Si el plan del Gobierno llega a buen puerto, el año próximo entrará en vigencia un sistema que extenderá la lista negra de teléfonos robados en nuestro país (y que impide su uso) a otros que hayan sido denunciados en otros países.
Es una extensión de la lista negra que ya funciona de equipos robados en nuestro país desde mediados de este año, y que bloquea el uso en el país de un teléfono que fue denunciado como robado, en base a una lista de IMEI (el número de serie único de cada teléfono) compartida por las operadoras. Ahora se enriquecerá con los aportes de los fabricantes y las operadoras de otros países. La intención es impedir que equipos que fueron denunciados como robados en otro país, (tanto en un robo casual como en un desfalco más grande, un cargamento entero) sean vendidos o usados en la Argentina.
Frenar el contrabando
El plan fue adelantado por Clarín hace unos días, que afirma que además de la lista negra, el Gobierno estudia pedir una factura de compra al momento de querer usar un teléfono extranjero en la Argentina, una mecánica similar a la que implementó Chile este año y que crea una lista blanca de equipos autorizados (en base a los IMEI de los teléfonos fabricados en Tierra del Fuego y de los importados en forma oficial), y otros que cada usuario deberá validar al querer usar un equipo extranjero en el país.
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Desde el Gobierno afirman que la única medida que se analiza en concreto por ahora sólo afecta a los equipos robados, y al cruce de las bases de datos de equipos que fueron identificados como robados, que ahora sería compartida por varios países. Y permite que los fabricantes de teléfonos denuncien bloques de IMEIs como robados: es decir, no depende de la declaración de un usuario, sino que permite que sean las marcas las que aporten datos.
Así lo confirmaron desde el Gobierno a LA NACION, explicando que la medida busca “no complicarle la vida al comprador de buena fe”, pero sí apunta a neutralizar el ingreso de celulares de contrabando, que hoy ronda los 3 millones de equipos anuales, contra los algo más de 10 millones que salieron de Tierra del Fuego, según datos de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de la Argentina (Catema).
En 2014 eran 1,5 millones los teléfonos que entraban al país en forma ilegal; el número se duplicó desde entonces, ya representa un cuarto del mercado nacional y obedece a una realidad: el precio local de los teléfonos (y de la electrónica en general) hacen que el contrabando se transforme en una opción muy rentable para quienes quieran asumir el riesgo.
No se trata, en este caso, de perseguir a quienes viajan a Miami, Santiago de Chile o Paraguay y traen un teléfono sin declararlo (aunque en el caso del iPhone, por ejemplo, ronda los 300 mil equipos al año, según cálculos del consultor en telecomunicaciones Enrique Carrier), sino de frenar el crimen organizado, que ingresa contenedores de equipos sin control aduanero y (clave para el negocio) sin pagar más de 3000 millones de pesos en impuestos, según estimaciones de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (Afarte). Muchos de esos equipos que se venden en “cuevas” a precios muy tentadores son robados; la lista negra extendida neutralizaría su venta, sin frenar del todo el contrabando, que involucra cargamentos comprados en el exterior e ingresados sin pasar por la Aduana.
Para los fabricantes de Tierra del Fuego es imposible competir por precio con el contrabando: al costo menor que implica traer el equipo de China ya terminado se le suma que el no pago de impuestos. Para las operadoras y las marcas, además, es un dolor de cabeza. Deben darle soporte a equipos de procedencia ignota, de modelos que a veces no se venden en el país (y no tienen repuestos) y que son competencia interna: porque son teléfonos originales, pero comprados en forma directa a China. Es decir, para la marca se registra como una venta, pero no en la filial local.
Una manera de frenar el contrabando está en la rebaja de los impuestos internos para los celulares acordada en los últimos tiempos: la lógica que se sigue es que si baja el precio del equipo (de Tierra del Fuego o ingresado en forma legal) pierde atractivo el de contrabando. Igual será en forma gradual durante el próximo lustro; pero el precio en pesos de los equipos hechos en Tierra del Fuego ya está bajando.
Los datos del sector
En los últimos tres años se duplicó el contrabando de “smartphones” de última generación, que suelen ser originales, se entregan en caja cerrada y parecen iguales a los que tienen en venta las empresas de telefonía móvil y las grandes tiendas de electrónica.
Estos teléfonos evadieron impuestos no tienen garantía en el país y son hasta 50% más baratos.
Por fuera de los canales oficiales, se consiguen móviles de dos maneras. Una es viajando: se adquiere en otro país y se trae de regreso para usarlos en la Argentina muchas veces sin declararlos al pasar por la Aduana.
La otra gran vía, que explica más del 80% de los casos, es la compra a comerciantes que revenden de manera ilegal teléfonos contrabandeados.
Entre ambas modalidades, la consultora Carrier y Asociados estimó que en 2014 la población había comprado 1,5 millón de aparatos que no fueron fabricados para usarse en la Argentina. Pero en 2015 ya fueron 2 millones y este año serán 2,8 millones, frente a un mercado formal de 10,3 millones de equipos.
Así, las compras ilegales casi se duplicaron en los últimos tres años. Y pasaron a representar unos 7.700 aparatos por día, 320 por hora o 5 por minuto.
Estas cifras implican, a su vez, que este año el 21,4% de los celulares nuevos que compraron los argentinos (1 de cada 5) tendrán origen informal, cuando en 2014 eran el 13,5% (1 de cada 7).
