Jorge Vasconcelos

investigador jefe de Ieral, Fundación Mediterránea

La confianza, muy por delante del éxito pleno de las reformas

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El descenso de la tasa de inflación, ahora en un andarivel entre el 2,5% y el 3,0% mensual, ha sido clave para que la confianza en el gobierno se sostenga, tras doce meses de tribulaciones. Avanzar hacia un escenario de estabilidad es muy redituable en términos políticos, caso de Menem y la Convertibilidad, replicado en 1994 en Brasil, cuando el éxito del plan real catapultó al ministro Cardoso a la presidencia.

La paradoja está en que bajar la inflación descorre velos y nuevos desafíos quedan a la vista. Para las empresas urge ganar en competitividad; para la población, la estabilidad pasa a ser un “derecho adquirido” y afloran nuevas demandas: calidad de vida, servicios públicos, entre otros. Bajando la inflación, los cimientos son más firmes, pero la agenda oficial se amplía. Para no defraudar el crédito otorgado por la confianza, es crucial el empalme exitoso con el futuro, evitando que instrumentos útiles para la estabilidad sean perjudiciales para objetivos de largo plazo, vinculados con la inversión y la productividad.

Así, el sendero de transición está lejos de los 100 metros llanos; es más bien una carrera de obstáculos, con vallas que incluyen las fechas electorales. Y la coyuntura se inscribe en ese contexto, con un arranque de 2025 en el que los cambios de política impulsados por Trump tendrán impacto global. De hecho, el Banco Central de los Estados Unidos (FED) ya avisó que las tasas de interés pueden bajar más despacio, por el impacto inflacionario de políticas de comercio exterior y fiscal que eventualmente se apliquen desde el 20 de enero. Son riesgos amplificados por la desestabilización de la macro de Brasil y el real ultradevaluado. El gobierno argentino, por su parte, espera neutralizar parte de esos efectos adelantando un acuerdo con el FMI que inyecte fondos frescos al BCRA (al parecer, se gestionan más de 20 mil millones de dólares). El trámite es complejo, debido al elevado endeudamiento ya existente (44 mil millones) y las señales que trasciendan alimentarán conjeturas sobre la fecha de salida del cepo, y también sobre las características del nuevo régimen monetario-cambiario, un tema que debería estar en la agenda de negociaciones.

La recesión hizo su piso en el segundo trimestre de 2024, y el rebote fue fuerte en el tercero, habiendo pasado desde octubre a una especie de meseta. Cabe esperar para 2025 un trimestre a trimestre menos errático, dentro del andarivel del 4,0% al 5,0% anual. Comparando las últimas cuatro recesiones (excluida la pandemia), la única que pudo dibujar la V fue la de 2009/10, pero con condiciones muy diferentes. En contrapartida, la salida de esta recesión luce cualitativamente más firme, tanto por la trayectoria de la tasa de inflación como por la confianza en el gobierno y el valor bursátil récord de las empresas. Con esas bases, el desafío es abrir espacio a una recuperación sostenida de la tasa de inversión, la variable esquiva por décadas.

La profundidad de la recesión y la percepción de un rigor fiscal inédito corrigieron hacia abajo las expectativas de inflación, coordinadas por minidevaluaciones. Aunque inicialmente fuentes oficiales aseguraban que desde abril de 2024 el ritmo del “crawl” pasaría a un guarismo superior al 2,0% mensual, esto no ocurrió, e incluso ahora se deja trascender una meta del 1,0% mensual. Así, sin necesidad de tasas de interés elevadas en términos reales, la inflación se está pudiendo domesticar.

A diciembre de 2023, el uso del ancla fiscal y cambiaria parecía suficiente para desindexar la economía, tal como ocurrió con la Convertibilidad, sin necesidad de recurrir a mecanismos como el desagio (plan Austral). Pero la rapidez de esa dinámica no estaba garantizada.

La profundidad de la recesión aparece disimulada cuando se refiere a una caída del PIB del orden del 3,0% para el año. Pero este guarismo incluye una variación positiva del sector agropecuario cercana al 30,0%. En realidad, el PIB sin agro y el consumo privado han caído un 6,0% en 2024.

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Nuevo escenario global, ¿En qué cambia la agenda de la Argentina?

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Los lineamientos de campaña anticiparon, para la segunda presidencia de Trump, políticas semejantes a las que se implementaron desde principios de 2017, pero el contexto es muy diferente, por lo que el escenario será inédito apenas se pongan en marcha las fuerzas de acción y reacción. Pueden bosquejarse los contornos de esta nueva etapa, pero a la Argentina no le conviene gastar energías en especulaciones, dada la amplia gama de reformas domésticas pendientes, focalizando en una agenda que pueda ser útil para atravesar cualquier escenario.
La activación de conflictos comerciales, la posibilidad de guerra de monedas con un dólar más fuerte y precios de commodities más débiles, o una tasa de interés de los Estados Unidos que baje menos de lo esperado, este combo deberá ser tomado como dado apenas comience a conformarse, total o parcialmente. En comercio exterior, apenas un 8 % de las exportaciones de bienes de la Argentina se dirigen a los Estados Unidos, pero el intercambio en servicios y la dimensión de la Inversión Extranjera
Directa tienen una ponderación bastante mayor. Esa balanza puede inclinarse más o menos, dependiendo del rol que asuman México y Brasil ante el nuevo escenario. Obsérvese al respecto la diferenciación de los índices bursátiles desde principios de octubre, con caída similar de México y Brasil y aumento significativo del Merval.

Un razonamiento análogo cabe también para la dimensión financiera, dado el elevado endeudamiento que el país ya tiene con el FMI, del orden de los 45,0 mil millones de dólares. ¿Cuánto más puede lograrse por esta vía?. Un nuevo mundo en el que sanciones financieras pasen a ser un arma de disputas geopolíticas, requiere agilidad para administrar los pasivos del país, lo que hace recomendable que el gobierno pueda preservar el DNU que habilita negociaciones de trámite expres. Quizá un canje voluntario de deuda, en el que se ofrezcan nuevos títulos con cupones de interés más atractivos, a cambio de estirar
vencimientos, sea el camino más adecuado en función de los compromisos externos, pero si la oportunidad se presenta será una ventana acotada en el tiempo.
Así, transitar el 2025 no será un mero trámite. En los Estados Unidos pasará a gobernar un Trump con mucho más poder que el que dispuso en 2017, pero con nuevos desafíos a escala global. En relación a ocho años atrás, ahora hay una alianza mucho más explícita entre Rusia, China e Irán; la Unión Europea acaba de ser advertida por el “Informe Draghi” de sus serios problemas de competitividad, agravados por el encarecimiento de sus costos energéticos (¿será por eso que algunos de sus líderes ahora están más dispuestos a un acuerdo con el Mercosur?); Estados Unidos sigue siendo la meca de la innovación, pero ahora es un país más endeudado y con un déficit fiscal mayor, mientras China ha ampliado sus esferas de influencia, logrado que el yuan se utilice en reemplazo del dólar en algunas regiones del planeta, pero internamente su economía está amenazada por fuerzas deflacionarias como las que enfrentó Japón a principios de los años 90, por lo que hay pocas dudas que Pekín recibiría el impacto más duro en caso de iniciarse una guerra comercial.
La Argentina, por su parte, cuenta hoy con fundamentos en su economía que estaban ausentes doce meses atrás, considerando la dinámica fiscal, la marcha de la inflación y el cambio en las expectativas de consumidores y empresas. Sin embargo, subsisten enormes desventajas con países que se han destacado por su competitividad y ritmo de crecimiento en las últimas décadas (Australia, Corea, Israel, entre otros), por lo que la Argentina no puede darse el lujo de especular; necesita profundizar su agenda de reformas.

Hay que tener en cuenta que la Argentina sigue inmersa en una compleja transición, dejando atrás un “modelo”, basado en el cierre de la economía y el gasto público como supuestas “locomotoras”, pero con un nuevo régimen que sólo puede desplegar su potencial en el mediano plazo, haciendo que los “resabios” del viejo modelo perduren en ciertos sectores y regiones.
Es por estas características que la salida de la recesión muestra datos heterogéneos, de acuerdo a las estimaciones del economista de IERAL, Jorge Day, focalizando en la evolución de la masa salarial privada: de marzo a setiembre de 2024 (desestacionalizado) entre las provincias que lograron más rápida recuperación en términos reales, habiendo caído menos hasta marzo, se cuentan Neuquén, Río Negro y Chubut.

Del otro lado, con merma significativa de poder adquisitivo de la masa salarial privada hasta marzo, y descensos adicionales entre marzo y setiembre, se tiene a Formosa, La Rioja y Catamarca. Con rebote importante, pero sin compensar la caída previa, se encuentran Mendoza y CABA.

Con las actuales tendencias, el rebote del PIB del orden del 4,5 % para 2025 luce altamente probable pero, a partir de esa base, no puede asegurarse que la economía habrá de seguir creciendo al ritmo que lo hizo bajo la convertibilidad, cuando entre 1991 y 1998 el PIB se expandió al 4,7 % anual acumulativo.

Un ejemplo cercano, con reformas a “medio hacer” y resultados positivos pero no extraordinarios es el de Brasil, que logró salir de la estanflación con medidas adoptadas durante el gobierno de Temer (completó el mandato de Dilma). A partir de 2016 y hasta el 2024, el PIB de Brasil creció a un ritmo del 1,9 % anual acumulativo y el empleo privado formal lo hizo al 1,4 % anual, a partir de una reforma laboral profunda y la fijación de un techo al gasto público que en los primeros años posibilitó una caída simultánea de la inflación y de la tasa de interés.

Dato importante, no hubo aportes significativos de industria y construcción a esos guarismos. Medido por el lado del comercio exterior, el dinamismo de Brasil entre 2016 y 2024 se observó en el incremento del 23,4 % anual de las exportaciones de petróleo; de 11,2 % del complejo minero; el aumento de 9,9 % anual de las exportaciones agropecuarias y del 7,9 % de celulosa.

Todo indica que, de aquí a 2030, la Argentina podría replicar o aproximarse a los guarismos de Brasil en exportaciones de hidrocarburos y minería, pero tendría que romper la inercia en el sector agropecuario y en el forestal. Hay que tener en cuenta que la cosecha de granos en Brasil se incrementó en 115 millones de toneladas desde el 2016, contra apenas 5 millones en la Argentina. Es muy difícil encender el motor del campo con el nivel actual de las retenciones.
Además, para crecer por encima del 2,0 % anual, contando también con los motores de servicios e industria, la Argentina debería encarar una profunda reforma laboral, crear un super IVA que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales, y también lograr mayor especialización y escala a través de acuerdos con la India, Estados Unidos, Unión Europea, entre otros.

Mientras tanto, en la coyuntura, el debate sobre seguir o no con el cepo ha entrado en una nueva dimensión, pasando a ser una discusión menos “binaria”. A mediano y largo plazo no debería haber dudas respecto a la conveniencia de pasar a un régimen monetario-cambiario permanente, pero en el corto plazo lo que se advierte en este segundo semestre es que los efectos más dañinos de los cepos sobre la economía han cedido terreno, ya que el comercio exterior se ha normalizado, sin los cupos y trabas vigentes hasta n de 2023 y que el blanqueo ha catalizado la entrada de capitales al sistema financiero y al mercado de bonos y acciones.
El contraste con el año pasado es notable, ya que la suscripción de Obligaciones Negociables emitidas por firmas que operan en el circuito local pasó de 1,7 mil millones de dólares en 2023 a más de 7,0 mil millones en el estimado de 2024. Y los créditos en “argendólares” se han incrementado 30 % desde mediados de agosto, y podrían más que duplicar esa variación en próximos meses, ya que los depósitos en dólares aumentaron un 82 % en igual período.

Con esta dinámica, el Banco Central logró en los últimos 30 días acumular compras por casi 2,0 mil millones de dólares en el mercado oficial, y la política económica recuperó la iniciativa, con expectativas que se ajustan rápidamente a las señales del gobierno. Es lo que ocurrió con el desplome del “dólar futuro” tras el anuncio oficial de pasar a un deslizamiento del 1,0 % mensual del tipo de cambio, en caso que la inflación se mantenga debajo del 3,0 % mensual (tras el 2,7 % de octubre).

La ratificación del “ancla cambiaria” dentro de la política de estabilización, de todos modos, requiere que la entrada de capitales no se debilite para asegurar la consistencia del sector externo, ya que con las tendencias actuales la cuenta corriente del balance de pagos apunta al terreno negativo. Por tanto, el “momento” elegido para salir del cepo sigue siendo relevante y, todo indica que no conviene dejar para después de octubre de 2025 esa tarea, para evitar turbulencias en el período electoral previo a las legislativas.

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Brecha cambiaria, riesgo país; ¿el momento de estirar la vida útil del cepo?

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Mientras en el “resto del mundo” los mercados ingresaban de lleno al “modo electoral” irradiado por los Estados Unidos, con escenarios caracterizados como binarios y un abanico de posibilidades en las que las tasas de interés y el valor del dólar frente al resto de monedas pueden caer o subir en forma significativa, en la Argentina las variables financieras y cambiarias transcurrieron buena parte de octubre en una especie de remanso, por el efecto “rompeolas” que significó el flujo de capitales locales que se habían acogido al blanqueo y comenzaron a reciclarse hacia créditos en dólares y/o bonos y acciones.  Se entiende que eventuales escenarios intermedios en los Estados Unidos, con un Congreso dividido, por caso, harían atenuar el oleaje, pero, de todos modos, los cambios que pueden sobrevenir en diversos planos (guerra comercial, alineamientos geopolíticos, paridad del dólar frente al resto de monedas, nivel de las tasas de interés tanto de corto como de largo plazo, entro otros) no serán indiferentes para la Argentina. Esto aun aceptando que la decisión del gobierno para este verano sea la mantener el “espigón” que significan los cepos en el mercado cambiario y monetario.

Más allá de la dirección de los vientos externos, en nuestra opinión el gobierno se acerca a un momento de definiciones en el manejo de la macro. Si bien ha mejorado el riesgo país y la brecha cambiaria se mantiene en torno al 17%, intentar transitar todo el 2025 con el esquema del cepo intacto conlleva riesgos, en la medida en que se acumulen presiones y las expectativas se coordinen a la espera de cambios relevantes de política para el “día después” de las legislativas de octubre.

En el presente, el combo de tipo de cambio “cuasi fijo” y política monetaria que ha comenzado a ser expansiva parecen configurar el “mejor de los mundos”, con una inflación de octubre que podría ubicarse en torno al 3%, luego del 3,5% de setiembre, y con una tasa de interés positiva en términos de dólares y ligeramente por encima de la inflación en pesos. Una combinación que hace que el crédito se expanda a buen ritmo tanto en la vertiente pesos como en la de dólares. El stock de los préstamos en pesos crece desde hace varios meses a un ritmo cercano al 10% mensual en términos reales y las expectativas de corto plazo sobre tasa, inflación y dólar lucen bien ancladas por el andamiaje montado alrededor de la pauta del 2% mensual para el tipo de cambio oficial.

Sin embargo, pensando en un escenario de varios trimestres, con un cepo en modo “statu quo”, la tasa de interés podría comenzar reflejar las expectativas de cambios significativos pos elecciones, en un contexto en el que habrá fuertes vencimientos de deuda pública doméstica, en torno a 7% del PIB a lo largo de 2025, considerando sólo los títulos en manos privadas. Aunque la política fiscal siga tan firme como hasta ahora, bajo las condiciones actuales es difícil evitar un deterioro adicional del frente externo, con vencimientos de deuda en moneda dura que están cubiertos para enero, pero que no lucen garantizados para el resto del año. Estos “cabos sueltos” son los que complican la posibilidad de mantener ancladas las expectativas a lo largo del 2025, a la espera de lo que ocurra “el día después” de las legislativas. Y esto podría expresarse en los contratos de futuro del ROFEX, en la brecha cambiaria e incluso en las expectativas de inflación.

No hay que olvidar que, bajo el cepo, las tasas de interés en dólares y en pesos de los bonos del Tesoro no están perfectamente arbitradas. En cambio, la salida del cepo es sinónimo de arbitraje entre esos rendimientos y, si esta movida se demorara y hubiera expectativa de alguna corrección cambiaria después de octubre, las tasas de interés en pesos comenzarían a subir en plena campaña electoral, para igualar el rendimiento de los bonos en dólares, más la devaluación esperada por el mercado.

Frente a estos riesgos, es inevitable conjeturar alrededor de las opciones a disposición del gobierno, con decisiones que deberían conocerse en esta temporada de verano. Se trata de salir del cepo “al estilo Macri”, la experiencia de fin de 2015, principios de 2016, o bien; intentar “alargar la vida útil” del cepo, con una serie de medidas también a adoptar este verano, procurando empalmar con una salida más ordenada de las restricciones cambiarias, de la mano de un nuevo acuerdo con el FMI, que no necesita esperar a octubre para concretarse y con un aporte de “plata fresca” que quizá no sea tan significativo (¿5 mil millones de dólares?) pero que ayudaría a despejar el horizonte, abriendo la posibilidad de “volver al mercado” para hacer frente a siguientes vencimientos. El estiramiento de la “vida útil” del cepo podría hacerse por etapas, pasando inicialmente, por ejemplo, a un mix de 90/10 para el blend y una cuotificación de las transferencias al exterior por remesas de utilidades pendientes.

En cambio, si el “reseteo” del cepo se posterga, y se mantiene la convivencia con el “blend” y otras restricciones, entonces podría estar configurándose otro escenario, con un sesgo más marcado hacia la “dolarización endógena”. Esta opción, de todos modos, requiere bajas adicionales del riesgo país para la refinanciación exitosa de los vencimientos de deuda externa que, para el consolidado de Tesoro y Banco Central, suman casi 11 mil millones de dólares en 2025, excluyendo compromisos con FMI y otros organismos internacionales.

La salida del cepo “al estilo Macri” como primera opción, choca con las propias señales oficiales, ya que no habría disposición a transitar todo el período prelectoral bajo un régimen de flotación cambiaria y metas de inflación, análogo al que funciona en la mayoría de los países de la región. Justamente, el “miedo a flotar” estaría alimentado por aquella experiencia de 2015 a 2019. De acuerdo al gobierno, hay tres requisitos para salir del cepo que todavía no se cumplen:

  • Subsiste exceso de pesos, fenómeno cuantificable en el hecho que la inflación todavía no ha aterrizado a un piso del orden del 2,3% / 2,4% mensual, guarismo que sería enteramente explicado por el deslizamiento cambiario más la inflación internacional
  • Hay transferencias al exterior pendientes, por el factor dividendos (aunque no se explicita una cifra, ésta podría ubicarse en torno a los 5 mil millones de dólares)
  • Hay “emisión monetaria potencial” por la cancelación de las LEFIs, cuyo stock actual equivale a 54% de la base monetaria

Se trata de requisitos que no tienen un tiempo definido para su cumplimiento, por lo que, en el mientras tanto, podría entrarse en una etapa destinada a “prolongar la vida útil del cepo”. De todos modos, tampoco el gobierno se desentiende del objetivo de llegar a cumplir esos requisitos. Esto se pudo constatar en la decisión del Banco Central anunciada el 1ro de noviembre, de reducir la tasa de interés de política de un nivel del orden del 3,3% mensual al andarivel del 2,9%. Este recorte de tasa reduce el atractivo de las LEFIs, que están en poder de los bancos: la señal es bastante clara, ya que se refuerzan los incentivos para que se acelere la oferta de créditos, financiados en parte con la venta de LEFIs al Central. Así, el stock de este pasivo del sector público debería seguirse achicando (el requisito número 3) por menos bonos en circulación y un rendimiento neutro en términos reales.

Si el gobierno aspira a ganar tiempo en el cumplimiento de los tres requisitos, buscando empalmar con un acuerdo con el FMI que provea algo de “plata fresca”, la agenda debería incluir el desmonte de alguno de los instrumentos del cepo actual, procurando que el mercado libre de cambios funcione con menos regulaciones y operaciones más genuinas; mientras se intenta mantener (y eventualmente reforzar) el rol del tipo de cambio (oficial) como ancla antiinflacionaria. Al respecto, es posible que, de la mano del recorte de tasas referido, el deslizamiento del tipo de cambio pase a un guarismo del orden del 1,7% / 1,8% mensual.

Los dos principales instrumentos que desfiguran el funcionamiento del “mercado libre” del dólar son la persistencia del “blend”, por la cual el 20% de las exportaciones se liquidan por el CCL, y las “restricciones cruzadas”, por las que una empresa que opere en el CCL enfrenta limitaciones para acceder al mercado oficial.

Estas distorsiones (existen otras de menor impacto) hacen que pueda ser cuestionada, por la falta de factores genuinos, la capacidad de anclar las expectativas a través de una brecha cambiaria reducida. Eliminar el Blend y las “restricciones cruzadas”, de todos modos, no implicaría pasar a un funcionamiento plenamente libre del mercado financiero. Seguramente el Banco Central mantendría su política de ventas de divisas a través del CCL, del modo en que viene ocurriendo con las intervenciones que retiran pesos del mercado, por un monto que se estima en el orden de los 600 millones de dólares desde mediados de julio, cuando se lanzó la “Fase II” del plan económico.

Del otro lado, converger a un  ritmo decreciente de devaluación se enfrenta al hecho que las intervenciones en el mercado oficial de cambios no están permitiendo recuperar reservas netas, más allá del impacto temporal del blanqueo. Eliminando el blend, la pauta cambiaria podría ser reivindicada desde el gobierno por el hecho que podría darse al inicio cierta recuperación de reservas netas, dado que en términos anuales se estarían inyectando al mercado oficial de cambios unos 16,8 mil millones de dólares adicionales en 2025, derivados de exportaciones estimadas en 84 mil millones.

El saldo neto de oferta de divisas a favor del BCRA no se incrementaría en esos 16,8 mil millones en 2025 respecto a 2024, porque las importaciones estarían aumentando en unos 9 mil millones y, si no hubiera cambios tras la eliminación del impuesto país antes de fin de año, se acentuaría el rojo de la cuenta turismo, tarjetas y otros servicios. Sin embargo, no debería descartarse algún régimen especial para esos ítems de la balanza de pagos, en el momento de la eliminación del impuesto país, apuntando a liberar al Central de abastecer esa demanda a través del mercado oficial de cambios. Y también hay que computar la creciente oferta de “argendólares” por la tendencia ascendente de préstamos bancarios y suscripción de Obligaciones Negociables emitidas por compañías que actúan en el mercado local. Este es un factor cada vez más significativo, en parte alimentado por el blanqueo, con cifras elocuentes: de 1,7 mil millones de dólares que capturaron las compañías por emisión de ON en 2023, en 2024 seguramente se habrán de superar los 7 mil millones de dólares y esta dinámica podría sostenerse en 2025.

Más allá de estas sumas y restas de la oferta neta de divisas a favor del Central que se derivaría del hecho que los exportadores pasen a liquidar el 100% de sus operaciones en el mercado oficial de cambios (por la eliminación del “blend”), importa subrayar el conflicto de objetivos que se da alrededor de este instrumento:  hay un trade off evidente, ya que continuar con el blend implicaría resignar posibilidades en el plano de la recuperación de reservas pero, por esa misma razón, se mantendría un control más firme sobre los agregados monetarios, porque el Central estaría emitiendo menos pesos por el factor externo.

En ese sentido, la eventual eliminación del blend sería también una movida destinada a plantar mojones en dirección a una salida “convencional” de política cambiaria y monetaria, dentro de referencias bimonetarias como Perú y Uruguay, aunque también un desafío de fuste, dado que el gobierno ha “dado de baja” instrumentos de regulación de la liquidez como las Leliqs (antes Lebacs). Necesitaría otros instrumentos para la “sintonía fina” de la política monetaria, aun computando el impacto del aumento de la demanda de dinero y el uso de otras herramientas, caso de los encajes. En esencia, eliminar el blend significaría retomar la prioridad por la recuperación de reservas aceptando que, en la transición, el gobierno tendría que ocuparse de controlar los agregados monetarios y/o darle un rol más activo al manejo de la tasa de interés.

Este escenario admite pasos intermedios, por ejemplo, empezando con un cambio de mix del blend, pasando los exportadores a liquidar 90% por el oficial y 10% por el CCL. Simultáneamente, podrían flexibilizarse las condiciones de la “restricción cruzada” y habilitarse cupos para aquellas empresas que tienen pendientes transferencias al exterior por dividendos. Con ese procedimiento, el gobierno testearía el comportamiento de la brecha cambiaria y el grado de equilibrio/desequilibrio en el mercado monetario. Hay quienes argumentan que no serían necesarios instrumentos especiales de regulación de los excesos de liquidez, ya que la demanda de dinero sería suficientemente firme como para mantener en equilibrio ese mercado. Con el mix de 90/10 podría testearse esa hipótesis, asumiendo que el incremento de la demanda de dinero puede no ser tan potente como en otras experiencias (primer año de la convertibilidad, en 1991), debido a que la economía en el presente no está tan desmonetizada: al tercer trimestre de 2024, el M2 se ubica en 7% del PIB, cuando en 1990 (previo al lanzamiento de la convertibilidad) era equivalente a 3,2% del PIB. Los “errores de cálculo” en la predicción de los equilibrios/desequilibrios del mercado monetario pueden ser costosos, ya que, eliminadas las Leliqs, para retirar excesos de liquidez habría que, o bien subir encajes bancarios, o bien apelar a la emisión de más Lecaps (con costo financiero a cargo del Tesoro), depositando en el Banco Central los pesos retirados del mercado.

Por el contrario, ratificar el “blend” para todo 2025 sería una toma de posición del gobierno frente a la encrucijada: se prefiere no emitir pesos aun cuando se trate de operaciones de compra de dólares en el mercado oficial, “secando la plaza” de moneda local, política que podría estar apuntando a un régimen monetario-cambiario distinto, en línea con la llamada “dolarización endógena”. Un esquema análogo al de países centroamericanos, en el que progresivamente contratos y cancelación de compromisos pasan a ser realizados en dólares. La dolarización endógena es consistente para resolver cuestiones transaccionales de la economía. Por caso, el campo argentino hace tiempo que ha sustituido al peso por la soja, como unidad de cuenta, medio de pago e incluso instrumento de ahorro. Sin embargo, el crecimiento de la economía también requiere del instrumento del crédito, y el bimonetarismo argentino tiene sus peculiaridades, porque se asienta sobre una economía que sigue siendo muy cerrada, con una reducida significación del comercio exterior sobre el PIB. Con la “dolarización endógena” podría plantearse un problema de “descalce de monedas”, asociado al hecho que los bancos presten dólares a agentes económicos que dependen del mercado interno y tienen ingresos en pesos. Ese descalce explica en parte la crisis de la convertibilidad, a principios de este siglo.

Países con alto grado de dolarización en los que el descalce de monedas no surge como un problema, caso de Panamá o El Salvador, tienen características muy diferentes a las de la Argentina. Por caso, mientras en nuestro país la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios equivale al 27% del PIB, en Panamá ese ratio es del 90%. Por su parte, en el caso de El Salvador, el flujo de remesas (dólares enviados por migrantes a sus familiares en el país) equivale al 23% del PIB, un guarismo que, si se replicara en la Argentina, sería de 140 mil millones de dólares/año. Es evidente que no son situaciones comparables.

Más allá del camino elegido, en esta fase la decisión no sería impuesta por las circunstancias. Ocurre que las reservas líquidas han trepado del andarivel de 4 mil millones de dólares que registraban hasta agosto a un nivel que se aproxima a los 7 mil millones, cifra que incluso podría ampliarse en la medida en que depósitos y encajes en moneda extranjera mantengan la inercia ascendente de las últimas semanas. Para estimar las reservas líquidas, se resta a las reservas brutas el swap con China, créditos del BIS y el oro. No se trata de divisas propias del Central, pero a la gestión anterior le permitieron cumplir compromisos pese al rojo de las reservas netas, del orden de los 11,3 mil millones de dólares pocas semanas antes de fin de 2023. En el presente, reservas líquidas positivas que se acercan a los 7 mil millones de dólares coexisten con reservas netas negativas del orden de los 5,9 mil millones de dólares, incluyendo vencimientos de Bopreal.

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Veranito cambiario ¿Desemboca en la salida del cepo?

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La menor brecha cambiaria y el descenso del riesgo país no han modificado el discurso oficial respecto a que no hay un tiempo definido para la salida del cepo. Incluso, se refuerza ese mensaje argumentando que “se puede crecer con este tipo de restricciones cambiarias”, pero se cita el caso de China que, por su altísima tasa de ahorro nacional, es cierto que ha podido prescindir de flujos de capitales significativos para sostener una elevada tasa de inversión. No es el caso de la Argentina. El más reciente de los requisitos para una eventual salida del cepo sería la convergencia de la inflación local a la internacional, pero la sustentabilidad del escenario pos-cepo no depende de un dato puntual, sino de variables en equilibrio del sector externo y del fiscal. Paradójicamente, el remanso de las últimas semanas en brecha cambiaria y riesgo país ha reforzado en la percepción del mercado la continuidad del cepo, con un ROFEX en el que los contratos para marzo de 2025 del tipo de cambio oficial se pactan a 1.168 pesos. Pero si el gobierno estuviera dispuesto a contradecir su propio discurso, tampoco podría anticiparlo. Dada las legislativas del año próximo, la oportunidad para sorprender y quitar restricciones del mercado cambiario tiene sólo una ventana, y se corresponde con esta temporada de verano. En principio, debería ser una movida ejecutada bajo el paraguas del FMI, pero no hay demasiados indicios en esa dirección.

Causa y consecuencia del remanso de los mercados, en las últimas diez ruedas el Banco Central acumuló un saldo comprador en el segmento oficial de cambios de USD 811 millones (promedio diario de 81 millones). Una dinámica que claramente no responde a mejoras en los flujos del comercio exterior, sino al hecho que el blanqueo está operando como una suerte de entrada de capitales, en la medida en que el aumento de los depósitos en dólares se empieza a reciclar a través de nuevos créditos en esa moneda, o por la suscripción de Obligaciones Negociables emitidas por empresas locales.

Los depósitos en dólares, que aumentaron en 11,9 mil millones de dólares desde mediados de agosto, favorecen la evolución de las reservas brutas del Banco Central, por el cómputo de los encajes, pero el impacto positivo en los mercados deriva de una “vuelta de tuerca” adicional, que tiene que ver con la aplicación de los “argendólares” a créditos o bonos privados. Y esto es lo que ha ocurrido en las últimas semanas, aunque todavía es temprano para evaluar la duración y profundidad del fenómeno.

En este sentido, el Blanqueo de capitales y sus derivaciones está permitiendo frenar una dinámica poco confortable en el frente externo, ya que desde julio se alternaban los saldos compradores con los vendedores en las operaciones diarias del BCRA.

Ocurre que, desde mediados de año, había entrado en terreno negativo la cuenta corriente del balance de pagos base caja (que excluye del cómputo el 20 % de las liquidaciones de los exportadores, que se realizan por el CCL). Hasta junio, el acumulado de tres meses mostraba un superávit de 3,2 mil millones de dólares en la cuenta corriente del balance de pagos, pero ya para agosto ese saldo pasó a un rojo de 3,16 mil millones. Un deterioro de 6,36 mil millones en un par de meses

Por eso, cuando los efectos positivos del blanqueo y sus efectos colaterales empiecen a ceder, el problema de los flujos externos volverá a plantearse y, en ese contexto, la vigencia del “blend” habrá de lucir cada vez más disfuncional al doble objetivo de extender el rebote del nivel de actividad (que habrá de requerir financiar un aumento de importaciones cercano a los 10 mil millones de dólares en 2025) y de comenzar a recuperar reservas netas del Banco Central, desde el “subsuelo” actual (negativas en 6,4 mil millones de dólares, incluyendo vencimientos de BOPREAL).

Las idas y venidas respecto a cuál habrá de ser el “momento propicio” para salir del cepo tienen que ver, justamente, con lo descripto. Ventajas y desventajas con 2015, cuando el expresidente Macri decidió levantar los cepos al cambio y al comercio exterior: En primer lugar, como aquella terminó siendo una mala experiencia (algunas restricciones volvieron antes de fin de 2019) ahora salir del cepo debe ser visto como algo irreversible; de lo contrario habría demasiado “ruido” del lado de las expectativas. Juega muy a favor del presente la comparación del nivel de gasto público medido en dólares. Tomando el promedio mensual de julio y agosto de 2024, la cifra anualizada apunta a 104 mil millones de dólares (al tipo de cambio oficial), cuando el anualizado de aquellos meses de 2015 se ubicó, en moneda constante, en los 214 mil millones de dólares, un guarismo insustentable. Ya se ha analizado aquí que la variable del gasto primario del sector público nacional medido en dólares es un indicador extremadamente relevante para medir si la política fiscal está contribuyendo al equilibrio interno y externo de la macro, o si constituye una fuente de desestabilización.

Esa variable era insustentable en 2015, mientras que en el presente es claramente un factor estabilizador. En cambio, cuando se contrastan datos de deuda pública en manos de acreedores privados, las condiciones de 2024 son mucho menos propicias, comparado con 2015 (por aquellos años, la Argentina estaba fuera del circuito del crédito internacional). En el presente, los pasivos estatales en manos de acreedores privados alcanzan al 40,0 % del PIB, con deuda doméstica en torno al 15,0 % del PIB, mientras en 2015 esos guarismos eran de 20,0 % y 7,0 %, respectivamente.

Respecto a este punto, resalta el rol adquirido por el sistema financiero en los últimos años, como demandante de “última instancia” de la deuda pública. Los bonos del Tesoro ahora representan el 42,8 % del total de los activos bancarios (tras un pico de 60,3 % en marzo), cuando en 2015 ese guarismo era de 25,0 %. Esta es un arma de doble filo, siendo poco saludable tamaña exposición del sistema a deuda del Tesoro. En parte esto tiene que ver con la diferencia entre el nivel actual del riesgo país, cercana a los 1100 puntos, con los 480 puntos de fin de 2015.

Como se analizó en otra oportunidad, el factor deuda podría ser más determinante que el factor dólar en alimentar los reparos del gobierno a la hora de pensar en el levantamiento del cepo. Sin el cepo ni la participación del sistema financiero en las licitaciones, hubiera sido imposible para la gestión anterior emitir deuda pública domestica por el equivalente a 10,2 % del PIB en 2023.

El curso de los acontecimientos entrelaza inevitablemente la marcha de la inflación, el nivel de actividad y el sector externo. La demora de la convergencia de la inflación al 2,0% de deslizamiento del tipo de cambio no es gratuita, ya que en la fase en la que la inercia inflacionaria puede comenzar a perder fuerza, se está empalmando con otra etapa en la que no será sencillo contener las expectativas de corrección cambiaria por el deterioro de las cuentas externas, partiendo de la base que la entrada de capitales derivada del blanqueo tenderá a debilitarse en el futuro.

Pese a un nivel de gasto del sector público nacional que podría considerarse “de equilibrio” (104 mil millones de dólares, anualizando los datos de julio y agosto), el rojo de la cuenta corriente del balance de pagos irrumpió en un contexto en el que el rebote del nivel de actividad recién ha comenzado. Las importaciones no energéticas parecen adelantarse al ritmo de recuperación del PIB, ya que los datos de julio y agosto de compras al exterior (promedio mensual de 4,7 mil millones de dólares) ya superaron la referencia de fin de 2022, principios de 2023, pese a que el PIB desestacionalizado en el presente todavía se ubica un 5,0 % debajo de aquel momento.

En la batalla por la convergencia de la tasa de inflación a la de devaluación, los precios de los bienes en setiembre aterrizaron a una variación del 3,0 %, pero los servicios anotaron un 4,6 %, que a pesar de haber desacelerado respecto al mes previo, continúan mostrando una inercia difícil de cortar.

Seguramente, el IPC del 3,5 % reforzará la convicción oficial alrededor del tipo de cambio como ancla para la inflación. Las políticas de estabilización utilizan muchas veces ese instrumento, pero debe subrayarse que el tipo de cambio de equilibrio no es una constante. Es una variable que fluctúa, dependiendo de la evolución de la demanda agregada y del gasto público en dólares en lo interno, pero también de la entrada o no de capitales, de la disponibilidad y el costo del financiamiento externo y de la trayectoria de los términos de intercambio.

Así, el “veranito cambiario” será útil para extender el horizonte de la política económica, pero no habrá de cerrar la puerta a las preguntas recurrentes acerca de cómo será el empalme del actual esquema con un régimen monetario/cambiario de carácter permanente. La ingeniería financiera permitirá hacer frente a una parte de los compromisos externos de 2025, alimentada en buena medida por la dinámica de las últimas semanas, pero falta bastante para el escenario en el que “naturalmente”, los vencimientos de deuda se refinancian.

De cara al mediano y largo plazo, la Argentina está muy lejos de China en cuanto a la dimensión del ahorro doméstico como fuente de financiamiento de las inversiones. La Argentina es mucho más parecida a Uruguay, país que no cayó en la tentación de los cepos y, por mantener abierto los flujos dentro del balance de pagos, en los últimos trece años nos sacó 33,2 puntos porcentuales de ventaja en la variación del PIB por habitante. Desde 2011, cuando el gobierno de turno inauguró la era de los cepos, la Argentina experimentó una caída de 15,1 % en el PIB por habitante, mientras que, del otro lado del río, Uruguay registraba un incremento de 18,1 % en ese indicador.

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El Gobierno tiene la pelota

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Con puntos clave de la Ley Bases habiendo superado el filtro parlamentario, la inflación evolucionando por debajo del 5 % mensual en mayo y posiblemente también en junio, el roll-over del swap chino y un reciente desembolso del FMI, la desafiante agenda que la economía argentina tiene por delante puede ser encarada de un modo más ordenado. El gobierno ganó en capacidad para fijar objetivos que sean cumplibles y, a la vez, que permitan forjar cimientos más sólidos para los pasos siguientes. Paradójicamente, los avances conseguidos hasta aquí están aumentando la responsabilidad del Ejecutivo respecto a los resultados que se obtengan, con una oposición que parece estar más dividida y con menor capacidad de obstrucción. La instrumentación de reformas habilitadas por el Congreso habrá de contribuir a la renovación del clima de negocios, caso de la reforma laboral [1] y del régimen de incentivo de grandes inversiones (RIGI). En igual dirección habrá de operar la puesta en marcha de la agenda de desregulación en próximos días, de la mano de cambios de gabinete ya anunciados. Respecto de la dinámica de la macro, las autoridades han sido enfáticas: no apresurarse en la salida del cepo, mantener el deslizamiento del tipo de cambio a un ritmo del 2 % mensual y el “blend” de exportaciones (la liquidación del 20 % de las operaciones a través del CCL), junto con el cumplimiento de las metas fiscales en cualquier escenario, incluso transfiriendo responsabilidades de gasto y obra pública a las provincias. Al mismo tiempo, se decidió terminar de traspasar los Pasivos Remunerados del Banco Central a instrumentos de deuda (“Letras de Regulación Monetaria”) en cabeza del Tesoro, lo cual cambia en espejo la composición de los activos en manos del sistema financiero. A confirmar, por diseño las Letras no caerán de paridad en caso de suba de tasas, lo cual hace menos volátil el balance de los bancos. Con la creación de las “Letras”, el gobierno aspira a cerrar la fuente endógena de emisión de pesos que significa el pago de intereses de Leliqs/pases, tras un cierre progresivo de esa “canilla”, derivado de la licuación de los Pasivos Remunerados y de sucesivas reducciones de la tasa de interés. Así, el pago de intereses ya se había recortado de modo significativo, de 33,8 % a 3,3 % de la base monetaria entre noviembre pasado y los últimos datos de junio de este año, con la consiguiente moderación de la presión inflacionaria subyacente. El Banco Central ya no estaría condicionado por el impacto sobre sus deudas de eventuales subas de la tasa de interés. Pero el gobierno estará obligado a endurecer la política fiscal. 

Por eso, debería explicitarse cómo la mayor carga de intereses que habrá de enfrentar el sector público no habrá de complicar el cumplimiento de las metas fiscales. No es un tema menor, dadas las dificultades para bajar el riesgo país y la conexión que existe entre la continuidad del cepo y la necesidad del Tesoro de asegurarse licitaciones exitosas ante cada vencimiento de deuda. De acuerdo al último Staff Report del FMI, en 2024 el stock de los pasivos del sector público nacional en moneda doméstica estará promediando el 37,2 % del PIB, estimándose que 4 de cada 10 pesos de esos compromisos se encuentran en manos privadas. En ese informe, también se proyectan en el equivalente a 54,2 mil millones de dólares las necesidades de financiamiento del Tesoro para 2025, siempre focalizando en instrumentos emitidos en moneda doméstica en manos privadas. Guarismos que se están recargando ´por el traspaso de los Pasivos Remunerados, equivalentes a unos 3,7 puntos del PIB. De un modo u otro, el sistema financiero ha pasado a ser el gran tenedor de bonos de deuda, y esta dinámica en buena medida se explica por el seguro otorgado a las entidades bajo la forma de puts, que las habilita a vender esos títulos al Banco Central para hacerse de liquidez. Esos compromisos (que se deberían saldar con emisión de pesos) suman casi 4,0 puntos del PIB, más de una base monetaria. Pese a esas amenazas, cabe subrayar que para el “roll over” de los vencimientos de deuda de este segundo semestre, el Tesoro ha acumulado un “colchón” de liquidez del orden de los 2,5 puntos del PIB, de modo de acotar los riesgos de alguna licitación fallida. Distinto es el caso de compromisos en moneda dura. De aquí a fin de año suman algo más de 8,0 mil millones de dólares, y sólo una fracción podría refinanciarse con desembolsos de Banco Mundial, BID y CAF. A falta de otras opciones, el Tesoro debería hacerles frente comprando divisas al Central, cuando las reservas netas todavía no han llegado a pisar terreno positivo. Si bien los vasos comunicantes entre deuda doméstica y deuda externa quedan parcialmente obturados por la vigencia de los cepos, éstos no desaparecen, e influyen sobre las expectativas. Para 2025, vencimientos de deuda pública externa sin cobertura a la vista suman unos 14 mil millones de dólares. En esencia, pese a los avances en el Congreso y los anuncios vinculados con el corte de la emisión del Central por intereses de pasivos remunerados, el escenario de “manta corta” dista de haber sido superado. Medidas destinadas a afianzar la tendencia declinante de la tasa de inflación pueden complicar el objetivo también relevante de abatir el riesgo país, por la evolución de la deuda pública.

Un manejo monetario más independiente del BCRA, pero sin remover los cepos, obliga a monitorear de cerca la evolución de las reservas externas. Medidas que el gobierno considera apropiadas pueden no serlo desde el punto de vista del staff, demorando acuerdos con el FMI. A su vez, la trayectoria de la tasa de inflación hace entendible la posición oficial de evitar medidas que puedan tener impacto significativo sobre el IPC. Los datos preliminares de junio muestran que la inflación núcleo podría ser incluso inferior al 3,7 % de mayo, aun cuando la variación del IPC sea mayor por la incidencia de 1,5 puntos porcentuales de los precios regulados. Y la desaceleración de las últimas semanas (para los últimos 30 días la variación de los precios libres sería de sólo 2,3 %, según Pricestats) deja un muy acotado arrastre estadístico para julio, haciendo factible un nuevo peldaño descendente. Este es un logro que, legítimamente, el gobierno aspira a mantener y profundizar. La pregunta es si, bajo las condiciones detalladas más arriba, las expectativas de inflación/devaluación habrán de converger a un dígito bajo para fin de año, y si este esquema es compatible con un ritmo sostenido de recuperación del nivel de actividad económica y de la necesaria acumulación de reservas por parte del Banco Central. En buena medida, se necesita que la demanda de dinero, luego de la “pausa” de las últimas semanas, recupere la tendencia ascendente (partiendo de un piso muy bajo, por cierto). Se trata de un trípode de variables, todas igualmente relevantes para testear la marcha de la coyuntura; inflación, brecha cambiaria y riesgo país.

En el reciente reporte divulgado por el FMI se deja asentado que el “staff apoya una eventual transición a un nuevo régimen con un ancla nominal firme donde los precios y la estabilidad financiera sigan siendo los principales objetivos del Banco Central y donde los individuos sean libres de ahorrar y realizar transacciones en las monedas de su elección. Sin embargo, se debe seguir trabajando para definir mejor el papel del Banco Central en la gestión de la liquidez y salvaguardar la estabilidad del sector financiero”. En cambio, desde el gobierno, se había insistido con una especie de “dolarización endógena” que implicaría la prohibición al Banco Central de emitir pesos, incluso para la compra de dólares que refuercen las reservas. Ese esquema es diferente al de Perú o Uruguay, países en los que el bimonetarismo no ha sido obstáculo para una profundización de mercado de capitales y sistema financiero, con operaciones tanto en divisas como en la moneda local. En las últimas horas, las autoridades han sugerido que el Central no tendría problemas en emitir pesos para comprar dólares en caso que el mercado los ofertara. Sin embargo, esta podría ser una política de corto plazo, como contrapartida de una recuperación de la demanda de dinero en algún momento del segundo semestre. Ahora bien, en un escenario de mediano y largo plazo, si hubiera entrada de capitales y necesidad de manejar la liquidez, ¿el Central comprará los dólares por “cuenta y orden del Tesoro”, emitiéndose Letras ¿Cuál será el régimen monetario-cambiario definitivo? en espejo a esas operaciones?; ¿subirán los encajes no remunerados en lugar de abultar el stock de Letras?; ¿volverán a utilizarse instrumentos como las Leliqs, en cabeza del BCRA? Son preguntas que no se abordaron en la conferencia de prensa del viernes pasado, siendo que el tipo de respuesta que se obtenga ayudará a confeccionar el “identikit” del régimen monetario-cambiario al que se apunte como definitivo. Después de todo, sin contabilizar los puts, al eliminarse del balance del Central las Leliqs y los pases, queda como pasivo la base monetaria, que suma 18,2 mil millones de pesos. Al tipo de cambio del CCL, ese pasivo puede ser rescatado con 13,4 mil millones de dólares. ¿Seguirá ese trueque como objetivo en el seno del gobierno? Mientras tanto, el saldo negativo de junio en la compra venta de dólares por parte del Banco Central, junto con la ampliación de la brecha cambiaria hasta el 48 %, han puesto sobre el tapete el mecanismo del “blend”, por el cual se destina el 20 % de las exportaciones a alimentar el mercado libre de cambios, restando oferta de divisas en el mercado oficial. Los guarismos son muy significativos, ya que, con exportaciones estimadas en 38,2 mil millones de dólares para el primer semestre, casi 7,6 mil millones se canalizaron por el mercado libre. Esta cifra equivale a tres cuartas partes del superávit comercial del período, estimado en 10,5 mil millones, lo que explica el tenor de la pulseada entre el gobierno y el staff del FMI, a propósito de la continuidad o no del régimen del “blend” para exportadores. 

Una forma de “salir por arriba” de este laberinto es la sugerida por Domingo Cavallo, que propone levantar el cepo vigente en el segmento financiero del mercado de cambios, y disponer al mismo tiempo que el 100 % de las exportaciones de bienes se canalicen por el mercado oficial, un segmento que se mantendría con restricciones hasta que existan condiciones para la unificación cambiaria. Ese paso se complementaría con un ajuste del tipo de cambio para comercio exterior, que lleve la paridad a un nivel semejante al del “blend”, en torno a los 1.000 pesos por dólar, reduciendo al mismo tiempo la alícuota del Impuesto PAIS en 10 puntos. De ese modo, los tipos de cambio efectivos de exportación e importación de bienes no sufrirían mayor alteración, contemplando la importancia que le asigna el gobierno al impacto sobre los precios en el mercado interno, pero al mismo tiempo se superaría una barrera (la vigencia del “blend”) que hoy parece obstaculizar las negociaciones con el FMI. El mercado cambiario “sin cepos” del segmento financiero permitiría la libre movilidad de capitales entre Argentina y el resto del mundo, lo que permitiría hacer más profundo el mercado de capitales y el sistema financiero local. A su vez, dejaría de ser “materia opinable” la paridad entre el peso y el dólar y el nivel de la tasa de interés, dado que ambas variables serían “de mercado”. 

La resolución de este dilema no es neutra en su impacto sobre la trayectoria del nivel de actividad. El PIB en el segundo trimestre podría caer 0,3 % respecto del primero, luego de la contracción del 2,6 % del primero respecto del cuarto de 2023. 

Sin recuperación hasta fin de año, la merma del nivel de actividad de 2024 sería de 4,1 %, incluso 0,6 puntos por debajo de la proyección del FMI (-3,5 %). Para comenzar a salir de este valle tan profundo y lograr impacto positivo sobre el empleo, de aquí a fin de año el PIB debería crecer a un ritmo trimestral acumulativo del 0,8 %.. Sin embargo, dada la necesidad de continuar con el severo ajuste fiscal, se requiere el ingrediente de la entrada de capitales para que la demanda agregada comience a traccionar. Mantener el foco en el control de la inflación, pero al mismo tiempo comenzar a recomponer variables en términos de reservas y de nivel de actividad, tiene como condición necesaria la continuidad del rigor fiscal, pero instrumentos que funcionaron en el primer semestre pueden no dar los mismos resultados en el segundo.

De acuerdo al “Staff Report” divulgado por el FMI en la tercera semana de junio, como síntesis de la Octava Revisión del Programa vigente, la Argentina estará pasando de un déficit primario del sector
público nacional no financiero (SPNNF) de 2,7 % del PIB en 2023 a un superávit de 1,7 % del PIB en 2024,
un ajuste de 4,4 puntos, explicado fundamentalmente por la contracción del gasto, desde 19,6 % a 15,1 % del PIB.

El sector público estaría corrigiendo plenamente el desahorro de 2023, de un 5,9 % del PIB, hasta un nivel neutro en 2024. Con la tasa de inversión total cayendo de 18,6 % a 16,7 % del PIB, con una caída de 2 puntos de la inversión privada, la corrección experimentada en el sector externo es de 3,9 puntos del PIB entre un año y el otro, al pasar de un déficit de cuenta corriente de 3,3 % del PIB en 2023 a un superávit estimado 0,6 % del PIB, fenómeno que, en ausencia de entrada de capitales significativa, explica la recomposición de reservas lograda por el Banco Central en el primer semestre. Una variable que conecta la dinámica fiscal con la del sector externo es la evolución del Gasto Público medido en dólares al cambio oficial, termómetro frecuentemente utilizado en los informes de IERAL. En buena medida, los abultados déficits gemelos contabilizados en 2023 podían ser explicados por el hecho que el gasto público en dólares se había incrementado (en moneda constante) un 27 % respecto de 2019, un año que puede ser utilizado como base para la comparación debido a que tanto el resultado fiscal primario como el resultado en cuenta corriente eran bajos (-0,4% y -0,8% del PIB, respectivamente). Pues bien, de acuerdo a los guarismos fiscales incluidos en el Staff Report, y considerando el tipo de cambio oficial promedio anual (regla del 2 % hasta fin de año), el ajuste del gasto en moneda dura sería del 22,5 % este año respecto de 2023, para ubicarse en 101,5 mil millones de dólares. Esa cifra es similar a la de 2019, teniendo en cuenta la inflación estadounidense del período. La conexión entre el flanco fiscal y el externo derivada de la evolución del gasto público medido al tipo de cambio oficial se relaciona con el hecho de que cuando el peso del Estado sobre la economía queda “fuera de escala” se afecta la competitividad del sector exportador, lo que empuja a la devaluación, deteriorando el poder adquisitivo de la población y el empleo de los sectores “mercado-internistas”, que son a su vez los que más fuentes de trabajo generan. Encontrar el equilibrio entre el gasto público y el tipo de cambio es clave para la sustentabilidad de cualquier escenario. Obviamente, con los datos apuntados más arriba, referidos a 2024, tampoco hay garantías hacia adelante. Se requiere sustentabilidad de estas variables de cara al futuro. A ello se suma que la pauta de gasto público del sector público nacional abarca sólo la mitad de las erogaciones consolidadas (las provincias y municipios representan el otro 50 %)

El Régimen de Promoción de Grandes Inversiones (RIGI) es cuestionable desde diversos flancos, pero también debe subrayarse que, por los instrumentos de promoción elegidos, tiene características muy positivas cuando se lo compara con otros regímenes aplicados en el país, caso de Tierra del Fuego y San Luís, que fueron diseñados bajo una lógica mercado-internista y sin ningún compromiso con la competitividad y la productividad. Los mecanismos de promoción asociados al RIGI tienen que ver con el sesgo exportador de los proyectos (para los que se prevé una gradual “libre disponibilidad de divisas”) y el alivio fiscal involucra al impuesto a las ganancias y las retenciones, no al IVA y/o impuestos internos, como es el caso de los anteriores. Vale decir, los incentivos a la inversión contemplados en el RIGI son consistentes con el objetivo de una mayor integración de las actividades locales en las cadenas globales de valor, más allá del clima favorable a los negocios que podría significar la estabilización de la macro. Y esto no es menor tras una estanflación de 12 años asociada a un ritmo vegetativo de la inversión en máquinas y equipos. RIGI: ¿Nuevas reglas de juego para todas las inversiones? Por ende, debería pasar a ser agenda de la política pública la convergencia gradual, para todas las nuevas inversiones, de las reglas de juego establecidas bajo el RIGI. Este debería ser el norte, involucrando tanto a Nación como a provincias. De ese modo, podrían comenzar a superarse las limitaciones del RIGI. Especialmente que los beneficios aplican sólo a determinados sectores (foresto industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas) y con un umbral de los proyectos (200 millones de dólares) que excluye a las pymes. El riesgo de perpetuar una economía dual existe, ya que los sectores y proyectos que no puedan acceder al RIGI seguirán expuestos a un contexto de reglas de juego cambiantes, muy elevada presión tributaria y regulaciones muchas veces absurdas. Y ya se sabe que la informalidad como respuesta a esas distorsiones puede ser una salida individual, pero desaconsejable en términos macro. Uno de los puntos que se criticaba de la versión original del RIGI era la ausencia de algún tipo de exigencia de desarrollo de proveedores locales o de incorporación de insumos y/o equipamientos de origen nacional.

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