Economis Redacción

Cerró la empresa que construyó las pasarelas de las Cataratas del Iguazú y despidió a todos sus empleados

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La empresa metalúrgica José Cascasi y Cía, reconocida por su participación en la construcción de las pasarelas de las Cataratas del Iguazú, anunció el cierre definitivo de su planta en Rincón de Milberg, en el partido de Tigre, y el despido de todos sus operarios.

La firma había llegado a emplear a más de 30 personas en sus años de mayor actividad, pero durante el último año había comenzado a reducir su plantilla de manera progresiva. Antes de comunicar el cierre total ya había desvinculado a la mitad de los trabajadores.

Cascasi fue la responsable de la construcción de todas las pasarelas del circuito turístico de las Cataratas del Iguazú, incluido el reconocido acceso a la Garganta del Diablo. Este último debió ser reconstruido en varias oportunidades debido a la fuerza del caudal del río, por lo que la firma intervino en distintas etapas durante los últmos años.

Además, la compañía trabajó como proveedora para grandes petroleras y grupos industriales del país, entre ellos Degremont, Bautec, Sinopec, Lockwood y Volkswagen.

Actualmente, la empresa está atravesando la última parte de su concurso de acreedores, de manera que, según el propio Cascasi, pueda “liquidar todo para pagarles a los acreedores y cerrar definitivamente por falta de trabajo desde hace varios meses”.

A fines de 2024, la empresa había realizado una inversión para dinamizar su actividad. Por ese entonces, inauguró una cabina de pintura en la planta de Tigre, que incluso recibió el respaldo público del intendente Julio Zamora. Sin embargo, poco más de un año después, la empresa terminó cerrando sin margen para continuar operando ni sostener a su personal.

Según relataron los trabajadores y confirmó el propio dueño, la empresa ofreció pagar el 50% de las indemnizaciones y hacerlo en cuotas. La propuesta generó preocupación entre los operarios, que ya venían atravesando meses de caída en la actividad y menor carga de trabajo.

La empresa proporcionaba prácticas profesionales a alumnos de tres escuelas técnicas del partido de Tigre a través de su inscripción en el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (Copret). Además, había firmado convenios con el municipio para dictar cursos gratuitos vinculados a la industria metalúrgica.

Entre esas capacitaciones se encontraban el curso de Fabricación de Estructuras Metálicas Pesadas, con una duración de 30 horas, y el de Seguridad e Higiene en Plantas Industriales, que se extendía durante 25 horas. Para muchos estudiantes de escuelas técnicas, la planta funcionaba como el primer contacto directo con el mundo del trabajo.

El cierre de Cascasi se suma a un escenario cada vez más complejo para la metalurgia argentina. Según el informe correspondiente a febrero de 2026 de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) la actividad metalúrgica registró una caída interanual del 10,3% y acumuló un retroceso del 8,2% en el primer bimestre del año. Además, la utilización de la capacidad instalada descendió al 40,2%, el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

La crisis también impacta directamente en el empleo. De acuerdo con el relevamiento, el sector registró una caída interanual del 1,8% en los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la retracción del mercado interno y la falta de señales claras de recuperación en el corto plazo.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió en un comunicado que la “fuerte retracción del consumo interno estaba afectando de manera directa a la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas metalúrgicas”. También sostuvo que la demanda “sigue en caída libre” y que cada vez más firmas estaban trabajando muy por debajo de su capacidad.

El propio relevamiento mostró, a su vez, que seis de cada 10 empresas del sector no esperan una mejora en la producción durante los próximos tres meses.

En tanto, Del Re subrayó que el sector seguirá profundizando su tendencia negativa en los primeros meses de 2026, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales concretas de recuperación en el corto plazo.

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Pobreza en baja, pero con alertas de fondo en los ingresos y forma de medición

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La pobreza en Argentina registró una caída significativa durante el segundo semestre de 2025, aunque el dato abre interrogantes sobre su consistencia y sostenibilidad en el tiempo. Según las cifras oficiales, el 28,2% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y el 6,9% en situación de indigencia, lo que implica una reducción de 9,9 y 1,9 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con igual período de 2024.

Sin embargo, la mejora estadística convive con cuestionamientos metodológicos y con un deterioro concreto en los ingresos de los sectores más vulnerables, lo que obliga a analizar el dato con mayor profundidad.

Uno de los factores centrales es el cambio en la medición de ingresos. Desde fines de 2023, el INDEC incorporó mejoras en la captación de ingresos no laborales dentro de la Encuesta Permanente de Hogares, incluyendo transferencias como la Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas y programas sociales. Este ajuste permitió relevar con mayor precisión recursos que antes estaban subestimados, elevando el ingreso declarado de los hogares sin que necesariamente haya habido una mejora equivalente en su poder adquisitivo real.

A esto se suma una dinámica atípica en los ingresos informales. Los salarios de trabajadores no registrados muestran una suba real significativa —del 25,5% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025— que no se condice con el contexto de enfriamiento del mercado laboral. Esta ruptura con patrones históricos sugiere que parte de la mejora responde a cambios estadísticos más que a una recuperación genuina del empleo o los ingresos.

Otro punto clave es la medición de la Canasta Básica Total. Distintos análisis advierten que su actualización subestima el peso creciente de servicios y transporte en el gasto de los hogares. Dado que estos rubros aumentaron por encima de los alimentos, la línea de pobreza podría estar quedando por debajo del costo real de vida, lo que eleva artificialmente la cantidad de personas que aparecen fuera de la pobreza.

Más allá de estos reparos, hay factores económicos que explican la baja del indicador. La inflación de alimentos mostró cierta desaceleración en la segunda mitad del año, con un promedio mensual del 2,2%, mientras que las líneas de pobreza e indigencia registraron caídas en términos reales. A su vez, algunos indicadores salariales, como el RIPTE, exhibieron una mejora interanual del 6,6%.

Pero este escenario convive con señales preocupantes. Los ingresos más sensibles sufrieron un fuerte deterioro: la Tarjeta Alimentar cayó 16,1% en términos reales, los planes sociales retrocedieron 10,5% —en gran parte por el congelamiento de sus montos— y la jubilación mínima con bono perdió 3,4% de poder adquisitivo. Es decir, mientras el promedio mejora, los sectores más vulnerables pierden capacidad de consumo.

En el mercado laboral formal, la situación tampoco termina de consolidarse. Si bien la mediana salarial llegó a cubrir casi la totalidad de la Canasta Básica en junio de 2025, hacia fin de año volvió a retroceder, cerrando en torno al 94%. Esto implica que una parte significativa de los trabajadores registrados sigue sin alcanzar el ingreso necesario para cubrir el costo de vida, consolidando el fenómeno de los “trabajadores pobres”.

De cara a 2026, el panorama presenta riesgos claros. La inflación de alimentos volvió a acelerarse en los primeros meses del año, con registros cercanos al 4% mensual, lo que presiona nuevamente sobre las canastas básicas. Al mismo tiempo, el salario mínimo, los programas sociales y las jubilaciones continúan perdiendo poder adquisitivo en un contexto de ingresos congelados o rezagados.

En este marco, la baja de la pobreza en 2025 aparece como un dato relevante, pero no necesariamente estructural. Más bien refleja una combinación de factores estadísticos y económicos que podrían revertirse si no se consolida una recuperación real del ingreso.

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Alerta en el sistema de innovación: cae el empleo privado en I+D tras dos décadas de crecimiento

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La Argentina enfrenta una señal de alarma en su ecosistema de innovación. Por primera vez en más de veinte años, el empleo en investigación y desarrollo (I+D) en el sector privado registró una caída, en un contexto de baja inversión estructural y creciente rezago frente a economías comparables.

Según un informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), durante 2025 el empleo registrado en I+D privado retrocedió 3,1%, marcando la primera contracción desde la crisis de 2002. El dato resulta particularmente significativo si se considera que entre 2019 y 2023 la nómina había crecido 36,5%, impulsada por el dinamismo del sector tecnológico.

Un freno tras el boom tecnológico

El informe identifica un punto de inflexión en el segundo trimestre de 2024, cuando el crecimiento del empleo en I+D comenzó a desacelerarse hasta entrar en terreno negativo. Desde entonces, la recuperación es “tímida” y no logra compensar cinco trimestres consecutivos de caída.

En términos estructurales, el peso del empleo en investigación dentro del sector tecnológico también se reduce: pasó de representar el 10% en 2003 al 6,5% actual, lo que evidencia un crecimiento más orientado a servicios que a innovación.

Inversión mínima y brecha global creciente

El principal cuello de botella es la inversión. En la Argentina, las empresas privadas destinan apenas el 0,14% del PBI a I+D, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,75%) y lejos de economías líderes.

La comparación internacional expone la magnitud del rezago:

  • Israel invierte el 6,3% del PBI en I+D (93% financiado por el sector privado)
  • Corea del Sur supera el 5,3%
  • Estados Unidos alcanza el 3,45%, con fuerte protagonismo empresarial
  • Brasil destina el 1,15% del PBI, con mayor participación privada que Argentina

Incluso frente a China, la brecha se amplió drásticamente: de invertir tres veces más que Argentina en 1998, hoy lo hace quince veces más.

Alta concentración y baja capilaridad

Otro rasgo crítico es la concentración. El 10% de las empresas explica el 87,2% del gasto en I+D, y apenas diez compañías concentran casi la mitad de la inversión total.

Además, tres sectores —farmacéutico, software y servicios de I+D— concentran tres cuartas partes del financiamiento, dejando al resto del entramado productivo prácticamente al margen de la innovación tecnológica.

Salarios en retroceso y menor incentivo

El deterioro también alcanza a los ingresos. En 2025, los salarios reales del sector se ubicaron 2,1% por debajo de 2023, y acumulan una caída de 4,6 puntos reales desde 2015.

Este fenómeno erosiona los incentivos para la formación y retención de talento, en un contexto donde la competencia internacional por perfiles técnicos es cada vez más intensa.

Paradoja exportadora: más ventas, menos saldo

El informe también detecta una dinámica contradictoria. Aunque las exportaciones de servicios basados en el conocimiento alcanzaron niveles récord, el superávit comercial del sector cayó 26% debido a un fuerte aumento de las importaciones (+139,6%).

El caso más ilustrativo es el de los servicios informáticos, que por primera vez desde 2007 registraron déficit (US$ 42 millones), tras haber tenido un superávit de US$ 518 millones en 2023.

Un problema estructural

Más allá del contexto coyuntural, el informe advierte que el problema es de larga data. En los últimos 25 años, la inversión privada en I+D en Argentina pasó de 0,10% a 0,14% del PBI, sin lograr converger hacia estándares internacionales.

El país cuenta con apenas 2,8 investigadores cada mil personas económicamente activas, menos de un tercio del promedio de la OCDE, lo que refleja una masa crítica insuficiente para sostener un sistema de innovación robusto.

Señal de alerta para el modelo productivo

El retroceso del empleo privado en I+D no solo impacta en el sistema científico, sino que pone en cuestión la capacidad del país para generar valor agregado, escalar en cadenas globales y sostener exportaciones de alto contenido tecnológico.

En un escenario global donde la innovación es el principal motor de competitividad, la Argentina enfrenta el desafío de revertir una tendencia que, de consolidarse, puede profundizar su rezago estructural.

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La obsolescencia tecnológica ahoga sin pausa a los aserraderos del NEA

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Por Aldo Grasso, Asora. Para comprender la crisis de sustentabilidad que atraviesa el subsector maderero PYME en la actualidad, es imperativo analizar la evolución de su matriz tecnológica desde la década de los 80. En aquel entonces, la aparición de los primeros raleos de pino de bajo diámetro obligó a una industria acostumbrada a la madera nativa ‒con sus pesados carros y grandes sierras sin fin‒ a buscar soluciones en la tecnología brasileña de marcas como Schiffer, Langer o Danbros.

Si bien ese parque industrial fue apropiado para su momento, hay un punto de inflexión crítico a mediados de los 90: mientras el mundo avanzaba hacia el aserrado de alta producción, la industria argentina optó por priorizar la inversión en remanufactura (Finger Joint, molduras y blanks) atraída por los mercados de exportación. Esta decisión, aunque generó valor agregado, dejó una cuenta pendiente en la primera transformación que hoy, treinta años después, se traduce en una brecha de eficiencia difícil de sostener ante la competencia regional.

Del aserrío convencional al Chipper Canter: la revolución que no llegó a las PYMES locales

El hito que marcó la diferencia a nivel global ocurrió en la feria Ligna de Hannover en 1993, cuando se presentaron los primeros aserraderos compactos perfiladores. Esta tecnología, basada en el Chipper Canter o perfilador, permite transformar un rollizo cilíndrico en un canto prismático de forma automatizada y continua, optimizando el rendimiento volumétrico mediante escaneo 3D (láser y rayos X) y software de optimización en tiempo real.

A diferencia de nuestras plantas, que mayoritariamente conservan sierras sin fin con clasificación mecánica y visual, los sistemas de flujo continuo integran el descortezado, el perfilado y las sierras múltiples en una sola línea de alta velocidad. Marcas líderes como Westardite o Linck nunca llegaron a establecerse con fuerza en el país, lo que impidió que el núcleo mayoritario de las PYMES se subiera al “tren de la modernidad”, perdiendo la oportunidad de alcanzar los estándares de homogeneidad dimensional y confiabilidad mecánica que exige el mercado actual.

Los devastadores números de la brecha entre Argentina y sus vecinos

Cuando se realiza un análisis comparativo o benchmark sobre la adopción de tecnologías como la optimización en tiempo real y la automatización integral, los resultados para Argentina son preocupantes frente a sus vecinos directos. Mientras que Chile presenta un nivel de adopción “muy alto” y Brasil y Uruguay se sitúan en un nivel “medio”, Argentina permanece en un nivel “bajo” en casi todos los indicadores de modernización.

Esta disparidad tecnológica tiene un impacto directo y brutal en los indicadores de eficiencia: mientras un aserradero local aún ronda rendimientos del 37% al 38%, las plantas tecnificadas de la región alcanzan entre el 55% y el 65%. Del mismo modo, la productividad por hora-hombre en los países vecinos triplica los valores locales, sumado a una mayor disponibilidad operativa que permite trabajar en múltiples turnos con menores paradas técnicas. No se trata solo de un problema de máquinas; es una pérdida sistémica de competitividad frente a países que procesan el mismo recurso forestal con estándares de calidad y costos significativamente superiores.

El nudo gordiano: obsolescencia estructural y el camino a la sustentabilidad

El problema central que enfrentan los aserraderos del NEA es una obsolescencia de carácter estructural que pone en jaque la sustentabilidad misma de la empresa maderera argentina. El sector compite hoy en un mercado global donde la eficiencia no es opcional. La propuesta es tan clara como desafiante: para avanzar, se requiere reconocer que el modelo basado en sierras sin fin y bajo nivel de automatización ha llegado a su límite operativo. Para el corto y mediano plazo, el futuro depende de cerrar esta brecha de rendimiento y productividad mediante la incorporación de robótica y sistemas de escaneo, permitiendo que las PYMES alcancen los niveles de eficiencia de sus competidores internacionales.

En un contexto de país con la economía parada, sin créditos para la actividad productiva y sin política industrial, el riesgo se transforma en agonía. Más aún cuando en el horizonte de la forestoindustria se recorta otro problema: su ineficiente integración vertical.

Ante tamaño panorama, ¿hay salida? La clave para desatar este nudo asfixiante está, en gran parte, en la resiliencia de la industria nacional. Es decir, en esa capacidad de las PyMEs para estirar el tiempo mientras se buscan soluciones y se espera un cambio de contexto. De no mediar una reconversión tecnológica profunda, el riesgo de quedar fuera de los estándares de calidad global es inminente. El tiempo sigue corriendo…

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Redes sociales nocivas para la salud

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Por Katrin Bennhold. Cecilia Kang, quien cubre temas de regulación de tecnología para el New York Times, anticipó lo que podría cambiar a raíz del juicio a Meta. ¿Podría el fallo sobre las redes sociales seguir el camino de los casos históricos de hace unas décadas contra las grandes tabacaleras? ¿Les llegó a las grandes empresas tecnológicas el equivalente al caso de las grandes tabacaleras?

“Es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero es lo más cerca que hemos estado de ver una verdadera rendición de cuentas por parte de estas empresas de redes sociales.

Las grandes tabacaleras fueron objeto de escrutinio durante décadas, antes de que se reconociera universalmente que fumar hace daño. Así que la pregunta es: ¿empezarán los consumidores a alejarse de las redes sociales como lo hicieron de los cigarros?

Eso resulta muy inquietante para estas poderosísimas empresas tecnológicas. En esencia, han operado prácticamente sin regulación en Estados Unidos y han tenido muchísimo margen para desarrollar sus productos sin casi ninguna supervisión”.

Ya ha habido demandas contra empresas tecnológicas antes. ¿Qué cambió esta vez?

Lo que argumentan los abogados y los demandantes en estos casos es que la tecnología es perjudicial para las personas, igual que el tabaco, igual que los opioides.

Dicen que las empresas tecnológicas han creado plataformas adictivas. Herramientas como el desplazamiento infinito por la pantalla y las recomendaciones algorítmicas hacen que los usuarios quieran volver a por más y más, sobre todo los usuarios jóvenes, cuyos cerebros aún se están desarrollando y son susceptibles a este tipo de trucos técnicos.

Es una estrategia legal nueva e inteligente, porque sortea este poderoso escudo legal tras el que las empresas tecnológicas han podido esconderse durante tres décadas.

Háblame de ese escudo.

Ese escudo legal es una ley llamada Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. Básicamente se trata de una protección de la libertad de expresión que establece que las empresas de internet no pueden ser consideradas responsables de lo que publiquen sus usuarios. Así que Meta puede decir: “Bueno, alguien dijo algo increíblemente difamatorio en Facebook, pero no puedes demandarnos. Solo puedes demandar a la persona que lo publicó”.

Pero lo que estamos viendo en estas demandas sobre la adicción a las redes sociales es que eluden el argumento de la libertad de expresión al decir: en realidad no nos preocupa la libertad de expresión. Nos preocupa la manera en que ustedes diseñaron sus plataformas para que sean perjudiciales y adictivas.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, fue llamado a declarar ante un tribunal de Los Ángeles en febrero. Mark Abramson para The New York Times

Meta y YouTube quieren apelar. ¿Qué probabilidades hay de que ganen?

No es imposible. La decisión de la semana pasada fue tomada por un jurado, es decir, personas comunes que simpatizaban con los argumentos de la demandante. Sin embargo, muchos expertos jurídicos dicen que un juez del tribunal de apelación podría ser más receptivo al argumento de las empresas de redes sociales: somos plataformas de expresión, deberían proteger la libertad de expresión.

La conclusión es que harán falta varios veredictos contra empresas tecnológicas antes de que tengamos un precedente legal infalible.

¿El veredicto de la semana pasada dará lugar a más demandas?

Definitivamente. Ya se han presentado más de 2000 casos. Y cuantos más casos se ganen, más crecerá la avalancha.

Tal vez los 6 millones de dólares que se otorgaron a una demandante la semana pasada no sean gran cosa para Meta y YouTube. Pero es suficiente para cambiar la vida de una persona. Además, la gente cree que esto es lo correcto, plantear un argumento legal completamente nuevo contra las empresas tecnológicas y hacerlas responsables.

Las batallas legales podrían durar años, ¿pero es posible que ya estemos viendo un cambio en la manera en que estas empresas son vistas?

No hay duda de que estos juicios afectan a la percepción que el público tiene de las redes sociales. Volviendo al tabaco, la industria tabacalera también ganó varios de sus casos. Pero en el proceso, la gente se enteró de cosas. Se dieron cuenta de que les habían mentido, de que los cigarros sí pueden provocar cáncer. Los juicios básicamente informaron a la población.

Creo que ahora estamos viendo algo parecido. Creo que a largo plazo esa es probablemente una amenaza más poderosa para las empresas de redes sociales que la amenaza legal. Lo que realmente temen es que el público diga: “Ya basta, estamos perdiendo a nuestros hijos por la adicción a las redes sociales”.

¿Cómo serían unas redes sociales más seguras para los niños? ¿Qué aspecto tendrían?

Hay cosas que las propias empresas de redes sociales podrían hacer, como desactivar las recomendaciones algorítmicas para los menores de edad.

Más allá de eso, se pueden prohibir para los menores de cierta edad. Se pueden prohibir en las escuelas. Se puede limitar el tipo de aplicaciones que se pueden descargar en los teléfonos.

¿Cuánto de esto está ocurriendo ya?

Australia ya implementó una prohibición de redes sociales para menores de 16 años, y otros países se encuentran en distintas etapas de considerar o aplicar restricciones por edad: Francia, España, Malasia e Indonesia. Estos son casos de estudio realmente interesantes.

Volviendo a la comparación con el tabaco, existen restricciones de edad para el consumo de tabaco. Y ahora se habla de incluir una advertencia en las redes sociales, similar a la de los paquetes de cigarros.

Información relacionada: El gobierno de Indonesia citó a representantes de Google y Meta, con el argumento de que las empresas no han cumplido una nueva ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a redes sociales.

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