Mesa interinstitucional para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil
El Poder Judicial de la provincia de Misiones se encuentra trabajando en la estrategia de intervención para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil – Ley Nº 27.801-en cuyo marco se ha definido una línea de actuación institucional orientada a organizar, de manera progresiva, coordinada y articulada, la adecuación institucional a las exigencias del nuevo marco normativo.
En este contexto, los ministros del Superior Tribunal de Justicia Juan Manuel Díaz,Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres, recibieron esta mañana a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, a Magistrados y Funcionarios judiciales, en el salón de usos múltiples del Edificio de Tribunales.
Juan Manuel Díaz, ministro de enlace con el fuero penal, agradeció a todos los presentes y expresó “estamos plenamente involucrados y determinados también a llevar adelante este proceso que tiene que ver con nuestra niñez y con nuestra adolescencia”.
Respecto a la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil afirmó: “lo que tiene de más severo y de más estricto es lo que tiene también de oportunidad, porque si bien baja la edad de imputabilidad, y eso está claro a los 14 años, hay todo un universo de adolescentes que no estaban alcanzados por ninguna respuesta institucional, y acá lo que se procura es unificar la respuesta institucional. El Estado, en definitiva, somos todos. Lo que la sociedad busca del Estado, independientemente de los poderes, es encontrar una respuesta, una solución, un abrigo, una contención”.
Este nuevo régimen implica un cambio sustancial en el abordaje de la justicia Penal juvenil, dejando atrás el modelo inquisitivo y tutelar para dar lugar a un sistema acusatorio y garantista, que prioriza la resocialización de los jóvenes y el respeto irrestricto de sus derechos. Se incorporan principios rectores como la legalidad, la razonabilidad, la excepcionalidad de la privación de la libertad y el derecho de defensa desde el inicio del proceso. En este aspecto Díaz interpeló: “¿Cuál es el objetivo? mejorar la respuesta institucional para que alrededor de 1400 niños, niñas y adolescentes de entre 14 y 18 años que están cada año en conflicto con la Ley Penal, puedan tener una segunda oportunidad, que se la tenemos que dar nosotros”.
Por otro lado, la ministra Cristina Irene Leiva tomó la palabra y comentó que es muy emocionante ver esta convocatoria: “el Estado somos nosotros, entonces hoy tenemos la oportunidad de corregir, de hacer, de ver y de ocuparnos de nosotros, estos menores son los que en definitiva después van a construir nuestro propio futuro”.
Por su parte, Valeria Fiore Cáceres afirmó: “creo que el mayor acto de responsabilidad es que estemos hoy todos conversando de cara a la implementación de una de las modificaciones más importantes que en materia de niñez y adolescencia tiene el sistema judicial argentino en las últimas décadas”. Y también “avanzamos hacia una herramienta que nos permita a todos coordinarnos, no superponernos y actuar con la inmediatez que requieren las personas, los niños y jóvenes en conflicto con la Ley Penal”.
La ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, agradeció la invitación a la mesa interinstitucional y manifestó su satisfacción ya que actividades como estas: “tienen que ver con lo que nos demanda la sociedad, y sobre todo con un tema tan sensible que nos toca a todos, nuestros niños y adolescentes, lo que no tiene que ver solamente con la implementación de la norma, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos”.
En el mismo tono, la presidente de la Comisión Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y de Juicio Político de la Cámara de Representantes, Anazul Centeno, señaló el termino responsabilizad como eje de todas las manifestaciones que la precedieron y le pareció “muy auspicioso que esta jornada, que estos protocolos surjan desde el Superior Tribunal de Justicia. Realmente creo que hay una demanda de la sociedad hacia todos nosotros, todas nosotras, con quienes somos funcionarios, con quienes somos servidores del pueblo, de la gente, de involucrarnos más. Y me parece importante que el Poder Judicial sea quien abra las puertas también, que involucre a todos los sectores, que no sea solamente la justicia dialogando con la justicia, sino que abra la jugada a las distintas instituciones que también tenemos que ver en todo esto”.
En la mesa de apertura estuvieron también presentes y participaron luego en el trabajo con los invitados: el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Ramiro Aranda; el ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Roberto Padilla, Karina Aguirre, ministra de Derechos Humanos y la Jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Alcaide General Valeria del Carmen Mereles.
Acompañaron activamente en las mesas de trabajo el Subsecretario de Seguridad y Justicia, Victor Eduardo Maj y la Defensora de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes de Vicegobernación, Rossana Franco así como también representantes de los Ministerios de Salud, Deportes, Desarrollo Social, Policía de la Provincia, Instituto Provincial de Estadística y Censos, y Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SipTed).
Mesas de trabajo para el análisis y la articulación de propuestas
Con el objetivo de avanzar en la construcción de una red interinstitucional con miras a la elaboración de un Protocolo de Actuación Conjunto para la implementación efectiva del régimen penal juvenil en la Provincia, las autoridades invitadas participaron en las mesas de trabajo vinculadas en los siguientes ejes temáticos: prevención, alojamiento, salud integral, educación y reintegración social.
A modo de cierre, Díaz señaló: “Se trata de anticipar a través de respuestas que son muchas veces de carácter restaurativo, de carácter de mediación penal juvenil para que ese niño, niña adolescente tenga una nueva oportunidad”.
De esta manera, el Poder Judicial avanza en la construcción de un modelo de justicia penal juvenil más moderno, articulado y centrado en las personas, con una fuerte impronta en la garantía de derechos y la reintegración social.
