El concejal Pablo Borjas, portavoz de la lista oficialista Hay un Camino, sublema del Frente Renovador de la Concordia, salió públicamente a responder las denuncias y señalamientos que en los últimos días se han difundido contra la administración municipal de Puerto Esperanza, en lo que marca la primera reacción oficial desde el inicio de la actual gestión.
Borjas, en representación del espacio político que llevó a la intendencia al ingeniero Horacio Zarza, consideró que las versiones que circulan buscan “socavar la institucionalidad local” y advirtió sobre la necesidad de llevar información precisa a la ciudadanía. “Nos enfrentamos a una secuencia de versiones malintencionadas que generan confusión y desinformación. Toda actuación del Ejecutivo se encuentra debidamente documentada, respaldada por normativas vigentes y sujeta a control”, sostuvo el concejal.
Observaciones presupuestarias y ejecución de fondos
Borjas explicó que el Concejo Deliberante planteó inquietudes sobre la ejecución de partidas vinculadas a programas sociales. Si bien reconoció que algunas adquisiciones fueron señaladas públicamente, aclaró que todos los gastos forman parte del dominio público y se encuentran registrados conforme a la normativa vigente.
El concejal también señaló que el Ejecutivo detectó gastos “innecesarios o ajenos a las finalidades presupuestarias” realizados por el Concejo. Esa situación motivó un reordenamiento en las transferencias destinadas al funcionamiento legislativo, bajo criterios de transparencia, racionalidad y responsabilidad fiscal.
Contratos y Digesto Jurídico
Respecto a la reciente rescisión de contratos, Borjas indicó que la medida respondió a un desfasaje entre el personal presupuestado y la cantidad real de agentes contratados. Las desvinculaciones se realizaron siguiendo los procedimientos legales y, en algunos casos, con compensaciones extraordinarias.
En relación a los contratos para la finalización del Digesto Jurídico, cuestionó que los perfiles contratados no contaran con la formación técnica necesaria para la tarea, que requiere conocimientos en legislación y redacción normativa.
Borjas también aludió a incidentes ocurridos en el ámbito de las comisiones internas, donde -según dijo- se registraron agravios contra concejalas sin el correspondiente tratamiento institucional. Consideró que la ausencia de sanciones ante esas conductas debilita el funcionamiento democrático del cuerpo legislativo.
Situación de los puesteros y sesiones extraordinarias
En cuanto a los reclamos de los puesteros, aseguró que el Ejecutivo trabaja en soluciones dentro del marco legal. También cuestionó que se intente responsabilizar únicamente al intendente, sin considerar el papel deliberativo del Concejo.
Manifestó su preocupación por la forma en que se convocan sesiones extraordinarias, en horarios no previstos y sin notificación adecuada al bloque oficialista.
“Resistencia a un modelo de control y orden”
Para Borjas, la seguidilla de cuestionamientos no obedece a un disenso genuino, sino a la resistencia frente a un modelo de gestión basado en el control del gasto, la revisión de contratos y el fortalecimiento del cumplimiento normativo. “La administración municipal actúa conforme a derecho, en diálogo con sus asesores jurídicos y respetando la Carta Orgánica. No improvisamos: gestionamos con criterios técnicos y decisiones verificables”, afirmó.
Llamado a la responsabilidad informativa
Finalmente, el concejal exhortó a medios de comunicación, actores institucionales y referentes políticos a actuar con responsabilidad en la difusión de información pública. Sostuvo que las publicaciones deben apoyarse en datos verificables, fuentes oficiales y criterios de rigurosidad para garantizar que la ciudadanía cuente con información fidedigna y que se fortalezca la institucionalidad democrática.
Luego de un mal inicio de fin de semana, el argentino de Alpine tuvo mejoras de cara a la qualy y quedó por delante de su compañero Pierre Gasly
Oscar Piastri terminó la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría como el piloto más veloz, con un tiempo de 1m14s916. El australiano mantuvo la regularidad que había mostrado en las sesiones previas y se posicionó como el referente de la tanda, dejando a Lando Norris, su compañero en McLaren, apenas a 32 milésimas.
McLaren volvió a exhibir su solidez en la parte final de la práctica, confirmando su dominio sobre el resto de los equipos. Tanto Piastri como Norris se mantuvieron constantemente en los primeros lugares, mientras los Ferrari y Mercedes quedaron relegados a varias décimas de diferencia.
Franco Colapinto completó la sesión en la 13º posición después de una mejora significativa. El argentino superó a su compañero Pierre Gasly en la tabla de tiempos, logrando escalar posiciones en el cierre de la tanda y dejando buenas sensaciones para la clasificación.
Domingo 3 de agosto
Carrera a 70 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Hungría)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)
El análisis que difundió este viernes el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó algunos datos auspiciantes referidos a las perspectivas macroeconómicas. El crecimiento para este año se estima que será del 5%, el superávit primario del 1,6 % del PIB. En tanto elevó las perspectivas de la inflación que ahora se calcula que estará en torno al 20 % -25 % para finales de 2025 y yendo a un dígito a fines del 2026.
El Fondo Monetario Internacional aprobó la primera revisión del acuerdo EFF con Argentina y autorizó un desembolso de USD 2.000 millones. El organismo destacó la baja de la inflación, el regreso a los mercados y la recuperación económica, aunque persisten desafíos en materia de reservas y deuda externa.
En materia fiscal, el organismo establece que será necesaria “una estricta disciplina del gasto, junto con reformas fiscales en materia de impuestos, coparticipación en los ingresos y jubilaciones”, para consolidar el ancla fiscal a lo largo del tiempo.
En tanto, advierte sobre la deuda pública que “el riesgo soberano se mantiene elevado, lo que refleja la frágil posición de reservas de Argentina, sus considerables necesidades brutas de financiamiento y el aún limitado acceso a los mercados internacionales de capital”.
La balanza externa este año pasará a ser deficitaria 1,7% del PIB en comparación con un déficit del 0,4% al momento de la aprobación del programa.
Más allá de los datos alentadores, el staff advierte sobre algunos riesgos. Entre ellos, menciona las elecciones de medio termino y la excesiva dependencia de las entradas de cartera a corto plazo para financiar la cuenta corriente. Además, señala que “el tipo de cambio seguiría sirviendo como amortiguador, y se permitiría que las tasas de interés del mercado subieran según fuera necesario”.
Perspectivas económicas favorables pese al contexto global adverso
La economía argentina continúa mostrando signos de recuperación y estabilización, según la primera revisión técnica del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente al acuerdo de USD 20.000 millones aprobado en abril pasado. El organismo multilateral destacó que “la economía ha continuado expandiéndose, la inflación ha retomado su tendencia descendente y la pobreza ha seguido bajando”.
El FMI mantuvo su proyección de crecimiento del PIB real para 2025 en 5,5%, gracias al “fuerte arrastre estadístico de la recuperación en V en la segunda mitad de 2024 y una demanda interna más sólida de lo previsto en el primer semestre”. Para 2026, el crecimiento se moderaría al 4,5%, estabilizándose en torno al 3% anual hacia el final de la década.
En cuanto a la inflación, el staff del Fondo revisó levemente al alza sus proyecciones para fin de 2025: se espera que el índice se ubique en la banda del 20-25%, frente al 18-23% estimado inicialmente. Aun así, se proyecta una convergencia a un dígito hacia fines de 2026, sostenida por “una política monetaria estricta y bien calibrada” y la “transición exitosa hacia un régimen cambiario más flexible”.
Apoyo político, reformas estructurales y señales fiscales
En su declaración, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, valoró la implementación de políticas macroeconómicas contractivas como fundamento para “una transición ordenada hacia un régimen de tipo de cambio más flexible y el desmantelamiento de la mayoría de los controles cambiarios”. Destacó además que Argentina “reaccedió a los mercados internacionales de capital antes de lo previsto”, aunque advirtió que “los spreads permanecen elevados”.
“El objetivo de déficit fiscal cero sigue siendo el ancla clave de la política económica”, remarcó Georgieva. En ese marco, celebró que el Gobierno argentino haya alcanzado un superávit primario del 1,6% del PBI para 2025, al tiempo que mantuvo la asistencia social a los sectores más vulnerables.
La jefa del FMI también pidió continuar con la consolidación fiscal mediante reformas secuenciales, especialmente en el área tributaria, y advirtió que “cualquier nueva iniciativa de gasto o ingresos debe estar completamente financiada”.
Reservas, deuda externa y financiamiento: los desafíos que persisten
Uno de los puntos débiles señalados en el informe del staff técnico es la lenta acumulación de reservas. Aunque el Banco Central logró compras por más de USD 25.000 millones en los últimos 18 meses, buena parte de esos recursos se destinaron al pago de deuda externa, por lo que “no se han traducido en un aumento sostenido de las reservas netas”.
El FMI señala que las reservas internacionales netas se ubicaron en un terreno negativo de 4.700 millones de dólares al momento de la primera evaluación del programa (13 de junio pasado) “muy por debajo del piso del programa de -1.100 millones de dólares”.
Sin embargo, el Fondo reconoce que el Gobierno está llevando a cabo acciones correctivas para aumentar las reservas, consistentes en las emisiones de bonos y las compras en bloque de divisas que han aumentado las reservas en alrededor de 2.000 millones de dólares desde principios de junio.
Y “proyecta que las reservas internacionales netas se fortalecerán aún más hasta fines de julio, así como durante el resto del año, salvaguardando las metas y objetivos del programa”. La previsión del Fondo es que hacia fines de 2027 el país cuente con reservas netas por 22.900 millones de dólares, sobre la base de un acceso continuo a los mercados financieros y mayores entradas privadas de capitales, incluyendo la expansión continua de las exportaciones de energía y minería.
Pero, el organismo espera que las reservas se mantengan relativamente bajas en el corto plazo (por debajo del 60% de lo necesario, según la métrica ARA), “lo que limitará la capacidad de Argentina para absorber posibles shocks derivados de las crecientes incertidumbres externas e internas”.
En esa línea, se modificaron los criterios de acumulación de reservas netas y se reprogramaron las fechas de revisión del acuerdo, posponiendo la siguiente evaluación para principios de 2026. También se eliminó la revisión prevista para septiembre, a fin de “evitar la volatilidad electoral” y “garantizar una implementación más eficaz del programa”, según justificó la representación argentina ante el FMI.
El FMI señala que “se espera que el Banco Central desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluso comprando divisas mediante un cronograma predecible (como lo hicieron Chile, Colombia y México, en el contexto de sus respectivos regímenes de tipo de cambio flexible)”.
A nivel externo, el Fondo proyecta un déficit de cuenta corriente del 1,7% del PBI para 2025 —un deterioro respecto al superávit de 1% de 2024— impulsado por el repunte de las importaciones de bienes de capital, asociado a una mayor inversión y flexibilización del cepo. No obstante, esta brecha será financiada con “mayores flujos de capital privado, acceso sostenido a los mercados, privatizaciones y entrada de IED”.
“El nuevo programa de estabilización de Argentina ha tenido un comienzo sólido, a pesar de un entorno externo desafiante. La inflación ha retomado su senda descendente, la economía sigue creciendo y la pobreza ha disminuido”, destacó la Directora Gerente del FMI.
Georgieva además planteó en el informe que “la flexibilidad cambiaria debe preservarse, mientras se redoblan los esfuerzos por reconstruir reservas. Esto es crucial para manejar mejor los shocks y acceder sostenidamente a los mercados internacionales de capital en mejores condiciones.”
FMI optimista pero cauto
Si bien el informe confirma que Argentina superó la primera revisión del acuerdo, con un desembolso de USD 2.000 millones aprobado, el Fondo mantiene una mirada prudente: “Los riesgos siguen siendo elevados”, señala el documento, citando tanto factores externos —como tensiones geopolíticas y condiciones financieras globales— como internos, especialmente la incertidumbre política previa a las elecciones de medio término en octubre.
Sin embargo, la evaluación general es positiva: “La implementación constante del programa puede permitir un acceso sostenido a los mercados y consolidar el proceso de estabilización”, concluye el staff técnico.
Escribe Isabella Kaminski / Dialogue Earth – Brasil está impulsando un nuevo enfoque en los litigios climáticos que proporciona a los jueces herramientas concretas para medir y asignar un valor económico a los daños climáticos causados por la deforestación
En todo el mundo se ha intentado utilizar la ley para responsabilizar por el cambio climático a las empresas contaminantes. Sin embargo, ninguna demanda ha logrado hasta ahora vincular directamente las emisiones globales de una empresa con impactos climáticos específicos. No obstante, el último informe anual de la London School of Economics sobre litigios climáticos señala que “se están logrando avances importantes en casos relacionados con daños climáticos por daños ambientales localizados”, especialmente en Brasil.
Brasil ha demostrado ser un terreno fértil para los litigios climáticos. La base de datos nacional JUMA recoge 134 demandas relacionadas con el clima, lo que convierte al país en el más prolífico del Sur Global y el cuarto del mundo en este tipo de acciones.
Danielle Moreira, profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, afirma que en los últimos años no solo ha aumentado el número de casos, sino que también ha cambiado el tipo de demandas que se presentan. Según ella, las referencias al cambio climático “son cada vez más directas y explícitas”.
Este cambio ha sido impulsado por las autoridades públicas, explica Rafaela Santos Martins da Rosa, jueza federal brasileña. A diferencia de otros países, donde la mayoría de las demandas relacionadas con el clima son iniciadas por la sociedad civil, en Brasil suelen ser presentadas por fiscales estatales o federales.
El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil también ha desempeñado un papel importante. Esta institución pública tiene la misión de garantizar la independencia del poder judicial, llevar a cabo procedimientos disciplinarios y emitir normas y directrices. En 2019, se comprometióa incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en sus objetivos estratégicos, convirtiéndose en el primer órgano judicial del mundo en hacerlo.
Dos años más tarde, el CNJ publicó una resolución por la que se establecía una Política Nacional del Poder Judicial para el Medioambiente. Patryck Ayala, profesor asociado de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT), afirma que la resolución fue “sorprendentemente innovadora”. “Establece una directriz nacional, del CNJ, para todos los jueces brasileños, indicándoles que es responsabilidad del poder judicial actuar contra el cambio climático global”.
Nuevos protocolos para los daños climáticos
Pero se necesitaban más normas para detallar cómo los jueces brasileños podían poner esto en práctica. Se creó un grupo de trabajo para elaborarlas, en el que participaron académicos, investigadores externos y representantes del poder judicial federal y estatal de todas las regiones de Brasil.
Luego vino el segundo protocolo, que buscaba explicar cómo los jueces podían medir los daños climáticos. El grupo se puso a trabajar analizando varios mecanismos posibles, lo que llevó casi dos años. El CNJ celebró una consulta pública a finales de 2022, seguida de una audiencia pública en julio de 2023, en la que escuchó los comentarios de representantes de la sociedad civil que proporcionaron “aportaciones técnicas fundamentales para la redacción de este instrumento”, afirma De Moreira.
El protocolo resultante, publicado en septiembre de 2024, establece parámetros concretos para medir los daños climáticos derivados de la deforestación y los incendios forestales en juicios civiles y penales. “El protocolo tuvo el gran mérito de ser un documento del poder judicial brasileño que reconoce la categoría de daño climático como un tipo de daño ambiental independiente y distinto”, afirma da Rosa, que se convirtió en coordinadora adjunta de este grupo de trabajo. “Esto es histórico”. El pasado 3 de julio, una opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una declaración similar.
A esto le siguió, el 23 de julio, un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, que reforzó aún más esta labor al confirmar que las partes del Acuerdo de París tienen la obligación legal de “proteger el medioambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Para evaluar el daño climático, se introduce la superficie deforestada en una calculadora de carbono en línea desarrollada por el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam – Amazônia). Esta calculadora determina la cantidad de carbono almacenado que se ha perdido en cualquier bioma brasileño relevante.
A continuación, esta cifra debe traducirse en un valor monetario, lo que, según admite da Rosa, fue “un tema difícil de consensuar”. El grupo quería utilizar el costo social del carbono —el costo económico de emitir una tonelada adicional de dióxido de carbono a la atmósfera—, pero ningún organismo oficial brasileño ha definido aún un precio para ello.
Como resultado, el protocolo concluye que los jueces deben utilizar un precio mínimo de 5 dólares estadounidenses por tonelada de CO2 equivalente. Esa cifra se estableció hace más de 15 años en el acuerdo original entre las partes del Fondo Amazonas, un mecanismo para recaudar donaciones de estados y empresas con el fin de promover la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal en la Amazonía.
Las estimaciones posteriores del costo social del carbono, tanto en estudios académicos como en otros países, han sido significativamente más elevadas. El protocolo señala que, en el futuro, debería utilizarse un precio más alto, si el gobierno brasileño lo reconoce.
Reunión del Observatorio Ambiental del Poder Judicial (Oma) en Brasil, abril de 2024. El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil publicó un conjunto de protocolos legales entre 2023 y 2024 que orientan a los jueces a la hora de dictar sentencias en casos relacionados con el medioambiente, incluido el cambio climático (Imagen: Ana Araújo / CNJ)
Desde la publicación de los protocolos, el CNJ ha cambiado el nombre de su política medioambiental para que incluya explícitamente el clima. También ha comenzado a formar a los jueces y ha creado un foro para supervisar su cumplimiento.
De Moreira espera que el segundo protocolo, en particular, “oriente la práctica judicial y ayude a los litigantes a formular sus reclamos de manera más eficaz”. Da Rosa cree que hará que las sentencias sean más justas.
Puesta en práctica del protocolo
Estos cambios ya están empezando a filtrarse en el sistema judicial. En diciembre de 2024, la Fiscalía General Federal presentó un bloque de 193 nuevas acciones legales contra más de 600 deforestadores y solicitó una indemnización total de 1300 millones de reales (unos 240 millones de dólares) por daños medioambientales.
Mientras tanto, los jueces de primera instancia ya han comenzado a utilizar su metodología en sus decisiones, principalmente en casos relacionados con la Amazonía. “Este nuevo ciclo de casos aún no ha recibido una resolución definitiva por parte de los jueces”, explica da Rosa, “pero hay movimientos importantes dentro del poder judicial que apuntan a un esfuerzo concertado para garantizar que estas demandas se juzguen rápidamente”.
De Moreira destaca un grupo de 22 casos presentados por la Fiscalía Federal, tras una investigación sobre la deforestación ilegal en el Proyecto de Asentamiento Agroextractivo Antimary (PAE). Se trata de una propiedad federal en el municipio de Boca do Acre, en el estado de Amazonas, gestionada por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y ocupada por comunidades extractivistas tradicionales. Se estima que la deforestación ha provocado la emisión a la atmósfera de casi 79.000 toneladas de CO2 equivalente. En abril, el acusado, Paolo de Lima Paulo, fue condenado a pagar 1.957.677,57 reales brasileños (unos 352.000 dólares estadounidenses) por daños climáticos en el PAE, basándose en el costo social del carbono de 5 dólares estadounidenses establecido en el protocolo del CNJ.
La aldea indígena Tixuiri, en el municipio de Formoso do Araguaia, en el norte de Brasil, en el estado de Tocantins. Los protocolos de litigios climáticos del CNJ orientan a los jueces a imputar la contaminación por gases de efecto invernadero según un valor mínimo de 5 dólares estadounidenses por tonelada de CO2 equivalente emitida (Imagen: G Dettmar / CNJ)
Antes de que se redactara el protocolo, algunos jueces se negaron a definir la responsabilidad por los daños climáticos causados por las emisiones derivadas de la deforestación o los incendios, alegando motivos como la falta de pruebas periciales. Sin embargo, según da Rosa, no hay constancia de que ningún juez brasileño se haya negado a aplicar el protocolo desde su publicación.
De hecho, algunos fiscales han tratado de valorar los daños climáticos muy por encima del umbral mínimo del protocolo.
En un caso en curso se pretende sancionar a un ganadero, Dirceu Kruger, por la deforestación de terrenos públicos en el estado de Amazonas. Kruger utilizó motosierras para talar la vegetación, provocó incendios para despejar el terreno y plantó pasto para crear pasturas para su ganado. Las imágenes satelitales muestran la magnitud de los daños y Kruger admitió ante las cámaras haberlos causado.
La Fiscalía General de la Unión (AGU) argumentó que el costo social del carbono de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 60 euros por tonelada (aproximadamente 70,5 dólares), era el nivel más adecuado. El año pasado, el tribunal congeló los activos de Kruger basándose en esta cifra, por un valor de más de 50 millones de dólares, mientras el caso sigue su curso.
Efecto cadena
El protocolo se diseñó específicamente para hacer frente a la deforestación y los incendios forestales. Sin embargo, reconoce que muchos tipos de acciones humanas generan emisiones de gases de efecto invernadero o dañan los sumideros de carbono, y afirma que cualquiera de ellas podría, en teoría, dar lugar a una reclamo.
De hecho, ya hay una demanda en curso que busca una indemnización por los daños climáticos supuestamente causados por una central eléctrica de carbón en el estado de Paraná, en el sur de Brasil. El Instituto Arayara, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, afirma que la central ha funcionado durante años sin las licencias necesarias y exige tanto al operador como a los reguladores estatales que demuestren la legalidad de la central.
Sin embargo, los jueces podrían alegar que no existe una metodología para evaluar los daños más allá de la deforestación o los incendios, afirma da Rosa. Por ejemplo, el CNJ aún no ha definido los criterios para calcular los daños climáticos causados por las emisiones ilegales de metano procedentes de la ganadería, dice, “pero debería hacerlo, porque es un gas muy relevante en el panorama de las emisiones brasileñas”.
Y aunque el protocolo tiene por objeto combatir la ilegalidad, da Rosa afirma que, en teoría, los fiscales podrían intentar aplicarlo a actividades legales que tienen un enorme impacto climático.
Taller sobre temas medioambientales en la aldea Camicuã, en el estado de Amazonas, organizado a través del programa de justicia móvil del CNJ. El protocolo del CNJ reconoce que muchas actividades humanas generan emisiones de gases de efecto invernadero o dañan los sumideros de carbono, y estipula que tales acciones pueden dar lugar a una reclamo judicial (Imagen: Leticia Antun / CNJ)
Las indemnizaciones ordenadas por los tribunales por delitos medioambientales pueden destinarse a cualquier organismo público o privado dedicado a la protección del medioambiente. Estos pueden dar prioridad a proyectos relacionados con el cambio climático, especialmente los que implican energías renovables. En los casos civiles, los jueces tienden a destinar el dinero al Fondo Nacional de Cambio Climático (FNMC) de Brasil.
Queda por ver qué impacto material tendrá el protocolo en la deforestación en Brasil. “El éxito de los casos, en el sentido de ver si se atribuyó la responsabilidad y si los recursos de las condenas se utilizaron para la mitigación, debería ser evaluado por el propio CNJ”, afirma da Rosa.
Más allá de Brasil
Aunque Brasil es el único país que ha desarrollado una metodología nacional tan exhaustiva, los tribunales indonesios también han asignado un valor monetario al daño climático. Los jueces de ese país han estimado las demandas de indemnización por daños climáticos causados por la destrucción de bosques para plantaciones de aceite de palma, así como por las emisiones de CO2 provocadas por los incendios y la destrucción de turberas.
La secuencia establecida en el protocolo del CNJ para determinar el valor monetario de los daños climáticos podría aplicarse fácilmente en otros países, afirma da Rosa. Sin embargo, sería necesario adaptarla para evaluar con precisión el impacto climático de los diferentes biomas, ya que su capacidad para almacenar carbono en la biomasa varía considerablemente. “En teoría, cualquier otra jurisdicción podría tener casos similares a los ejemplos brasileños”, afirma da Rosa, “especialmente en países donde la deforestación es la conducta responsable de una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Ayala está de acuerdo en que el protocolo podría traducirse, ya que, en esencia, hace que la ciencia existente sea más accesible a los tribunales y ayuda a orientar las decisiones de los jueces, en lugar de interferir en su independencia: “Si otros países adoptaran modelos similares, deberían proponer normas que los jueces deban seguir, establecidas por un organismo con autoridad para hacerlo, y debería preverse la formación y evaluación continuas de estos jueces y de su trabajo”.
Isabella Kaminski es una periodista freelance especializada en temas ambientales
Controles en arroyos de Misiones: guardaparques secuestran elementos de pesca no autorizada durante un operativo
Guardaparques del Parque Provincial Cañadón de Profundidad dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, llevaron adelante una recorrida náutica sobre la cuenca baja del arroyo Garupá y parte del arroyo Pindapoy, con el objetivo de supervisar sectores donde suelen detectarse actividades irregulares que afectan a la flora, fauna y el entorno natural.
Durante el operativo se procedió al secuestro de una embarcación de madera, dos redes y dos espineles, elementos utilizados comúnmente en prácticas de pesca no autorizadas. Además, se constató la presencia de un campamento de pescadores en la zona.
Este tipo de controles forma parte de las acciones sistemáticas de vigilancia y protección que el cuerpo de guardaparques realiza para resguardar el patrimonio natural de los misioneros, promoviendo el uso responsable de los recursos y la conservación de los ecosistemas provinciales.
