Omar Kassab, uno de los principales molineros de Andresito y dueño de la yerba Don Omar, anunció un aumento en el precio de la materia prima, pasando de 260 a 301 pesos por kilo de hoja verde. En diálogo con Economis, explicó los motivos detrás de la decisión y el impacto que espera en el sector.
“Venimos de un paro desde fines de febrero y hoy estamos a 19 de marzo, sin mover la actividad, perdiendo la cosecha. No le sirve a nadie”, sostuvo Kassab. El conflicto se originó porque los productores reclaman un mínimo de 450 pesos por kilo de hoja verde, mientras que los molinos se plantaron en 260 pesos. Sin embargo, en Corrientes, Playadito y La Cachuera están pagando 280 pesos.
“La idea es unir esas realidades y llegar a un punto intermedio, levantar el paro y empezar a trabajar. Nosotros pensábamos en 280, pero en la Mesa Yerbatera el Gobierno pidió un mínimo de 300 para empezar a negociar. De ahí salió ese número. Los 301 pesos se pagarán con subas escalonadas y plazos a convenir. El efectivo es difícil para todos, pero a 60 o 90 días va a estar bien”, explicó Kassab, quien llegó a Misiones en 1986 y echó raíces en Andresito en 2005. El empresario nacido en la ciudad Siria de Yabrud (a 80 kilómetros de Damasco), es el cuarto principal exportador de yerba mate de la Argentina. Tiene las marcas Secadero, Don Omar, Salam, entre otras.
Kassab espera que otros molinos acompañen la medida. “No es mucha la diferencia y los 300 pesos son posibles de pagar. Hoy hay libre mercado, hay que trasladarlo a la góndola, porque no es mucho y nadie te puede controlar. Es política de libre mercado. Pero debe ser despacito, no ser agresivos”.
Consultado sobre si otros molinos seguirán su ejemplo, respondió: “Con los que hablé, me dicen que no. Que van a esperar a ver qué pasa con el mercado. Pero no hay que esperar. Hay que trasladar al precio de la góndola. Ellos dicen que hay mucho stock, pero hay que ver la calidad”.
El empresario insistió en que la clave está en apostar por la calidad y no en una competencia de precios a la baja. “Creo que nos van a ir acompañando, no es mucha la diferencia y la verdad es que todo sube. No debemos competir bajando los precios para vender más, sino con calidad. El huevo aumentó 100 por ciento”.
Finalmente, Kassab hizo un llamado a la comprensión por parte de los productores: “Tienen que comprender que esto no es culpa de los molinos, sino de la situación general del país. No de una empresa. El mercado también cayó. Desde 2006 y 2007 veníamos con un muy buen precio y ahora que el precio cayó, hay paros y es todo un problema. Entiendo la situación, porque todo subió, pero tienen que entender que no somos los responsables. Entiendo que 250 pesos es bajo, porque también soy productor y sé que todo aumentó. Debemos aguantar y ser solidarios. El aumento del precio que anuncié ayer también es un acto solidario, más que nada. Somos bendecidos de que tenemos un producto que no tiene competencia”.
Los encuentros eran casi diarios; ambos se las ingeniaban para verse, a veces a la hora de rutina, otras cuando podían escapar de sus obligaciones. No hacía falta que acordaran, un lazo invisible los atraía y ellos se reunían para cortejarse.
Una tarde Blaz no aguantó más y se dejó arrastrar por la pasión. Introdujo la lengua en la boca jugosa de Inha y fue como si un terremoto sacudiera la tierra, ambos lo sintieron igual. Ella se aferró a sus hombros, temía caer en un pozo sin fin, y él se apoyó en el árbol que estaba detrás y la atrajo hacia él. Las bocas fueron ganando terreno, y las lenguas cobraron vida, hurgaron, dibujaron, jugaron. Las manos de Blaz le tomaron el rostro y delinearon sus facciones con pasión.
-Quiero llevarte grabada en mi piel-susurró sobre el cuello caliente de la muchacha, donde sus venas latían, desaforadas.
-Te quiero-murmuró Inha-, siempre te querré.
Gabriela Exilart retrata así una escena de la pasión desatada entre Blaz, un joven alemán y la exuberante Inah Kotsur, una joven de una colectividad “rival” en plena efervescencia de una de las luchas agrarias que marcaron a fuego la historia de Misiones: la masacre de Oberá, que este sábado cumplió 89 años, pero que está presente no sólo en la memoria, sino en las luchas agrarias que se repiten.
En el escenario temporal de la Oberá de los años 30 y 40 se desarrolla la novela Los Hijos de la Cosecha, de la autora que nació en Mar del Plata y de Misiones conoce sólo las Cataratas del Iguazú y, en una visita fugaz, Posadas.
Sin embargo, logra reflejar con exactitud los choques culturales, los nacionalismos, el húmedo y agobiante monte misionero, además de las disputas por la tierra y el valor de sus productos en las primeras décadas del siglo XX, un conflicto que se vuelve presente cíclicamente.
Exilart es abogada y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Escritora desde siempre -su primera novela es de cuando tenía catorce años-, comenzó a publicar recién a los 40. Escribió las novelas Tormentas del pasado, Renacer de los escombros, Pinceladas de azabache, Con el corazón al sur, Por la sangre derramada, Napalpí. Atrapada en el viento, En la arena de Gijón, Secretos al alba, El susurro de las mujeres, Pulsión y El vuelo de la libélula, todas éxitos de ventas que la convirtieron en una de las autoras del género histórico y romántico más leídas de la Argentina. Hijos de la Cosecha ya va por la cuarta edición, tras su aparición en octubre del año pasado. Recibió los premios Alfonsina (2018), Universum Donna segunda edición (2019), Lobo de Mar al Deporte y la Cultura (2019) y una Primera Mención por su cuento “La bicicleta roja” (2020).
“Es una responsabilidad escribir sobre otra provincia, sobre algo que no conozco”, admite Exilart en una entrevista con Economis.
La Masacre de Oberá se produjo como represalia a un grupo de colonos tabacaleros que marcharon hacia la ciudad, desde localidades aledañas (Samambaya, Los Helechos, Ameghino, Guaraní y Campo Viera), reclamando por mejores precios por sus productos. Fueron emboscados y recibidos a golpes y tiros por los policías, bajo el mando de Leandro Berón, con aval político. Hubo decenas de heridos, mujeres violadas, colonos que fueron llevados como prisioneros y cuatro muertos confirmados, aunque algunos historiadores sostienen una cifra mayor. La descripción que hace Exilart traslada al lector al medio del caos.
Este episodio fue catalogado en un principio como un ataque a la ciudad por parte de los colonos, promovido por inmigrantes comunistas. Sin embargo las investigaciones posteriores apuntaron contra el jefe de policía, demostrando la culpabilidad en las fuerzas policiales. Entre las víctimas se encontraban Basilicia Zaviski, de 14 años -que aparece en el libro-, Nicolás Oyempamchuk, Nicolás Holiferchuk o Aleferzuk y Juan Melnik (que no había participado de la protesta).
¿Cómo llegaste a la Masacre de Oberá?
“Después de haber publicado historias sobre la Patagonia, buscaba un entorno selvático, un paisaje distinto, y llegué a la Masacre de Oberá investigando en hechos históricos de la región”.
Para construir la base histórica de la novela, Exilar recurrió a un arduo trabajo de investigación. “No hay mucha literatura a nivel nacional sobre este hecho, y la mayoría de las fuentes provienen de editoriales universitarias”, explica. “Fue un desafío. Había poca bibliografía disponible. A través de MercadoLibre y librerías, logré conseguir algunos libros. Pero el hallazgo clave fue la tesis doctoral de Guillermo Castellioni, “Pedimos pan, nos dieron balas“. Su investigación, con testimonios y documentos de la época, fue fundamental. Su obra contenía copias de partes del sumario, testimonios de sobrevivientes y publicaciones de diarios de la época. Eso me ayudó a dar una base sólida a la historia”. También cita a Cosecha de Injusticias, de Eduardo Torres.
A pesar de no haber visitado Oberá, Exilart describe con precisión lugares como la Picada Finlandesa y el entorno selvático de la Capital del Monte.
¿Con qué te quedaste de esta historia? ¿Qué fue lo que más te impactó de todo lo que relataste?
Los patrones que se repiten en la historia. Los procesos históricos tienen esa circularidad. Escucho que los reclamos de los yerbateros continúan y pienso en cómo, a pesar de los cambios de gobiernos y generaciones, las luchas siguen siendo similares”.
Me impactó la similitud con la represión sufrida por comunidades aborígenes, igual a otros de mis libros, como Napalpí: Atrapada en el viento. La mecánica de la opresión se repetía, esta vez con inmigrantes que llegaron con promesas de tierras y trabajo, pero encontraron explotación y violencia.
En medio de este contexto histórico crudo, desarrollas un romance intenso entre dos personajes de orígenes opuestos. ¿Cómo surgió esa idea?
Fue pura ficción. Quería un conflicto fuerte para la historia de amor, algo que los protagonistas tuvieran que superar. Para que la parte romántica tenga entidad, tiene que ser algo difícil, tiene que haber un conflicto. En una entrevista, Flavia Pitella me dijo: ‘Esto es Montescos y Capuletos‘, y aunque no fue consciente, es cierto que esas dinámicas de odio sin explicación aparente están presentes”.
“Hijos de la Cosecha” revela una historia poco conocida de Misiones. ¿Crees que la novela puede contribuir a visibilizar este pasado y generar reflexión?
Es una historia dolorosa que merece ser contada. Espero que la novela invite a conocer este episodio y a reflexionar sobre las injusticias que aún persisten. Debemos estar atentos para no repetir los errores del pasado.
Por primera vez desde la desregulación impuesta por el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, productores e industriales se sentaron a una misma mesa para intentar encontrar una salida a la nueva, pero no desconocida, crisis yerbatera. Un primer encuentro que no disimuló la tensión, pero que sirvió para allanar un necesario camino de encuentro. No será sencillo, los intereses son cruzados y cada sector tiene una cuota de razón en una crisis desatada por una injerencia externa a la Provincia, donde se viven las consecuencias sociales y el impacto económico del plan motosierra.
La intransigencia de algunos sectores también conspira contra una solución sustentable. Hay productores que comienzan a pedir desesperadamente poder cosechar, porque necesitan el dinero, mientras que otros bloquean el paso de camiones. El foco de conflicto está en Concepción de la Sierra, casualmente gobernado por Hugo Humeniuk, alineado al puertismo, que, paradójicamente, está encolumnado en las fuerzas del cielo. Los radicales financian la protesta, pero no aparecen por los piquetes. Mientras el conflicto crece en Misiones, el converso Martín Arjol, el primero en pegar el salto a la LLA, fue a conocer Vaca Muerta. Prioridades. Ricardo Barrios Arrechea les insiste a los productores que cosechen “por goteo” para “desabastecer” a la industria. El radicalismo, vale recordar, había sido protagonista en la sanción de la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
“Es como un cuarto intermedio de las reuniones que teníamos a fines de los 90”, retrató el veterano Hugo Sand al término del encuentro en el ministerio del Agro, que contó con representación de todos los eslabones, pero la ausencia de los principales jugadores de la molinería y, dato clave, de Corrientes. Ese eslabón es central en la discusión, ya que allí se concentra buena parte de la industrialización, aunque el 85 por ciento de la producción está en Misiones. Para colmo, la guerra comercial entre Las Marías y Playadito por el primer y segundo lugar en las góndolas, se juega con ofertas y precios bajísimos, que conspiran contra la competencia de este lado del Chimiray.
No será sencillo acercar posiciones. Fueron decenas las reuniones que terminaron pariendo el Instituto Nacional de la Yerba Mate en 2002, desguazado ahora por efecto del DNU de Milei. Como era de esperar, no hubo una definición acerca del precio, pero sí un reconocimiento explícito de que la situación requiere para resolverse, decisiones nacionales, que están lejos de conseguirse.
De hecho, el Gobierno de Milei descarta devolverle facultades al INYM, no está dispuesto a designar presidente y ratificó que el precio debe ser determinado por el libre mercado, como dejó claro el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Lejos de contemplar los reclamos, en la última reunión con directores del INYM, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, exigió eliminar las últimas tres facultades regulatorias que le quedaban: suprimir definitivamente la 170, que le puso cupo a las plantaciones, la 185, que regulaba los controles de calidad; y la 11/17, de controles de los procesos productivos en secaderos y depósitos. Esta última resolución, también incluía controles sobre la yerba importada, algo que el Gobierno nacional decidió eliminar.
Con ese panorama en mano, la cumbre del jueves en el octavo piso del ministerio del Agro, decidió pedir a Nación dos alternativas de “menor injerencia” en el mercado: disminuir el porcentaje de palo del 35 al 25 por ciento y que el porcentaje de hierbas en la yerba compuesta se reduzca del 40 al 10 por ciento. Estas modificaciones en el Código Alimentario elevarían la demanda de hojas y mejorarían la calidad del producto final que se comercializa en el mercado interno y de exportación. Esa petición fue apoyada por todos los sectores.
El “cuarto intermedio” al que aludió Sand es una referencia obvia. La desregulación provocó un derrumbe del sector productivo en los 90 y durante una década, una enorme transferencia de recursos hacia el sector industrial, estimada en mil millones de dólares. Ahora el proceso es idéntico, aunque mucho más acelerado. El propio Sand calculó en 200 mil millones de pesos la pérdida para los productores en el primer año del plan motosierra.
Pero a diferencia de la última década del siglo pasado, la desregulación actual llegó en medio de un proceso inflacionario que agravó las consecuencias y afectó a toda la cadena. La inflación acumulada desde diciembre de 2023 fue de 122,5 por ciento, con algunos costos que incluso estuvieron por encima, como la energía eléctrica o el combustible, que aumentó 153 por ciento -un tanque de 80 litros de Infinia Diesel en una Toyota Hilux, que en diciembre de 2023 costaba $49.520, hoy requiere $125.280-.
En contraste, la hoja verde, cuando asumió Milei se pagaba 370 pesos y llegó a 390 en marzo del año pasado. Hoy se paga 260 pesos, diez pesos menos que lo que se terminó pagando en diciembre del año pasado. Una pérdida de valor del 33,33 por ciento, contra una inflación del 122,5 por ciento.
La industria expone sus razones, aunque reconoce que el precio es bajo. Los principales representantes aseguran que además de la inflación tienen que asumir mayores costos de energía y combustibles, una caída de la demanda interna que fue de casi el 10 por ciento y la competencia provocada por la apertura de importaciones -que amenaza con convertirse en un nuevo problema serio en las próximas semanas, con una oferta de Paraguay a un precio similar al local-.
En ese escenario, señalan los molineros, se mantuvo (y se creó) empleo, que contiene a cerca de 20 mil misioneros. Reconocen que el precio actual es bajo, pero advierten que, por costos, el precio debería ser menor a los 200 pesos.
El sector también marca que la caída de precios no depende únicamente de la regulación, sino de un exceso de oferta. El año pasado se cosecharon casi mil millones de kilos y todavía hay plantaciones que no entraron en producción plena, contra 860 millones de kilos de 2023. Redondeando, 140 millones más, que representan casi 50 millones de kilos de canchada, lo que hace que hoy haya stock para “pasar la tormenta”. En la misma industria admiten como necesaria la regulación de oferta -hasta tanto no aumente la demanda-.
Hay que agregar aquí, como paréntesis, que esos 50 millones de kilos que hoy son un colchón de canchada, se compraron en el último año a un promedio de 300 pesos. Los exportadores liquidarán sus ventas con un dólar arriba de mil pesos.
Uno de los cuestionamientos que hacen al INYM -y a las políticas oficiales- es pensar la economía yerbatera en base a los rindes del siglo pasado: 4.700 kilos por hectárea, cuando hoy se logran producciones por encima de los diez mil kilos por hectárea e incluso bastante más en algunas chacras modelo. Esa diferencia, obviamente, influye en el cálculo de los costos.
El cóctel, como se aprecia, es mucho más complejo que definir un precio, objetivo que no se alcanzará en la reunión prevista para este lunes, a la que convocaron al presidente de la Cámara de Molineros, Víctor Saguier. “Sin Corrientes, no se puede definir nada”, adelantó un molinero.
Queda claro que habrá que usar una paciencia quirúrgica para corregir los desbalances. Todo lo contrario a la motosierra.
Será una tarea titánica, que preocupa especialmente a la Provincia.
El gobernador Hugo Passalacqua expresó su desacuerdo con la visión de la Nación que pretende que los productores yerbateros “se dediquen a otra cosa”. “Eso me produce un profundo dolor”, afirmó el mandatario.
“Si hay una cosa que nos duele a los misioneros es que el pequeño productor hoy no tenga su herramienta, que es el INYM. Tampoco la Nación va a firmar la designación del presidente del INYM”, lamentó.
“Nosotros tenemos fuertes aspiraciones de exportar la yerba mate al mundo. Así es la situación del mercado que estamos viviendo hoy. Pero la salida es por afuera. Hay otros mercados como el indio o el europeo”, precisó Passalacqua, acompañado por Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones, que ayudará a financiar misiones comerciales y una plataforma de exportación para abrir nuevos mercados.
La Provincia sigue trabajando en un sistema de trazabilidad y otras herramientas para mejorar la transparencia y elevar el precio de la materia prima. La posición oficial se mantiene en que debe valer 50 centavos de dólar.
El bucle temporal al que aludió Sand tiene otros paralelismos. Como en 2001, el epílogo de la crisis germinada en los 90, la situación social es acuciante y el Gobierno se empeña en sostener una política económica a como dé lugar. La represión de la manifestación de los jubilados del miércoles último, se parece mucho a otros momentos oscuros de los últimos años. El año pasado se celebró con un asado el freno a un aumento de quince mil pesos para los jubilados. Ahora se los reprime. Un círculo virtuoso.
No es casual que algunos protagonistas se repitan cíclicamente. En 2001 el fugaz Fernando De la Rúa se aferraba a un blindaje del FMI para salvar los harapos de su Gobierno, en el que estaban “La Piba” Patricia Bullrich y un joven (y procesado) Federico Sturzenegger. Ambos nombres, junto a Luis Caputo, aparecen en el otro pedido de auxilio al FMI durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuyas consecuencias se siguen pagando, tras el inédito préstamo de 57 mil millones, el más grande de la historia. Ahora ni siquiera se sabe de cuánto será el monto del nuevo préstamo que pidió Javier Milei, custodiado nuevamente por Bullrich y Sturzenegger, el ejecutor del plan motosierra, que en el primer año de ejecución, provocó la pérdida de diez mil empleadores y cerca de 200 mil puestos de trabajo.
El impacto de esas políticas se siente particularmente en el terreno, lejos de los despachos porteños, donde reina la abstracción de los números que cierran. Por eso son los gobiernos locales los preocupados por resolver las crisis económicas y sociales. Misiones tiene las cuentas en órden y eso le permite enfrentar de un modo más eficaz la situación provocada. Sin embargo, hay luces amarillas. La última encuesta de la Confederación Económica de Misiones, reveló que en febrero cayeron las ventas en producción, comercio y servicios; al igual que la expectativa de que en los próximos 6 meses crezca Argentina.
El Gobierno se preocupa por encontrar soluciones y apuntalar sectores económicos en problemas, con incentivos al consumo. Al mismo tiempo, la oposición azuza desde afuera, enfocada en conseguir algún miserable rédito electoral. Un lugar en alguna lista, un cargo en la Nación, por el que se disputan radicales y macristas, cada vez más lejos de un acuerdo, pero desesperados por recibir alguna atención de Milei, en un espacio libertario en el que no son bienvenidos: “Los libertarios deben de responder a sus afiliados y al sentir de los votantes de Milei para evitar que los tibios que tienen de infiltrados conviertan a LLA en un nuevo Juntos por el Cambio, bailarina de cualquier baile, y vendida al mejor postor”, reprochó el abogado Alejandro Jabornicky.
De todos modos, los que esperan un triunfo holgado de Milei no deberían pecar de exceso de confianza. Envuelto en el escándalo de la criptoestafa y el nuevo préstamo del FMI, el mandatario argentino sufrió la mayor caída en la región, perdiendo 3,2 puntos en su imagen positiva, según el último estudio de CB Consultora. Otras encuestas marcan lo mismo.
Aún con el cronograma electoral ya definido, las oposiciones misioneras navegan en la intrascendencia, esperando que los que designe Karina Milei ordenen la tropa. El peronismo sufre por estos días una intervención decidida por Cristina Fernández, que también provoca una desorientación en la dirigencia que queda y que no quiere seguir atada a designios camporistas. Serán muchos más los que nutran las filas de la Renovación.
Misiones irá a las urnas el 8 de junio, lo que ratifica la vocación política de discutir primero los temas provinciales y separarlos de una agenda nacional, cuyos debates ya han sido superados en múltiples casos. Las similitudes y los contrastes se pueden rastrear en los últimos 20 años.
Misiones ya tiene muchas de las cosas que pretende el Gobierno nacional: equilibrio fiscal, superávit financiero, cuentas saneadas. Incluso, con herramientas distintas, Misiones marca el ritmo en desendeudamiento y autonomía económica.
En los últimos años Misiones se transformó en una de las principales economías de la región, con mayor cantidad de empleo privado y es hoy una de las principales exportadoras del país.
Es bueno detenerse en dos o tres elementos que marcan las diferencias y que son relevantes por estas horas. Misiones inició el ciclo lectivo sin conflictos, con paritarias acordadas previamente y con una fuerte inversión para aliviar los bolsillos de las familias amenazados por la suba de precios y la quita de subsidios al transporte. El Ahora Textos y el Ahora Escolar significan un ahorro de miles de pesos. El Boleto Estudiantil Gratuito permite un ahorro de 399 mil pesos al año por estudiante. La educación es prioridad en el presupuesto y la inversión constante permitió abandonar indicadores vergonzantes en calidad educativa y condiciones de infraestructura. Hoy el 94 por ciento de los estudiantes tiene acceso a internet, que llegó a los puntos más alejados con las antenas satelitales Starlink y hay más de 60 mil chicos listos para estudiar Robótica en la Escuela principal o en la red Maker, un número que se repite por segundo año consecutivo.
La Nación suprimió paritarias y se desentendió del transporte público. El impacto negativo es enorme.
El otro elemento que domina la conversación política es la crisis que atraviesa el sector productivo de la yerba mate, por la injerencia de un elemento externo: la desregulación del mercado yerbatero provocó el desplome de los precios de la materia prima y un deja vú de los 90, la década desregulada que expulsó a miles de productores de las chacras y provocó una concentración de la renta que ahora se repite aunque de manera mucho más acelerada.
La crisis de los productores yerbateros fue provocada por la letra del DNU del presidente Javier Milei, que diseñaron las grandes industrias correntinas y aplaudieron un puñado de dirigentes políticos y yerbateros de Misiones: Pedro Puerta -hijo del ex gobernador de los 90 y ahora corrido de la escena tras el escándalo de pedofilia de su amigo y socio político, Germán Kiczka, que irá a juicio el 31 de marzo- y los radicales “convencidos” del rumbo, como Martín Arjol o el flamante funcionario libertario, Rodrigo De Arrechea. Pero Milei puso en práctica una idea de Mauricio Macri, que plasmaron en un proyecto los diputados de Cambiemos, entre ellos el misionero Alfredo Schiavoni. Es una visión que no contempla a los miles de productores misioneros, que, vaya paradoja, terminaron votando por Milei.
El mercado yerbatero, sometido al libre mercado, no hará más que reeditar los 90. Por eso, muchos productores con más experiencia, que ya atravesaron los 90 y fueron protagonistas de los tractorazos de 2001 y 2002, saben que es clave la recuperación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate, como la regulación de plantaciones o la fijación de precios, conquistas de años de luchas. Por eso, se decidió que las protestas de las rutas se trasladen a la sede del INYM para intentar llamar la atención del Gobierno nacional o sus representantes en Misiones. “Vamos a ir al INYM, nosotros creemos que el INYM es nuestro, que toda la política yerbatera se debe discutir dentro del marco legal y en ese marco legal está el precio. Todo precio que se consiga por fuera del marco legal es nada, la industria no lo va a cumplir, no lo cumplieron antes, no lo van a cumplir ahora”, sostuvo Hugo Sand, referente de los productores.
No será tarea sencilla, aunque se suman voces en el Congreso, como la de la diputada Julia Strada, que presentó un proyecto para recuperar la posibilidad de fijar precios y regular el mercado, puntos similares a las negociaciones que tiene la Provincia con la Nación. Técnicamente, el fallo judicial de la jueza Adriana Fiori restituyó las facultades de fijar precios y regulación y la Cámara Federal dejó firme esa decisión. Pero Milei, al sostener acéfalo al INYM, impide que se ejerzan esas potestades. De hecho, los funcionarios de Milei ya avisaron que no designarán presidente porque no quieren entrar en una discusión de precios y pidieron derogar la resolución con la cual el INYM puede controlar la calidad de la yerba mate canchada importada.
Esa posición también perjudicará a las industrias que tienen una visión más proteccionista de todos los eslabones productivos. La grieta, así como entre los productores, también está en la industria. Es más profunda, sin embargo, entre los productores. A diferencia de las protestas de inicios de siglo, en las que había liderazgos fuertes y una base política sólida, ahora las posiciones se han atomizado, al ritmo de discusiones que se nutren de grupos de whatsapp e información de dudosa rigurosidad. Es paradójico que se concentre la atención en los puestos de control fiscal cuando el sector primario no paga Ingresos Brutos. Impedir el trabajo del fisco, beneficia, en última instancia, al sector industrial, que sí tributa un 1,5 por ciento. Pero perjudica la recaudación de la Provincia, a la que al mismo tiempo se le exigen soluciones mucho más allá de las protestas. ¿Cómo se financia la educación? ¿La salud pública? ¿La infraestructura logística, los caminos? Con recursos propios de la Provincia, ante la retirada de la que hace alarde la Nación como parte de la reducción del gasto público. Es vital comprender eso para direccionar correctamente los esfuerzos y encauzar los enojos azuzados por los dirigentes de la oposición, que financian las protestas -como el propio Arjol-, pero no se asoman ni por casualidad por las concentraciones. ¿Cómo harán campaña entre los productores Arjol, Martin Göerling y los que quedan en el PRO, si están todos alineados al Gobierno nacional que no está dispuesto a revisar posiciones con el sector yerbatero?
La Provincia ensaya sus propias soluciones, como la trazabilidad y la búsqueda de transparencia -que no implica mayores impuestos-, pero no puede ejercer el poder de policía en un mercado que incluye a otra provincia: Corrientes tiene otra política económica y productiva y una industria que tiene un peso político específico. La oposición -el radicalismo particularmente-, tiene una obsesión con el modelo correntino. ¿Será esa la propuesta productiva? ¿Concentración en una o dos industrias?
Los datos económicos, sin embargo, se encargan de desmentir las supuestas ventajas correntinas: Misiones tiene más empresas, más empleo privado y supera a Corrientes -y resto de las provincias del NEA- en exportaciones. En 2024, Misiones registró ventas al exterior por USD 442 millones, presentando una suba respecto al 2023 del 21,6%, por encima del total país (+19,4%). Los USD 442 millones exportados por Misiones representan el volumen más alto dentro del NEA: en términos de participación, las exportaciones misioneras representan el 39% del total del NEA.
El protagonismo manufacturero de Misiones hacia dentro del año volvió a ratificarse: en las Manufacturas de Orígen Agropecuario, la provincia concentró el 58% del total exportado por la región. Mientras que en las de Orígen Industrial, lo hizo en un 79%. En ese mismo sentido, cabe señalar que las MOA de Misiones son las segundas más grandes del Norte Grande (solo superada por Tucumán) mientras que a nivel país, Misiones es la provincia con el séptimo mayor volumen de exportaciones de manufacturas de origen agropecuario. El modelo fiscal no parece ser un escollo.
Rumbo a las elecciones, la Renovación tiene ya un esquema perfilado. Sebastián Macías será uno de los candidatos a diputados. Habrá muchos jóvenes e intendentes en la lista. El gobernador Hugo Passalacqua se mantiene entre los mejor valorados de la Argentina, lo mismo que el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto.
En la oposición reina la ansiedad y todo dependerá de los humores presidenciales. Si acepta formalizar a los radicales con peluca, si hay acuerdo con el Cambiemos residual -la tirantez en Capital Federal, entre Patricia Bullrich y el primo Jorge, hace tambalear las negociaciones-. Después será dura la batalla por los lugares: son muchos pretendientes para una lista corta en la que tienen que entrar los que se definen como libertarios puros.
También habrá que ver cómo llega el propio Milei a las elecciones de octubre. Por ahora goza de popularidad, pero hay señales de alerta.
El “raid presidencial” de los últimos cuarenta y cinco días desembocó en un deterioro de la base de apoyo al gobierno, marcó la consultora Analogías en su último trabajo. Durante el mes pasado, la evaluación positiva del Gobierno se redujo tres puntos y las respuestas de “desaprobación” aumentaron 2,5 puntos. Asimismo, la imagen del Presidente perdió también tres puntos y cerró febrero con un diferencial positivo neto de dos puntos, ocho menos que el que presentó en enero. El cuadro de expectativas económicas generales (no personales) pasó de una brecha optimista de trece puntos en enero a solo 1,5 puntos en febrero. En la esfera económica personal, las evaluaciones y expectativas combinadas mostraron una caída del “optimismo” de siete puntos, que pasaron en bloque a tener expectativas “pesimistas”, remarca el estudio.
El nivel de información y conocimiento sobre el fraude con la criptomoneda Libra orbita el 85%; su génesis digital y financiera impactó diferencialmente en el segmento joven masculino de clase media/media alta que apoyaba intensamente al Gobierno. Una contundente mayoría calificó al escándalo $Libra como un hecho “de corrupción” (61%) y fue muy duro con Milei en tanto evaluó no sólo que él y su hermana estuvieron involucrados en el evento (55%) sino además que su comportamiento fue “malo” (78%). Para otra mayoría, además, el caso deteriora el posicionamiento internacional del Presidente (60%).“Cuando hace seis meses preguntamos sobre la corrupción en el gobierno, sólo el cuarenta por ciento de los encuestados nos decía que había mucha o bastante y el cuarenta y cuatro que había poca o nada. En febrero esos valores fueron cuarenta y nueve y treinta y nueve por ciento, respectivamente. En otras palabras, se revirtió la valoración de honestidad”, sostuvo Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.
Idiota. Imbécil. Débil mental. Calificativos impensados hasta para una discusión acalorada. Sin embargo, fueron palabras utilizadas por el Gobierno de Javier Milei para describir a las personas que pueden recibir pensiones no contributivas por algún grado de invalidez. No es un insulto al aire ni un desliz. De hecho, es una copia textual de una normativa vigente durante el menemato. Parecen, eso sí, palabras seleccionadas especialmente para despertar la ira, el enojo, golpear la incredulidad de una sociedad que ve como a cada instante se corre un poco más el difuso límite de lo políticamente correcto.
Pueden servir también como un velo que cubra, piadosamente, algunas otras cosas, como el criptoescándalo que protagonizan el Presidente y su entorno y algunos problemas económicos que están ahí, latentes, apenas contenidos por el mérito de la inflación contenida.
Los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia parecen también destinados a enfocar la atención en otra polémica -en varias polémicas a la vez- en lugar de en analizar la marcha de la gestión y los deslices del Presidente.
A tres días de que comiencen las sesiones ordinarias, el Presidente utilizó el decreto para evitar el filtro del Senado, remiso a avalar nombres de dudosas trayectorias.
A lo largo de sus 20 años en la judicatura, Lijo recibió 32 denuncias por mal desempeño o por presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Es el tercero más denunciado ante el Consejo de la Magistratura. En muchos de los expedientes disciplinarios, se denuncian irregularidades por parte de Lijo en el manejo de las causas, desde la demora injustificada hasta incumplimientos de normas procesales, así como situaciones de violencia y faltas que sucedieron en el juzgado a su cargo. Recibió denuncias en relación a la tramitación de diversas causas de corrupción, como Ciccone y Siemens, y respecto de su actuación en la causa sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Cambiemos en 2015 y la investigación sobre lo sucedido con el ARA San Juan. No parece ser el mejor curriculum para un ministro de la Corte.
El apuro y la obsesión con Lijo son llamativos. Será ministro “en comisión” gracias a una licencia autorizada, porque ni él mismo confía en que el Congreso avale su nombramiento. Pidió licencia en su juzgado federal porque “la designación carece de estabilidad”. Entonces, abre él mismo el interrogante: ¿Tendrán estabilidad sus decisiones?
El currículum de García-Mansilla no tiene tantas manchas, pero tampoco es un virtuoso de la Justicia. Más bien un gris. Cuando le preguntaron en el Congreso, afirmó que no aceptaría para sí mismo un nombramiento por decreto por el nivel de controversia que se generaría. Actuó en sentido opuesto. Parece tener una misión inmediata. Su trayectoria está marcada como asesor legal de empresas petroleras, uno de los pocos sectores que están generando inversión relevante en la Argentina –el 97% de las inversiones del RIGI están concentradas en Energía y Minería- con firmas que eventualmente podría necesitar un defensor ante eventuales litigios ambientales o económicos.
El Presidente ya dejó claro que no tiene mucho entusiasmo en las causas ambientales. Tampoco tiene mucho aprecio por la división de poderes y el federalismo. El embate contra Axel Kicillof a quien le pidió que renuncie y amenazó con la intervención de la provincia de Buenos Aires, advierte cuál es su visión. El argumento para pedir una medida extrema como la intervención es la inseguridad de Buenos Aires. Es una realidad innegable y agobiante como cada muerte registrada, pero no muy distinta a otras latitudes. De hecho, un estudio del ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, revela que Capital Federal es por lejos la ciudad con más robos de la Argentina. Por cada cien mil habitantes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentra a la cabeza de la lista con 2.267 robos, seguida por Córdoba con 1.787 y Mendoza con 1.564. Buenos Aires, en el ojo de la tormenta a causa de la serie de homicidios y enfrentamientos armados entre policías y ladrones registrados en el Conurbano, tuvo 706 robos cada 100 mil habitantes el año pasado.
En contraste, Misiones,se encuentra entre las provincias con menor cantidad de robos denunciados. Con una tasa de 475 robos cada 100 mil habitantes, se ubica por debajo de la media nacional y lejos de los distritos con mayor incidencia del delito. En cuanto a los delitos cometidos en la vía pública, ya sean robos o hurtos, los números son aún más favorables. Misiones alcanza apenas el 16,5% en la estadística nacional y es superada solo por Santiago del Estero que registra un 14,5%.
En Buenos Aires se registró la mayor cantidad de hechos denunciados: 128.477, un aumento del 18% respecto a 2023, cuando se registraron 107.769. Pero más allá de la cantidad, el territorio gobernado por Axel Kicillof aparece recién en la decimocuarta posición a nivel país en cuanto a la tasa de robos, incluso por debajo del total país (1000 cada 100 mil habitantes). Amenazar con una intervención no respeta siquiera a los muertos. Aplaudir sin reflexión, es buscar una ventajita política. De los adláteres del Presidente se entiende. De los que quieren serlo, cuesta un poco más. El radicalismo está en ese tono aplaudidor, en el afán de ser invitado al banquete. Un sector de la UCR misionera protagonizó un capítulo de sumisión pocas veces visto: de la mano de Martín Arjol y el funcionario de Yacyretá, Rodrigo De Arrechea, ex presidente del partido, además de Javier Mela, reemplazante de Germán Kiczka, el ex diputado preso por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, los radicales con Peluca hicieron un “banderazo” a favor de Milei en el predio de la Sociedad Rural, el mismo sitio donde los patrones del campo silbaron a Raúl Alfonsín y donde el Presidente dio uno de sus discursos más recordados.
“Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura”, había replicado Alfonsín. Los radicales pro -antes pro Macri, ahora pro Milei- olvidaron ese tenso cruce. “La foto de hoy significa que el radicalismo está con Javier Milei”, dijo el ministro de Defensa, Luis Petri, uno de los primeros en pegar el salto. En la foto había no más de 200 dirigentes.
Muchos otros no piensan lo mismo. En Misiones hay también resistencia: la ex diputada Anita Minder representa esa cruzada. “Me encantan los radicales con Peluca cuando dicen que “que los une la libertad y la justicia social’ y Milei dice que “la justicia social es una aberración”. Son un corso a contramano”, cuestionó.
En las rutas también comenzó a escucharse un intenso reproche al Presidente, que ganó en muchos municipios de Misiones y hasta hace algunos meses estaba exento de cuestionamientos. Pero la tensión en el sector primario de la yerba mate fue en crecimiento y ahora no son pocos los que reconocen que la desregulación impuesta por Milei es responsable del derrumbe de los precios de la materia prima. Y exigen respuestas que no aparecen por parte del Gobierno nacional ni los dirigentes que exhiben como libertarios. Arjol es uno de los más cuestionados por prácticamente desaparecer de Misiones y no aportar ninguna solución ni gestiones ante la Nación.
Es el Gobierno provincial el que está trabajando en la búsqueda de soluciones en negociaciones ante la Nación. Esa gestión activa es reconocida incluso por los simpatizantes libertarios que desprecian a quienes buscan solo estar bajo la sombra del poder, como buscan, desesperados, en el PRO y el radicalismo.
Este sábado la protesta yerbatera llegó hasta el acceso a las Cataratas del Iguazú. El miércoles sucederá lo mismo sucederá lo mismo con una concentración en Cruce Karaben exigiendo la restitución plena de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate y que se defina el precio en el marco de la ley, no por fuera de las instituciones. Hoy no hay atisbo de que eso pueda suceder. Pero el INYM dio a conocer un valor de referencia apenas por encima de lo estimado previamente por los productores: 355,41 pesos como el costo mínimo de producción por kilo de hoja verde puesta en secadero. A ese valor de referencia hay que sumarle un porcentaje de “rentabilidad” estimado en un 30 por ciento, lo que resulta en un valor final de 462,03 pesos, por debajo de lo que piden los productores en las protestas, pero bastante más del doble de los 190 y 210 pesos por kilo promedio en los secaderos.
Para la Provincia el valor estimado es clave, porque permitirá cotejar números con lo que surja del plan de trazabilidad puesto en marcha, con el que se pretende establecer la cadena de costos y el volumen que se mueve en el mercado. En contraste con la convulsión política del escenario nacional, Misiones entra en una etapa clave sin conflictos. El inicio de clases se dará este miércoles con las escuelas abiertas, paritarias acordadas y un paquete de respaldo económico relevante, con la suma de los Ahora y el Boleto Estudiantil Gratuito. No es un dato menor. En las provincias vecinas no hay acuerdos salariales y la situación económica y social está deteriorada. Misiones logró soportar el peor momento de la crisis sin pérdida relevante del empleo y absorbiendo el impacto del ajuste para que los mayores costos no impacten de lleno en el bolsillo.
Algunos, sin embargo, son inevitables. Marzo amaneció con una nueva suba de combustibles y el acumulado supera el 150% en comparación con diciembre de 2023, exactamente la mitad que los aumentos de la era Macri. Desde que asumió Milei, llenar el tanque cuesta el doble: 80 litros de Infinia Diesel en una Toyota Hilux, que en diciembre costaban $49.520, hoy requieren $125.280, lo que representa un aumento del 153%. Para un auto con 55 litros de nafta Súper, el gasto pasó de $26.675 a $70.125, con un incremento del 162,9%. Pero la factura en este caso, se la carga al Gobierno nacional. La Provincia no tiene como atajar esos aumentos, aunque el reclamo para mitigar las asimetrías surtió algo de efecto
