Jorge Vasconcelos

investigador jefe de Ieral, Fundación Mediterránea

Empeoran las condiciones financieras globales; ¿en qué medida pueden alterar la trayectoria del plan de transición?

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Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez, Fundación Mediterránea. En lo que va de abril se ha observado un marcado deterioro de las condiciones financieras globales, por datos de inflación en los Estados Unidos y por la fortaleza que exhibe el mercado laboral, factores que hacen presumir que el ciclo de aflojamiento de la política monetaria de la Reserva Federal se habrá de demorar: en palabras de Jerome Powell presidente de la Reserva Federal “la FED puede mantener las tasas
estables tanto tiempo como sea necesario, […] es apropiado dar más tiempo a la política restrictiva para que funcione”. La primera baja de la tasa del FED ahora se proyecta a setiembre, aunque sin garantías. La “fuga a la calidad” está fortaleciendo el dólar frente al resto de divisas, con un aumento del 4,6% del “Dollar Index” en lo que va del 2024, fenómeno que parece destinado a perdurar, con el consiguiente
debilitamiento de las monedas de socios comerciales de la Argentina, significativo en el caso de Brasil

  • En el vecino país, además, se conjuga una política impulsada por el gobierno de Lula que remueve las anclas fiscales establecidas en 2017 bajo el gobierno de Temer, que tan buen resultado habían logrado en términos de ampliación del horizonte, de aplacamiento de las expectativas de inflación y descenso sostenido de la tasa de interés. En cambio, en el presente, Brasil convive con una tasa de interés de referencia (SELIC) de dos dígitos (10,75 %), con el riesgo que permanezca en ese andarivel por bastante tiempo más, afectando el nivel de actividad, luego de varios años de crecimiento sostenido
  • Un freno en la variación del PIB de Brasil sería una mala noticia para la trayectoria de las exportaciones de la Argentina hacia el vecino del Mercosur, más en un contexto en el que la paridad real/peso comienza a afectar la competitividad de los bienes y servicios del país, tras una breve pausa impuesta por la devaluación de diciembre. En realidad, la participación de los productos “made in Argentina” en las importaciones totales de Brasil registra una marcada tendencia descendente desde que en nuestro país comenzaran a aplicarse los cepos al cambio y al comercio exterior. De un “market share” de 7,3 % en 2012, la Argentina ha pasado a capturar sólo el 4,6 % de las compras al exterior de Brasil, de acuerdo a los últimos datos.
  • Internamente, dependiendo de la extensión y profundidad de las turbulencias globales, este nuevo escenario puede llevar al gobierno a hacer más lenta la tarea de terminar de desmontar los cepos al mercado cambiario y al comercio exterior. Asimismo, las turbulencias hacen más evidente la importancia de anclar las expectativas en base al instrumento del superávit fiscal, pero a su vez hacen más urgente la aprobación de las leyes presentadas al Congreso y un acuerdo firme entre Nación y provincias para el ordenamiento de gastos y recursos en la dimensión federal. En este sentido, la aprobación de la “Ley de Bases” en el Congreso podría aportar recursos coparticipables por unos 0,8 puntos del PIB que, en el caso del Tesoro nacional, pueden servir para compensar el deterioro en términos relativos que podría comenzar a experimentar la recaudación del “Impuesto País”.
  • La tasa de inflación descendente es un insumo clave para mantener las expectativas bajo control. En marzo la variación del IPC fue de 11 % mientras que la inflación núcleo, que excluye precios regulados, entró en terreno de un dígito, con el 9,4 %mensual. En abril, la escalera descendente podría extender su recorrido y no habría que extrañarse si la inflación mensual se ubica en torno del 9,0 %, ya que parte del efecto estadístico del decreto que reescribe la actualización de los servicios de salud privados se habrá de manifestar en el presente mes
  • Con relación a la inflación núcleo, que es el indicador que tiene en cuenta el Banco Central para definir la tasa de interés, en abril podría anotar un guarismo cercano al 7 %, dos puntos porcentuales por debajo de la variación de marzo. La demanda ha dejado de convalidar subas de precios por encima de ciertos límites: estos números, de confirmarse, tendrán efecto político, permitiendo que el gobierno mantenga la iniciativa en relación con la oposición y con los gobernadores, aunque en la práctica no impliquen un alivio significativo para el bolsillo de los consumidores, dada la débil recuperación que puede esperarse para las remuneraciones y la incidencia que habrá de tener sobre el IPC la corrección de las tarifas de servicios públicos, tal como ocurrió entre 2016 y 2019
  • Respecto al momento y al ritmo al que el nivel de actividad habrá de comenzar a recuperarse, hay cuatro condicionantes que corresponde subrayar: o Los ajustes de las remuneraciones pueden comenzar a “dejar de perder” contra la inflación en el mes a mes, pero esto no está asegurado para el 85 % de la masa salarial, compuesta por trabajadores privados formales e informales y por
    estatales de las distintas jurisdicciones, por problemas de empleo, de productividad y presupuestarios, en ese orden. Jubilaciones y planes sociales, luego del piso de principios de marzo, podrían empatar o registrar una leve recuperación, pero ese segmento pondera en torno al 15 % de la masa salarial total
  • El efecto multiplicador sobre el resto de la economía de la recuperación de la agroindustria por la mejora de la cosecha de 2024 vs 2023 depende del ritmo de las exportaciones y de los precios relativos. En la primera quincena de abril habría caída del orden del 7 % interanual en esas liquidaciones, cuando en el primer trimestre subieron 61 % interanual, una señal amarilla a seguir con detenimiento. Y, si bien este año habrá más granos que en 2023, ese efecto volumen se licúa parcialmente, ya que el poder adquisitivo de la soja en términos de gasoil, pickups, tractores e insumos es entre 15 % y 30 % inferior al del año pasado
  • La tasa de interés de política monetaria, actualmente en 5,9 % mensual, registra trayectoria descendente, y deberían esperarse nuevas correcciones a la baja en meses subsiguientes. Esto en general es positivo para el nivel de actividad, pero en el actual contexto recesivo las tasas no parecen haber caído lo suficiente como para que la demanda de crédito comience a repuntar.
  • Mientras tanto, predomina el “efecto riqueza negativo” de los tenedores de plazos fijos y de dólares en el colchón. Si bien la bolsa y los bonos empujan hacia arriba esa variable, en la Argentina el mercado de capitales tiene una ponderación muy limitada
  • La persistencia del cepo tiene efectos ambivalentes; si bien ayuda al rollover de la deuda pública, se sabe que cuando existen restricciones a los movimientos de capital y al funcionamiento del comercio exterior, la entrada de inversiones al país queda en el Limbo. Es la piedra en la puerta giratoria, como ya diagnosticó un ex presidente. Entonces, la persistencia del cepo puede permitirle al gobierno administrar “mejor” algunas variables, pero al costo de no poder contar con un recurso clave para la salida de las recesiones, cual es el ingreso de capitales en volumen suficiente
  • Por esos cuatro condicionantes, en lugar de una V para describir el posible recorrido de la recuperación del nivel de actividad, parece más apropiado remitir a la “Pipa de Nike” para ilustrar el punto. De hecho, datos provisorios de abril en ventas de productos de consumo masivo parecen empeorar en el margen la variación interanual negativa del primer cuatrimestre. Hasta marzo, los datos desestacionalizados de la recaudación del impuesto al cheque marcan una caída de 11,5 % respecto de octubre pasado, una merma del 2,4 % mensual acumulativo de esta variable que es un razonable “proxy” de la evolución del nivel de actividad
  • Por supuesto que hay medidas que el gobierno podría intentar para tratar de acercarse al recorrido de la V, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los potenciales instrumentos sería contraindicado para otros objetivos clave, caso de la recomposición de las reservas externas del Banco Central y el superávit fiscal. De allí la búsqueda de un “atajo” por parte de las autoridades, gestionando un crédito externo por 15 mil millones de dólares, aunque los tiempos para este objetivo no parecen cercanos En lo que va de abril se ha observado un marcado deterioro de las condiciones financieras globales, por datos de inflación en los Estados Unidos y por la fortaleza que exhibe el mercado laboral, factores que hacen presumir que el ciclo de aflojamiento de la política
    monetaria de la Reserva Federal se habrá de demorar: en palabras de Jerome Powell presidente de la Reserva Federal “la FED puede mantener las tasas estables tanto tiempo como sea necesario, […] es apropiado dar más tiempo a la política restrictiva para que funcione”. La primera baja de la tasa del FED ahora se proyecta a setiembre, aunque sin garantías. La “fuga a la calidad” está fortaleciendo el dólar frente al resto de divisas, con un aumento del 4,6% del “Dollar Index” en lo que va del 2024, fenómeno que parece destinado a perdurar, con el consiguiente debilitamiento de las monedas de socios comerciales de la Argentina, significativo en el caso de Brasil.

En el vecino país, además, se conjuga una política impulsada por el gobierno de Lula que remueve las anclas fiscales establecidas en 2017 bajo el gobierno de Temer, que tan buen resultado habían logrado en términos de ampliación del horizonte, de aplacamiento de las expectativas de inflación y descenso sostenido de la tasa de interés. En cambio, en el presente, Brasil convive con una tasa de interés de referencia (SELIC) de dos dígitos (10,75 %), con el riesgo que permanezca en ese andarivel por bastante tiempo más, afectando el nivel de actividad, luego de varios años de crecimiento sostenido.
Un freno en la variación del PIB de Brasil sería una mala noticia para la trayectoria de las exportaciones de la Argentina hacia el vecino del Mercosur, más en un contexto en el que la paridad real/peso comienza a afectar la competitividad de los bienes y servicios del país, tras una breve pausa impuesta por la devaluación de diciembre. En realidad, la participación de los productos “made in Argentina” en las importaciones totales de Brasil registra una marcada tendencia descendente desde que en nuestro país comenzaran a aplicarse los cepos al cambio y al comercio exterior. De un “market share” de 7,3 % en
2012, la Argentina ha pasado a capturar sólo el 4,6 % de las compras al exterior de Brasil, de acuerdo a los últimos datos.
Internamente, dependiendo de la extensión y profundidad de las turbulencias globales, este nuevo escenario puede llevar al gobierno a hacer más lenta la tarea de terminar de desmontar los cepos al mercado cambiario y al comercio exterior. Asimismo, las turbulencias hacen más evidente la importancia de anclar las expectativas en base al instrumento del superávit fiscal, pero a su vez hacen más urgente la aprobación de las leyes presentadas al Congreso y un acuerdo firme entre Nación y provincias para el
ordenamiento de gastos y recursos en la dimensión federal. En este sentido, la aprobación de la “Ley de Bases” en el Congreso podría aportar recursos coparticipables por unos 0,8 puntos del PIB que, en el caso del Tesoro nacional, pueden servir para compensar el deterioro en términos relativos que podría comenzar a experimentar la recaudación del “Impuesto País”.
La tasa de inflación descendente es un insumo clave para mantener las expectativas bajo control. En marzo la variación del IPC fue de 11 % mientras que la inflación núcleo, que excluye precios regulados, entró en terreno de un dígito, con el 9,4 %mensual. En abril, la escalera descendente podría extender su recorrido y no habría que extrañarse si la inflación mensual se ubica en torno del 9,0 %, ya que parte del efecto estadístico del decreto que reescribe la actualización de los servicios de salud privados se habrá de manifestar en el presente mes.
Con relación a la inflación núcleo, que es el indicador que tiene en cuenta el Banco Central para definir la tasa de interés, en abril podría anotar un guarismo cercano al 7 %, dos 2 puntos porcentuales por debajo de la variación de marzo. La demanda ha dejado de convalidar subas de precios por encima de ciertos límites: estos números, de confirmarse, tendrán efecto político, permitiendo que el gobierno mantenga la iniciativa en relación con la oposición y con los gobernadores, aunque en la práctica no impliquen un alivio significativo para el bolsillo de los consumidores, dada la débil recuperación que puede esperarse para las remuneraciones y la incidencia que habrá de tener sobre el IPC la corrección de las tarifas de servicios públicos, tal como ocurrió entre 2016 y 2019.
Respecto al momento y al ritmo al que el nivel de actividad habrá de comenzar a recuperarse, hay cuatro condicionantes que corresponde subrayar:

  • Los ajustes de las remuneraciones pueden comenzar a “dejar de perder” contra la inflación en el mes a mes, pero esto no está asegurado para el 85 % de la masa salarial, compuesta por trabajadores privados formales e informales y por estales de las distintas jurisdicciones, por problemas de empleo, de productividad y presupuestarios, en ese orden. Jubilaciones y planes sociales,
    luego del piso de principios de marzo, podrían empatar o registrar una leve recuperación, pero ese segmento pondera en torno al 15 % de la masa salarial total.
  • El efecto multiplicador sobre el resto de la economía de la recuperación de la agroindustria por la mejora de la cosecha de 2024 vs 2023 depende del ritmo de las exportaciones y de los precios relativos. En la primera quincena de abril habría caída del orden del 7 % interanual en esas liquidaciones, cuando en el primer trimestre subieron 61 % interanual, una señal amarilla a seguir con detenimiento. Y, si bien este año habrá más granos que en 2023, ese efecto volumen se licúa parcialmente, ya que el poder adquisitivo de la soja en términos de gasoil, pickups, tractores e insumos es entre 15 % y 30 % inferior al del año pasado.
  • La tasa de interés de política monetaria, actualmente en 5,9 % mensual, registra trayectoria descendente, y deberían esperarse nuevas correcciones a la baja en meses subsiguientes. Esto en general es positivo para el nivel de actividad, pero en el actual contexto recesivo las tasas no parecen haber caído lo suficiente como para que la demanda de crédito comience a repuntar.
  • Mientras tanto, predomina el “efecto riqueza negativo” de los tenedores de plazos fijos y de dólares en el colchón. Si bien la bolsa y los bonos empujan hacia arriba esa variable, en la Argentina el mercado de capitales tiene una ponderación muy limitada.
  • La persistencia del cepo tiene efectos ambivalentes; si bien ayuda al rollover de la deuda pública, se sabe que cuando existen restricciones a los movimientos de capital y al funcionamiento del comercio exterior, la entrada de inversiones al país queda en el Limbo. Es la piedra en la puerta giratoria, como ya diagnosticó un ex presidente. Entonces, la persistencia del cepo puede permitirle al gobierno administrar “mejor” algunas variables, pero al costo de no poder contar con un recurso clave para la salida de las recesiones, cual es el ingreso de capitales en volumen suficiente.
    Por esos cuatro condicionantes, en lugar de una V para describir el posible recorrido de la recuperación del nivel de actividad, parece más apropiado remitir a la “Pipa de Nike” para ilustrar el punto.
    De hecho, datos provisorios de abril en ventas de productos de consumo masivo parecen empeorar en el margen la variación interanual negativa del primer cuatrimestre. Hasta marzo, los datos desestacionalizados de la recaudación del impuesto al cheque marcan una caída de 11,5 % respecto de octubre pasado, una merma del 2,4 % mensual acumulativo de esta variable que es un razonable “proxy” de la evolución del nivel de actividad.
    Por supuesto que hay medidas que el gobierno podría intentar para tratar de acercarse al recorrido de la V, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los potenciales instrumentos sería contraindicado para otros objetivos clave, caso de la recomposición de las reservas externas del Banco Central y el superávit fiscal. De allí la búsqueda de un “atajo” por parte de las autoridades, gestionando un crédito externo por 15 mil millones de dólares, aunque los tiempos para este objetivo no parecen cercanos.

Estado de situación
La agenda del gobierno que asumiera el 10 de diciembre inevitablemente tenía que incluir la resolución del “exceso de pesos”, canalizar la “demanda reprimida” de dólares de importaciones y de dividendos y, para comenzar a empalmar con la siguiente etapa, lograr una sostenida recuperación de la demanda de pesos, como paso imprescindible hacia la estabilización, salvo que se cuente con 35 mil millones de dólares para rescatar moneda local y dolarizar. Esos objetivos forman parte de un “plan de transición” que, si bien no ha sido explicitado en su totalidad, puede “leerse” a partir de muchas de las medidas tomadas hasta aquí. Se trata de una tarea “por resultados”, sin fecha fija de duración, por lo que no es seguro que los mismos instrumentos que funcionaron en el arranque de la gestión mantengan su eficacia a medida que afloran nuevas dificultades.

Entre los objetivos que resta cumplir se encuentra el de darle continuidad a la recuperación de reservas externas del Banco Central, en forma simultánea a la satisfacción de la demanda reprimida de divisas por dividendos; el problema de flujos de pesos para los que todavía no hay demanda (intereses de los pases); resolver a tiempo las señales de alerta vinculadas con la “inflación en dólares”, con un rebote de precios de servicios privados que es más intenso que el experimentado a principios de 2016; junto con las precisiones acerca del régimen monetario-cambiario en el que esta transición habrá de desembocar.

La tarea de recuperar reservas
En lo que va de abril, la autoridad monetaria acumula un saldo positivo por casi USD 2,2 miles de millones y USD 13,6 miles de millones desde el cambio de mandato. Consecuentemente, las reservas brutas se incrementaron en USD 8,1 miles de millones, mientras que se redujo el rojo de las reservas netas de USD -11,3 a USD -1,2 miles de millones (incluyendo los pagos de amortizaciones de BOPREAL previstos para los próximos 12 meses), lo que se traduce en una mejora de poco más de USD 10,1 miles de millones. Se destaca además que, desde la asunción de las nuevas autoridades, el BCRA había
estado desarmando paulatinamente la posición de USD 3,0 miles de millones que existía con el Banco internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés), completando la cancelación a fines de la semana pasada según lo anunciado por el BCRA. Si bien esta medida implica una contracción de las reservas brutas, también reduce los pasivos en moneda extranjera, lo cual neutraliza su efecto sobre las reservas netas.

En parte, estos avances ocurrieron por una canalización de la demanda de dólares de importadores hacia el BOPREAL, por unos USD 8,1 mil millones y por un incremento de “nueva deuda” de comercio exterior estimado en USD 9,4 mil millones desde el 10 de diciembre, consecuencia del acceso restringido al mercado de cambios para el pago de importaciones.

Por la estacionalidad del segundo trimestre, cabe esperar que la oferta de divisas se incremente de la mano de la liquidación de la cosecha, que daría un saldo exportador del orden de los 30,4 mil millones de dólares, o sea 9,4 mil millones por encima de 2023, aunque 11,6 mil millones por debajo de 2022.
Sin embargo, por las turbulencias reseñadas más arriba y por un cuadro de rentabilidad mucho más ajustado que el que se supone, es posible que la venta de granos por parte de los productores ocurra a un ritmo dosificado a lo largo de los próximos meses, justo en un período en el que debe normalizarse el pago de importaciones.
Sobre la rentabilidad de los chacareros, cabe subrayar que, en una comparación con los precios relativos existentes en julio de 2019, se observa un deterioro en el poder adquisitivo de la soja en términos de insumos relevantes para la producción. De acuerdo a Márgenes Agropecuarios, hoy se necesita un 14,0 % más de quintales de soja que en julio de 2019 para adquirir una pickup; un 12,8 % más para comprar un tractor y un 47,8 % y 11,1 % de granos adicionales para canjearlos por fosfato monoamónico y glifosato. En la comparación con mediados de 2023, el poder adquisitivo de la soja en términos de esos productos e insumos presenta un deterioro de entre el 15% y el 30%, fenómeno que licua parcialmente el efecto multiplicador sobre el resto de la economía de la mayor cosecha de este año.

Si este panorama se observa en el sector más competitivo de la oferta productiva local, es preocupante que ciertas industrias, ante la fortísima caída de la demanda interna, no encuentren salida para su facturación en el mercado externo, fenómeno que explica los comunicados de cierres temporales de plantas fabriles y/o las noticias vinculadas a programas de retiro voluntario y cesantías.
Tampoco ayuda el escenario descripto más arriba para la economía brasileña, dada la importancia que tiene ese mercado para la producción industrial local. Esto en un contexto de deterioro de la competitividad cambiaria en la relación peso/real luego del impacto inicial de la devaluación de diciembre. Es que el real también se ha devaluado frente al dólar, ya que, de una paridad de 4,86 hacia mediados de noviembre, esta semana ese guarismo se acercó a una relación de 5,30 reales por dólares. En lo que va de abril, el dólar ya ha subido más de 5% contra la moneda de nuestro principal socio comercial. Así, la situación internacional agrega una presión adicional a la apreciación del peso.
Obsérvese al respecto lo que ocurre con el tipo de cambio real bilateral entre el peso y el real, medido a moneda constante. Para una base 100 en diciembre de 2015, los últimos datos muestran que el tipo de cambio real bilateral se encuentra 25,7 % por ciento por debajo (peso más apreciado) del promedio desde 2012.

La tendencia a la apreciación del peso no es el único factor, pero ayuda a explicar el hecho que la Argentina haya pasado de capturar el 7,3 % del total de las importaciones brasileñas en 2012 a 4,6 % de acuerdo a los últimos datos.

Otros indicadores de tipo de cambio real también obligan a seguir con atención los datos de la coyuntura. Es el caso de lo que ocurre con el precio de los servicios privados medidos en dólares al tipo de cambio oficial.

Considerando el precio de los servicios intensivos en mano de obra, caso peluquería, plomería, electricistas, servicio doméstico, consultas médicas, entre otros, pasados a dólares al tipo de cambio oficial, y partiendo de un índice 100 en enero del año anterior, se llega a un índice de 86,9 a marzo de este año. Si bien se ubica todavía 13,1 % por debajo del precio en dólares de enero del año pasado, como se observa en el gráfico, el rebote es más rápido que durante la experiencia de 2016: a marzo de ese año el índice se ubicaba en 80,5, partiendo de 100 en enero de 2015.

Se observa así que, a pesar que el ajuste es mucho más intenso en el arranque de la gestión Milei que en la de Macri, el actual contexto de represión financiera puede estar incidiendo para que el rebote del precio en dólares de servicios privados ocurra a mayor velocidad que en 2016. La “tablita” de deslizamiento del tipo de cambio oficial al 2,0 % mensual no podría sostenerse sin el cepo, y una de las consecuencias parece ser una rápida apreciación del peso y, por consiguiente, una elevada inflación en dólares.

¿Se resolvió el exceso de pesos?
A fines de la semana pasada, el BCRA recortó en 10 puntos porcentuales la tasa de política monetaria para fijarla en 70 % TNA, lo que arroja una TEM de 5,9 % vs el 6,8 % previo.
Con esta decisión, la baja acumulada de la tasa desde el cambio de autoridades es de 63
puntos porcentuales.
Esta decisión no solo busca seguir afirmando los incentivos para redireccionar la liquidez hacia instrumentos del Tesoro (en la misma dirección se entiende la modificación del encaje sobre los saldos en cuentas a la vista remuneradas de fondos comunes de inversión de “money market”, pasando de 0% a 10%), sino que confirma lo que se viene expresando en informes pasados: la licuación de Pasivos Remunerados del Central no ha sido todo lo profunda que el gobierno esperaba cuando asumió el 10 de diciembre.

Estos han pasado de 10,1 % del PIB en 2023 a 9,0 % en el 2024, al incluir también los pasivos remunerados en dólares, que han empezado a tener mayor incidencia de la mano del BOPREAL.
Si se focaliza en los pasivos remunerados en pesos, estos han caído 2,8 puntos porcentuales en 2024, pasando de 10,0 % del PIB en 2023 a 7,2 % este año.

La baja de tasas también ha sido una señal en el plano cambiario: se continúa redoblando la apuesta al deslizamiento del tipo de cambio al ritmo del 2,0 %, o poco más: la tasa de interés (que debe ubicarse por encima de la tasa de devaluación), ahora se ubica 3,9 puntos porcentuales por encima del guarismo de devaluación mensual.
La desaceleración de la inflación que se observa en 2024 tiene más que ver con el freno a la emisión de origen fiscal, que por aumento de la demanda de dinero. Y, como otros vectores de emisión se han mantenido activos, ha sido necesario seguir apelando a la colocación de pases (antes Leliq) para retirar liquidez, una dinámica que tiene un costo elevado. Desde el 10 de diciembre, los Pasivos Remunerados del BCRA han aumentado en 13,23 billones de pesos, pese a que también se han “aspirado” pesos por medio del BOPREAL y las operaciones con el Sector Público. La transición hacia la estabilidad se ve complicada no tanto por el stock de “exceso de pesos”, sino por ese flujo: luego de la baja de tasas dispuesta por el Banco Central, que pasó a remunerar los pases al 5,9 % mensual, de todos modos, el pago de intereses por los pasivos remunerados del BCRA es una cifra del orden de los 2,0 billones de pesos/mes, equivalente a 4,5 % de la Base Monetaria Amplia. Una presión inflacionaria subyacente que es una “piedra en el zapato” para proyectar estabilidad.

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Aprobando leyes el ajuste no termina, pero se reordena

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Por la embestida contra el exceso de pesos que reinaba el 10 de diciembre, parece magia que el riesgo país, el dólar libre y la inflación mensual hayan caído a la mitad desde diciembre. Pero no ha sido ilusionismo el ajuste fiscal del primer trimestre, sino el producto de una inédita disposición del gobierno nacional a “sentarse sobre la caja”, resistiendo las presiones, y de circunstancias irrepetibles. Los resultados fiscales devienen no tanto de un “Harry Potter” sino más bien de la resiliencia de un “Will Byers”, de la serie Stranger Things. Lo inédito fue que en el primer trimestre el gobierno nacional utilizara para gastar sólo 75 de cada 100 pesos de ingresos genuinos, un ratio que ya no podrá sostenerse, entre otras cosas por el cambio de fórmula para actualizar jubilaciones.

Hay chances que nuevas leyes, ahora en tratamiento en el Congreso, contribuyan a un ajuste más ordenado por el lado del gasto y a moderar las presiones por fondos frescos de los gobernadores. De todos modos, para llegar a superávit primario, la Nación no podrá gastar más de 90/95 pesos por cada 100 de ingresos genuinos, por lo que habrá que seguir recortando subsidios a las tarifas de transporte y energía, con el consiguiente impacto sobre los bolsillos, a lo que se suman otros servicios con creciente controversia.

En términos macro, ordenar mejor las políticas y modificar instrumentos no habrá de evitar una caída del PIB cercana al 3,0 % este año, con una merma del 6.0 % en el Consumo. Sí podría lograrse una “sensación térmica” diferente en la segunda parte del año, con indicadores reales mejorando mes a mes, y una inflación ya controlada. Para ello, sería fundamental una reforma laboral más profunda que la que se insinúa y una remoción más rápida de los cepos al cambio y al comercio exterior, de modo de poder aspirar a mayor ingreso de capitales.

Entre las circunstancias no extrapolables destaca el hecho que, pese al contexto recesivo, los ingresos tributarios consolidados de Administración Nacional y ANSES sufrieron una merma acotada de 8,8 % interanual en términos reales en el primer trimestre, que compara con el rojo de 15,6 % en la variación de los giros automáticos de coparticipación. La vigencia del “Impuesto País” hizo la diferencia entre provincias y Nación. Aun así, los datos de marzo mostraron un empeoramiento de la marcha de la recaudación (caída de 14,0 % y 23,0 % para Nación y coparticipación), una luz anaranjada que seguramente explica la mayor predisposición de Provincias y Nación (en ese orden) a tejer acuerdos en el Congreso.

En caso de aprobarse los proyectos de ley, sin dudas habrá un paso adelante en materia fiscal. Más allá de los aportes “por única vez” que puedan generarse por el blanqueo, la restitución del Impuesto a las Ganancias devolverá oxígeno a las provincias, al tiempo que para la Nación habrá un factor de compensación frente a la merma relativa esperada para el Impuesto País. De aportar 10 de cada 100 pesos a la recaudación de Administración Nacional y ANSES en el primer trimestre, estaría pasando a 6 de cada 100 en trimestres venideros.

El apoyo legislativo podría dar institucionalidad al encuadramiento de “cajas negras”, caso de buena parte de los fondos fiduciarios; desmontar “capas geológicas” de burocracia; hacer más eficaz los procedimientos administrativos; renegociar contratos con proveedores, entre otros ítems. También podría robustecer reglas de juego en sectores, caso hidrocarburos, y modernizar el funcionamiento de defensa de la competencia.

Ahora bien, el proyecto que podría tener impacto profundo y rápido es el de la modernización del funcionamiento del mercado laboral y, sin embargo, sus lineamientos no parecen ambiciosos.

No conviene ignorar la referencia de Brasil y sus avances con la reforma laboral de 2017. Desde entonces, en Brasil se generaron 3,75 millones de nuevos puestos de trabajo privados formales, comparado con 68,4 mil creados del lado argentino.

Mientras en el vecino país la fuerza laboral privada formal se incrementó un 11,0 % desde 2017, en la Argentina lo hizo apenas 1,2 %. Ese contraste es apenas la punta del iceberg de diferencias entre reformas y statu quo, que hicieron que la variación del PIB de Brasil le saque 18,4 puntos porcentuales de ventaja a la Argentina entre 2017 y 2024.

En el plano laboral, las reformas de Brasil apuntaron a valorizar las negociaciones individuales y colectivas, abatiendo la litigiosidad; adaptar los contratos al Siglo XXI; contemplar situaciones de empleo volátil y de jornadas discontinuas; flexibilizar salarios nominales de jerárquicos y de trabajadores calificados. En esencia, aparecieron incentivos para dirimir diferencias dentro de la empresa y no en la Justicia.

De nuevo, no debe confundirse la “magia” de bajar a la mitad el riesgo país, el dólar libre y la inflación mensual, con la tarea de modernizar las instituciones del país. El crecimiento sostenido de largo plazo depende de la estabilidad, pero también de una economía más integrada al mundo y de un contexto favorable a la creación de empleos privados formales, de un país más productivo y competitivo.

Mientras las reformas de fondo se dirimen en el Congreso, la transición, responsabilidad del Ejecutivo, también depende del puerto de llegada, o sea el régimen monetario-cambiario que se adopte.

En el abanico de opciones que van desde dolarización hasta metas de inflación, el gobierno pareciera inclinarse por la “competencia de monedas”. Si así fuera, tendrían que cumplirse requisitos semejantes a los de la convertibilidad, con lo que esto implica.

En el camino, el gobierno parece dispuesto a convivir con el “blend”, con el 20 % de las exportaciones liquidándose en el mercado libre (CCL); es posible que lance otra serie de BOPREAL, para dividendos no transferidos; y también seguir bajando la tasa de interés, ya que la “emisión endógena” es una piedra en el zapato.

Aunque se ha reducido el stock del “exceso de pesos”, hay un flujo persistente derivado del pago de intereses por los pasivos remunerados del BCRA. Esa cifra era de 2,1 billones de pesos/mes, y con la nueva reducción de tasas anunciada el jueves 11, se pasaría a una carga de intereses equivalente a 4,5 % de la Base Monetaria Amplia.

La presión inflacionaria derivada de la emisión endógena se ha acotado, pero no desaparecido, por lo que no deben descartarse nuevas bajas de tasas, desde el actual 5,9 % mensual.

Las demoras en llegar a un esquema monetario-cambiario “definitivo” también pueden ser un problema para la velocidad de salida de la recesión. El rebote en V no luce garantizado, por el impacto sobre el sector construcciones del achicamiento de la brecha cambiaria y los problemas de empleo y un salario real que, después de una recuperación inicial, en promedio se habrá de enfrentar a las limitaciones que impone la baja productividad del país. Las condiciones actuales parecen bosquejar una forma
de “Pipa” de Nike
, siendo clave para torcer esa historia lo que ocurra con la entrada de capitales. Pero se sabe que la persistencia de los cepos opera como una barrera de contención para que más inversores estén dispuestos a “enterrar” capital en el país.

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¿Cuál es la fecha de vencimiento del plan de transición?

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La agenda del gobierno que asumiera el 10 de diciembre inevitablemente tenía que incluir la resolución del “exceso de pesos”, canalizar la “demanda reprimida” de dólares de importaciones y de dividendos y, para comenzar a empalmar con la siguiente etapa, lograr una sostenida recuperación de la demanda de pesos, como paso imprescindible hacia la estabilización, salvo que se cuente con 35 mil millones de dólares para rescatar moneda local y dolarizar. Esos objetivos forman parte de un “plan de transición” que, si bien no ha sido explicitado en su totalidad, puede “leerse” a partir de muchas de las medidas tomadas hasta aquí.

Se trata de una tarea “por resultados”, sin fecha fija de duración, por lo que no es seguro que los mismos instrumentos que funcionaron en el arranque de la gestión mantengan su eficacia a medida que afloran nuevas dificultades. Entre los objetivos que resta cumplir se encuentra el de darle salida a la demanda reprimida de divisas por dividendos; el problema de flujos de pesos para los que todavía no hay demanda (intereses de los pases); resolver a tiempo las señales de alerta vinculadas con la “inflación en dólares”, con un rebote de precios de servicios privados que es más intenso que el experimentado a principios de 2016; junto con las precisiones acerca del régimen monetario-cambiario en el que esta transición habrá de desembocar.

La caída en la demanda de pesos explicó más de 1/3 de la aceleración inflacionaria de 2023 (la emisión, los otros 2/3), pero no siempre es subrayado su rol. Y su función en sentido inverso, el de la recuperación de la demanda de dinero como herramienta de estabilización.

Como se observa en el gráfico, hay mucho margen de recuperación para la demanda de dinero, contribuyendo a la estabilidad de la economía. Sin embargo, la confianza en el peso depende también del régimen monetario-cambiario que finalmente se adopte.

La indefinición no afecta sólo las expectativas, sino también confunde sobre los instrumentos a los que se habrá de apelar para enfrentar desafíos como el de la llamada “inflación inercial” y las señales de alerta que surgen del IPC de marzo de CABA, con precios de servicios privados que desde principios de año suben a un ritmo del 6,5 % mensual en moneda dura, rebotando a un ritmo más intenso que a principios de 2016, tras la devaluación de arranque del gobierno de Macri.

Considerando el precio de los servicios intensivos en mano de obra, caso peluquería, plomería, electricistas, servicio doméstico, consultas médicas, pasados a dólares al tipo de cambio oficial, y partiendo de un índice 100 en enero del año anterior, se llega a un índice de 86,9 a marzo de este año. Si bien se ubica todavía 13,1 % por debajo del precio en dólares de enero del año pasado, como se observa en el gráfico, el rebote es más rápido que durante la experiencia de 2016: a marzo de ese año el índice se
ubicaba en 80,5, partiendo de 100 en enero de 2015.

Pese a que el ajuste es mucho más intenso en el arranque de la gestión Milei que en la de Macri, y esta política debería hacer más lento el traslado a precios de la devaluación, la actual “tablita cambiaria” parece estar fagocitando los efectos de la contracción fiscal y monetaria en términos de evolución de la “inflación en dólares”.

La importancia del régimen cambiario-monetario, que se adopte tiene que ver también con la recuperación del nivel de actividad, ya que ésta no será firme hasta que comience a ser alimentada por entrada genuina de capitales. Ya se sabe que la persistencia de los cepos es el primer obstáculo para pasar a ese escenario.

La desaceleración de la inflación que se observa en 2024 tiene más que ver con el freno a la emisión de origen fiscal, que por aumento de la demanda de dinero. Y, como otros vectores de emisión se han mantenido activos, ha sido necesario seguir apelando a la colocación de pases (antes Leliq) para retirar liquidez, una dinámica que tiene un costo elevado. Desde el 10 de diciembre, los Pasivos Remunerados del BCRA han aumentado en 10,9 billones de pesos, pese a que también ha habido esterilización de pesos por BOPREAL y operaciones del Tesoro. La transición hacia la estabilidad se ve complicada no tanto por el stock de “exceso de pesos”, sino por ese flujo: actualmente, el pago de intereses por los pasivos remunerados del BCRA es una cifra de más de 2,1 billones de pesos/mes, equivalente a 6,8 % de la Base Monetaria Amplia. Una presión inflacionaria subyacente que es una “piedra en el zapato” para proyectar estabilidad.

El gobierno ha bajado la tasa de interés para que esta “emisión endógena” se modere, llevándola de 8,6 % a 6,8 % mensual. Y espera la oportunidad para volver a recortarla. Tendrá que hacer hincapié en la dinámica de la “inflación núcleo”, ya que el IPC habrá de seguir cargando con la mochila de la actualización de tarifas, que tendrán incidencia significativa en las mediciones del INDEC en estos meses del otoño.

Aun después de eventuales bajas adicionales de la tasa de interés, el piso de las presiones inflacionarias seguirá siendo elevado. De allí la importancia que tiene en la hoja de ruta oficial obtener 15 mil millones de dólares de libre disponibilidad, de modo de necesitar cada vez menos de la tasa de interés para encontrar un equilibrio entre el peso y el dólar en un eventual régimen de “competencia de monedas”.

Respecto a la tarea de canalizar “demanda reprimida” de dólares, el BOPREAL juega un rol destacado, al costo de engordar la deuda en moneda dura, ya que cumple simultáneamente con los dos objetivos planteados más arriba. Se canalizaron pagos de importaciones, al tiempo que se esterilizaron pesos por 6,5 billones desde el 10 de diciembre.

Ahora que quedan menos títulos por colocar para importadores, es posible que se intente replicar esta experiencia para dar salida también a la “demanda reprimida” de divisas por las remesas de dividendos pendientes. Ahora bien, parte del éxito de la colocación del BOPREAL ha tenido que ver con los arbitrajes con el dólar libre (CCL), por lo que aquellos que esperan una unificación cambiaria rápida quizá tengan que esperar, al menos, hasta que se complete esa posible segunda fase del BOPREAL destinada a dividendos. Esto explicaría también la persistencia de “restricciones cruzadas”, que penalizan a las empresas quitando acceso al mercado oficial cuando realizan operaciones en el CCL.

Ahora bien, la otra parte del plan de transición depende del sendero que se elija en la bifurcación que marca opciones como “dolarización sintética” vs competencia de monedas.

La ventaja de régimen de competencia de monedas está en que, durante la transición, podría ser compatible con la recuperación de la demanda de dinero, ya que el gobierno se auto-obligaría a recrear condiciones como las que dieron lugar al nacimiento de la convertibilidad en abril de 1991. Por el contrario, algún tipo de dolarización prematura podría llevar a caídas adicionales de la demanda de dinero y más inflación durante la transición.

El otro factor determinante de la demanda de dinero es lo que ocurra con la economía real y la forma que adquiera la salida de la recesión. Si la recuperación es en V, esto conlleva mayor demanda genuina de pesos. Es cierto que la capacidad ociosa es elevada, pero ante el sesgo de la política fiscal, se requieren otros motores: Es el caso del crédito al sector privado, pero esta variable está supeditada al régimen
monetario-cambiario.

Otro vector es la recuperación de la masa de ingresos de la población en términos reales, complicada primero por la inflación, y ahora también por la pérdida de empleos.

Por la magnitud de la caída de los ingresos de los trabajadores, parece lógico esperar un rebote, que alimente la demanda y la salida de la recesión. Pero, el deterioro de la década de la estanflación ha sido tan profundo, que más temprano que tarde el rebote de los salarios se enfrentará al techo que impone la baja productividad de la economía.

Obsérvese que, desde el cuarto trimestre de 2011 (cuando se instalaron los cepos al cambio y al comercio exterior), la productividad media del trabajo cayó un 17,3 % acumulado, mientras que el salario real de trabajadores formales lo hizo un 19,0 %. Son variables fuertemente correlacionadas, por lo que el rebote de los ingresos laborales deberá venir asociado a la evolución de la productividad, para que resulte
sustentable.

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El poder disciplinador de la caja; ¿y después?

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El desafío que habría de enfrentar el gobierno que asumiera el 10 de diciembre era triple; revertir los déficits gemelos, fiscal y externo; generar “visión de futuro” para que la “ambulancia” del sector privado rescatara a los heridos por los ajustes que se imponían en el estado, y también dar soporte institucional a las reformas “urgentes e importantes”, introduciendo “Responsabilidad Fiscal” a Nación y Provincias y
modernizando el funcionamiento del mercado laboral al estilo de lo que hizo Brasil en 2017 bajo la presidencia de Temer, una de las razones por las que en el vecino país se crearon 3,7 millones de nuevos puestos de trabajo en el sector formal en los últimos seis años.

En lugar de ese trípode, sea por un mal diseño de la secuencia de reformas que impulsó el Ejecutivo, sea por la acción de defensores del “statu quo” que no están dispuestos a respetar el mandato de las urnas, la cuestión es que la gestión de gobierno ha quedado apoyada en poco más que un instrumento, el férreo control de la caja. En enero esta dinámica sirvió para lograr un superávit primario de casi 2,0 billones de pesos, con varios ítems de gasto en los que la suba nominal fue la mitad de la variación de los ingresos respecto de enero 2023.

La licuación del gasto del sector público nacional apunta a seguir mejorando estos guarismos a lo largo de este primer trimestre, pero la tarea de consolidación fiscal deberá recurrir a instrumentos más genuinos. De acuerdo a cálculos de Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli de IERAL, para pagar intereses de la deuda con superávit, en 2024 la Nación debería ajustar sus gastos por el equivalente a 3,43 % del PIB y las provincias por 1,66 puntos. La pulseada recién comienza.

Aferrarse a la caja no sustituye, de todos modos, la necesidad de generar “visión de futuro”, tampoco a las reformas que sólo serán duraderas si pasan por el filtro de Congreso.

En la medida en que los otros dos pilares del trípode demoren en construirse, el gobierno quedará muy dependiente de las buenas noticias que pueda comunicar. Tanto aquellas que tiendan a confirmar que no hay peor cosa que la “casta”, como las relacionadas con una desaceleración sustentable de la tasa de inflación.

Obviamente, la dependencia del gobierno de las “buenas noticias” induce un sesgo más cortoplacista a la gestión. Así, se mantiene la posibilidad de liquidar el 20 % de las exportaciones por el CCL para achicar la brecha cambiaria (al costo de demorar la normalización del pago de importaciones); se fuerza la pauta del 2 % mensual para la variación del dólar en el mercado oficial en aras de llegar lo antes posible al dígito de inflación; se pueden posponer actualizaciones de tarifas, complicando la reducción de subsidios y las metas fiscales, y así sucesivamente.

En principio, las perspectivas para la balanza comercial y la posibilidad de seguir recuperando reservas son auspiciosas para 2024, pero condicionadas a un segundo semestre en el que no haya atrasos en el tipo de cambio real de exportación ni ampliación significativa de la brecha cambiaria.

Ya en noviembre de 2023 las proyecciones de IERAL apuntaban a un superávit comercial de 25,0 mil millones de dólares para 2024, una mejora de 32,0 mil millones frente al déficit de 7,0 mil millones de 2023. Desde entonces, hubo ajustes a la baja en los guarismos de las exportaciones agrícolas, pero éstos fueron en parte compensados por una ampliación del superávit esperado en el sector energético, y también por el hecho que la recesión estará provocando una caída más acentuada en las importaciones.

Se espera ahora un superávit comercial de 23,0 mil millones de dólares para 2024, producto de un incremento de 13,2 mil millones de las exportaciones en relación a 2023 y de una merma de las importaciones del orden de los 16,7 mil millones.

Interesa subrayar que la expansión de las ventas al exterior tendría un aporte incremental de 8,0 mil millones de dólares de la agroindustria, de 1,5 mil millones por energía y de 3,7 mil millones por el resto, incluyendo industria y economías regionales.

Del lado de las compras al exterior, no toda la merma se explicaría por la recesión, ya que habría “sustitución de importaciones” del orden de los 3,5 mil millones de dólares en el sector energético y cercana a los 3,0 mil millones por la menor utilización de granos de Paraguay y Brasil en la molienda de la presente campaña (admisión temporaria).

Considerando el conjunto de movimientos dentro del balance de pagos, lo que permitiría terminar el 2024 con reservas netas cercanas a cero (meta modesta, de por sí) es un recorte importante en el déficit de los servicios reales, del orden de los 3,0 mil millones de dólares (traccionado por turismo) y pasar a saldo neutro en los flujos con el FMI, luego de un negativo cercano a los 8,0 mil millones en 2023.

De todos modos, siempre hay que tener en cuenta la sensibilidad de las cuentas externas a la evolución del tipo de cambio real, es decir, al sesgo de los incentivos para las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Y, en este plano, los guarismos son muy ajustados, dada la decisión del gobierno de usar al dólar como “ancla” para la inflación.

Para marzo, el tipo de cambio multilateral apunta a ubicarse en un índice 96,5 con base 100 en julio de 2019. Es decir, ya estaríamos 3,5 puntos menos competitivos vs una referencia válida, ya que en aquel año la cuenta corriente del balance de pagos se acercó al equilibrio. El deterioro de la competitividad cambiaria es acelerado, y esto es más nítido cuando se utiliza la canasta de monedas contra el peso, en lugar del indicador bilateral contra el dólar.

Con la actual tablita del 2 % mensual a la que se desliza el tipo de cambio y aun aceptando la ambiciosa proyección de una inflación anual de 149,4 % (la que figura en el Staff Report del FMI), a diciembre de este año se habrían perdido casi todas las ganancias de competitividad originadas en la devaluación de diciembre, quedando el índice de tipo de cambio real demasiado cerca del guarismo de noviembre de 2023, antes de la devaluación.

Y, respecto de la inflación, contrariamente a lo que se presume, si se dispusiera una “competencia de monedas” de modo apresurado, el impacto inicial sería el de un rebote en los índices de precios, ya que la demanda de dinero podría caer todavía más, lo que implica mayor velocidad de circulación de los pesos.

Más lógico es que, como parte de la imprescindible “visión de futuro”, se busque comenzar a crear condiciones para una eventual “competencia”, al estilo de Perú.

Sabiendo que hay mucho terreno por recorrer. Si bien la brecha cambiaria se ha recortado en forma significativa en las últimas semanas, no debe ignorarse que el “apretón monetario y fiscal” involucra factores que no dejan de ser transitorios. Entre ellos, la liquidación del 20 % de las exportaciones por el CCL; el hecho que se está pagando sólo el 20 % de las importaciones devengadas; una esterilización de 11,7 billones de pesos por el BOPREAL y el rescate de deuda del Tesoro en los últimos dos meses que no es extrapolable.

Del otro lado, se tiene que la licuación de Pasivos Remunerados del Central no ha sido todo lo profunda que, seguramente, el gobierno esperaba. Así, en el arranque de marzo, la emisión endógena generada por el pago de los intereses de Leliq y Pases significan para el Banco Central 2,3 billones de pesos por mes, equivalentes al 7,3 % de la Base Monetaria Amplia. Es un piso demasiado elevado para la emisión monetaria y debilita los cimientos para poner al peso a competir contra las divisas.

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Déficits gemelos heredados: es clave la solidez de las medidas para recuperar la estabilidad y el crecimiento

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Escriben Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez, Fundación Mediterránea. Para que la economía de 2024 se diferencie en forma sustantiva de la de 2023, se requiere una baja significativa del gasto público medido en dólares. El costo de la estabilización será más tolerable en la medida que el objetivo de reducir el peso del estado pueda lograrse con reordenamiento planificado de partidas presupuestarias y con racionalización de la superposición de erogaciones entre nación, provincias y municipios. Mientras más pueda avanzarse en esa dimensión, menor “tarea sucia” quedará a cargo de la devaluación y, por ende, más tolerable será la inevitable corrección de los desequilibrios heredados. A su vez, para lograr eficacia y sustentabilidad, no debería abandonarse el objetivo de coordinar esa formidable tarea entre Nación y Provincias

• Las idas y venidas de los proyectos del Ejecutivo en el Congreso no deberían ser un motivo por abandonar todo intento de reforma, mientras que recurrir a mecanismos como los de las consultas populares no dan garantías, siendo que además se consumiría un tiempo muy valioso en el proceso. El mejor escenario frente a los contratiempos es ”volver a empezar”, separando en esta nueva oportunidad aquellos proyectos que son verdaderamente “urgentes e importantes” y tratando de preservar en el frente judicial los principales ítems del DNU de desregulación

• La gobernabilidad es, en esencia, avanzar hacia un escenario en el que las reformas de la economía logran consenso y un estatus por el cual habrá de resultar imposible su reversión por parte de gobiernos subsiguientes. El reordenamiento fiscal, tanto por el lado del gasto como de los ingresos, necesita instrumentos legislativos para consolidar y hacer sustentable el objetivo de “déficit cero”, al igual que el afianzamiento de las condiciones para lograr un aumento sostenido de la inversión privada y de la creación de puestos de trabajo formales

• El incremento del gasto en dólares del sector público nacional fue muy significativo entre 2019 y 2023, del 27,0 % en divisas constantes, a un ritmo anual acumulativo del 6,2 %. Este  indicador hace más nítida la conexión con el simultáneo deterioro fiscal y externo experimentado en esos años, cuando el déficit primario pasó de -0,4 % a -2,9 % del PIB, y la cuenta corriente del balance de pagos acentuó el rojo desde -0,8 % a -3,5 % del PIB. 

La falta de financiamiento genuino de esos déficits gemelos es lo que explica, a su vez, la simultánea aceleración de la inflación y pérdida recurrente de reservas del Banco Central

• Desde el punto de vista de la estabilización futura de la economía, una pauta estricta para el gasto público es el ancla más firme a la que puede aspirarse, mientras que para desatar los nudos que traban el crecimiento no puede faltar una profunda modernización del funcionamiento del mercado laboral • En lo que hace al comportamiento de la inflación, para que se cumpla la proyección punta a punta de 149,4 % en 2024, de acuerdo al Staff del FMI, la variación del IPC entre febrero y junio tendría que ubicarse en torno a 9,2 % mensual, suponiendo para el segundo semestre una inflación promedio de 5,0 % mensual. 

Como se ve, el período febrero-junio contiene supuestos extremadamente ambiciosos, ya que luego de un enero en el que la inflación se habría ubicado en torno a 21/22 %, por arrastre estadístico es difícil que febrero se ubique por debajo de 15/16 %. Además, en el cortísimo plazo el freno a la inflación proviene de la intensa recesión por la que atravesamos, una medicina contraindicada para el mediano y largo plazo, aun cuando también es cierto que la política monetaria y fiscal está haciendo su tarea, a diferencia del anterior ciclo presidencial • Los datos de nivel de actividad de arranque de 2024 tienden a confirmar la profundidad de la dinámica recesiva. En principio, en enero la merma en la demanda de bienes de consumo masivo habría sido de entre el 7 y el 8 % interanual. A su vez, el índice Construya registró una merma interanual de 28,2 % en enero luego de caer un 17,4 % interanual en diciembre. 

En el caso de la producción automotriz, se tiene que tras un incremento promedio de 13,7 % en 2023, se ingresara en terreno negativo en diciembre (- 0,4 %), para caer 16,7 % interanual en enero de 2024 • Entre diciembre y lo que va de febrero el Central acumuló compras netas de divisas por 6,6 mil millones de dólares, pero esa dinámica de ningún modo refleja un mercado cambiario normalizado, esencialmente porque se sigue postergando el pago de importaciones a un ritmo estimado de 3,0 mil millones de dólares/mes. 

Para que la eliminación del “Blend” de exportadores prevista para fin de junio no provoque turbulencias en el mercado, la brecha cambiaria debería ser mínima. De lo contrario, podría afectarse la fluidez de la liquidación de exportaciones en el período previo 

• Una forma de empalmar la “mezcla” de tipos de cambio a la que acceden los exportadores sería ir modificando por tres meses consecutivos las proporciones del “blend”. En lugar de esperar a fin de junio para cerrar la posibilidad de liquidar el 20 % de las exportaciones por el CCL, podría establecerse un cronograma por el cual en el primer mes se acotan las liquidaciones por el CCL al 13,3 % de las exportaciones, en el siguiente al 6,7 % para llegar a cero en los 30 días posteriores. Para que el dólar de exportaciones no registre cambios significativos en esa transición, el tipo de cambio oficial debería acelerar su deslizamiento para compensar la diferencia, con una política monetaria congruente con ese nuevo esquema. Se estaría dejando de lado la pauta del 2,0 % para el tipo de cambio oficial, pero podrían amortiguarse movimientos bruscos del mercado 

• Es posible que el gobierno haya sobreestimado el poder estabilizador de los agrodólares para la actual campaña. En realidad, el aporte de la agroindustria a las exportaciones llegaría a 34,7 mil millones de dólares (se incluyen complejos lácteos, ganaderos, maní, entre otros, además de soja, maíz y trigo, y se netea de admisión temporaria de granos de soja), de acuerdo a la última estimación de IERAL. Obsérvese que las exportaciones del sector, medidas en dólares constantes, serían las menores de los últimos seis años, excepto el ciclo contabilizado en 2023. El aporte de la presente campaña quedaría 12,2 mil millones de dólares por debajo de los guarismos de 2022, aun cuando estaría marcando una recomposición cercana a los 10,0 mil millones respecto de 2023 • Como se ve, el clima y los términos de intercambio no harán un aporte tan generoso a las cuentas externas de la Argentina como sí ocurriera en 2022 (aunque la política económica ese año dilapidara la posibilidad de acumular reservas de modo genuino). Justamente por eso, cabe resaltar la conexión existente entre el equilibrio interno y externo de la economía, con la evolución del gasto público medido en dólares al tipo de cambio oficial como un indicador por excelencia acerca de cuán lejos o cuán cerca se encuentra el ciclo económico de alcanzar esos equilibrios en simultáneo 

El año pasado, el rojo del sector externo (cuenta corriente del balance de pagos) fue del orden de los 3,5 puntos del PIB, guarismo similar al déficit primario del sector público nacional. Desde el punto de vista macroeconómico, hay un hilo conductor entre ambos desequilibrios, y tiene que ver con la dinámica del gasto público que, medido en dólares, registraba una trayectoria insustentable. En 2019, que en ese aspecto puede ser considerado año base para las comparaciones, el gasto del sector público nacional medido al tipo de cambio oficial, había sumado 83,9 mil millones de dólares, y a partir de allí experimentó una trayectoria ascendente para alcanzar los 127,1 mil millones de dólares (a precios corrientes) en 2023, producto de un simultáneo aumento de las erogaciones en términos del PIB y una sostenida apreciación del peso (abaratamiento del precio del dólar en términos reales

Así, se tiene un incremento de 51,5 % del gasto en dólares entre 2019 y 2023, guarismo que corresponde corregir para conseguir un indicador en dólares constantes. Deflactado por la inflación de Estados Unidos en ese período, de todos modos, el incremento del gasto del sector público nacional fue muy significativo, del 27,0 % en dólares constantes, a un ritmo anual acumulativo del 6,2 %. Pivoteando en la suba del gasto público en dólares surge más nítida la conexión con el simultáneo deterioro fiscal y externo experimentado entre 2019 y 2023. En esos años el déficit primario pasó de -0,4 % a -2,9 % del PIB, y la cuenta corriente del balance de pagos acentuó el rojo desde -0,8 % a -3,5 % del PIB. La falta de financiamiento genuino de esos déficits gemelos es lo que explica a su vez la simultánea aceleración de la inflación y la pérdida recurrente de reservas del Banco Central.

Corregir estos desequilibrios es clave tanto para recuperar un nivel positivo de las reservas del banco Central como para generar condiciones para la estabilización de la economía, la fase que se encadena con el actual período de corrección de precios relativos, de ajuste del déficit fiscal y de incipiente recuperación de reservas del central. 

Staff Report del FMI, recesión y después 

La estimación de caída de 2,8 % del PIB para 2024 luce realista, pero hay que tener cuenta que, de no volver a complicarse la situación climática, este año el sector agroindustrial haría un aporte positivo a la variación del PIB del orden de 2,4 puntos porcentuales, por lo que el “resto” del PIB estará experimentando una contracción del orden del 5,2 % interanual. Congruente con la proyección anual, para el primer trimestre de 2024 se estima una caída del PIB del orden del 5,0 % interanual, como se adelantara en informes anteriores Los datos de nivel de actividad de arranque de 2024 tienden a confirmar la profundidad de la dinámica recesiva. 

En principio, en enero la merma en la demanda de bienes de consumo masivo habría sido de entre el 7 y el 8 % interanual. La conclusión se refuerza cuando se observan otros indicadores de alta frecuencia. Según el INDEC, la industria manufacturera (IPI Manufacturero) cerró en rojo en el promedio del 2023 (-1,8% interanual) pero en diciembre se observó una profundización de la caída hasta un 12,8% interanual. Mismo patrón exhibe la construcción: el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) del INDEC, que en promedio cayó un 3,0 % interanual en 2023, para diciembre registró una contracción del 12,2 %. A su vez, para el arranque de 2024 el índice Construya (que mide el nivel de actividad de once empresas representativas del mercado de la construcción) anticipa una profundización de la dinámica recesiva, ya que luego de caer un 17,4 % interanual en diciembre registra una merma de 28,2 % en enero. En forma coincidente, los despachos de cemento se contrajeron 20,0 % interanual en enero de 2024, luego de hacerlo un 17,4 % en diciembre. En el caso de la producción automotriz, se tiene que tras un incremento promedio de 13,7 % en 2023, se ingresara en terreno negativo en diciembre (- 0,4 %), para caer 16,7 % interanual en enero de 2024.

La profundidad de la dinámica recesiva tiene su correlato en la recaudación de impuestos vinculados al mercado interno, pero temporalmente el consolidado de Administración Nacional más ANSES logra protección por la creciente incidencia de los tributos asociados al comercio exterior (País y retenciones) , a diferencia de la coparticipación automática a provincias, más sensible a lo colectado por el IVA.

En los renglones de recaudación tributaria en los que se trasluce más nítida la pérdida de poder adquisitivo y su consiguiente impacto recesivo es en aportes y contribuciones patronales y en el impuesto al cheque. La recaudación pura de ANSES, cuya base imponible son los salarios registrados, cayó en términos reales un 20,1 % interanual en diciembre y 25,7 % en enero, habiendo registrado una leve disminución en el promedio de 2023. Por su parte, el impuesto al cheque un 13,2 % y un 15,7 % menos en términos reales en diciembre y en enero, luego de una pequeña suba de 0,7 % en el promedio de 2023.

Dado que una dinámica como la descripta para el sector no agrícola conlleva riesgos en torno a la dinámica del empleo y las inversiones, es clave que el entorno en el que las empresas se desempeñan adquiera la flexibilidad de la que la economía carece hasta ahora. Los puestos de trabajo se conservan y se recuperan mejor con acuerdos en los que exista suficiente flexibilidad (bancos de horas, jornadas adaptadas al ciclo, etc). Ese tipo de reformas, como las vinculadas al mercado laboral, no habrán de demorar en mostrar sus efectos positivos en caso de implementarse, tal como ocurrió en Brasil después de 2016/17, como repetidamente se viene citando en estos informes. 

En el caso argentino, y pese al dominio de la estanflación que lleva más de una década, se encuentra un buen número de sectores que podrían oficiar de locomotoras de la economía, apenas comiencen a ponerse en marcha las reformas que quiten trabas a la inversión y al empleo formal. En el mismo documento difundido por el FMI se pone atención a lo que está ocurriendo con sectores como la minería y los hidrocarburos

En cuanto a la minería, se subraya que sus exportaciones podrían multiplicarse por cinco de aquí a 2030. Tres cuartas partes del potencial aumento se proyecta de la mano del litio, que podría aportar un incremento de 12 mil millones de dólares en sus exportaciones, seguido del cobre, con 5 mil millones. Por supuesto que alcanzar esas metas habrá de requerir de cuantiosas inversiones, estimadas por el FMI en 17 mil millones de dólares. En lo que hace a hidrocarburos, el staff report estima una mejora del saldo de comercio exterior energético del orden de los 25 mil millones de dólares entre 2023 y 2030.

Sin embargo, como ya se ha experimentado en forma recurrente en la Argentina, no basta con contar con los recursos naturales para dar un salto exportador. Se necesita estabilidad macro y condiciones de previsibilidad para el recupero de las inversiones, aspectos que el Congreso comenzaba a discutir cuando la crisis política en las relaciones entre el Ejecutivo y el archipiélago de bancadas no oficialistas llevó a fojas cero el tratamiento de los proyectos en danza. Por caso, la Ley de Bases que “cayó” esta semana contenía unas 40 enmiendas a la Ley de Hidrocarburos, con elementos claves tales como: I) garantía de estabilidad fiscal de 30 años a nivel federal; II) flexibilización de los requisitos de acceso a las divisas para pagar a contratistas y proveedores de servicios extranjeros, así como para el giro de dividendos y otras operaciones con matrices extranjeras y proveedores de servicios contratados. 

Staff Report del FMI, la dinámica de la inflación 

En lo que hace al comportamiento de la inflación, para que se cumpla la proyección punta a punta de 149,4 % en 2024, tal el guarismo apuntado por el Staff del FMI, la variación del IPC entre febrero y junio tendría que ubicarse en torno a 9,2 %

mensual, suponiendo para el segundo semestre una inflación promedio de 5,0 % mensual (julio a diciembre). Como se ve, el período febrero-junio contiene supuestos extremadamente ambiciosos, ya que luego de un enero en el que la inflación se habría ubicado en torno a 21/22 %, por arrastre estadístico es difícil que febrero se ubique por debajo de 15/16 %. No obstante, debe subrayarse que, en buena medida, en el cortísimo plazo, el freno a la inflación proviene de la intensa recesión por la que atravesamos, una medicina contraindicada para el mediano y largo plazo. Es cierto que la política monetaria y fiscal está haciendo su tarea, a diferencia del anterior ciclo presidencial. Desde que asumió Milei, la base monetaria registró una mínima variación, de 0,31 billones de pesos, fenómeno explicado por los siguientes factores: a) Los pasivos remunerados a nivel agregado permitieron una absorción de 6,4 billones de pesos, con un desarme de las LELIQ que generó una expansión de 4,4 billones, más que compensada por la evolución del stock de Pases, instrumento a partir del cual se absorbieron 10,8 billones de pesos; b) Las compras de divisas efectuadas hasta el 1 de febrero implicaron una emisión de 4,6 billones de pesos; c) Los intereses de los pasivos remunerados explican 4,4 billones de emisión; d) Todas las operaciones realizadas con el Tesoro generaron una absorción de 4,2 billones de pesos; e) La colocación del BOPREAL (4.096 millones hasta el 1 de febrero) permitió una absorción de 3,4 billones de pesos1 ; f) Y el resto de las operaciones, que incluye compra de bonos y la ejecución de puts, implicó una emisión de 2,75 billones de pesos durante este período.

En tanto que agregados monetarios más amplios, caso de M2 y M3, los últimos datos registran variación interanual de 169 % y 128 %; cuando hacia fines de noviembre de 2023 esos guarismos oscilaban en torno a 111 % y 97 % interanual, lo que refleja la preferencia de los agentes económicos por tener mayor liquidez, en un escenario de represión financiera con tasas reales fuertemente negativas.

Dado la existencia de factores inerciales, el mes a mes de la tasa de inflación no es todavía una variable fácil de predecir, por lo que no conviene forzar los contratos extrapolando la trayectoria de la inflación de los últimos tres o cuatro meses.

Al respecto, se había advertido en artículo publicado el pasado 21 de diciembre (ver “La importancia de devolverle flexibilidad del lado de la oferta a la economía argentina”): “Como un vector relevante para acentuar la fluidez del lado de la oferta de la economía, la política salarial es clave. En las actuales circunstancias, deberían evitarse los dos extremos: a) intentar recomponer ingresos fijos extrapolando e indexando los contratos al ritmo de los picos de inflación de los meses por los que estamos transitando; b) desconocer la existencia de la aceleración en el ritmo de suba promedio de precios, con un diciembre que apunta a una variación del IPC superior al 25 %. Para tratar de evitar deterioros adicionales del salario real, lo más apropiado parece ser la compensación “mes a mes” del desfase observado entre inflación y trayectoria previa de las actualizaciones de sueldos”. De este modo, se subrayaba, se habrán de evitar deterioros adicionales de ingresos reales de trabajadores y jubilados y, al mismo tiempo, el riesgo de caer en un círculo vicioso de espiralización de precios, salarios y tipo de cambio. Sólo con una política de este tipo podrá desembocarse más adelante en un escenario de coordinación de expectativas, en base a la inflación esperada, contribuyendo a desindexar la economía. La todavía muy elevada tasa de inflación demanda anclas firmes y no todos los instrumentos apropiados están disponibles. Aunque hay una pauta del 2 % mensual, en realidad la política cambiaria sigue supeditada a la necesidad de reconstituir reservas, la política monetaria está condicionada por el objetivo de reducir el peso de los pasivos remunerados del Central, y la política fiscal mantiene rasgos de transitoriedad aun cuando pueda alcanzarse en el cortísimo plazo el “déficit cero”. Las idas y venidas de los proyectos del Ejecutivo en el Congreso no deberían ser un motivo por abandonar todo intento de reforma, mientras que recurrir a mecanismos como los de las consultas populares no dan garantías de eventuales cambios en la posición de los legisladores, siendo que además se consumiría un tiempo muy valioso en el proceso. El mejor escenario frente a los contratiempos es “volver a empezar” con los intentos de reforma, separando en esta nueva oportunidad aquellos proyectos que son verdaderamente “urgentes e importantes” y tratando de preservar en el frente judicial los ítems subsistentes del DNU de desregulación. El reordenamiento fiscal, tanto por el lado del gasto como de los ingresos, necesita instrumentos legislativos para consolidar y hacer sustentable el objetivo de “déficit cero”, al igual que el afianzamiento de las condiciones para lograr un aumento sostenido de la inversión privada y de la creación de puestos de trabajo formales. La gobernabilidad es, en esencia, avanzar hacia un escenario en el que las reformas de la economía logran consenso popular, un estatus por el cual resulta imposible revertirlas bajo futuros gobiernos de cualquier signo. Desde el punto de vista de la estabilización futura de la economía, una pauta estricta para el gasto público es el ancla más firme a la que puede aspirarse, mientras que para desatar los nudos que traban el crecimiento no puede faltar una ambiciosa modernización del funcionamiento del mercado laboral. Política cambiaria: el compromiso de terminar con el Blend a mediados de 2024 Más allá de las restricciones de la cuenta capital del balance de pagos, que habrán de subsistir (no hay una fecha precisa en el acuerdo), subsisten distorsiones en el mercado cambiario que vienen de antes del 10 de diciembre, que son contraindicadas para la normalización del manejo de la macro. Entre diciembre y lo que va de febrero el Central acumuló compras netas de divisas por 6,6 mil millones de dólares, pero esa dinámica de ningún modo refleja un mercado cambiario normalizado. a) Por un lado, las exportaciones no se canalizan en forma plena hacia el mercado oficial, ya que es factible liquidar el 20% en el circuito libre (CCL). Se estima un promedio de 900 millones de dólares/mes derivados hacia el CCL por este mecanismo, flujo que no ha sido suficiente para controlar la brecha cambiaria. La persistencia de este esquema induce malos incentivos, ya que la pauta cambiaria del 2,0 % mensual para el tipo de cambio oficial (dónde se canaliza el 80 % del monto de cada exportación) llevaría a una ampliación de la brecha cambiaria (ésa sería la “variable de ajuste”) en un escenario en el que por algún motivo (expectativas de devaluación, sequía, etc) comiencen a frenarse estas operaciones de comercio exterior; b) Por otro lado, el pago de las importaciones venía siendo fuertemente restringido hasta la tercera semana de enero, momento en el que se comenzó a otorgar paulatinamente acceso al 25% de las importaciones realizadas 30 días atrás. Como puede observarse en el gráfico siguiente, la demanda de divisas promedio diaria viene escalando desde entonces. De hecho, las deudas de comercio exterior se han seguido acumulando después del 10 de diciembre. Puede estimarse que la diferencia entre las importaciones efectuadas y las importaciones efectivamente pagadas es del orden de los 3,0 mil millones de dólares/mes, guarismo válido para diciembre y enero.

En esencia, el mercado libre ha registrado una “sobrealimentación” del orden de los 900 millones de dólares/mes desde diciembre, pero esto no ha servido para mantener a raya la brecha cambiaria; mientras que, del otro lado, la recuperación de reservas del central dista de ser plenamente genuina, porque se está haciendo al costo de dejar impagas las nuevas importaciones por una cifra del orden de los 3,0 mil millones de dólares/mes en los primeros 60 días de gobierno. En principio, el gobierno aspira a corregir estas distorsiones hacia mediados de año, tal cual quedó escrito en el “Staff Report”. De todos modos, para que la eliminación del “Blend” de exportadores no provoque turbulencias en el mercado, la brecha cambiaria debería ser mínima. De lo contrario, podría afectarse la fluidez de la liquidación de exportaciones. Obsérvese que con una brecha cambiaria del orden del 50 %, para que el dólar de exportaciones no se altere en el momento de la eliminación del “Blend”, el tipo de cambio oficial debería registrar un salto del orden del 10,0 % en ese momento. Esto no pasaría inadvertido en el mercado de futuros, y afectaría la tasa de interés a la que se pactan los contratos del ROFEX. Una forma de empalmar la “mezcla” de tipos de cambio a la que acceden los exportadores sería ir modificando por tres meses consecutivos las proporciones del “Blend”. En lugar de esperar a fin de junio para cerrar la posibilidad de liquidar el 20 % de las exportaciones por el CCL, podría establecerse un cronograma por el cual en el primer mes se pasa a admitir liquidaciones en el CCL por el 13,3 % de las exportaciones, en el siguiente por el 6,7 % para llegar a cero en los 30 días posteriores. Para que el dólar de exportaciones no registre cambios significativos en esa transición, el tipo de cambio oficial debería acelerar su deslizamiento para compensar la diferencia, con una política monetaria congruente con ese nuevo esquema. Se estaría dejando de lado la pauta del 2,0 % para el tipo de cambio oficial, pero podrían amortiguarse movimientos bruscos del mercado Sector externo y acumulación de reservas El 30 de noviembre, en el Informe de Coyuntura de esa fecha (“En la cuenta regresiva, la gestión entrante goza del “beneficio de la duda”, pese al todavía difuso set de objetivos e instrumentos”), se incluía para el sector externo una proyección de superávit de balanza comercial en el segmento bienes del orden de los 25,0 mil millones de dólares. Desde entonces, se tiene una caída de precios internacionales y ajuste de los volúmenes cosechados que afectan la trayectoria esperada para las exportaciones, pero en el tiempo transcurrido también hubo oportunidad de corregir a la baja la proyección de las importaciones, por efecto del predominio de tendencias recesivas a lo largo del primer semestre de 2024. Es posible que el superávit de la balanza comercial este año se ubique unos 2,0 mil millones de dólares por debajo de aquella proyección, pero desde el punto de vista de la balanza de pagos, esa merma se estaría compensando por una corrección a la baja del déficit de servicios reales (incluye turismo). 

En esencia, la frazada corta del sector externo no se ha modificado significativamente, y acumular reservas de acuerdo al monto comprometido ante el FMI sin que se registren entradas de capitales es una tarea cumplible pero no sencilla. Cuando el gobierno diseñó las medidas fiscales para 2024 e incluyó un aumento de las retenciones a las exportaciones agroindustriales, posiblemente sobreestimó los efectos positivos de un clima favorecido por el retorno del “Niño”. En las últimas semanas se comprobó que el clima puede deparar sorpresas mientras que, por otro lado, la tendencia bajista de los precios internacionales de las commodities no se detuvo (desde noviembre último a la fecha muestran una caída del 8,7%).

Así, la última actualización de IERAL sobre el aporte de la agroindustria a las exportaciones de la Argentina en el presente ciclo llega a 34,7 mil millones de dólares (se incluyen complejos lácteos, ganaderos, maní, entre otros, además de soja, maíz y trigo, y se netea de admisión temporaria de granos de soja). Obsérvese que las exportaciones del sector, medidas en dólares constantes, serían las menores de los últimos seis años, excepto el ciclo contabilizado en 2023. Considerando la inflación estadounidense, el aporte de la presente campaña quedaría 12,2 mil millones de dólares por debajo de los guarismos de 2022, aun cuando implica una recomposición cercana a los 10,0 mil millones respecto de 2023. Como se ve, el clima y los términos de intercambio no harán un aporte tan generoso a las cuentas externas de la Argentina como sí ocurriera en 2022 (aunque la política económica ese año dilapidara la posibilidad de acumular reservas de modo genuino). Justamente por eso, cabe resaltar la conexión existente entre el equilibrio interno y externo de la economía, con la evolución del gasto público medido en dólares al tipo de cambio oficial como un indicador por excelencia acerca de cuán lejos o cuan cerca se encuentra el ciclo económico de alcanzar esos equilibrios en simultáneo. Para que la economía de 2024 se diferencie en forma sustantiva de la de 2023, se requiere una baja significativa del gasto público medido en dólares respecto del año pasado. El costo de la estabilización será más tolerable en la medida que el objetivo de reducir el peso del estado sobre la economía pueda lograrse con reordenamiento planificado de partidas presupuestarias y con racionalización de la superposición de erogaciones entre nación, provincias y municipios. Mientras más pueda avanzarse en esa dimensión, menor “tarea sucia” quedará a cargo de la devaluación y, por ende, más tolerable será la inevitable corrección de los desequilibrios heredados. A su vez, para lograr eficacia y sustentabilidad, no debería abandonarse el objetivo de coordinar esa formidable tarea entre Nación y Provincias.

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