer semestre del 2025 la provincia recibió $ 19.266 millones por la distribución automática del Impuesto a los combustibles según el régimen vigente. Si se aplicase para ese mismo período la propuesta de los gobernadores, hubiese captado alrededor de $ 38.500 millones: casi veinte mil millones de pesos más, sin que eso afecte las cuentas públicas y dándole a la provincia la autonomía necesaria para hacer la inversión.
Vamos al segundo proyecto, el reparto automático de ATN. En simples palabras, que el fondo deje de ser discrecional y se reparta de manera automática según los criterios de la ley 23.548 (sistema de coparticipación vigente). Esta propuesta, simulando su aplicación para el primer semestre 2025, hubiese permitido que a Misiones le lleguen 8.450 millones en lugar de los $ 3.000 que captó en el año. Pero además, y más importante, al ser automáticas le genera un flujo de fondos continuos a la provincia. También para este caso la Nación se negó, alegando nuevamente que “pone en riesgo el equilibrio fiscal”. Pero, esos recursos son de las provincias. Si no se ejecuta el fondo ATN, el remanente queda para el Tesoro ya que, según informó Guillermo Francos en el Senado, “integran el saldo de la cuenta escritural al cierre del período”. En otras palabras, otra vez, una parte del superávit se explica por la retención de fondos que no le son propios.
En resumen: hoy el Tesoro se queda con fondos por no aplicación del gasto (como el impuesto a los combustibles) y por no distribución (como ATN). ¿Pero compensa por otro lado? En algunos (muy pocos) períodos de la historia reciente, podríamos pensar que sí: a través de mayores flujos de inversión real directa de la nación en el territorio: rutas, caminos, obras hídricas, etc. Pero no es el caso de este presente. En Misiones, la Inversión Real Directa del Estado nacional en el primer semestre de este año se ubica 50% por debajo de igual período del 2023 y en ese marco, particularmente el concepto de Construcciones (lo que comúnmente llamamos obra pública) está 51% por debajo. Por ende, no hay “compensación” por el lado de la inversión. ¿Lo hay desde transferencias no automáticas? Tampoco. Los envíos a Misiones no solo cayeron contra 2023 (-88%) sino que incluso se ubican por debajo del 2024 (-56%); es decir, no crecieron siquiera ante una base comparativa excepcionalmente baja.
El perjuicio hacia las provincias se da entonces de múltiples variantes: no distribución de fondos que le son propios, no inversión, no partidas presupuestarias. Ni hablar siquiera de los fondos que por ley le corresponden a la provincia por la Caja Previsional. El abandono de la Nación es prácticamente total. Esto trae consecuencias. Volviendo a lo que decíamos al principio, cuando el Estado se retira, cuando deja de invertir o recorta transferencias, se profundizan las desigualdades.
Algunas voces libertarias dirían “que las provincias se arreglen como puedan” o que “recauden por sí mismas a ver como les va”. Perfecto. La pregunta es: ¿Qué haría la Nación sin la actividad económica que las provincias generan? Nunca hay que olvidarse, aunque a muchos no les guste, que la actividad se mueve de abajo hacia arriba: las provincias financian a la Nación y no al revés. No es opinión: es lo que plasma el proceso de creación y nacimiento de Estado Nacional y lo que dicta la propia Constitución Nacional.
