En lo que representa un nuevo hito de innovación financiera, el Banco Nación se convierte en la primera entidad de la Argentina y de la región en registrar sus tarjetas de crédito Mastercard en “Click to Pay”, que permite realizar compras online de manera más segura, rápida y simple, sin necesidad de ingresar los datos de su tarjeta en cada operación.
“Click to Pay” es una solución internacional desarrollada bajo el estándar EMV® Secure Remote Commerce (SRC), que almacena la información de forma protegida y unifica el proceso de pago en múltiples comercios electrónicos adheridos.
Cabe destacar que este logro fue posible gracias al trabajo en conjunto entre el Banco Nación, Red Link y Mastercard, consolidando una alianza estratégica que potencia la modernización del ecosistema de pagos digitales en la Argentina.
“Ser los primeros en habilitar nuestras tarjetas en ‘Click to Pay’ es un orgullo y un reflejo del compromiso por innovar en beneficio de los clientes. Este paso fortalece la seguridad de las transacciones y mejora sustancialmente la experiencia de compra en línea”, afirma el gerente General del Banco Nación, Gastón Álvarez.
Con esta iniciativa, el Banco Nación ratifica su liderazgo en la transformación digital, impulsando soluciones de vanguardia que promueven la inclusión financiera y acompañan la evolución de los hábitos de consumo.
Puerto Iguazú fue el primer destino al que voló Flybondi en 2018. Por eso no sorprendió que haya risas nerviosas y mucho entusiasmo en los minutos previos al gran anuncio: Misiones recuperará una conexión aérea internacional con la misma low cost, que unirá desde diciembre la ciudad de las Cataratas con Lima, en un enlace directo que abre las puertas a 70 destinos y 23 países.
El anuncio se realizó este jueves, en una presentación encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua, el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, los ministros de Turismo, José María Arrúa y de Hacienda, Adolfo Safrán, el intendente de Iguazú, Claudio Filippa y empresarios turísticos de Iguazú. El vuelo tendrá cuatro frecuencias semanales y un valor de 185 dólares más impuestos. “Sigue siendo el mejor precio porque lo que queremos es que la gente vuele”, señaló Sana a Economis.
Arrúa resaltó que el sector turístico siempre tiene encuentra respuestas en el Gobierno provincial, en el marco de una relación de madurez que une al sector público con el privado. “No es casualidad, sino causalidad. Esto forma parte de una política que lleva a que Misiones cuente con 130 vuelos semanales. Es una gran oportunidad para Misiones. No esperamos que el turista venga, sino que lo vamos a buscar. Hoy tenemos como hacerlo”, remarcó.
El vuelo Iguazú-Lima comenzó a gestarse durante el encuentro de Ceos de aerolíneas que se hizo hace un año en Iguazú. Misiones se había quedado sin conexión internacional tras la decisión de Air Europa de cancelar la ruta Madrid Iguazú, que sufrió el impacto de la pandemia.
Para Flybondi, Misiones es un destino fundamental, con 21 vuelos semanales a Iguazú -tres por día y el 25 por ciento del mercado- y once frecuencias a Posadas -el 50 por ciento de los pasajeros- y ahora se pretende potenciar ese vínculo con la conexión internacional transformando al aeropuerto de las Cataratas en un hub de acceso a la Argentina y al turismo en la Triple Frontera. “Hace unos días llegó el turista un millón a Iguazú. Queremos que vengan por avión y si es por Flybondi, mejor”, celebró Sana. “Misiones es una gran apuesta a futuro en un proceso de gran crecimiento”, cerró el CEO.
Passalacqua destacó que “se abren los cielos” y se mostró de acuerdo con esa política, aunque remarcó que Aerolíneas Argentinas debe seguir siendo la línea de bandera del país. “No hay contradicción ahí. Se retoma esa política y es extraordinario”, puntualizó.
Para el Gobernador, esta alianza hará de Iguazú la puerta de entrada a la Argentina de un mercado que no estaba del todo explotado, con un enlace a Lima, por cuyo aeropuerto pasan 30 millones de pasajeros al año. Captar una porción de ese mercado podría duplicar el número de turistas en Iguazú, un número aceptable para no afectar el medioambiente ni la capacidad de carga del principal destino turístico de Misiones.
La empresaria turística Patricia Duránno dudó en calificar la noticia como un cambio histórico: “Para nosotros es un antes y un después, porque siempre pedimos conectividad. El pasajero que viene a Iguazú por Lima debía triangular por Buenos Aires, Río de Janeiro o San Pablo, y eso lo estábamos perdiendo. Ustedes saben que la única forma de estar en punta es compitiendo: con precio, calidad y sobre todo tiempo”.
Durán resaltó la importancia estratégica de Lima como hub internacional: “No hay norteamericano ni europeo que no pase por Perú. Normalmente toman entre 10 y 15 días de vacaciones y unen dos destinos. Ahora somos dos destinos unidos en uno solo. Esto significa tiempo, dinero y, sobre todo, conectividad rápida. Celebramos este momento”.
El empresario hotelero Alejandro Arrabal, dueño de Iguazú Jungle y del hotel homónimo, subrayó la relevancia para el sector: “Es una de las noticias más importantes que hemos recibido en los últimos tiempos porque abre las puertas a nuevos mercados y facilita el acceso. Para el turismo, la conectividad es uno de los principales motores. Cuanto mejor y más conectados estemos, más favorable será la situación para el receptivo argentino”.
Arrabal advirtió que el contexto económico actual golpea al turismo nacional por la pérdida de competitividad cambiaria, aunque destacó que anuncios como este ayudan a contrarrestar el impacto: “El receptivo nacional está resentido. Se siente un poco menos en hoteles de alta categoría, pero afecta al sistema en general. Este tipo de herramientas son muy válidas para seguir siendo competitivos. La conexión a Lima es una noticia muy bienvenida”.
Con este anuncio, el aeropuerto de las Cataratas se proyecta como un hub internacional, capaz de potenciar el turismo en la Triple Frontera y de posicionar a Iguazú como puerta de ingreso a la Argentina para viajeros de distintos continentes.
El desafío ahora será sostener esta conectividad en el tiempo, consolidar la competitividad y ampliar el alcance de un destino que combina patrimonio natural con infraestructura hotelera y gastronómica en expansión.
El Gobierno de Misiones anunció este jueves que acompañará un recurso judicial para frenar la suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad que, según el Ejecutivo provincial, se habrían realizado de manera irregular por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida busca garantizar que las auditorías y revisiones se realicen con transparencia, respetando los derechos de las personas con discapacidad, y se da en un contexto de creciente preocupación por el impacto social y económico de las bajas de prestaciones.
El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, anunció que la presentación judicial se efectuará al mediodía de este jueves por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, organismo dependiente de la Vicegobernación.
Según fuentes provinciales, en los últimos meses numerosas familias misioneras vieron suspendidas sus pensiones no contributivas, muchas de las cuales representan el único ingreso familiar. Las auditorías de la ANDIS, apuntan desde el Ejecutivo provincial, se habrían llevado a cabo sin notificaciones adecuadas, lo que impidió que las personas convocadas pudieran acreditar su derecho a la prestación.
El Gobierno provincial indica que agotó todas las instancias administrativas y de diálogo con la Nación, pero ante la falta de respuesta, la vía judicial surge como la única alternativa para proteger a los sectores más vulnerables.
El amparo y sus fundamentos
El recurso judicial presentado ante la Justicia Federal busca:
Suspender temporalmente las auditorías y bajas de pensiones hasta garantizar un procedimiento transparente y conforme a derecho.
Retrotraer las situaciones de suspensión al momento previo a las auditorías, evitando la pérdida de ingresos esenciales para las familias afectadas.
Establecer protocolos claros para futuras revisiones, asegurando notificaciones oportunas y la posibilidad de presentar la documentación necesaria por parte de los beneficiarios.
La acción se fundamenta en el principio constitucional de protección a personas con discapacidad y derecho a la seguridad social, así como en la Ley Nacional de Discapacidad (Ley 22.431) y la normativa vigente que regula las pensiones no contributivas.
Fundamentos, actores y repercusiones
La medida refleja un conflicto entre jurisdicciones nacionales y provinciales en torno a la gestión de pensiones no contributivas. Por un lado, la ANDIS, organismo nacional, realiza auditorías y suspensiones bajo criterios administrativos. Por otro, el Gobierno de Misiones sostiene que dichas prácticas se hicieron de forma irregular, afectando a beneficiarios que dependen de estas prestaciones para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y vivienda.
La presentación judicial no solo tiene un impacto social inmediato, sino que también podría generar precedentes legales sobre la supervisión y ejecución de políticas nacionales de asistencia social, especialmente en casos donde las provincias denuncian irregularidades.
Desde el punto de vista político, la acción fortalece la posición del Ejecutivo provincial en su rol de defensor de los derechos de las personas con discapacidad, mostrando capacidad de acción frente a decisiones de alcance nacional. Además, podría abrir un debate sobre la centralización de las pensiones no contributivas y la necesidad de mecanismos más transparentes y participativos.
Si la Justicia Federal admite el amparo, las posibles consecuencias inmediatas incluyen:
Suspensión temporal de las bajas y retrotracción de los casos afectados.
Revisión de los procedimientos de auditoría de la ANDIS para garantizar transparencia y cumplimiento de normativa.
Establecimiento de protocolos de notificación y apelación más claros, evitando perjuicios a beneficiarios vulnerables.
A mediano plazo, el conflicto podría derivar en cambios en la coordinación entre Nación y provincias respecto a la gestión de pensiones no contributivas, con impacto directo en la administración de fondos públicos y en la seguridad social de los grupos más vulnerables.
El economista Ricardo Arriazu, uno de los referentes más influyentes para el presidente Javier Milei y el círculo financiero, aseguró que el Banco Central cuenta con reservas suficientes para sostener el tipo de cambio dentro de la banda acordada con el FMI. Pese a la desconfianza de los inversores, recomendó aprovechar las altas tasas en pesos y anticipó un alivio cambiario para 2026 gracias a una mejora en la cosecha.
En un panel organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa, donde compartió escenario con el politólogo Sergio Berensztein, Ricardo Arriazu cuestionó varias de las medidas implementadas tras la liberación del cepo cambiario, en particular el esquema de bandas de flotación acordado con el Fondo Monetario Internacional.
“El dólar no puede flotar en Argentina porque es unidad de cuenta. Ir al esquema de bandas nos costó más inflación que la que hubiéramos tenido en otro escenario y, además, la economía tocó un techo en febrero y ahora empezó a caer”, afirmó.
Aun así, recomendó aprovechar el marco vigente: “El Gobierno está comprometido a que el dólar no supere el techo de la banda y tiene de sobra para evitarlo. Todo el mundo tendría que estar haciendo carry trade”, señaló Arriazu.
Actualmente, el techo de la banda cambiaria ronda los $1.460. El Banco Central, según detalló el economista, dispone de USD 25.000 millones líquidos para defender ese límite, frente a vencimientos de apenas USD 1.800 millones hasta fin de año.
Tasas en alza y desconfianza del mercado
El “apretón monetario” del Banco Central se tradujo en un aumento de las tasas de interés, incentivando el rendimiento en pesos frente a la devaluación. Ayer, los bancos ofrecieron una Tasa TAMAR del 64% anual para depósitos de grandes inversores, mientras que el Tesoro colocó LECAP al 75,6% anual efectiva con vencimiento en septiembre.
Pese a estas condiciones favorables para el carry trade, Arriazu reconoció que la confianza de los inversores sigue siendo muy baja: “Este techo está aprobado por el FMI y tienen los dólares para defenderlo. ¿Por qué la gente duda? Por la política”.
Advirtió que persiste lo que definió como “riesgo Argentina”, más allá de las tensiones ideológicas: “Más que riesgo K, yo diría que es directamente riesgo argentino. Mucho más cuando vemos cómo el Congreso aprueba leyes que sólo buscan empujar a un nuevo default”.
Perspectivas para 2026 y riesgos latentes
De cara al próximo año, Arriazu se mostró moderadamente optimista. Pese a las pérdidas por las inundaciones, estimó que la recomposición de la humedad de los suelos permitirá un incremento de USD 6.000 millones en la cosecha 2026, generando un alivio en el frente externo.
En paralelo, sostuvo que sigue en pie la expectativa de una baja del riesgo país, lo que habilitaría al Gobierno a recuperar el acceso al financiamiento internacional.
Sin embargo, advirtió sobre riesgos de corto plazo:
El traspaso del dólar a los precios no está cerrado: “Lo que ocurrió fue que bajaron los precios internacionales de muchas materias primas y eso se trasladó al mercado local”.
Muchas empresas aún cargan con sobrestock, lo que obliga a reducir precios para sostener ventas.
El propio Gobierno, según su visión, preferiría un tipo de cambio más bajo, en torno a los $1.320.
Arriazu cerró con un mensaje doble: confianza en la capacidad del Banco Central para sostener el esquema cambiario, pero escepticismo frente al comportamiento político del país: “El problema central es que los inversores no creen que Argentina pueda sostener un verdadero cambio”.
El Ministerio de Economía resolvió aplicar una multa de $152.000 a Forestal María José S.A. por incumplimientos en un proyecto forestal aprobado bajo el Régimen de Promoción No Industrial. La sanción se suma al decaimiento de los beneficios fiscales ya dispuesto en 2022, y refleja la decisión oficial de endurecer los controles sobre empresas que recibieron incentivos y no cumplieron sus compromisos de inversión y empleo.
El caso: un proyecto millonario inconcluso
La Resolución 1259/2025, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este 28 de agosto en el Boletín Oficial, concluye un extenso proceso administrativo iniciado hace más de dos décadas.
En 1997, Forestal María José S.A. había sido declarada beneficiaria del Régimen de Promoción No Industrial (Ley 24.764, Decreto 494/97), con un proyecto de implantación de 800 hectáreas de eucaliptus grandis sobre un establecimiento de 1.000 hectáreas en los departamentos Apóstoles, 25 de Mayo y San Ignacio (Misiones).
La empresa comprometió una inversión de $1,9 millones y la creación de al menos 3 puestos permanentes, 4 tras la puesta en marcha, y hasta 20 empleos temporarios.
El proyecto debía estar en marcha antes del 31 de diciembre de 2009.
El 21 de abril de 1999, la compañía obtuvo el Certificado de Inicio de Ejecución de Inversiones Nº 32, lo que habilitaba el acceso a las franquicias fiscales previstas en la normativa (Ley 22.021, arts. 2° y 11).
Sin embargo, una auditoría posterior detectó que la firma vendió las tierras en marzo de 2015 y dejó de contratar personal desde septiembre de 2014, incumpliendo así los compromisos de producción y empleo.
La sanción: multa y ejecución fiscal
El procedimiento sancionatorio comenzó en mayo de 2023, tras el sumario ordenado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos. La instrucción sumariante verificó que:
La empresa realizó un único raleo y tala rasa en marzo de 2015, vendiendo la totalidad de la producción.
No mantuvo personal en planta durante varios meses previos a la venta de los lotes.
Por esos incumplimientos, el Ministerio de Economía dispuso:
Imponer una multa de $152.000, equivalente al 8% de la inversión comprometida, según el art. 17 de la Ley 22.021.
Establecer un plazo de 10 días hábiles para el pago.
Facultar al Estado a ejecutar la deuda por vía fiscal si no se cumple en término.
La resolución aclara que el acto constituye título ejecutivo y que el simple vencimiento del plazo produce mora de pleno derecho, sin necesidad de intimación.
Beneficios caídos y controles más estrictos
La multa no es el único revés para Forestal María José S.A. En junio de 2022, mediante el Decreto 307/22, el Gobierno ya había dispuesto el decaimiento total de los beneficios promocionales y el reintegro de los tributos diferidos, al comprobarse el abandono del proyecto.
La sanción actual es complementaria y marca un endurecimiento de la política de control sobre los programas de promoción. El dictamen de la Dirección Nacional de Incentivos Promocionales fue categórico: “la efectiva configuración de las infracciones materiales cuya comisión fuera imputada oportunamente a la firma conducen a la aplicación de las sanciones contempladas en la normativa vigente”.
El Gobierno de Misiones fue notificado de la resolución, al igual que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sucesora de la AFIP en funciones de fiscalización de este régimen.
El caso revela los desafíos históricos de los regímenes de promoción económica, en especial en sectores como la forestación en Misiones, que recibieron importantes beneficios fiscales desde fines de los ‘90.
La sanción tiene varias implicancias:
Económicas: refuerza la señal de que el incumplimiento de compromisos de inversión y empleo tendrá consecuencias, incluso décadas después de otorgado el beneficio.
Políticas: se alinea con la estrategia del Gobierno de austeridad y orden fiscal, mostrando voluntad de recuperar recursos y disciplinar el uso de regímenes de promoción.
Institucionales: sienta un precedente para otras empresas bajo investigación por proyectos inconclusos, reforzando el rol de la Dirección de Incentivos Promocionales y ARCA.
La empresa sancionada podrá interponer un recurso de reconsideración en un plazo de 20 días hábiles, conforme al Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72, T.O. 2017). De no hacerlo o si la apelación es rechazada, el Ministerio avanzará con la ejecución fiscal de la multa.
En paralelo, se espera que la cartera económica siga avanzando con la depuración de regímenes de promoción inactivos o incumplidos, en un contexto en el que el oficialismo busca ordenar las cuentas públicas y reducir gastos tributarios improductivos.
La medida también podría generar tensión con actores provinciales y empresas locales, que históricamente reclamaron una mayor flexibilidad en la fiscalización de proyectos forestales por las particularidades de los ciclos de producción.
