La pesca marítima es una de las principales actividades económicas de la Argentina, con exportaciones que superaron los 2000 millones de dólares anuales en los últimos 3 años. Sin embargo, y de acuerdo a los últimos informes de evaluación disponibles realizados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), cada año la industria pesquera descarta más de 110 millones de kilos de merluza en buen estado que son devueltas sin vida al mar. Y a pesar de que estos registros podrían sufrir variaciones en las estimaciones de este año, estos valores reflejan un déficit de manejo histórico en la industria pesquera, que pone en riesgo los recursos pesqueros del país, dejando en evidencia la sobre explotación de los océanos y la destrucción de los hábitats marinos.
El problema del descarte pesquero en la pesca marítima, una práctica ilegal en nuestro país de acuerdo a la Ley Federal de Pesca (24.922) que lo prohíbe en dos instancias (artículos 1º y 21)*, se ha convertidoes una de las mayores amenazas para los mares de Argentina y del mundo. Junto con la pesca excesiva de nuestros océanos, las capturas accidentales no deseadas, la destrucción de los hábitats de los fondos marinos por la pesca de arrastre, el cambio climático, entre otros, componen elementos de una fórmula peligrosa, con potenciales consecuencias ecológicas irreversibles para la supervivencia de los ecosistemas marinos, y por ende de la salud de estos hábitats y sus especies.
En este sentido, Fernando Miñarro, Director de Conservación de Fundación Vida Silvestre, reflexiona que “La realidad actual nos ha dado evidencias de que un ecosistema saludable, bien manejado, es beneficioso para todos. Hasta ahora, los servicios obtenidos de la naturaleza han sido generados por un modelo de crecimiento que considera los recursos naturales como infinitos. Las actividades humanas y la sobreexplotación de los recursos afectan a los ecosistemas, su funcionamiento y a todas las especies asociadas, lo cual nos lleva a una reflexión urgente: la variable ambiental debe ser incluida en el desarrollo de un modelo económico y productivo, que tenga en cuenta a la naturaleza y a las personas, para que sea justo y sostenible en el tiempo”
Devolver al mar sin vida las especies capturadas que no serán comercializadas, porque son de menor tamaño o porque tienen menor valor comercial (lo que ocurre en varias pesquerías argentinas, pero que se ha documentado tanto en la pesquería de merluza como en la de langostino), demuestra que la forma en que producimos y consumimos los alimentos, así como el modelo económico actual que lo sostiene, está llevando al planeta a su punto límite. Como analiza el Informe Planeta Vivo 2020 de WWF, entidad que Fundación Vida Silvestre Argentina representa en nuestro país, entre 1970 y 2016 las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces se desplomaron un 68%, lo que demuestra que las tendencias poblacionales de las especies están disminuyendo a un ritmo catastrófico. En esta línea, y como agravante de esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), estima que alrededor del 33.1% de las poblaciones de peces del mundo están sobreexplotadas y el 60% se está pescando hasta su límite biológicamente sostenible.
El sistema alimentario debe nutrir a las personas sin dañar nuestro planeta, pero ahora mismo está fallando en ambos frentes. En este contexto, es claro que la ley de pesca prohíbe el descarte y que Argentina está avalando una pesca ilegal, al permitir un uso irracional del patrimonio natural que genera impactos directos sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Presenta, además, un problema político y ético: es un aprovechamiento que perjudica los recursos naturales y un desperdicio de alimentos, contrario a una administración responsable, a la utilización sostenible de los recursos y a una conservación saludable de los ecosistemas, que permitan nuestra existencia. Tirar alimento al mar de esta manera demuestra también la falta de ética detrás de estas prácticas, en un contexto de hambre mundial y nacional, en la que falta comida para muchos sectores de la sociedad.
Desde Vida Silvestre entendemos que el descarte es un proceso complejo, que involucra una diversidad de actores y factores, con distinto grado de responsabilidad. Por este motivo planteamos, a través del documento de posición “El descarte de merluza no solo es un problema biológico, también pone en riesgo las exportaciones y el empleo”, que es urgente aplicar correctamente la Ley Federal de Pesca, mejorar el desempeño de las pesquerías para incorporar mayor transparencia y trazabilidad, minimizar la captura incidental de otras especies, el descarte y el impacto sobre el hábitat marino. “En este problema todos los actores tienen su cuota de responsabilidad, las autoridades, empresas, capitanes y tripulantes. Obviamente la mayor responsabilidad la tiene la autoridad de aplicación, que según la ley tiene la obligación de realizar una administración racional de nuestro patrimonio. Sin embargo, se ha naturalizado el dejar de lado el marco normativo, incorporando a la cultura del sector que el descarte “está bien”, a pesar de ser ilegal. Enfrentamos grandes desafíos para llegar a la necesaria transformación del sector pesquero para lograr la sustentabilidad ambiental, social y económica, que asegure el acceso a mercados internacionales. Entre ellos, el desafío de comprender que no podemos seguir desperdiciando peces que componen nuestro patrimonio natural, indispensables para mantener ecosistemas sanos y productivos”, profundizó Guillermo Cañete, Especialista en Pesca Sustentable y Planificación Espacial Marina de Fundación Vida Silvestre.
Para generar esta transformación, es imprescindible que la pérdida de la biodiversidad se aborde incluyendo prácticas respetuosas con los ecosistemas y las especies marinas, que la protejan y la restauren, como base fundamental para construir una sociedad sana y una economía próspera.
Conocé más sobre esta problemática en descarteilegal.vidasilvestre.org.ar
*La Ley Argentina en su artículo 1º del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) establece que la pesca debe ser una actividad desarrollada de manera sostenible y con buenas prácticas, que promueva el “máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos”, con el objetivo de asegurar “la conservación a largo plazo de los recursos”. Así mismo, en su artículo 21, indica que está expresamente prohibido arrojar descartes y desperdicios al mar, en contra de prácticas de pesca responsables.
