Google acuerda pagar US$ 28 millones en una demanda por favorecer a blancos y asiáticos
Google ha llegado a un acuerdo para pagar US$ 28 millones en una demanda colectiva que acusaba a la compañía de discriminación salarial y de ascensos en favor de empleados blancos y asiáticos.
El acuerdo, que recibió la aprobación preliminar del juez Charles Adams del Tribunal Superior del condado de Santa Clara, California, beneficiará a más de 6.600 empleados de Google en California.
Aprobación preliminar:
El juez Adams calificó el acuerdo como “justo, razonable y un buen resultado” para el colectivo afectado.
A pesar del acuerdo, Google niega las acusaciones de discriminación y reafirma su compromiso con la equidad salarial y de oportunidades.
La demanda alegaba que Google violó la Ley de Igualdad Salarial de California. La polémica se centra en que Google, presuntamente, colocaba a empleados blancos y asiáticos en puestos de mayor “nivel” que, a otros empleados, incluso por el mismo trabajo, y negaba aumentos y ascensos a quienes se quejaban.
La demanda fue presentada por Ana Cantu, quien alegó haber sufrido discriminación salarial y de ascensos durante sus siete años en Google. Cantu denunció que empleados blancos y asiáticos recibían mejores salarios y ascensos, incluso realizando el mismo trabajo que ella.
Como parte del acuerdo, los abogados de Cantu aceptaron excluir a los empleados negros del colectivo de la demanda, a petición de Google.
Tras deducir honorarios de abogados y otros costos, el acuerdo dejará US$ 20,4 millones para los demandantes. El juez Adams programó una audiencia para el 11 de septiembre para considerar la aprobación final del acuerdo.
Gobierno habilita a Mercado Libre para la compra de bienes del Estado, si bien se debe realizar una licitación pública para definir su participación, la apertura a plataformas digitales se dispuso como una medida de transparencia.
El Gobierno argentino ha implementado una medida que permite a Mercado Libre participar en la compra de bienes del Estado. La disposición, establecida mediante el decreto 195/2025 publicado en el Boletín Oficial, introduce cambios en el proceso regulatorio para la venta de propiedades muebles, ampliando las herramientas disponibles para la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
¿Cómo funcionará?
Plataformas públicas y privadas: La venta de bienes estatales se podrá realizar tanto a través de plataformas electrónicas públicas como privadas, incluyendo Mercado Libre.
Licitación pública: En caso de optar por Mercado Libre, la AABE deberá realizar una licitación pública para seleccionar la plataforma.
Bienes a disposición: La medida abarca una amplia gama de bienes, como automotores, aeronaves, buques, obras de arte, antigüedades y otros bienes muebles de valor cultural, histórico o económico.
Excepciones: Se excluyen los bienes afectados a la seguridad interior y la defensa nacional.
Valor base: Las dependencias estatales podrán fijar el valor base de las subastas utilizando indicadores especializados de mercado.
El Gobierno busca ampliar las herramientas disponibles para la AABE en la venta de bienes estatales, buscando mayor eficiencia y transparencia en el proceso.
StilachiRAT: El troyano que pone en riesgo tus criptomonedas y datos
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Microsoft ha emitido una alerta sobre la detección de un troyano, denominado StilachiRAT, que opera a través del navegador Chrome en sistemas Windows. Este malware tiene como objetivo principal la recopilación de información sensible de los equipos infectados, así como el robo de criptomonedas y credenciales de acceso almacenadas en el navegador de Google.
Características y funcionamiento de StilachiRAT:
Troyano de Acceso Remoto (RAT): StilachiRAT permite a los atacantes controlar de forma remota los equipos infectados.
Sigilo y evasión: El troyano se caracteriza por su capacidad para operar de forma encubierta, dificultando su detección.
Robo de información: StilachiRAT emplea diversas técnicas para sustraer datos sensibles, incluyendo credenciales de acceso y claves de criptomonedas.
Vectores de infección: El malware puede infiltrarse en los sistemas a través de diversas vías, como la descarga de software malicioso o la instalación de actualizaciones falsas, especialmente desde fuentes no oficiales.
Recomendaciones de seguridad:
Microsoft recomienda extremar las precauciones al descargar software o actualizaciones, asegurándose de utilizar fuentes oficiales y confiables.
Es fundamental mantener actualizado el software antivirus y el sistema operativo para protegerse contra este tipo de amenazas.
Se aconseja revisar periódicamente las extensiones instaladas en el navegador Chrome, eliminando aquellas que resulten sospechosas o innecesarias.
Es importante no descargar extensiones de sitios que no sean la tienda oficial de google chrome
A una semana de la represión en la marcha de los jubilados, Gabriela Navarra, habla de su experiencia y aunque es de las que “mejor está” en comparación a otros jubilados, cuenta por qué se unió al reclamo y apoya la medida.
Gabriela Navarra, de 66 años, es una de las tantas personas que participaron en la reciente “marcha de los jubilados”, una protesta semanal frente al Congreso argentino en reclamo de mejores remuneraciones. Su experiencia, sin embargo, se tornó traumática: terminó con cuatro heridas de bala de goma en las piernas y la decisión de no volver a participar, a pesar de apoyar la causa.
“Todavía estoy mal, angustiada por lo que pasó, y mucha gente que es importante para mí me pidió que no volviera a ir”, relata Gabriela sobre la manifestación del 12 de marzo, que dejó decenas de heridos y detenidos.
Gabriela, jubilada hace seis años tras una carrera de más de tres décadas como periodista, reconoce que su situación es mejor que la de muchos jubilados, ya que su haber supera el mínimo. Sin embargo, la llegada de Javier Milei al poder en diciembre de 2023 agravó su panorama.
Gabriela se jubiló hace seis años y es una de los más de 7 millones de argentinos que cobra una jubilación o pensión, según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Su situación, cuenta, es mejor que la de la mayoría de los jubilados, ya que por su trabajo de más de tres décadas como periodista logró obtener un haber jubilatorio por encima del mínimo que cobran dos de cada tres jubilados, según datos de la Anses.
Aún así, cuando alcanzó la edad de retiro debió seguir trabajando como freelancer para poder mantener sus gastos habituales.
“Quedé muy muy mal económicamente y tuve que vender mi auto. Tenía que elegir entre pagar mi prepaga o tener auto, a pesar de que antes podía tener ambos”, afirma.
Aunque su jubilación recibió aumentos por inflación -que en 2024 alcanzó casi el 120%- asegura que siempre eran menores “a lo que veía cuando vas a hacer las compras”.
“Desde que me jubilé tuve que cambiar mis consumos, dejar de tomar el vino que me gusta, comprar otro tipo de fiambres. También dejé de salir a comer afuera. Si salgo es a merendar, que es más barato”, dice.
La realidad de la jubilación mínima
Gabriela es consciente de que su realidad es privilegiada en comparación con los dos tercios de jubilados que cobran la mínima, apenas por encima de la línea de pobreza. Según el Indec, la pobreza entre los mayores de 65 años casi se duplicó en el primer semestre del gobierno de Milei, alcanzando el 29,7%.
El congelamiento de bonos, el aumento de tarifas de servicios públicos y el incremento en el costo de los medicamentos, que según Ceprofar aumentaron un 240% en promedio durante 2024, son algunos de los factores que explican este deterioro.
Un sistema previsional en debate
El gobierno de Milei sostiene que el sistema previsional es “insostenible” en su formato actual, debido a las “moratorias” que permitieron jubilarse a personas sin los 30 años de aportes requeridos. Según Idesa, más del 60% de los jubilados actuales no realizaron los aportes correspondientes.
En este contexto, el gobierno anunció que no prorrogará la última moratoria previsional, una medida que generó rechazo y fue uno de los motivos de la protesta del 12 de marzo.
La protesta y la represión
Las marchas de los jubilados, que se remontan a la década de 1990, resurgieron con fuerza con la llegada de Milei y su política de ajuste fiscal. Sin embargo, las protestas se tornaron más violentas, con la policía utilizando métodos represivos para dispersar a los manifestantes.
La marcha del 12 de marzo, que contó con la participación de hinchas de fútbol, terminó con decenas de heridos, incluyendo a Gabriela y al fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo.
Un estudio privado revela que renovar el vestuario en Argentina es entre 40% y 118% más caro que hacerlo en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
El gobierno de Javier Milei anunció una reducción de aranceles para la importación de ropa, calzado y telas, con el objetivo de bajar los precios de la indumentaria en Argentina. La medida busca aumentar la competencia en el mercado local, donde, según el ministro de Economía, Luis Caputo, los precios son los más altos de la región.
Más allá de la apreciación del ministro, uninforme privado realizado por Focus Market respalda las afirmaciones del gobierno, revelando que renovar el guardarropa en Argentina puede ser entre un 40% y un 118% más costoso que en países vecinos como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En algunos casos, la misma prenda puede costar hasta seis veces más en Argentina que en Brasil.
Brasil: Renovar el guardarropa es un 78% más barato que en Argentina: los nueve productos seleccionados en la canasta pueden conseguirse por US$591 en Brasil y US$1.054 en Argentina y todas las prendas presentan una diferencia de al menos un 50%, excepto las zapatillas, cuya brecha es del 27%.
Chile: Turistas argentinos cruzan la cordillera para comprar ropa, aprovechando los precios más bajos. Ocurre que, en el país trasandino, refleja el sodeo de Focus Market, la mencionada canasta de nueve productos cuesta US$595 en Chile frente a US$1.054 en Argentina.
Paraguay: Renovar el guardarropa es casi dos veces más económico que en Argentina. Con el mismo dinero con el que se pueden comprar un par de zapatillas en Argentina, en Paraguay pueden comprarse dos. Además, resumió la consultora que encabeza Damián Di Pace, los jeans y las bermudas en el mercado interno cuestan un 86% y un 73% más en el país.
Uruguay: A pesar de ser el destino menos elegido, sigue siendo más barato que comprar en Argentina, resume Focus Market respecto de los precios en Uruguay. Las diferencias, precisó, alcanzan el 79% en jeans, 76% en shorts y bermudas, 72% en camisetas y 68% en sandalias.
Estos países tienen en común ciertas características:
Menor presión tributaria general:
En comparación con Argentina, estos tres países tienden a tener una presión tributaria general menor en relación a su Producto Interno Bruto (PIB). Esto se traduce en una menor carga impositiva que incide en el precio final de los productos, incluyendo la indumentaria.
Si bien los tres países tienen Impuesto al Valor Agregado (IVA), sus tasas y estructuras difieren de las de Argentina. En general, sus sistemas tributarios evitan la acumulación de impuestos en cascada, como ocurre con Ingresos Brutos en Argentina, lo que reduce el impacto en el precio final.
Competitividad fiscal:
Los tres países buscan mantener una estructura fiscal que fomente la competitividad, lo que incluye tasas impositivas más bajas y una menor carga burocrática. Esto atrae inversiones y favorece la producción y el comercio, contribuyendo a precios más competitivos.
¿Por qué la ropa es tan cara en Argentina?
El gobierno atribuye los altos precios a los márgenes de ganancia de los empresarios, mientras que el sector textil señala otros factores:
Alta presión tributaria: Los impuestos nacionales, provinciales y municipales representan el 50,3% del precio de una remera de marca premium.
Costos financieros: El costo financiero, asociado a las compras en cuotas, representa el 12,2% del precio.
Alquileres: El alquiler de los locales comerciales representa el 12,7% del precio.
Reacción del sector textil
La Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria criticaron la medida del gobierno, advirtiendo que favorece la competencia desleal de productos importados y pone en riesgo el empleo formal en el sector. Recordaron que representan a un sector que emplea a más de 290.000 personas.
Además, criticaron la medida por considerar que favorece la competencia desleal de productos importados que entrarán al país a precios “irrisorios” debido al “dólar barato” y alertaron que el empleo formal será el más comprometido. Esto último, señalaron, “implicará una caída de la recaudación por cargas sociales”, lo que puede comprometer el ancla fiscal que tanto valora el Gobierno.
Detrás de esta última advertencia se esconde también un pedido que viene haciendo no solo el sector textil sino el empresariado en general: la reducción del alto costo argentino y la presión impositiva.
Al cierre del año pasado, cabe recordar, un informe de Fundación Pro Tejer aseguró que el 75% del ticket por una remera de marca premium en un shopping está vinculado a costos que nada tienen que ver con la producción nacional, el diseño y la rentabilidad de la industria.
Según detallaron, un 50,3% del precio se explicaba por impuestos nacionales, provinciales y municipales; 12,2% por el costo financiero, asociado a cuando el comprador paga en cuotas o aprovecha promociones; y 12,7% correspondía al alquiler del local donde se comercializa el producto.
