Cristian Milciades

Periodista, productor de contenidos.

Banco Credicoop advierte sobre un deterioro del crédito y cuestiona la recuperación económica: “Deja afuera al 80%”

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En un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo, el Banco Credicoop puso en duda la narrativa oficial sobre una inminente recuperación económica y advirtió sobre un deterioro en la situación financiera de familias y pymes. Desde la filial Posadas, el gerente zonal del NEA, Maximiliano López, y el gerente local, Gustavo Lamy, señalaron que el crecimiento “está concentrado en tres o cuatro sectores” y no alcanza a la mayor parte de la economía.

Según plantearon, los datos de actividad —tomando como referencia indicadores oficiales como el EMAE— muestran un desempeño desigual, con mejoras focalizadas en rubros vinculados al combustible, parte del agro y el sistema financiero, mientras el resto de las actividades presenta resultados negativos en comparación con períodos base.

Actividad económica: crecimiento concentrado y desigual

Desde la entidad sostienen que la actual dinámica económica no es homogénea. López explicó que, al contrastar los indicadores oficiales, se observa que “solo un grupo reducido de actividades muestra resultados positivos”, mientras que el resto de los sectores permanece en retroceso.

La lectura introduce una tensión central: la posibilidad de una recuperación macroeconómica que no se traduzca en mejoras generalizadas. En ese marco, el diagnóstico es que el eventual crecimiento podría beneficiar a segmentos específicos, pero dejaría fuera a la mayor parte del entramado productivo.

Endeudamiento en alza y cambio en la demanda de crédito

Uno de los datos más sensibles surge del comportamiento del crédito. Según Lamy, aumentaron los niveles de endeudamiento de las familias y se modificó el destino de los préstamos.

Mientras en otros períodos las solicitudes estaban orientadas a consumo duradero o inversión —como mejoras en viviendas o compra de vehículos—, hoy predominan pedidos vinculados a cubrir gastos corrientes y afrontar compromisos acumulados.

“El problema es que muchas personas llegan sin margen para asumir nuevas obligaciones”, señalaron, y remarcaron que, en numerosos casos, la única alternativa es la refinanciación o reestructuración de deudas existentes.

Este fenómeno se combina con ingresos que, según describieron, evolucionan por debajo de la inflación y con incrementos en tarifas de servicios, configurando un escenario de presión sobre los hogares.

Menos expansión, más asistencia

En este contexto, la banca —incluida la denominada banca solidaria— ajusta su estrategia. Desde Credicoop indicaron que el foco está puesto en acompañar a clientes con dificultades mediante reprogramación de pasivos, más que en la expansión del crédito.

No obstante, aclararon que el financiamiento no está completamente detenido. Existen solicitudes para capital de trabajo e incluso para inversión, aunque a un ritmo menor que en otros momentos.

La entidad también destacó que opera con tasas por debajo de la banca privada, dentro de las condiciones del mercado, como herramienta para sostener el acceso al crédito en un escenario restrictivo.

Economías regionales: sin política específica

El diagnóstico se profundiza al analizar el impacto territorial. Según López, las economías regionales enfrentan problemáticas similares en todo el país y carecen de una política de desarrollo específica.

En el caso de Misiones, donde la actividad yerbatera tiene un peso central, esa falta de políticas diferenciadas se traduce en dificultades para sostener la actividad y el empleo.

El planteo introduce un punto de tensión estructural: la desconexión entre los sectores productivos regionales y los ámbitos donde se definen las políticas económicas.

Crédito, consumo y gobernabilidad económica

El deterioro del crédito y el aumento del endeudamiento reflejan una variable clave para la estabilidad económica: la capacidad de consumo de los hogares.

En ese esquema, la concentración del crecimiento en pocos sectores y la falta de dinamismo en el resto de la economía plantean interrogantes sobre la sostenibilidad del actual modelo y su impacto en la gobernabilidad económica.

El sistema financiero aparece, en este escenario, más como amortiguador que como motor de expansión.

Ingresos, crédito y actividad

La evolución de los ingresos reales, el comportamiento de la inflación y la capacidad de recuperación del crédito serán variables determinantes en los próximos meses.

Si no se produce una mejora en el poder adquisitivo, el riesgo es que el endeudamiento continúe creciendo y limite aún más la reactivación del consumo y la actividad.

Por el contrario, una recomposición de ingresos podría reactivar la demanda de crédito productivo y modificar el escenario actual. Por ahora, el sistema financiero observa señales mixtas y mantiene una posición de cautela.

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La Corte declara inconstitucionales alícuotas diferenciales y limita impuestos provinciales por origen productivo

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el 9 de abril de 2026 una serie de fallos en los que declaró la inconstitucionalidad de regímenes provinciales del impuesto sobre los Ingresos Brutos que aplicaban alícuotas más elevadas a empresas sin radicación productiva local. Las decisiones alcanzan a las provincias de Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos, y consolidan un criterio: no pueden establecerse diferencias tributarias basadas en el origen geográfico de la producción.

El tribunal hizo lugar a demandas de distintas firmas —entre ellas Sodecar S.A., Rieles y Cosas S.A., Pernod Ricard Argentina S.R.L. y Biofarma S.A.— al considerar que las normas cuestionadas afectaban el principio de igualdad y obstaculizaban el comercio entre provincias, en tensión con la Constitución Nacional.

Límites a la potestad tributaria provincial

Los fallos se inscriben en la competencia originaria del tribunal, al tratarse de litigios entre empresas y Estados provinciales. En todos los casos, la Corte entendió que existía una controversia concreta, derivada de reclamos fiscales efectivos por parte de las administraciones tributarias locales.

El punto central fue la evaluación de leyes y normas que fijaban alícuotas más altas del impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes cuya producción se realizaba fuera del territorio provincial. Según el tribunal, este esquema implicaba una discriminación incompatible con el principio de igualdad ante la ley y con la prohibición de establecer “aduanas interiores”.

En esa línea, los jueces retomaron precedentes previos y señalaron que este tipo de regulaciones altera la “corriente natural del comercio” entre jurisdicciones, afectando el funcionamiento del mercado interno.

Qué cambia: se invalida el criterio de localización productiva

Las sentencias avanzan sobre un punto específico: la imposibilidad de gravar de manera diferencial a empresas en función de dónde producen sus bienes.

En el caso de Jujuy, se cuestionaron leyes que imponían una alícuota más alta a actividades industriales realizadas fuera de la provincia. En Santa Fe, el foco estuvo en normas que aplicaban cargas superiores a firmas sin establecimiento local. En Entre Ríos, el esquema incluía incrementos progresivos de alícuotas para empresas sin radicación en el territorio provincial.

En todos los casos, la Corte concluyó que el criterio de localización productiva como base para diferenciar la carga tributaria resulta inconstitucional.

Tensión entre recaudación y reglas federales

Los fallos introducen un límite claro a las estrategias fiscales provinciales orientadas a incentivar la radicación industrial mediante beneficios impositivos o penalizaciones indirectas.

Desde una lectura institucional, la decisión refuerza el principio de mercado interno sin barreras, pero al mismo tiempo condiciona herramientas que las provincias utilizan para atraer inversiones o proteger su base productiva.

El tribunal no cuestiona la potestad tributaria en sí, pero sí su uso cuando deriva en esquemas discriminatorios. Esto reordena el equilibrio entre autonomía fiscal provincial y reglas federales de competencia.

Costos, competitividad y litigios

Aunque los fallos refieren a períodos fiscales específicos, el criterio puede tener efectos más amplios. Para las empresas, implica una reducción de incertidumbre respecto a la carga impositiva en operaciones interjurisdiccionales.

También puede impactar en la estructura de costos, especialmente en sectores industriales con operaciones distribuidas en distintas provincias. Al eliminar diferencias por localización, se tiende a homogeneizar condiciones tributarias.

Para las provincias, el escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad de esquemas de recaudación que dependen de este tipo de segmentaciones, y podría derivar en nuevos reclamos judiciales.

Los fallos

Fallo Csj 28_2017 Biofarma S.A. c/ Entre Ríos by CristianMilciades

FALLO CSJ 2313_2018 Pernod Ricard Argentina S.R.L. c/ Santa Fe by CristianMilciades

FALLO CSJ 1849_2016 Sodecar S.A. c/ Jujuy by CristianMilciades

FALLO CSJ 1876_2017 Rieles y Cosas S.A. c/ Santa Fe by CristianMilciades

Implicancias para el NEA y economías periféricas

Si bien los casos analizados no se originan en Misiones, el criterio fijado por la Corte tiene potencial impacto en toda la región del NEA, donde las políticas fiscales suelen incluir incentivos para atraer inversiones industriales.

De acuerdo con lo establecido en los fallos, cualquier esquema que penalice a empresas por no radicarse localmente podría quedar bajo cuestionamiento. Esto obliga a revisar instrumentos de promoción que utilicen la vía tributaria como mecanismo de diferenciación.

Revisión normativa y nuevas disputas

Las decisiones del máximo tribunal no clausuran el debate. Por el contrario, abren una etapa de revisión de normativas provinciales y de eventuales adecuaciones legislativas.

Entre las variables a observar aparecen posibles cambios en los códigos fiscales, el comportamiento de las administraciones tributarias y la reacción de los sectores productivos ante este nuevo marco.

También queda abierto el impacto fiscal concreto en cada provincia y la eventual proliferación de litigios similares en otras jurisdicciones.

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“Gente de la Ruta” llega al BAFICI y proyecta al cine misionero en la escena nacional

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La película Gente de la Ruta, ópera prima de Lucas Koziarski, se estrenará en la Competencia Argentina del BAFICI 27 y posiciona a Misiones en uno de los espacios más visibles del cine independiente nacional. El desembarco en el festival no es un dato menor: funciona como una plataforma de legitimación para nuevas voces y, en este caso, instala una narrativa que combina territorio, conflicto social y mirada autoral. La pregunta que sobrevuela es si este tipo de producciones logra consolidar un polo regional con capacidad de incidencia cultural más allá del circuito festivalero.

Ambientada en Oberá, la película sigue a Gladys, quien huye de su marido y se refugia con sus hijos en la casa de su prima, al costado de una ruta. Ese espacio, aparentemente periférico, se convierte en el centro de una tensión constante atravesada por controles policiales y la desaparición de mujeres que trabajan en la zona.

Cine regional, financiamiento público y construcción de agenda

El proyecto no surge en el vacío. Se inscribe en una red institucional que articula producción, formación y financiamiento. Gente de la Ruta cuenta con el respaldo del IAAVIM, el Fondo Nacional de las Artes, Estudios Churubusco y la ENERC NEA, un entramado que refleja cómo el cine regional se sostiene en políticas públicas y cooperación entre organismos.

Koziarski, formado en la Universidad Nacional de Misiones y en la ENERC NEA, también integra ese ecosistema desde la docencia y la producción. Su recorrido previo como director de arte en distintas películas marca una trayectoria vinculada a la construcción visual, que ahora traslada a su primer largometraje como director.

La película, producida junto a SA Cine, Murillo Cine y Ojolote Cine, evita el registro explícito y opta por una narrativa donde la violencia no irrumpe de manera abrupta, sino que se instala en lo cotidiano. Esa decisión estética no es solo formal: traduce una lectura sobre cómo operan las violencias estructurales en contextos periféricos.

Reconocimientos y posicionamiento en el circuito

Antes de su estreno en Buenos Aires, el film ya había acumulado una serie de reconocimientos en instancias de desarrollo y postproducción. Entre ellos, el Premio HD Argentina y Pomeranec en el laboratorio del ABC BAFICI (2021), el Premio Lahaye en el Festival Asterisco LGBTIQ+ (2023), y distinciones Work in Progress en festivales de Entre Ríos (2024) y Gibara (2025).

Ese recorrido previo no solo valida el proyecto, sino que revela una estrategia de inserción progresiva en el circuito audiovisual. Cada instancia de reconocimiento funciona como un escalón que amplifica visibilidad y acceso a recursos, en un sector donde la competencia por financiamiento y exhibición es estructural.

Entre la visibilidad y la sostenibilidad

El estreno en el BAFICI abre una ventana, pero también plantea un desafío. La visibilidad en festivales no garantiza continuidad ni escala. La pregunta que queda abierta es si estas producciones logran trascender el circuito cultural específico y convertirse en parte de una política sostenida de desarrollo audiovisual en las provincias.

En ese marco, Gente de la Ruta no solo es una película: es también un caso que permite leer cómo se articulan identidad, territorio y política cultural. Lo que ocurra después del festival —en términos de circulación, recepción y nuevas oportunidades— será clave para medir el verdadero alcance de esta irrupción.

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APAM denuncia “destrucción de la familia agraria” y lleva la disputa por el modelo productivo al terreno político

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En el arranque de una nueva zafra, la discusión por el precio de la hoja verde escaló a un conflicto de poder que trasciende lo sectorial. El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, acusó al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei de impulsar, a través de la desregulación del mercado yerbatero, un proceso de “destrucción de la familia agraria”.

Con precios que hoy oscilan entre $180 y $450 por kilo, y un reclamo sectorial que fija en $700 el valor “justo”, los productores no solo cuestionan el esquema económico: preparan una presentación judicial para frenar el decreto que eliminó el marco de negociación institucional. La tensión de fondo es otra: qué modelo productivo va a prevalecer en Misiones y quién define sus reglas.

De la regulación al mercado: el quiebre del esquema de precios

El punto de inflexión que marca APAM es la desarticulación del sistema que permitía acordar precios dentro de un ámbito institucional. Sand explicó a Economis que allí, productores e industria exponían costos y márgenes bajo reglas formales, con intervención estatal en caso de no alcanzar consenso. Ese mecanismo garantizaba, según el sector primario, un valor “sustentable”.

La irrupción del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 modificó ese equilibrio. Sin ese espacio, el precio quedó sujeto a la negociación directa, en un mercado donde la dispersión refleja asimetrías: desde $180 hasta $450 en casos puntuales como el de Piporé, con cooperativas que sostienen valores cercanos a $380 para sus socios.

El impacto económico aparece con cifras concretas. APAM calcula que el primer año de desregulación (2024) implicó una transferencia de $200.000 millones desde los productores hacia la industria, producto de la brecha entre un precio esperado de $500 y uno efectivo cercano a $200. La tendencia, aseguran, se repitió en el segundo año y proyecta continuidad en la zafra que dio inicio.

En ese contexto, Sand remarca que el reclamo de $700 por kilo de hoja verde se apoya en dos variables: la equivalencia histórica de 0,50 dólares y la actualización inflacionaria sobre referencias previas de $500–$510. Incluso los costos de $460 registrados en septiembre pasado ya no se cubren, lo que deja al pequeño productor operando sin margen.

Judicialización y respaldo provincial: la política entra en escena

La novedad no es solo económica. Es institucional. APAM, junto a asociaciones, cooperativas y Fedecoop, avanzó en un pedido formal de apoyo al gobierno provincial para impulsar una acción judicial que declare la inconstitucionalidad del DNU.

El movimiento redefine el conflicto. Ya no se trata únicamente de precios, sino del alcance del poder regulatorio del Estado nacional sobre una economía regional. La provincia, cuya estructura productiva depende en gran medida de la yerba mate, aparece como un actor que podría tensionar ese esquema.

Para los productores, el decreto representa un “avasallamiento” que desarticula un sistema de equilibrio interno. Para el Gobierno nacional, en cambio, forma parte de una lógica de desregulación más amplia. En ese cruce, la Justicia se convierte en el próximo escenario de disputa.

Modelo productivo: agroecología versus concentración

El debate por el precio abre una discusión más profunda. Sand vincula la caída de ingresos con un proceso de descapitalización que, según su lectura, favorece la concentración de tierras y recursos estratégicos como el agua.

En ese marco, cuestiona propuestas que promueven el avance de monocultivos intensivos —como el maíz— en la provincia. Para APAM, ese camino no solo es económicamente inviable para el pequeño productor, sino que implica riesgos ambientales estructurales: erosión del suelo, pérdida de fertilidad y aumento de temperaturas.

La alternativa que plantea Sand para el sector es un modelo agroecológico, adaptado a la lógica de la selva misionera. La propuesta apunta a reinsertar la yerba mate en sistemas con cobertura arbórea, reducir el uso de insumos externos y aprovechar mecanismos biológicos propios del ecosistema.

La discusión, en términos políticos, no es técnica. Es estratégica. Enfrenta un esquema basado en escala, commodities y precios internacionales con otro centrado en producción regional, sustentabilidad y arraigo.

Quién gana y quién pierde

El escenario deja expuestos intereses divergentes. La industria, con mayor capacidad de fijación de precios en un mercado desregulado, aparece como el actor fortalecido. Los pequeños productores, en cambio, enfrentan márgenes negativos y pérdida de capital.

La intervención del gobierno provincial introduce un factor de equilibrio, pero también abre un frente político con la Nación. La judicialización puede alterar la correlación de fuerzas si logra reinstalar un marco regulatorio; de lo contrario, consolidará el esquema actual.

En paralelo, la discusión sobre el modelo productivo suma actores: desde sectores que promueven la diversificación con cultivos intensivos hasta quienes defienden una matriz centrada en la yerba mate.

Un conflicto que redefine la agenda productiva

La ofensiva judicial y el debate sobre el modelo productivo colocan a la yerba mate en el centro de la agenda política de Misiones. No se trata solo de un cultivo, sino de una estructura social y económica que involucra a buena parte de la provincia.

En las próximas semanas, la evolución de la causa judicial y las definiciones políticas marcarán el rumbo. También habrá que observar si el reclamo logra traducirse en medidas concretas o si el mercado termina imponiendo su lógica.

La tensión sigue abierta. Entre regulación y desregulación, entre agroecología y monocultivo, entre producción familiar y concentración, Misiones discute algo más que el precio de la hoja verde. Discute su modelo de desarrollo.

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Yerba mate: cooperativas sostienen precios, pero advierten que el mercado “aplasta” al productor

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En pleno inicio de zafra y con el precio de la hoja verde en caída, el presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP), Gustavo Hein, puso en evidencia el límite estructural del sistema cooperativo frente al nuevo escenario de mercado: aun sosteniendo mejores valores para sus socios, la competencia con operadores que compran más barato termina “aplastando” los precios.

El dato central es contundente: mientras el costo de producción ronda los 465 pesos (dato brindado por el INYM en septiembre de 2025), el mercado paga entre 210 y 250 pesos, con plazos de hasta 120 días. La tensión queda planteada: ¿puede el cooperativismo resistir en un esquema donde el precio lo fija el eslabón con mayor poder de compra?

El cooperativismo como amortiguador: hasta dónde alcanza

El planteo que Hein brindó a Economis no se limita a una queja coyuntural. Expone una dinámica que atraviesa a toda la cadena yerbatera. Las cooperativas, explicó, intentan trasladar la mayor cantidad de beneficios al productor, evitando intermediación y sosteniendo valores más altos para sus socios. Así quedó observado en los precios que pagan Las Tunas o la cooperativa que produce la marca Piporé que marcan los precios más elevados de la región entre 380 y 450

Ese esquema, que históricamente funcionó como regulador informal del mercado, hoy muestra fisuras. La razón es simple: “cuando otros actores acceden a materia prima más barata, logran competir con ventaja en la góndola”. Esa diferencia termina presionando a la baja los precios generales, explicó Hein.

El mecanismo es progresivo. “Primero cae el precio de referencia. Luego se reduce la capacidad de las cooperativas para sostener valores diferenciales. Finalmente, aparece la pérdida de mercado”.

Costos, precios y ecuación inviable

Los números que describe el sector muestran una brecha crítica. El último costo de producción sin rentabilidad se ubicaba en torno a los 465 pesos por kilo de hoja verde. A ese valor debería sumarse entre un 25% y un 30% de margen para alcanzar un precio sustentable, cercano a los 700 pesos.

Sin embargo, el mercado opera muy por debajo. En términos generales, los productores reciben entre 210 y 250 pesos. En algunos casos, incluso menos. Esto también se observa en la comercialización de yerba canchada que es otra opción que usan algunas cooperativas o pequeños molinos, allí el valor de comercialización oscila en los 800 pesos por kilo de canchada, cuando el valor no debería ser inferior a los 1440 pesos.

El problema no es solo el precio, sino la estructura de costos. Para producir un kilo de yerba canchada se requieren tres kilos de hoja verde, a lo que se suman los costos de secanza. Con valores deprimidos en origen, la ecuación se vuelve directamente inviable.

A eso se agrega otro factor crítico: los plazos de pago. La extensión a 120 días traslada la carga financiera al productor, que debe sostener costos sin ingresos inmediatos.

Gustavo Hein, presidente de Fedecoop

Competencia desigual y pérdida de referencia

El análisis de Hein introduce un concepto clave: la competencia desleal dentro del propio mercado. No se trata solo de diferencias de eficiencia, sino de estructuras de compra que permiten acceder a materia prima a valores más bajos.

Ese diferencial se traslada a la comercialización. Quien compra más barato puede vender más barato. Y quien intenta sostener precios más altos pierde competitividad (o mercados).

El efecto es sistémico. Las cooperativas, aun con voluntad de sostener precios justos, quedan atrapadas en una lógica de mercado que no controlan. El resultado es una pérdida progresiva de referencia en los valores.

Un modelo en tensión y un debate abierto

La situación del cooperativismo yerbatero refleja una discusión más amplia sobre el funcionamiento del mercado en las economías regionales. Sin herramientas de regulación, el precio se define por la capacidad de compra, no por los costos de producción.

En ese contexto, el sistema cooperativo intenta sostener un equilibrio que se vuelve cada vez más frágil. La zafra en curso será una prueba concreta de hasta dónde puede resistir ese modelo.

Las próximas semanas estarán marcadas por dos variables: la evolución de los precios en plena cosecha y la capacidad del sector para sostener estrategias colectivas frente a la presión del mercado.

El interrogante no es solo económico. También es político: si el precio deja de ser una variable acordada y pasa a ser una imposición de mercado, el rol de cada actor dentro de la cadena vuelve a quedar en discusión.

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