La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA) ha sido designada como la única filial oficial de FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica) en el país. El anuncio se formaliza en el marco de una política de fortalecimiento institucional y proyección internacional que la entidad viene desarrollando en los últimos años.
Este reconocimiento por parte de FIPRESCI, organización que agrupa a más de 50 asociaciones de críticos y periodistas de cine en todo el mundo, posiciona a la Asociación de Cronistas como interlocutora directa en los debates contemporáneos sobre la crítica cinematográfica global, y habilita a sus miembros a participar de jurados internacionales en festivales, votar en el Premio FIPRESCI al Mejor Film del Año y formar parte activa de los espacios de decisión que definen el lugar del pensamiento crítico en la circulación audiovisual contemporánea.
La elección se suma al reciente reconocimiento de la ACCA como entidad nacional representante ante los Golden Globes, lo que consolida una política institucional orientada a abrir nuevas instancias de participación para la crítica argentina en las principales plataformas globales de legitimación cinematográfica.
Esta articulación estratégica no solo refuerza la importancia de la asociación como referente local, sino que proyecta el trabajo de las y los cronistas y críticos argentinos hacia nuevos ámbitos de diálogo, incidencia y colaboración internacional.
El Poder Ejecutivo modificó la Ley 26.184 para reducir trabas a la importación de pilas y baterías. Reconocerán certificaciones extranjeras y eliminarán requisitos duplicados. Buscan agilizar el comercio, promover la competitividad y reducir costos.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en la Ley N° 26.184, que regula la fabricación, importación y comercialización de pilas y baterías primarias. A través del Decreto 431/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se habilita la validación de certificaciones internacionales, eliminando la exigencia de ensayos técnicos realizados exclusivamente por organismos nacionales como el INTI.
Certificaciones extranjeras válidas: menos burocracia, más competitividad
El texto del decreto justifica la medida en la necesidad de reducir la intervención estatal, eliminar duplicaciones innecesarias, agilizar procesos y abaratar los costos de importación de productos tecnológicos. A partir de esta reforma, bastará con acreditar que las pilas o baterías cumplen con ensayos avalados por organismos técnicos del exterior que estén reconocidos por las autoridades argentinas.
“La duplicación de certificaciones encarece el proceso de importación en perjuicio tanto de las empresas como de los consumidores”, señala el decreto.
Cambios clave en la normativa
El nuevo régimen establece modificaciones a los artículos 4°, 6° y 7° de la Ley N° 26.184. Entre los principales puntos se destacan:
Se establece una autoridad de aplicación dual, compartida entre la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes (para los parámetros ambientales) y la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía (para los aspectos técnicos y comerciales).
Se elimina la obligatoriedad de certificación por organismos locales, si se cuenta con acreditaciones de entidades extranjeras reconocidas.
Se deroga el artículo 8°, que facultaba al INTI como único responsable de emitir los certificados.
Hasta tanto las nuevas autoridades regulatorias establezcan un procedimiento común, seguirá vigente el régimen anterior, aunque con la expectativa de una transición rápida hacia el nuevo esquema.
La medida se enmarca dentro de los principios de desregulación y eficiencia del gasto público promovidos por el Ejecutivo nacional en la Ley Bases N° 27.742, y en consonancia con el Decreto 70/2023, que eliminó las facultades del Poder Ejecutivo para imponer restricciones al comercio exterior.
Desde el Gobierno argumentan que esta reforma permitirá evitar el aislamiento tecnológico del país, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad y medio ambiente.
La reforma representa un paso más en la estrategia oficial de apertura comercial y reducción de cargas administrativas, pero también pone a prueba la capacidad de control estatal en materia ambiental y de calidad, en un segmento sensible como el de los productos eléctricos de consumo masivo. La definición de los organismos internacionales válidos y la correcta fiscalización posterior serán clave para asegurar los estándares que la ley original pretendía preservar.
Misiones defendió su agenda productiva en el Consejo Federal Agropecuario del NEA. La provincia reclamó por el pleno funcionamiento del INYM, pidió medidas concretas para el sector tealero, propuso certificar producción orgánica en forma grupal y exigió la renovación de la licencia de la Biofábrica para cannabis medicinal. También ratificó su compromiso con la trazabilidad ganadera.
INYM sin autoridades: Misiones pidió recuperar una herramienta clave
En el marco de la 1° Reunión Regional 2025 del Consejo Federal Agropecuario (CFA) NEA, celebrada en Resistencia, Chaco, Misiones elevó una serie de demandas estratégicas para fortalecer su matriz agroindustrial. Una de las principales preocupaciones fue la falta de autoridades en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo central para la regulación y promoción del sector yerbatero.
“El INYM permitió que la industria crezca un 22% y que las exportaciones aumenten un 26%. Defenderlo es proteger al productor y garantizar competitividad”, sostuvo el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, en declaraciones recogidas por la delegación provincial.
Té argentino: pedido de promoción internacional y alivio fiscal
Con el 95% de la superficie tealera del país concentrada en Misiones, la provincia insistió en la necesidad de implementar políticas activas para sostener la actividad. Entre los reclamos se destacaron la promoción internacional del té argentino, compensaciones por flete, un tipo de cambio exportador más competitivo y tarifas diferenciales para energía y combustible.
“La rentabilidad del sector está en riesgo. Necesitamos herramientas para sostener empleo y no perder mercados”, advirtió Tatiana Bida, directora general de Yerba Mate y Té, quien representó a la Subsecretaría de Producción Vegetal.
Producción orgánica: Misiones impulsa la certificación grupal
En línea con su perfil agroecológico, la provincia propuso al SENASA incorporar la certificación grupal en la normativa nacional de producción orgánica. Esta modalidad permitiría a pequeños productores reducir los costos de certificación y ampliar la superficie bajo estándares orgánicos.
Además, Misiones solicitó la pronta reglamentación de la Ley Nacional 27.734 —a la que adhirió en 2024— que prevé beneficios fiscales y un fondo de promoción para este tipo de producción.
Cannabis medicinal: sin renovar la licencia de la Biofábrica
Otra de las alertas presentadas por la comitiva misionera fue la falta de renovación de la habilitación para la Biofábrica Misiones, institución que abastece con cannabis medicinal al sistema público de salud. A pesar de haber contado con autorización del Ministerio de Salud por tres años consecutivos, la Agencia Regulatoria (ARICCAME) aún no completó la renovación del permiso.
“Detener la producción sería retroceder años de inversión y desarrollo”, advirtieron los funcionarios.
Sanidad animal y trazabilidad: compromiso con los estándares internacionales
Carlos Caraves, subsecretario de Desarrollo y Producción Animal, destacó los avances de Misiones en sanidad animal y ganadería de precisión. La provincia firmó un acuerdo con SENASA para sostener su esquema de vacunación y continuar avanzando en trazabilidad ganadera.
“Estamos alineados con los estándares internacionales. La trazabilidad y la calidad son claves para acceder a mercados exigentes”, subrayó.
Leonardo Amarilla, subsecretario de Planificación, valoró el CFA como un ámbito donde las provincias pueden plantear políticas diferenciadas según sus realidades productivas. “Pudimos defender a sectores estratégicos como la yerba, el té y la producción orgánica, pero también sostener una agenda que integre innovación, trazabilidad e inclusión. Las provincias que producen necesitan reglas claras y compromiso territorial”, remarcó.
La participación de Misiones en el CFA NEA 2025 reafirma su estrategia de consolidar una agroindustria con valor agregado, sustentabilidad y mirada regional. En un escenario nacional de incertidumbre institucional y regulatoria, la provincia redobla su apuesta por sostener políticas públicas que respalden la producción y el arraigo territorial.
El Gobierno moderniza el régimen de desarmaderos: digitalización y simplificación para el sector autopartista
Por decreto, el Ejecutivo actualizó la Ley N.º 25.761 para agilizar la gestión de bajas de vehículos y el control sobre el reciclaje de autopartes. Se eliminan requisitos en papel y se reduce la carga administrativa para operadores del sector.
Nueva normativa: digitalización total para desarmes de vehículos
Con el objetivo de modernizar y eficientizar el sistema de registro de desarmaderos y comercialización de autopartes usadas, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la modificación de la Ley N.º 25.761 mediante el Decreto 428/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La medida —enmarcada en las facultades delegadas por la Ley de Bases 27.742— establece la creación de una plataforma digital que reemplazará el actual sistema en papel para el trámite de baja y desarme de automotores, y simplifica los datos exigidos a las empresas del rubro.
Qué cambia con la reforma
Según el nuevo articulado, quienes gestionen la baja y el desarme de un vehículo deberán realizar el trámite a través de una plataforma digital administrada por la Dirección Nacional del Registro Automotor, adjuntando la documentación y fotografías en color del estado del vehículo al momento de su entrega.
Además, el artículo 10 —también modificado— determina que los operadores registrados deberán documentar únicamente:
Marca
Modelo
Número de pieza
Certificado de baja y desarme
Se elimina la obligación de cargar otros datos considerados redundantes, como tipo de combustible, fecha o país de fabricación.
También se incorpora una obligación expresa de destrucción para aquellas piezas que no sean aptas para reciclaje, en línea con los objetivos de trazabilidad y seguridad del sector.
Desde el Gobierno nacional señalaron que la reforma busca reducir costos operativos, agilizar la trazabilidad del proceso y eliminar requisitos burocráticos que no aportan valor al control estatal. “Las exigencias previas eran ineficientes y obstaculizaban el normal funcionamiento del Registro Único de Desarmaderos”, se indica en los considerandos del decreto.
Hasta tanto se implemente plenamente la nueva plataforma, seguirá vigente el procedimiento presencial en formato físico.
La modificación se realiza en el marco de la emergencia pública establecida por la Ley N.º 27.742, que facultó al Ejecutivo a reorganizar competencias, funciones y trámites de la administración para mejorar la eficiencia del Estado.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Tal como exige la Constitución Nacional, la medida fue enviada para su análisis a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá dictaminar sobre su validez.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca impulsar un marco más moderno y transparente para el mercado de autopartes usadas, donde la informalidad y el robo de vehículos representan problemáticas históricas.
El nuevo sistema digital —una vez operativo— facilitará el control del Estado sobre el circuito de piezas recuperadas, al tiempo que alivia la carga administrativa sobre operadores legales.
La iniciativa se alinea con otras medidas del Gobierno orientadas a digitalizar trámites y desburocratizar procesos, con foco en la eficiencia del gasto y el fortalecimiento institucional.
El Gobierno eliminó el feriado del 27 de junio para empleados públicos: deberán trabajar con normalidad. Mediante el DNU 430/2025, el Poder Ejecutivo derogó el artículo 2° de la Ley 26.876 y dispuso que este año, por única vez, la fecha no será considerada día hábil administrativo. Argumentan exceso de feriados, necesidad de eficiencia estatal y compromiso con la cultura del trabajo.
El Gobierno nacional oficializó este miércoles la eliminación del feriado del 27 de junio, conocido como el Día del Trabajador del Estado, para los empleados de la Administración Pública Nacional. La medida fue instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se enmarca en una estrategia que apunta a mejorar la productividad y reducir el costo operativo del Estado.
Argumentos: exceso de feriados y necesidad de eficiencia
La decisión se fundamenta en el hecho de que, con 19 feriados en el año, la Argentina se ubica entre los países con mayor cantidad de días no laborables a nivel mundial. Según el texto del decreto, esto afecta la eficiencia del sector público y perjudica a la ciudadanía, que debe continuar sus tareas habituales mientras el Estado detiene su funcionamiento.
“El accionar de la administración pública debe estar orientado a la solución de problemáticas concretas de las personas”, sostiene el documento, que también remarca la necesidad de restablecer la cultura del trabajo como eje de desarrollo y distribución.
A pesar de que los empleados públicos deberán asistir normalmente a sus puestos el viernes 27 de junio, el decreto aclara que la jornada no será considerada como día hábil administrativo a los efectos del cómputo de plazos legales. Esta disposición regirá por única vez en 2025, para no alterar procedimientos administrativos en curso.
La medida se inscribe en un contexto de reforma estructural del Estado, impulsada por la administración de Javier Milei. El Poder Ejecutivo enfatiza que su política busca austeridad, eficiencia y compromiso con la productividad, valores que se ven comprometidos con un calendario excesivamente fragmentado por feriados.
El decreto cita el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que habilita al Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia, y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre su validez.
Aunque el decreto no incluye declaraciones de los funcionarios, el presidente Javier Milei y su gabinete han reiterado en otras oportunidades que “sin producción no hay distribución”, y que el trabajo es la base del progreso individual y colectivo. En línea con esa visión, el DNU subraya que no es apropiado mantener beneficios específicos para el sector estatal mientras el resto de la sociedad mantiene su actividad normal.
La derogación del descanso oficial para el 27 de junio podría anticipar cambios en otros feriados del calendario nacional, en el marco de una revisión integral del esquema de días no laborables. Para los gremios estatales, la medida representa una pérdida simbólica y concreta de derechos laborales adquiridos. No se descarta que pueda motivar recursos judiciales o pedidos de revisión parlamentaria.
