Tamara Saburova, pareja de Konstantin Rudnev -único detenido en la causa que investiga una presunta secta rusa en Bariloche- difundió un video en el que denuncia el grave deterioro de la salud del acusado y reclama su inmediata liberación. Afirma que Rudnev se encuentra en estado crítico, sin abrigo ni atención médica adecuada, en el penal de Rawson, Chubut, donde permanece desde marzo.
El caso se inició el 29 de marzo, tras un operativo en el aeropuerto de Bariloche que derivó en la detención de 21 personas de origen ruso, acusadas de trata de personas, narcotráfico y actividad sectaria. En abril, el juez de la causa liberó a 20 imputados. Solo Rudnev, señalado como líder del grupo y con antecedentes en Rusia por abuso sexual, continúa tras las rejas, por lo que se lanzó una campaña para reclamar su liberación.
Según Saburova, el proceso judicial argentino se apoya en informes de medios extranjeros y locales “amarillistas”, sin pruebas concretas ni cargos formales en el país. “Vinimos a Argentina con la esperanza de reconstruir nuestras vidas y recuperar su salud. Sin embargo, la fiscalía decidió mantenerlo detenido basándose en información de medios rusos y montenegrinos que lo vinculan con hechos por los que nunca fue condenado en un juicio justo”, expresó.
La mujer sostuvo que Rudnev ha perdido 30 kilos, no cuenta con traductor para comprender el proceso judicial y sufre condiciones inhumanas de detención. “Incluso después de que un juez autorizó su hospitalización, la fiscalía ha impedido que sea trasladado a un centro de salud. Esta situación lo ha puesto en riesgo de muerte. Está enfermo, no puede comer. No le dan medicamentos correctamente ni lo dejan salir al hospital”, denunció.
Saburova grabó el video dentro del penal y lo difundió a medios locales. “Aquí en Argentina paseábamos en la naturaleza, aquí lo metieron a la cárcel por nada. No puedo cuidarlo. No le hizo daño a nadie. No entiendo la justicia argentina”, afirmó con la voz quebrada. “Muchos abogados intentan sacarlo al hospital y acá todos mienten: los fiscales, policías, medios amarillistas. Mi esposo no sabe a quién más acudir. Tengo el corazón destrozado”.
El caso Rudnev sigue siendo uno de los más sensibles de Bariloche en los últimos años, con fuertes críticas cruzadas entre la defensa, la fiscalía y organismos de seguridad. Por ahora, la situación del acusado y las condiciones de su detención permanecen bajo la lupa judicial.
El abogado Carlos Broitman expuso graves irregularidades en la causa y reclamó que se permita finalmente presentar todas las pruebas que demuestran la versión de los defendidos. Durante la audiencia de acusación por la querella, varias mujeres estuvieron presentes para hacer su declaración y no se les permitió hablar.
La verdad que no dejaron salir
La presunta víctima declaró que ella misma decidió venir a Argentina para tener a su bebé, con la ayuda y el cuidado de la amiga de su madre. A partir de esa decisión personal, se desató una cadena de actuaciones que, según el doctor Broitman, derivaron en una grave violación de derechos.
En el hospital de Bariloche, una enfermera sospechó —sin base sólida— que la joven fuera víctima de trata al verla acompañada de una traductora y de la amiga de su madre. Esa sospecha se convirtió en una historia mayor: un médico elevó la alerta y se desencadenó un operativo judicial que terminó aislando y castigando a la joven.
El doctor Broitman denunció que a la joven le quitaron el teléfono, la aislaron y estuvo 14 días encerrada en condiciones indignas, sin ropa adecuada para ella ni para su bebé y con restricciones alimentarias, todo por una cadena de suposiciones no verificadas.
La Federación Argentina de Municipios denunció una profundización del ajuste a los distritos en el Presupuesto 2026 y pidió una reunión con el Presidente.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a más de500 jefes comunales de todo el país, le exigieron hoy al presidente Javier Milei que “cumpla con la Constitución, la división de Poderes y el federalismo”.
“Exhortamos al Gobierno a frenar sus crueles medidas económicas y a tomar un nuevo rumbo que detenga las consecuencias sociales de sus políticas, que atentan directamente contra la subsistencia de los jubilados, el empleo y la dignidad de la mesa de las familias”, manifestaron los jefes comunales agrupados en la FAM, que preside el matancero Fernando Espinoza.
En un comunicado, la entidad alertó que Argentina atraviesa una “catástrofe de enorme gravedad económica y social” y denunció que las consecuencias de esa crisis la está pagando el pueblo con “sacrificios insoportables”.
“Mientras el pueblo hace sacrificios insoportables, Milei sigue beneficiando a los mismos de siempre: los más ricos, las corporaciones, el poder económico, los banqueros y las multinacionales”, enumeró.
Asimismo, la federación dio cuenta de un mayor ajuste de recursos para los municipios del país en el Presupuesto 2026 que, según consideró la FAM, “no se discute colectivamente” sino que “se impone y consolida un modelo injusto que concentra privilegios y multiplica desigualdades”.
“Los recursos que se transferirán a las provincias (y, por ende, a los municipios que las componemos) son, en términos reales, un 36,7% menores que lo proyectado para este año, en el que ya nos quitaron más del 80% de los fondos educativos, entre otros, que recibíamos hasta fines de 2023”, detalló.
Además, la FAM rechazó el ajuste a las universidades y el Hospital Garrahan, al tiempo que volvió a dar cuenta del “abandono” por parte del Ejecutivo de “la obra pública nacional, que afecta directamente a las economías de cada ciudad, a la producción, al turismo y la seguridad de los municipios”.
En este escenario, los intendentes señalaron también que no puede haber democracia plena con la “proscripción” de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reiteraron el pedido de una reunión con el Presidente.
“El rumbo económico debe cambiar de manera urgente, porque el camino elegido sólo conduce a más pobreza, más exclusión y más injusticia. El pueblo argentino merece otro destino: uno de esperanza, de soberanía y de dignidad”, remarcó la FAM.
Aseguran que “no se violó ningún secreto fiscal”. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó por un “error de interfaz” información de cuentas bancarias de argentinos en Estados Unidos sobre el intercambio de información financiera con ese país.
Según una nota publicada en La Nación, ARCA admitió que se trató de un “error de interfaz” y aseguró que “no se violó ningún secreto fiscal”. La información ya fue eliminada.
Fuentes del organismo indicaron que la información que algunos contribuyentes pudieron ver sobre sus cuentas u operaciones en los Estados Unidos se publicó dentro de la solapa “Nuestra parte” a donde se accede con CUIT y clave fiscal. Se trata del espacio donde ARCA le dice al contribuyente qué conoce de sus movimientos tributarios.
Tributaristas consultados por La Nación dijeron que esto no pone en riesgo el acuerdo de intercambio automático de información con EE.UU. porque, coincidieron con ARCA, los únicos que ven datos sobre sí mismos son los propios contribuyentes en sus perfiles privados en la agencia.
El año pasado, Estados Unidos cumplió con el envío de información automática de 2023 sobre la base del acuerdo modelo IGA 1 firmado con la Argentina.
La vocera del organismo, Julie Kozack, enfatizó el apoyo hacia la administración libertaria y aseguró que continúan trabajando “en estrecha colaboración”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al gobierno de Javier Milei acumular más reservas en el Banco Central (BCRA) y demandó la necesidad de que haya un “amplio apoyo político” en la Argentina para “asegurar la implementación de las reformas”.
Durante una conferencia de prensa, la vocera del organismo Julie Kozack afirmó que desde el FMI continúan trabajando “en estrecha colaboración con las autoridades” para “apoyar el camino de Argentina hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado”.
La directora de comunicaciones del FMI aseguró que el fortalecimiento de las reservas del Central y la reducción de la inflación “seguirán requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldada por un marco monetario y cambiario consistente destinado a reconstruir las reservas”.
“Con respecto al programa en curso, también continuamos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza”, señaló Kozack.
Sobre los apoyos anunciados por Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo que “acogemos con beneplácito el apoyo de los socios de Argentina y aquí estamos colaborando estrechamente muy de cerca con todos, a medida que avanzamos conjuntamente el apoyo hacia Argentina”.
Más temprano, el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, reiteró su apoyo al Gobierno Nacional, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina y confirmó que se trabaja en swap.
Sin emebargo, aclaró que la asistencia financiera al país no es una inyección directa de dinero sino que se trata de “una línea de swap”.
Los comentarios de la vocera del organismo se dieron luego de la reunión que mantuvieron la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, junto al presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Nueva York.
Georgieva detalló que fue una reunión “excelente”, adelantó que se volverán a reunir y aseguró que la Argentina “está yendo en la dirección correcta”.
El proyecto que actualiza las partidas presupuestarias para las casas del altos estudios obtuvo 58 a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Además de La Libertad Avanza, la cordobesa Álvarez Rivero votó en contra de la ley. Losada de la UCR, y Huala, Goërling Lara y De Ángeli se abstuvieron.
Con la presencia de una masiva marcha universitaria en las afueras del Palacio Legislativo, el Senado aprobó la insistencia definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. El Gobierno nacional queda obligado a promulgar la ley ya que el texto superó ampliamente los dos tercios que establece la Constitución Nacional.
A favor de la insistencia de la ley, estuvieron 33 de los 34 integrantes del interbloque de Unión por la Patria; 12 de los 13 radicales; los dos santacruceños; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo de Unidad Federal; la rionegrina Mónica Silva; la neuquina Lucila Crexell; la chubutense Andrea Cristina; la tucumana Beatriz Ávila; el salteño Juan Carlos Romero; y Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez del Pro.
Dentro de los 7 votos en contra de la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario estuvieron los seis integrantes de La Libertad Avanza; la cordobesa Carmen Álvarez Rivero; y el formoseño Francisco Paoltroni de Libertad, Trabajo y Progreso. Además, se abstuvieron el misionero Martín Goërling Lara, la santafesina Carolina Losada, la pampeana Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.
A diferencia de lo que ocurrió en 2024, la iniciativa que propone una actualización en las partidas presupuestarias de las Casas de Altos Estudios y recompone salarios docentes y no docentes se transformó en ley. Es el segundo/tercer veto que el Congreso le deroga al presidente Javier Milei: el 4 de septiembre fue la Emergencia en Discapacidad y este jueves, también, la Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan.
¿Qué establece la ley?
La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.
Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándose por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.
Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario, en un contexto de creciente demanda por eficiencia institucional.
Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1º de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional, preservando así los recursos provinciales y el equilibrio fiscal.
Las intervenciones en el recinto
Miembro informante como presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, señaló que este miércoles en el interbloque de Unión por la Patria recibieron a rectores de universidades “casi con vergüenza de que este presidente vuelva a vetar una ley que tiene como fin el financiamiento de algo tan noble y necesario como es la educación universitaria”.
“El 80% de esta cámara votó de manera positiva la ley”, recordó y destacó que la norma se trabajó “entre todas las fuerzas políticas” junto a “los rectores, los gremios, los estudiantes”. “Ayer nos decían los decanos que la pérdida (salarial de docentes y no docentes) es entre el 40% y 48% real respecto al presupuesto de diciembre de 2023”, apuntó.
El legislador kirchnerista cuestionó que desde el Gobierno “dicen que no hay plata” pero “cuando uno mira las noticias en los diarios ve que por una desregulación en las billeteras virtuales perdieron en los últimos meses 8 mil millones de dólares”. “Dicen que no hay plata -continuó- y en tres días, con una medida, o una estafa a los productores y la Argentina, con la baja de retenciones en pocas horas, el Estado argentino perdió 1.500 millones de dólares” que traducido a pesos argentinos son 2,17 billones.
“¿Cuánto es el costo fiscal que tiene este proyecto de ley? 7,3 billones”, precisó y advirtió que el Presupuesto 2026 se destinan solamente 4,9 billones. “Le decimos al presidente que no puede desarmar lo que está bien, tiene que garantizar lo mínimo y lo básico para que los jóvenes no pierdan la esperanza, se queden en Argentina, puedan estudiar y puedan ser los trabajadores y dirigentes del futuro”, concluyó.
El radical chaqueño Víctor Zimmermann se abocó a dar cifras sobre las universidades, concluyendo que el 86% del presupuesto destinado a las universidades públicas va para salarios; el 11,5% a gastos de funcionamiento y solo el 2,3% a transferencia e inversiones. “Esto es lo que se ejecutó durante 2024 para el conjunto de universidades públicas”, señaló, aclarando que para la Universidad del Nordeste, por ejemplo, la composición es diferente. “El gasto en salario es más alto y el de funcionamiento es menor”, aclaró.
Zimmermann aclaró que en el debate que está iniciándose en torno al Presupuesto 2026 “tenemos oportunidad de recomponer. Ahora, si miramos los datos que este presupuesto tiene asignado para el total de las universidades públicas para 2026, es un total de 4,8 billones de pesos”. Pero advirtió en ese sentido que los rectores, a los que han recibido en el bloque, les han indicado que estiman necesitar para el financiamiento 7,2 billones de pesos.
En síntesis, dijo que estaban dando “un paso muy importante, pero hay que seguir insistiendo para darles a nuestros jóvenes lo que necesitan para una mejor formación e igualdad de oportunidades”.
“¿Saben ustedes que las universidades públicas pagan en luz y en gas tarifas plenas, lo mismo que si fueran grandes contribuyentes?”, deslizó la senadora Alicia Kirchner, cuyo discurso muy crítico para con el Gobierno concluyó con esta advertencia: “La Libertad Avanza… ¿cómo? ¿Destruyendo el tejido social, empobreciendo a las mayorías, no considerando la salud pediátrica, la educación y nuestras universidades? Es muy duro lo que voy a decir, pero de seguir así, la timba de Caputo puede ser la tumba de los argentinos”.
Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la senadora rionegrina Mónica Silva cargó contra el gobierno de Javier Milei y lo acusó de invertir “cero pesos para obras de infraestructura en universidades”. También sostuvo que hay un “32% menos de recursos para salarios del personal docente y menos fondos de financiamiento”. “Me pregunto si estamos caminando hacia un arancelamiento de las universidades públicas”, deslizó.
En segunda instancia, destacó que “la sociedad argentina valora permanentemente la existencia de universidades públicas, no aranceladas y el acceso a los estudios superiores”. Explicó que en los jóvenes que salen de la educación obligatoria “hay esperanza de ascenso social y concreta de inserción en el mundo del trabajo”. Asimismo, valoró al sistema universitario argentino y recordó que “los estudiantes argentinos no deben pensar en pagar créditos universitarios”, y cerró: “En 2022 el 68% de los ingresantes fueron estudiantes de familias que por primera vez tenían integrantes en la universidad”.
A su turno, el senador radical Maximiliano Abad apuntó contra Javier Milei y recordó que en la Asamblea Legislativa del 2024 “señalamos la ausencia de la educación en el Pacto de Mayo” porque “en ese momento funcionaba con el Presupuesto sancionado en 2022 con financiamiento congelado”, consideró. Asimismo, reiteró efusivamente que “llevamos un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades y es la tercera vez que este Senado va a votar la misma ley”.
Crítico de las medidas del gobierno libertario, el bonaerense afirmó que “ninguna política pública tiene sentido si la universidad está desfinanciada”. Para terminar, le envío una sugerencia al Poder Ejecutivo Nacional: “Recuperamos gobernabilidad con educación para que puedan insertarse en un mundo laboral cada vez más competitivo”.
Por último, cuestionó que “los docentes universitarios están cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza y las becas están congeladas”. También, advirtió que “este Senado tiene una deuda porque no nombró a los auditores de la AGN”, y concluyó: “¿Quién fue el iluminado del Gobierno que dijo que hay que sostener el equilibrio fiscal desfinanciando la salud y la educación?”.
Arribando a la tercera hora del tratamiento de ambos vetos, el senador radical Martín Lousteau bosquejó que “es realmente increíble que estemos hoy acá debatiendo estos temas”. En esa línea, cargó que “es patético porque las universidades públicas son políticas reconocidas internacionalmente”. Luego, apuntó contra el Gobierno nacional: “Milei habla de Riesgo País, pero no habla nunca jamás de la salud y la educación”.
Con datos alarmantes, el legislador porteño aseveró que “el Gobierno ataca a las universidades”, y cuestionó la ausencia de políticas en materias educativa al presentar que “en tercer grado, uno de cada diez argentinos no está alfabetizado; y uno de cada tres, presenta dificultades de comprensiones”. Además, cargó que “uno de cada diez se recibe en la secundaria en tiempo y forma con los conocimientos básicos en lengua y matemática”.
Por último, Martín Lousteau afirmó que “Argentina fue grande cuando invirtió en educación”, y criticó que “la inversión en educación universitaria fue del 1,73% del PBI en 2023, pero fue 0,96% en 2024 y 0,73% en 2025”. También, alertó que “el número que viene en el próximo Presupuesto es menos de la mitad de la de este año”. “Tenemos una pésima y baja ejecución de presupuestos”, enfatizó.
En sintonía con lo expuesto por los representantes de su bancada, el titular del bloque radical, Eduardo Vischi, auguró que “estamos para seguir apoyando estas leyes y seguir rechazando los veto si es que hace falta”. Acusó al gobierno de tener “el récord de la insensibilidad “, y señaló que “evidentemente prioriza las matemáticas y no entiende como equilibrar las cuentas publicas incluyendo a los sectores vulnerables”.
Sobre el rechazo al veto de la ley, el senador correntino Eduardo Vischi manifestó que “en el caso de las universidades, es un dato importante que si no damos el financiamiento su situación será cada vez peor con falta de estructura y de docentes y en detrimento del desarrollo tecnológico del país”.
En representación de Unidad Ciudadana, la senadora nacional Juliana di Tullio también responsabilizó al Poder Ejecutivo por el contexto que atraviesan las Casas de Altos Estudios: “Estamos votando por tercera vez porque el presidente Milei tiene un proyecto político y económico, y asume de espaldas a este Congreso y lo primero que hace es desconocerlo”. Volvió a cuestionar la delegación de facultades delegades y cargó que el presidente gobierna “a puro decreto y veto limpio”.
Al referirse al financiamiento universitario, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, apuntó contra el kirchnerismo por las “universidades truchas que hicieron para financiar campañas políticas. Nosotros no queremos que las universidades sean usinas políticas. Todo el mundo financiando el curro real de universidades truchas”.
El jujeño recordó que en 2022 el entonces ministro Sergio Massa aplicó un ajuste de 70 mil millones de pesos y no hubo “ninguna marcha”, y brindó como dato que “el 60% de los estudiantes no aprueba más de 1 materia por año; el tiempo promedio de egresar es de 12 años”.
