Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

En modo política

Compartí esta noticia !

Tender la mano”. La frase marcó la tarde e inauguró un nuevo tiempo del “misionerismo”, que se abre a la integración con otros espacios políticos que coincidan en el objetivo común de atender y resolver los problemas misioneros más allá de la difícil coyuntura nacional. 

En definitiva, la frase de Carlos Rovira implica un volver a los orígenes. El Encuentro Misionero es abrevar en los nutrientes de lo que fue la Renovación en 2003, momentos en los que el país también vivía una crisis que requirió de enormes dosis de audacia para hacerle frente. 

Esa audacia es la que el tiempo demanda, sostuvo Rovira, para volver a dar respuestas con las herramientas propias y “proyectar la salida” de la crisis. La apertura invoca a dirigentes de otros partidos -incluidos los libertarios- e independientes, como en la génesis misma de aquellos años de ruptura con el modelo de los 90.

La propuesta implica abrir el juego y “buscar a los que no están” para remodelar una oferta política que se inspire en lo hecho en estos años, como la ampliación de servicios sociales y decisiones económicas que hoy son perseguidas por la Nación y otras provincias, como la ausencia del déficit fiscal y generar recursos propios que le den sustento al modelo provincial. 

El mensaje de Rovira marca los tiempos políticos. Ya no se trata de esperar al 2027, sino de un llamado a la acción inmediata, que tendrá como avanzada al intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, al presidente de la Legislatura, Sebastián Macías y al diputado nacional Oscar Herrera Ahuad. Tendrán la misión de recorrer cada rincón de la provincia para llevar el mensaje y traer a los que no están pero tienen una vocación misionerista. “Hacha, tiza y TikTok”, describió Rovira a la “patriada” que significa “volver a soñar” para salir de la anomia y desatar el nudo gordiano que impone la escasez del momento. 

Sin embargo, advirtió, no será con achique ni retirada del Estado, sino al contrario. “No liquidamos nada. Está claro que el contenedor es el Estado y la solución no es la mano invisible. Podemos cerrar el grifo, pero no liquidar”, remarcó. 

Puso como ejemplos a la política habitacional que distinguió a Misiones con miles de viviendas entregadas y que hoy se redujo a su mínima expresión en el marco del ajuste. En paralelo, defendió el posicionamiento sobre la yerba mate y el precio mínimo para la materia prima de 50 centavos de dólar, que obviamente quedó sepultado por la desregulación que impuso el DNU del presidente Javier Milei. Para contrarrestar ese desequilibrio, se avanzará con la ley de Trazabilidad del Mercado y otras herramientas que protejan el entramado productivo. 

Rovira no esquivó al debate remanido propuesto por la Libertad Avanza y otros sectores opositores: la política fiscal. “No existe Aduana paralela. Es la Nación, que se queda con lo que se recauda en Misiones”, sintetizó. “Son los impuestos nacionales los que no bajan”, cuestionó. 

Remarcó que los productores están exentos y que recién tributan Ingresos Brutos los industriales y el comercio. 

El sector industrial comienza a tributar en 1,5%, mientras que, por ejemplo, en Corrientes deben pagar 1,75%. 

El caballito de batalla de la oposición choca con los datos duros: la Corte Suprema retó a Corrientes por instalar una aduana paralela. Justo en la provincia que es el modelo a imitar, según los no misioneristas

Los cortesanos hicieron lugar a la demanda de Bunge Argentina S.A. contra la provincia de Corrientes y declararon inconstitucional un esquema de alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Corrientes generaba un trato discriminatorio según la localización de los establecimientos productivos.

La Corte analizó el esquema a la luz de la Constitución Nacional y de precedentes propios en materia de comercio interjurisdiccional y concluyó que la normativa correntina afectaba el principio de igualdad y alteraba el flujo natural del comercio entre provincias.

El tribunal sostuvo que la aplicación de una alícuota del 2,90% a la firma demandante, en contraste con tasas menores para actores locales, configuraba una restricción indirecta al comercio interprovincial. En términos jurídicos, calificó este mecanismo como una “aduana interior”, figura expresamente prohibida por la Constitución.

Además, el fallo remite a antecedentes similares donde se analizaron esquemas tributarios provinciales que diferenciaban cargas en función del origen de la producción, consolidando una línea jurisprudencial en ese sentido. Misiones no entra en ese lote. 

En contraste, Misiones insistirá en conseguir un régimen diferencial para la economía local, atravesada por el contexto de frontera y las distancias con el país central que todo lo encarecen. El presidente de la Legislatura, Sebastián Macías, adelantó una iniciativa que será trabajada con los diputados nacionales del bloque misionerista, para colar el debate en medio de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno nacional. Misiones ya había conseguido convencer a los demás diputados de la urgencia de una Zona Aduanera especial, superadora incluso del artículo 10 de la ley Pymes, pero el ex presidente Alberto Fernández vetó la iniciativa y volvió todo a fojas cero. 

Este régimen debería estar basado en exenciones impositivas nacionales y aduaneras para todas las actividades económicas desarrolladas o a desarrollarse en todo el territorio misionero.

La iniciativa recoge y acompaña un reclamo transversal de las distintas Cámaras de Comercio e Industrias como así también de distintos sectores productivos, profesionales y sociales de la provincia, que coinciden en la necesidad de avanzar en medidas concretas que permitan corregir las asimetrías estructurales que afectan a la economía misionera.

En este sentido, se puso en relieve la profunda preocupación manifestada por esos sectores frente a la actual coyuntura considerados estratégicos para el desarrollo económico, social y productivo de Misiones. En esa misma línea, se expresó el reclamo de fondo: “Que la Nación deje de ponerle el pie encima a los misioneros y nos permita crecer libremente”.

Rovira le dio un fuerte impulso a la iniciativa y pidió a los diputados nacionales que se entreguen en cuerpo y alma por su aprobación, en medio del debate por la reforma fiscal. Entre las propuestas se destacan: eliminar el IVA a los productos que lleguen a la provincia para reducir los precios en góndola, además de beneficios aduaneros para producir y exportar. “Que las empresas puedan traer maquinarias e insumos sin pagar derechos de importación y que productos como la yerba, el té y la madera no paguen derechos de exportación”.

La anomia a la que hace referencia Rovira no es otra que la parálisis que produce la crisis. Deterioro económico constante, destrucción de empresas y de puestos de trabajo, pérdida de poder adquisitivo y una inflación que lejos está de ser contenida: 3,4 por ciento en marzo, diez meses consecutivos de subas y un acumulado interanual de 32,6 por ciento, superior a la del último año de Cristina Fernández. 

La inflación es un problema dramático para millones de argentinos que no encuentran sosiego y ven como la promesa inicial del Presidente se desvanece en excusas vanas. El NEA fue nuevamente la región con mayor suba de precios, con 4,1 por ciento.

Pero si la suba de precios se hace insoportable, también lo es la constante caída de la actividad económica. Entre noviembre de 2023 y enero de 2026, hay 24.180 empleadores menos (cerraron más de 30 empresas por día). En el mismo período, se perdieron 290.123 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3%), casi 366 puestos por día. Desde que asumió la gestión libertaria, Misiones registra una caída de 9,4% en la cantidad de empleo privado formal, lo que equivale a 10.209 empleos menos. En paralelo, la cantidad de empresas cayó 9,9% en igual período, con 935 firmas menos en actividad

En dos años, la creación de empleo en Argentina dejó un saldo de apenas 113 mil puestos, lo que equivale a unos 56,5 mil por año, según las estimaciones oficiales. La cifra no solo resulta modesta: es directamente insignificante cuando se la compara con ciclos recientes. Durante la gestión de Mauricio Macri, el promedio anual rondó los 280 mil empleos, mientras que en el período de Alberto Fernández trepó a unos 440 mil. El contraste expone, sin matices, la debilidad del actual proceso de generación de trabajo.

El dato más inquietante aparece en 2025: la economía creció, pero no generó empleo. Es la primera vez en lo que va del siglo XXI que se verifica una expansión sin creación de puestos de trabajo, un fenómeno que rompe con una de las pocas relaciones relativamente estables de la macroeconomía argentina.

Pero incluso ese magro balance tiene una composición preocupante: todo el empleo generado en los últimos dos años es, en esencia, precario e informal. Lejos de consolidarse, el trabajo registrado cae en términos absolutos, marcando un quiebre respecto de la etapa anterior, en la que -con tensiones y limitaciones- tanto el empleo formal como el informal mostraban una tendencia expansiva.

La pasividad no es una opción ante la certeza de que el Gobierno no da ninguna señal de interés en atender esas problemáticas. 

Esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios, por cambio de precios relativos. Si nosotros tomamos la núcleo y le sacamos el efecto de la carne, es decir tomamos la verdaderamente subyacente, está igual que el mes pasado, en 2,5”, se desentendió Milei en el AmCham Summit 2026

La carne aumentó 6,9 por ciento en el último mes, con un pico de 7,9 en Cuyo. El consumo de carne cayó 10% en lo que va del 2026 y sigue en el nivel más bajo de los últimos 20 años, según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Para salir del paso, una senadora libertaria -Vilma Bedia- recomendó comer carne de burro. 

En la misma convención empresaria, el ministro de Economía, Luis Caputo también se desentendió de la suba de precios. “El proceso de desinflación, que venía muy pronunciado, se vio interrumpido el año pasado en el proceso previo a las elecciones donde hubo una dolarización masiva y una caída fuerte de la demanda de dinero. Todavía estamos purgando esa caída de la demanda de dinero, pero a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante. Vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento”, describió.  “Entramos en un proceso virtuoso en el cual los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, agregó. Después viajó a Estados Unidos para pedir al FMI un enésimo respaldo al programa. Consiguió mil millones de dólares y una declaración de compromiso de Kristalina Georgieva. “Hay un pico de optimismo”, cerró Caputo en Washington.

Hay un pico de optimismo””, celebró Caputo en Washington tras conseguir un nuevo préstamo del FMI por mil millones de dólares.

Compartí esta noticia !

Distintas versiones de la realidad

Compartí esta noticia !

Durante la guerra de Malvinas, la dictadura construyó un relato épico triunfalista que permitió exacerbar el nacionalismo y convencer a los argentinos de que todo iba bien. “Estamos ganando” se repetía en los medios de la época hasta días antes de la rendición en las islas y el recuento de víctimas que dejó 649 soldados argentinos caídos contra 255 británicos. 

El presidente Javier Milei está usando la misma lógica: “Estamos ganando”, cuando la evidencia demuestra lo contrario. 

“La Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, aseguró el Presidente. 

Para el libertario, “resulta insostenible que los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años”. Sin embargo, los datos en los que se basa son cuestionados por tener cimientos débiles. Una de las principales críticas es que cambió la metodología de calcular los ingresos, lo que modifica artificialmente, las condiciones de las familias. En la calle, la realidad marca que la principal preocupación es cómo llegar  a fin de mes, mientras crece la morosidad en tarjetas, créditos y hasta billeteras digitales. Es mucho más que anécdotas. 

Milei pide paciencia, pero parece estar agotada. Mucho más después del escándalo de Manuel Adorni, el vocero devenido en Jefe de Gabinete y ahora viajero VIP con millonarias propiedades adquiridas en los últimos dos años, según confirmó la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien le ayudó a conseguir las jubiladas generosas para financiar sus hipotecas. 

No es el único escándalo, pero quizás el más tangible. Pero hay otros incluso más graves. La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo y eleva la presión judicial sobre un entramado que ya aparece como uno de los expedientes más sensibles en materia de gasto público social. El juez federal Ariel Lijo deberá resolver en los próximos días el pedido de 29 nuevas indagatorias, formulado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, a partir de un reciente hallazgo en la investigación que apunta a un esquema de desvío de fondos por más de 75.000 millones de pesos.

“Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo. MAGA VLLC!”, tuiteó. 

Pero sólo lo celebra el grupo duro. La última encuesta de Zuban & Córdoba revela que Javier Milei llega a este tramo de su gestión con una desaprobación del 65%, una aprobación del 33,9% y apenas 1,1% de indecisos

Es la consolidación de una tendencia. Desde octubre de 2025, cuando la desaprobación era de 62,8%, el rechazo nunca volvió a perforar el umbral alto y, tras una breve meseta en torno al 50%, volvió a escalar hasta tocar su máximo de la serie. En paralelo, la aprobación cayó desde 48,8% en diciembre de 2025 a 33,9% en abril de 2026

En apenas cuatro meses, el Gobierno perdió casi 15 puntos de respaldo y ganó más de 15 puntos de rechazo.Ese deterioro se vuelve todavía más relevante cuando se lo cruza con otra variable decisiva: la percepción sobre el rumbo del país. Allí el estudio muestra una fractura profunda. Solo el 28,3% considera que la Argentina va en la dirección correcta con el gobierno de Milei, mientras que el 63,6% cree que va en la dirección incorrecta y un 8,1% no sabe. 

La percepción de que la dirección es “incorrecta” sí se basa en datos que se pueden advertir a simple vista: a diario cierran empresas, se pierde empleo y los datos oficiales confirman el derrumbe constante de los principales indicadores. 

Industria, comercio y construcción -los tres grandes motores históricos del empleo- siguen en caída y muy por debajo de los niveles de 2023. No se trata de sectores marginales: juntos explican casi la mitad del empleo registrado. Cuando estos engranajes se frenan, lo que se resiente no es sólo la actividad, sino el tejido social y productivo en su conjunto.

Milei prefiere mirar únicamente la parte de las estadísticas que le conviene. El EMAE -ese termómetro que sintetiza el pulso de la economía- exhibe crecimiento. ¿La explicación? El impulso proviene de un puñado de sectores dinámicos: agro, minería, petróleo e intermediación financiera, actividades que en conjunto apenas concentran el 9,2% del empleo.

Ahí aparece la paradoja que define el momento actual: la economía crece, pero no necesariamente donde viven y trabajan la mayoría de los argentinos.

Para los sectores que hoy lideran la expansión, el escenario es promisorio. Hay rentabilidad, inversión y expectativas alineadas con un ciclo de mejora. Pero para quienes dependen de la industria, el comercio o la construcción -es decir, la mayoría- la percepción es otra: ingresos que no alcanzan, actividad retraída y un horizonte incierto.

La industria manufacturera tuvo en febrero uno de sus peores registros recientes. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) mostró una contracción de 8,7% interanual, mientras que el acumulado del primer bimestre cayó 6,0% frente al mismo período de 2025. En la serie desestacionalizada, el descenso fue de 4,0% respecto de enero.

El deterioro fue además muy extendido. En febrero, 14 de las 16 divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. Por incidencia en el índice general, retrocedieron alimentos y bebidas (-6,9%), maquinaria y equipo (-29,4%), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-24,6%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-24,6%), prendas de vestir, cuero y calzado (-18,2%), productos de caucho y plástico (-15,7%), industrias metálicas básicas (-12,5%), productos textiles (-33,2%), muebles y otras manufactureras (-12,3%), productos minerales no metálicos (-7,2%), productos de metal (-5,7%), tabaco (-14,9%), otro equipo de transporte (-19,8%) y madera, papel, edición e impresión (-1,5%). Solo mostraron incidencias positivas refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (19,7%) y sustancias y productos químicos (3,7%).  En textiles, donde la baja fue una de las más severas, la producción de tejidos y acabado cayó 47,0% y la de hilados de algodón 30,7%; según las empresas relevadas, pesaron la menor demanda interna y una mayor competencia de importados

La construcción también registró una caída de 1,3% respecto de enero y las expectativas empresarias no describen un escenario expansivo, sino más bien de cautela. Para el período marzo-mayo de 2026, el 69,3% de las firmas dedicadas principalmente a obras privadas cree que la actividad no cambiará.

En contraste, la inflación de marzo se mantendrá por encima del 3 por ciento. En mayo se cumplirá un año completo de aceleración de los precios. 

Caída de actividad, pérdida de empleo y precios en alza. Un combo que el Presidente prefiere obviar. 

Adrián Núñez, el representante en Misiones de la Libertad Avanza, se refleja en Milei. Ante la realidad, negarla. “No hay ninguna crisis”, enfatizó el diputado libertario sobre la yerba mate, cuando el sector productivo está en la miseria, con precios por la materia prima más bajos que hace dos años, cuando comenzó la nueva era de desregulación. 

Insistió en que la desregulación llegó para quedarse y que los productores deben “adaptarse” a la nueva realidad. Esa nueva realidad no es desconocida. En los 90, la anterior década desregulada, produjo una enorme transferencia de recursos desde la producción a la industria. Ahora se estima que por la caída de precios, la chacra perdió 400 mil millones, en detrimento de los eslabones más altos de la cadena. Por productor, los cálculos marcan una pérdida anual de 32,7 millones de pesos. 

La disputa por la renta yerbatera es la clave de la nueva demanda de inconstitucionalidad del DNU 70/2023. Con el patrocinio del abogado Federico Padolsky, se presentaron el viernes en la Justicia federal de Misiones sendas demandas contra la desregulación. El eje es que el DNU avanzó sobre el espíritu de la ley sancionada en 2001. que respondió a la necesidad de corregir las profundas asimetrías estructurales existentes dentro de la cadena de valor de la yerba mate. En efecto, mientras los sectores Industrial y Comercial presentan elevados niveles de “concentración” económica, la Producción Primaria presenta una “gran dispersión”, ya que se encuentra conformada por miles de pequeños y medianos productores que desarrollan su actividad en condiciones de marcada vulnerabilidad frente a los restantes actores del mercado.

El texto de la demanda recuerda que las herramientas regulatorias previstas por la ley (particularmente aquellas vinculadas a la fijación de precios de la materia prima y a la regulación de nuevas plantaciones) constituyeron instrumentos esenciales para evitar situaciones de abuso de posición dominante y para garantizar condiciones mínimas de sustentabilidad económica para los productores primarios.

La nueva estrategia judicial ataca en particular, los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 del decreto presidencial, que eliminaron o modificaron diversas facultades regulatorias del organismo, suprimiendo herramientas institucionales que durante más de veinte años habían constituido pilares fundamentales del sistema legal de la actividad. Las normas aquí cuestionadas, eliminaron “lisa y llanamente” las atribuciones vinculadas con la fijación del precio de la materia prima y con la regulación de nuevas plantaciones de yerba mate, alterando de manera sustancial el esquema institucional diseñado por el “Legislador”.

La supresión de dichas facultades regulatorias importa una profunda transformación del régimen legal que rige la actividad yerbatera, cambiando de facto la naturaleza jurídica del INYM. En los hechos, tales modificaciones dejan sin herramientas institucionales al organismo creado por el Congreso para intervenir en la actividad, debilitando significativamente su capacidad para cumplir las funciones para las cuales fue concebido.

La eliminación de los mecanismos institucionales de concertación sectorial agrava las asimetrías existentes dentro de la cadena productiva, exponiendo a los Productores Primarios a condiciones de negociación significativamente más desfavorables frente a los sectores industrial y comercial.

El artículo 99 inciso 3 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede dictar Decretos de Necesidad Y Urgencia cuando “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”, exigencia que constituye una garantía fundamental del principio republicano de división de poderes y de gobierno (art. 1 CN).

La doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que el dictado de esos decretos constituye una facultad de carácter excepcional, cuya utilización sólo resulta constitucionalmente válida cuando se verifica una situación de urgencia real que impide el funcionamiento normal del proceso legislativo.

En el caso yerbatero, no se advierte a diciembre de 2023, la existencia de ninguna circunstancia extraordinaria que justificara la utilización de este mecanismo excepcional para modificar el “régimen institucional” de la actividad yerbatera, el cual había sido establecido por el Congreso de la Nación luego de un amplio proceso legislativo.

No se trata de una mera formalidad retórica: la Constitución Nacional le exige expresamente al Poder Ejecutivo Nacional la explicación fundada de por qué la situación que pretende (des) regular no puede esperar el trámite ordinario de formación de las leyes.

En el DNU, todo el fundamento del Presidente se reduce a apenas dos párrafos, con los que pretende “reconfigurar” toda una economía regional que involucra a miles de productores, miles de trabajadores rurales, decenas de industrias, etc.

En esos dos párrafos Milei afirma, en esencia, que corresponde “modernizar” el Instituto Nacional de la Yerba Mate y “evitar” su intervención en un mercado que considera “competitivo”. Afirmación que realiza sin aportar “estudios técnicos”, ni “datos sectoriales”, ni “informes económicos”. Mucho menos un “análisis de mercado yerbatero argentino”, ni un solo “diagnóstico productivo”. 

La ausencia de motivación resulta todavía más evidente cuando se analizan los indicadores objetivos del sector al momento del dictado del decreto. Lejos de encontrarse en crisis, la actividad yerbatera mostraba indicadores de expansión sostenida, con: a) crecimiento del consumo total, 

b) aumento significativo de las exportaciones, 

c) estabilidad del mercado interno, 

d) expansión del valor agregado en la cadena productiva, 

e) garantía de calidad y trazabilidad del producto, entre otras mejoras que había logrado la existencia del INYM en el sector yerbatero argentino.

Esa descripción no proviene de una fuente aislada ni de un estudio privado, sino de la evaluación del Plan Estratégico para el Sector Yerbatero Argentino, elaborado con participación de organismos públicos, instituciones técnicas y universidades, del año 2022. Es decir, eran datos oficiales, que simplemente fueron desdeñados. 

La nueva estrategia judicial tiene respaldo explícito del gobernador Hugo Passalacqua. La Provincia sigue buscando herramientas para proteger a los pequeños productores y recuperar el equilibrio en la cadena. Por eso volvió a convocar a una reunión de la Mesa Yerbatera, el próximo 23 de abril, con el objetivo de acercar posiciones y mejorar el precio de la materia prima. Será una tarea titánica, ya que la industria no se mueve de los 250 pesos en promedio, aunque el costo está certificado en 391 pesos, lo que eleva el precio para garantizar una mínima rentabilidad, a 508 pesos. 

El gobernador entiende que más allá de que la situación de crisis de la producción primaria es consecuencia directa de una política nacional, no hay que desatender a los eslabones más vulnerables. No hay tiempo para la “adaptación” que marcan los libertarios, sino que las urgencias son del ahora. 

Por eso la Provincia pone en marcha sus propios anticuerpos a la crisis, con inversión y fondos propios. A diferencia de otras provincias, tiene obras viales en marcha, viviendas entregadas, aunque no en la proporción de otros años y puso en marcha una inédita obra energética que cambiará la matriz de la zona centro y sur: la línea de 132 kv entre Posadas, Alem y Oberá, con una inversión propia de 72 millones de dólares. 

En la oposición, ante la escasez de méritos propios que celebrar, la campaña está enfocada en insistir en temas que poco tienen que ver con el día a día. Una serie de fallos de la Corte Suprema pretendió ser utilizada en contra de la política fiscal misionera, como argumento para justificar la inédita caída de empresas. Pero la decisión suprema puso claridad en otras provincias, que cobraban impuestos más caros a las empresas extraterritoriales. En Misiones hay equidad tributaria y estabilidad fiscal, destacó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. Y, por lejos, es la provincia con mayor cantidad de empresas de la región. Cabe hacerse la pregunta ¿si los impuestos locales no cambiaron, cómo hasta hace un par de años los comercios vendían bien y había empleo privado récord y ahora cierran diariamente por caída de ventas y costos exacerbados? Quizás la explicación no deba buscarse en Misiones, sino en el deterioro económico nacional. 

Compartí esta noticia !

Artemis, Atenea y las paradojas de Argentina

Compartí esta noticia !

A más de 40.000 kilómetros de la Tierra, lejos de la estrechez de la coyuntura, un pequeño artefacto argentino acaba de abrir una frontera silenciosa pero decisiva. Acoplado a Artemis, el cohete de la Nasa que vuelve a orbitar la luna después de más de medio siglo, el satélite Atenea -un CubeSat 12U desarrollado por la CONAE junto a universidades públicas y organismos científicos- ya envía datos desde el espacio profundo. Alcanzará los 70.000 kilómetros de altura, una marca inédita para la ingeniería nacional, mientras mide radiación, valida comunicaciones de largo alcance y somete componentes tecnológicos a condiciones extremas. Es ciencia aplicada, es desarrollo, es Estado articulando conocimiento con universidades como la UBA, la UNLP y la UNSAM para posicionar a Argentina en una misión internacional de primer nivel. La ciencia argentina se codea con la Nasa y el satélite está a la altura de otros países como Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur.

Pero ese mismo Estado que hoy celebra -con razón- un hito tecnológico que no sería posible sin décadas de inversión sostenida en educación superior, es el que al mismo tiempo desoye una orden judicial para cumplir con la ley de financiamiento universitario. Es decir: el mismo sistema que hace posible que un satélite argentino dialogue con el espacio profundo, es el que enfrenta un inédito ajuste que compromete su propia supervivencia.

La paradoja no es menor. Atenea es, en esencia, una síntesis del ecosistema científico argentino: investigadores formados en universidades públicas, infraestructura estatal, articulación institucional y una visión de largo plazo. Sin ese entramado, no hay satélites, no hay innovación, no hay soberanía tecnológica. Sin embargo, en el plano doméstico, la política económica parece avanzar en sentido inverso, tensionando el financiamiento de esas mismas universidades que son el corazón del sistema. Los salarios universitarios acumulan una caída del 32% en su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, las transferencias a las universidades se desplomaron 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026 y, según el Consejo Interuniversitario Nacional, cada docente perdió el equivalente a siete salarios mensuales en ese período.

En esa contradicción se juega algo más que una discusión presupuestaria. Se define si la Argentina que puede medir radiación en el espacio profundo será también capaz de sostener las condiciones básicas para producir conocimiento en la Tierra. Ningún satélite despega de un país que decide, al mismo tiempo, desfinanciar su inteligencia colectiva.

Esa contradicción no es aislada. En lugar de capitalizar el fallo que desestimó la demanda en contra de YPF y evitó que Argentina sea obligada a pagar entre 16 y 18 mil millones de dólares, el presidente Javier Milei eligió confrontar con el ex ministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue el diseñador de la recuperación de la mayoría de las acciones en la petrolera. El fallo en la justicia de Estados Unidos no hizo más que ratificar la posición que expuso Kicillof cuando se recuperó el control de la empresa, respaldado por una amplia mayoría en el Congreso, la Constitución y la ley de expropiación que ahora el Gobierno quiere reducir a su mínima expresión para atraer “inversiones privadas”. 

Gracias a la estrategia de Kicillof, la Argentina tiene hoy un motor económico en marcha. Los otros fueron sacrificados en el altar del déficit cero. 

La andanada presidencial contra Kicillof no logró el efecto esperado. Por el contrario, el gobernador bonaerense por primera vez aparece primero en las encuestas con proyección a las presidenciales de 2027. La consultora brasileña Atlas Intel -que pronosticó el triunfo de Milei-, junto a Bloomberg, presentó un dato inédito: Kicillof aparece por encima de Milei y de Patricia Bullrich en intención de voto, rozando el 40%. 

El informe deja otra señal preocupante para el Gobierno: desde diciembre, la desaprobación presidencial creció 10 puntos hasta un 62 por ciento de imagen negativa. Un 65% de los encuestados califica la situación económica como “mala” y un 57% tiene expectativas negativas hacia el futuro. La imagen presidencial se derrumba por escándalos propios, como $Libra o Andis, pero en las últimas horas, particularmente por el Adorni Gate, que tiene como protagonista a Manuel Adorni, el ex vocero, hoy jefe de Gabinete, a quien se le descubrieron incongruentes inversiones y gastos, poco compatibles con su vida previa y con el sueldo de funcionario. Solo entre departamentos, viajes VIP a Punta del Este, Nueva York y Aruba, además de generosos créditos hipotecarios, en dos años lleva invertidos 269.600 dólares

Otro sondeo, de Zuban & Córdoba, expone una fotografía contundente: el ex panelista tiene 66% de imagen negativa contra apenas 21,5% de positiva. El 70,4% considera que Adorni debería renunciar

En su defensa, Adorni podrá aducir que no es el único con problemas para explicar el crecimiento de su patrimonio. Al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron a créditos del BNA por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones.

Entre ellos figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con una deuda inicial de $ 373.000.000 (unos US$ 315.000) desde febrero de 2025; y Federico Furiase, ex director del BCRA y actual secretario de Finanzas, con una deuda de $ 367.059.000 (US$ 280.787) desde agosto de 2025. 

Para acceder a un monto semejante, según el simulador del propio Banco Nación, por 30 años hay que pagar cuotas de 3.085.838 pesos y tener ingresos mínimos, entre el titular y codeudores, de 12.343.351. Calificar es una odisea para cualquiera no alineado. 

En el listado de beneficiarios también aparecen Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en X), director nacional de Comunicación Digital, que tiene un crédito por $ 112.948.000 (US$ 76.417); y Emiliano Mongilardi, director de YPF, por $ 309.507.000 (US$ 207.766). Por su parte, los diputados de LLA Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde mantienen deudas que oscilan entre los $ 230 millones y los $ 279 millones, según los distintos períodos relevados. 

El Gobierno como ante cada escándalo, prefiere mirar para otro lado. En tiempos de posverdad, si no me acuerdo no pasó. 

El Presidente atiende y responde sobre lo que quiere en la realidad virtual donde el algoritmo lo protege de cuestionamientos directos. Hace unas horas posteó una imagen suya con la leyenda “Basta de bajar la pobreza”, con un hombre desolado ataviado con una remera con la imagen de la hoz, símbolo comunista y una urna vacía y transparente. Dice que si sigue bajando la pobreza, no habrá votantes para el comunista

Alude a la baja de la pobreza que informó el Indec. En el segundo semestre de 2025 la pobreza alcanzó al 28,2% de las personas, mientras que la incidencia de la indigencia se ubicó en el 6,9%. Estos datos muestran una disminución de 9,9 puntos porcentuales (p.p.) en la pobreza y de 1,9 p.p. en la indigencia en comparación con el segundo semestre de 2024. Es decir, en apenas un año y medio, la pobreza pasó del 52,9% al 28,2%.

En términos de personas, esto implica que se pasó de 15,7 millones de personas pobres en el primer semestre de 2024 a 8,5 millones en el segundo semestre de 2025: una reducción cercana al 46%. Es decir, se redujo a la mitad la población pobre en el país.

Los números son los números. Pero nadie cree realmente en que esa disminución sea real, si al mismo tiempo creció el desempleo -datos oficiales del Indec-, hay 300 mil empleos privados menos y las tarifas de los servicios públicos, como la energía y el gas, no paran de aumentar, lo mismo que el combustible, que sólo en marzo aumentó 20 por ciento en promedio y acumula subas de 340 por ciento en la era Milei. 

La narrativa oficial sobre la baja de la pobreza se desarma cuando se contrastan los datos duros y las inconsistencias metodológicas: la Canasta Básica Total se ubica en torno a 1.400.000 pesos, pero sin ponderar gastos hoy ineludibles como internet, telefonía móvil y tarifas de servicios públicos, lo que la eleva a cerca de 2.000.000 pesos reales. 

A esto se suma una señal aún más contundente: según la EPH, los salarios del sector público habrían crecido entre 2023 y 2025, cuando todas las demás fuentes que miden lo mismo -el índice de salarios del INDEC, los datos del SIPA de empleo público o el propio gasto estatal en sueldos- muestran una caída pronunciada, de la cual incluso el propio Gobierno se jacta; la misma inconsistencia aparece en las jubilaciones.

En paralelo, el cuadro macroeconómico es consistente con un deterioro social: el gobierno asumió con 41% de pobreza y, tras el shock devaluatorio y el ajuste del 12 de diciembre de 2023, la llevó al 52%, en medio de una inflación que saltó 25% en enero de 2024 y 20% en febrero; el desempleo trepó de 5,6% a 7,5%, la recaudación acumula ocho meses de caída, crece la morosidad en tarjetas y créditos, el consumo se desploma y desaparecieron cerca de 22.000 Pymes en dos años, mientras el salario real cae de manera generalizada.

En ese contexto, el único componente que muestra mejora es el de las transferencias sociales -AUH y Tarjeta Alimentar-, lo que refuerza la sospecha de que la baja de la pobreza es más un efecto estadístico que una recuperación genuina: no querer ver el problema de fondo en la captación de ingresos de la EPH exige algo más que ingenuidad, exige fanatismo ideológico.

Existen, al menos, tres reparos metodológicos que obligan a leer con cautela la evolución reciente de la pobreza. En primer lugar, la mejora en la captación de ingresos no laborales introducida por el INDEC en la Encuesta Permanente de Hogares desde fines de 2023 -que incorpora con mayor precisión transferencias como la Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas y Progresar- eleva los ingresos declarados sin que necesariamente haya un cambio equivalente en el bienestar real.

En segundo término, se observa una inconsistencia en los ingresos de los trabajadores no registrados: el quiebre en su correlación histórica con el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir de 2024, junto con un aumento real del 25,5% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 en un contexto de mercado laboral contractivo, sugiere que parte de esa mejora responde más a ajustes en la medición que a una recuperación efectiva.

Finalmente, la subestimación de la Canasta Básica Total introduce un sesgo adicional. La metodología vigente, basada en el coeficiente de Engel, no logra capturar adecuadamente el peso creciente de los servicios y el transporte en el gasto de los hogares, rubros que han mostrado incrementos muy por encima de los alimentos. El resultado es una línea de pobreza artificialmente baja, que empuja estadísticamente a más hogares por encima del umbral sin que medie una mejora sustantiva en sus ingresos reales. En conjunto, estos factores configuran una paradoja: indicadores que sugieren alivio, pero construidos sobre bases que, en parte, distorsionan la verdadera dinámica social. 

Para los desconfiados, no están mal los datos. El problema es celebrarlos de forma sobredimensionada. La realidad indica que la foto del fin del semestre pasado no es la que se vive en la actualidad. Basta leer la propia publicación del Presidente para entender que el humor social no está para celebraciones. 

El mate, amargo

En el sector yerbatero hubo muchos votantes de Milei. Sin embargo, ahora reina la desazón por la caída de los precios en el sector productivo y una rentabilidad acotada en la industria. Las quejas de los pequeños productores llegaron hasta Axel Kicillof. “Está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o será un commodity, estandarizado y concentrado”, señala el documento entregado al gobernador. 

Sostienen que la desregulación llegó para romper el equilibrio en una cadena -no exenta de problemas- y dejó desprotegidos a miles de productores, muchos de los cuáles hicieron campaña para el Presidente y hoy piden auxilio al Gobierno –al Estado– provincial para conseguir un precio más justo por la hoja verde. 

En esa búsqueda presentarán en las próximas horas una nueva demanda ante la Justicia federal con la tésis de que la desregulación en la práctica significó una regulación que benefició a un sector de la cadena, el industrial, en un proceso mucho más acelerado que en los 90 y dejó al resto sobreviviendo con precios de miseria. 

El Instituto Nacional de la Yerba Mate rechazó sugerir un precio de referencia para la hoja verde con un argumento -aunque suene a paradoja- que fortalece la posición de los productores: el dictamen de la mayoría de los directores admite que tras el DNU 70/2023, el organismo dejó de tener como objetivo la “sustentabilidad de la cadena” y pasó a enfocarse en “proteger el carácter competitivo de la industria”, eliminando además la facultad de acordar precios entre los distintos sectores. Con esa premisa, dictar normas o establecer intervenciones que provoquen “distorsiones en los precios de mercado o interfieran en la libre interacción entre oferta y demanda”, incluso un precio “indicativo” podría funcionar como señal de mercado equivalente a “concertar directa o indirectamente el precio de venta o compra”. 

La línea que intentará torcer el rumbo yerbatero señala que el DNU de Milei transformó la naturaleza jurídica del INYM y lo convirtió en un “apéndice de la industria”, para garantizar su rentabilidad. “Queda de lado la competitividad del sector productivo y se enfocan solo en la industria. Es una desviación de poder. No había ni necesidad ni urgencia para el DNU, todos los datos del sector eran positivos”, explica el abogado Federico Padolsky, quien diseñó la nueva estrategia que se presentará en las próximas horas.

El documento de 128 páginas promete varios puntos demoledores en contra de la desregulación.  Los productores argumentan que hasta entonces, el mercado funcionaba, con márgenes de rentabilidad para cada eslabón y un precio que permitía sostener la actividad. Eso desapareció para el productor, pero incluso la industria reconoce que con los costos que se dispararon en paralelo, sus propios márgenes quedaron más estrechos. La exportación récord, que sobredimensiona el Gobierno nacional, no alcanza a toda la cadena y unas pocas marcas son las que explican la mayoría de los envíos al exterior.

Hasta las cooperativas, que bregan por el bienestar de sus socios, reconocen que lo que pagan no cubre los costos –Piporé ofrece 450, Las Tunas 380, Cooperativa El Colono de Campo Ramón 400-. Pero el costo está en 391 pesos, lo que, con un margen de rentabilidad mínimo, elevaría el precio de la hoja a 508 pesos.

Ese piso está apenas por encima de lo que el gobernador Hugo Passalacqua reclamaba el año pasado -505 pesos-, como él mismo le recordó a un productor que fue a pedirle ayuda en un acto en Campo Grande. “Mi compromiso es total”, aseguró Passalacqua después de recibir a productores y la Federación de Cooperativas y confirmar el respaldo de la Provincia a un nuevo capítulo jurídico para tratar de anular los efectos del DNU presidencial. 

Compartí esta noticia !

Grietas productivas

Compartí esta noticia !

A simple vista y a cientos de kilómetros de distancia, parecen hechos sin conexión aparente, pero están intrínsecamente vinculados y representan nítidas formas de ver al país y la producción. Mientras Manuel Adorni ensayaba una defensa de su opulento estilo de vida desde que se convirtió en funcionario, reveló un paquete de reformas que el presidente Javier Milei estaba listo para enviar al Congreso, incluyendo la eliminación de la Ley de Tierras para permitir la compra extranjera. “Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Esa inversión es obra, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales”, sostuvo desde Casa Rosada.

La normativa actual, sancionada en 2011, establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% del total de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Además, impone restricciones específicas sobre terrenos que incluyan o estén vinculados a grandes cuerpos de agua. Una flexibilización impactaría directamente en Misiones, una de las provincias con mayor proporción de tierras en manos de extranjeros. El nuevo enfoque propone concentrar controles únicamente en casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, desplazando el esquema general de restricciones vigente hasta ahora.

Otro punto central es la modificación de la ley de Manejo del Fuego. La propuesta elimina los artículos que impedían vender tierras afectadas por incendios durante 60 años en áreas protegidas y cambiar el uso de suelos agrícolas afectados por el fuego por 30 años. El Gobierno argumenta que esos plazos resultan “irrazonables” y que, en la práctica, no lograron los objetivos de restauración ambiental.

La política del Gobierno nacional sigue siendo la de abrir todo lo posible la economía. Sin embargo, los resultados son pobrísimos hasta ahora. Únicamente en Vaca Muerta y las actividades financieras no hay luces de alarma. El resto de la economía, sigue en declive imparable.

No deja de resultar paradójico que el Presidente pretenda embanderarse con el fallo a favor de la Argentina por la expropiación de YPF que hizo el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, hoy gobernador de Buenos Aires. La justicia de Estados Unidos avaló la nacionalización de la petrolera que estaba en manos de Repsol y Argentina evitó pagar entre 16 y 18 mil millones de dólares. Gracias a la recuperación de YPF pudo explotar Vaca Muerta, hoy convertido en el activo económico más valioso del país. Pero toda la oposición se opuso a la recuperación de la empresa y el propio Milei quiere volver a privatizar la petrolera como vender Vaca Muerta.

Al mismo tiempo que el imputado Manuel Adorni defendía sus gastos exorbitantes ante los “apenas periodistas”, en Misiones un grupo de dirigentes y empresarios reclamaba a viva voz “que nos dejen producir”. En realidad se trató de un cúmulo de posiciones diversas, incluso antagónicas, productivas, fiscales y políticas. Con un denominador común: “Que nos dejen usar glifosato y hacer quemas para el rozado”, sintetizó Núñez, como vocero del grupo. Una demanda gravosa que no puede ser sinónimo de “producir”. No hace falta describir los efectos del glifosato, cuestionados en todo el mundo y que Misiones pretende erradicar. Pero el rozado es una práctica casi descartada por el daño ambiental y los riesgos de incendio que trae aparejados. 

La chacra atraviesa hoy problemas mucho más profundos que conseguir una autorización para un rozado, como la caída de la exportación en el té, el derrumbe en el mercado maderero -“una tormenta perfecta”, según la Apicofom- o los precios de miseria para la hoja verde de yerba mate. Temas que no fueron analizados en la cumbre “productiva”, pese a que había varios dirigentes de las principales cámaras empresarias.

Tampoco se habló de los mayores costos, que corroen la rentabilidad, como la energía -el costo mayorista de la energía eléctrica en Argentina registró un salto histórico durante 2024, con un incremento promedio del 525%, al que hay que sumar otro 20 por ciento en 2025- o los “microaumentos” de combustible, que acumulan ocho subas consecutivas en marzo, con la excusa de la guerra en Irán, pero que esconden incrementos que no tienen nada que ver con el ataque de Estados Unidos a Irán, sino con la decisión de liberar los precios: desde diciembre de 2023 la suba del gasoil, insumo esencial de la chacra, es de 280 por ciento. Trump no tiene nada que ver. Tampoco los impuestos locales. Por cada litro de gasoil, el 41,5 por ciento del precio corresponde a impuestos nacionalesque nunca bajaron a pesar de las promesas de Milei-, lo que equivale a 1043,55 pesos. El 3 por ciento se lo llevan impuestos provinciales y un 2,1 por ciento las tasas municipales.

El aumento del combustible incide directamente en los costos de la producción, pero no fue tema de análisis profundo. Tampoco se quejaron de que la Nación siga recaudando un impuesto a los combustibles pese a que decidió no hacer ninguna obra pública, destino específico del gravamen. Los transportistas están al borde de un paro. Los ruralistas hacen silencio

Otro tópico fue la propuesta de expandir la frontera agraria y volver a la carga con un proyecto diseñado durante el gobierno de Mauricio Macri por la corporación Maizar: plantar 400 mil hectáreas de maíz en Misiones “para exportar a Brasil”. Como durante la era Cambiemos, tampoco ahora hay ningún estudio de impacto ambiental que avale la iniciativa. Pero el combo glifosato+rozado no parece ser muy amigable con el medioambiente y con el cuidado de la biodiversidad que forma parte de la identidad de Misiones. Se trata de cambiar la matriz productiva de la provincia, aunque no hay ninguna garantía de que eso cambie la realidad de los productores. Para exportar en volumen hay que tener grandes extensiones de tierra, como ocurre con los pooles de soja o trigo de la Pampa húmeda. Pero Misiones es minifundista. Por eso la habilitación de la venta de tierras a extranjeros y la modificación de la ley de Manejo del Fuego, van de la mano para cambiar esa matriz. Todo tiene que ver con todo.

El encuentro en el hotel Julio César tuvo un detalle curioso. La mayoría de los asistentes desdeña la presencia “regulatoria” del Estado “que nos está asfixiando”. Pero la organización invitó a la secretaria de Agricultura de Santo Antônio do Sudoeste (del estado de Paraná), Julia Morais Paim, quien describió cómo el Estado interviene directamente en la planificación y productividad de la chacra, mediante incentivos económicos y técnicos. Algo así como el INTA que fue prácticamente desmantelado por este Gobierno. La evidente contradicción dejó incómodos a algunos

Con 452 mil toneladas, Paraná es líder en producción de yerba mate en Brasil, país al que destronó Argentina como principal exportador, pero el modelo tiene poco más de parecido. Paraná tiene mucho de soja y maíz en base a la deforestación. No es precisamente un estado “verde”, aunque comparta el Parque Nacional Iguazú

El encuentro en el Julio César fue organizado por los empresarios Alfredo Gruber, Gabriel Montiel y el diputado Miguel Núñez. Entre el público estaban referentes empresarios del sector forestal, yerbatero y ganadero. Productores de diferentes sectores de la provincia y legisladores como Cristian Castro del PAyS, Martín Arjol, del partido Libertario, Santiago Koch de la UCR, Elvani Goring del PAyS, Ramón Amarilla del partido Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Rosa Kurtz de la UCR. Además, estaban referentes del radicalismo Gustavo González, Ariel Pianesi, Walter Molina y el ex PRO, Jerónimo Lagier, promotor del plan Maizar en Misiones.

Como anfitrión se mostró el diputado Miguel Núñez, quien se ofrece como armador de un espacio que aspira a consolidar para 2027. Incluso sugirió nombres de empresarios para encabezar una eventual fórmula a la gobernación, aunque éstos negaron esa búsqueda. No los une el amor. el diputado Ramón Amarilla, encaramado a los votos conseguidos en 2025 y convencido de que puede sostener ese liderazgo en base a la repetición de latiguillos, también aspira a encabezar una fórmula opositora en 2027. 

Unas pocas horas después de la cumbre que anticipa posicionamientos opositores, un grupo de industriales yerbateros de Andresito, la principal zona productora de yerba mate de Misiones, mantuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, el Jefe de Gabinete, Carlos Sartori y el ministro del Agro, Facundo Sartori. “Si no se logra que el Gobierno de una mano con la financiación a través de los cheques diferidos, nosotros no vamos a poder pagar ni 300 pesos. Podremos 230 o 240 pesos”, explicó uno de los asistentes. La medida quedó en análisis y podría ser anunciada en breve. Para la Provincia es prioridad mantener el flujo económico en la yerba mate, una de las principales economías de Misiones afectada por la desregulación. 

El pedido de auxilio no es la única señal de que la desregulación rompió todo el mercado. La Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones, que tiene entre sus filas a varios productores identificados con las ideas libertarias, confirmó su respaldo a que el Instituto Nacional de la Yerba Mate sugiera precios de referencia. El sirio Omar Kassab golpeó la mesa con una oferta de 350 pesos y una compra de 10 millones de kilos de hoja verde. La Cooperativa Las Tunas paga 380 a sus socios, pero está analizando bajar el valor porque la rentabilidad es escasa ante la competencia de marcas baratas, que surgieron con el desplome del precio de la materia prima. Esa misma competencia afecta a las grandes industrias, cuya rentabilidad también está afectada, aunque algunas compensan con el récord exportador. 

Los 350 pesos ofrecidos por el sirio “rompen el mercado”, aunque en la práctica no implica una compra demasiado relevante. Pero es un valor que se acerca a los precios de 2024. Pero ni siquiera cubren el costo de producción, estimado, para un yerbal de alto volumen de producción en 391,2 pesos, lo que, al cargar una rentabilidad mínima del 30 por ciento, daría un precio de 508,56 pesos. Ese valor está lejísimo de lo que puede ofrecer la industria con los costos actuales. Para el productor, el escenario ya es peor que en los 90, la última década desregulada. 

El Gobierno tomó nota de los pedidos de los industriales de Andresito y las medidas que se tomen alcanzarán a toda la cadena. En paralelo se seguirá insistiendo con el precio de referencia del INYM y con la promoción de marcas pequeñas, para que ganen porción del mercado. 

Pero aunque haya decisión política de acompañar las demandas productivas, lo cierto es que los recursos son escasos y las caídas son diarias. Entre enero y febrero, la provincia dejó de percibir alrededor de $ 30.000 millones de pesos por la caída en la coparticipación federal. Marzo, según las estimaciones preliminares, podría mostrar una contracción cercana al 10%, lo que implicaría otros $ 30.000 millones. De confirmarse este escenario, Misiones cerraría el primer trimestre con una pérdida de aproximadamente $ 60.000 millones

Por eso, la prioridad del gobernador Hugo Passalacqua es que se sostenga lo máximo posible la actividad económica en medio de la tormenta. Los datos son dramáticos, en cuanto a cierre de empresas y pérdida de empleo en los últimos dos años. Por eso la urgencia de fortalecer lo que se pueda con las herramientas a mano, como los Ahora, extendidos asta el 30 de junio de 2026.

En esa línea se enmarca la orden que Passalacqua le dio a la Agencia Tributaria de Misiones de eliminar regímenes de información y retención de Ingresos Brutos “que habían quedado obsoletos y que hoy solo generaban más burocracia”. La decisión, según el mandatario, se tomó “ en pos de un sistema tributario más ágil, moderno y al servicio de quienes producen y trabajan todos los días”.

La medida va en línea con otras medidas tomadas para aliviar la carga a las empresas de Misiones que están agobiadas por el derrumbe económico nacional, con menos ventas y actividad. Los trámites y retenciones de la ATM no sólo eran una carga burocrática, sino que quitaban efectivo del flujo de caja de las empresas. 

Según detalló el Gobernador, se eliminará la doble imposición en compras con tarjeta, dejando sin efecto la RG 91/90 y unificando el sistema con SIRTAC. Esta decisión impacta en operaciones de comerciantes de pago con tarjetas de crédito, que generaban una doble imposición con el SIRTAC

También se reducirá la carga administrativa, eliminando registros que ya no aportaban valor, como los de transporte, parque móvil y gas licuado (RG 23/00, 19/10 y 20/10). Finalmente, se dará alivio al sector farmacéutico, dejando sin efecto un régimen especial de percepción que generaba complejidad innecesaria (RG 29/00).Fuentes de la Agencia Tributaria señalaron que se trata del primer paso de una serie de medidas que apuntan al alivio burocrático y fiscal, en el marco de una reestructuración del sistema tributario que ya está en marcha. Se busca eliminar la dispersión en el sistema. “Esto es sólo el inicio. Se van a tomar un montón de medidas más en pos de ser no sólo más amistoso con el contribuyente, sino de alivio real”, explicaron en la ATM.

Compartí esta noticia !

Passalacqua ordenó a la ATM eliminar regímenes de información y retención de Ingresos Brutos

Compartí esta noticia !

El gobernador Hugo Passalacqua anunció que instruyó a la Agencia Tributaria de Misiones eliminar regímenes de información y retención de Ingresos Brutos “que habían quedado obsoletos y que hoy solo generaban más burocracia”. La decisión, según el mandatario, se tomó “ en pos de un sistema tributario más ágil, moderno y al servicio de quienes producen y trabajan todos los días”.

La medida va en línea con otras medidas tomadas para aliviar la carga a las empresas de Misiones que están agobiadas por el derrumbe económico nacional, con menos ventas y actividad. En esa línea, los trámites y retenciones de la ATM no sólo eran una carga burocrática, sino que quitaban efectivo del flujo de caja de las empresas. 

Según detalló el Gobernador, se eliminará la doble imposición en compras con tarjeta, dejando sin efecto la RG 91/90 y unificando el sistema con SIRTAC. Esta decisión impacta en operaciones de comerciantes de pago con tarjetas de crédito, que generaban una doble imposición con el SIRTAC

También se reducirá la carga administrativa, eliminando registros que ya no aportaban valor, como los de transporte, parque móvil y gas licuado (RG 23/00, 19/10 y 20/10). Finalmente, se dará alivio al sector farmacéutico, dejando sin efecto un régimen especial de percepción que generaba complejidad innecesaria (RG 29/00).

Fuentes de la Agencia Tributaria señalaron que se trata del primer paso de una serie de medidas que apuntan al alivio burocrático y fiscal, en el marco de una reestructuración del sistema tributario que ya está en marcha. Se busca eliminar la dispersión en el sistema. “Esto es sólo el inicio. Se van a tomar un montón de medidas más en pos de ser no sólo más amistoso con el contribuyente, sino de alivio real”, explicaron en la ATM. 

En concreto, con el régimen de tarjetas de crédito, se unificaron todas las retenciones a través del Sirtac y la Provincia dejará de tener control inmediato en los gastos de tarjetas. En el caso de los Farmacéuticos, debían tributar bajo varios regímenes, entre Provincias y Nación. Ahora se unificó todo bajo un mismo régimen, lo que además de alivio administrativo, redundará en cierto alivio fiscal. 

Finalmente, los operadores de gas licuado dejarán de estar obligados a informar todas las operaciones, que no significaban retención de dinero, pero sí burocracia y costo administrativo. 

En paralelo, se eliminará la resolución RG N.º 23/00, que establecía un régimen de información sobre compras a proveedores de otras jurisdicciones, la RG N.º 19/10, que creaba el Registro de Parque Móvil de la Actividad de Transporte (régimen de información) y la resolución 32/00, que fijaba una alícuota de retención sobre comisiones pagadas por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos. No estaba operativo desde 2017 y fue reemplazada por la 52/00.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin