Sturzenegger cerró la puerta a cualquier cambio en la desregulación de la yerba mate
Después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. El ministro de Desregulación ratificó cada que la desregulación del mercado yerbatero seguirá vigente, a pesar de los planteos de la Provincia de Misiones y las quejas de los productores y cooperativas por el derrumbe del precio de la materia prima. Nada lo conmovió. La pregunta que sobrevoló el final de la reunión fue para qué fueron convocados si no iban a atender los argumentos en contra.
Sturzenegger escuchó los planteos de todos los sectores que integran la cadena, pero dejó una definición que terminó de despejar cualquier expectativa: no habrá regreso al esquema de regulación del precio de la hoja verde ni recuperación de las facultades que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate.
La conclusión política fue inmediata. Mientras la industria molinera y la representación de Corrientes defendieron la continuidad de la desregulación, Misiones, productores, cooperativas, trabajadores rurales y secaderos coincidieron en describir un escenario de crisis provocado por la pérdida del poder regulador del INYM.
La cumbre terminó exhibiendo una cadena completamente dividida y un Gobierno nacional convencido de sostener el actual modelo.
Según relataron los participantes, Sturzenegger sostuvo que el camino para fortalecer la actividad consiste en incrementar las ventas y expandir los mercados, algo que no está sucediendo en la práctica: el consumo interno está cayendo y el externo entró en una meseta.
Su argumento se basa en el “efecto derrame”, según el cuál un mayor volumen comercial terminará beneficiando a toda la cadena, incluido el productor primario, sin necesidad de establecer precios mínimos ni mecanismos de intervención estatal.
La lógica es la misma que el Gobierno viene defendiendo desde el inicio de la gestión: eliminar regulaciones para permitir que el mercado asigne recursos y precios.
Sin embargo, esa visión chocó de frente con los planteos realizados por la mayoría de los representantes de la producción.
Uno de los discursos más duros fue el del representante de Misiones en el Directorio del INYM, Ricardo Maciel.
El funcionario aseguró que llegó al encuentro con pocas expectativas, pero salió “con una enorme desilusión y bronca”.
Maciel sostuvo que la eliminación de las facultades del INYM dejó a los productores sin herramientas para negociar frente a un mercado altamente concentrado.
“No existe un precio de mercado. Existe una imposición de precios por parte de un pequeño grupo de industrias”, planteó durante la reunión.
También recordó que antes del DNU el precio no era fijado arbitrariamente por el Estado, sino que surgía de acuerdos entre los distintos sectores privados y, cuando no existía consenso, la Nación actuaba como árbitro.
Ese mecanismo desapareció sin ser reemplazado por ninguna otra herramienta.
Para Maciel, el resultado fue una gigantesca transferencia de ingresos desde el productor hacia los eslabones superiores de la cadena.
La misma preocupación fue compartida por representantes de productores, cooperativas, secaderos y trabajadores rurales.
El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, fue incluso más contundente al cuestionar la decisión del Gobierno nacional.
“Escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera indigna”, sostuvo.
Y agregó: “Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y trabajadores rurales que hoy no llegan a cubrir sus costos. No están modernizando la economía: están dejando morir una de las economías regionales más importantes del país”.
Su declaración sintetiza la posición que sostiene el Gobierno misionero desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023: la desregulación eliminó el único contrapeso institucional frente al poder de negociación de los grandes compradores.
Dos modelos económicos
La reunión dejó expuestos dos diagnósticos completamente diferentes.
Por un lado, el Gobierno nacional y buena parte de la industria consideran que la desregulación permitirá ganar competitividad mediante una mayor expansión comercial.
Por el otro, los representantes de la producción primaria sostienen que el mercado yerbatero presenta una estructura oligopsónica -con miles de vendedores y muy pocos compradores- que impide una verdadera formación libre de precios.
Esa diferencia conceptual fue desarrollada en el documento presentado por el representante de los productores en el Directorio del INYM, Roberto Ferreyra, quien argumentó que la eliminación de las facultades regulatorias no generó más competencia, sino una mayor concentración económica y una transferencia de renta hacia los actores con mayor poder de mercado.
El informe sostiene que, tras más de dos años de vigencia del DNU, el precio de la hoja verde cayó hasta niveles inferiores a los costos de producción, mientras la reducción no se trasladó en igual magnitud al consumidor final. También señala una fuerte caída de la cosecha, menor consumo interno y debilitamiento institucional del INYM.
La posición no fue unánime. Durante la reunión, los representantes industriales y la provincia de Corrientes respaldaron la continuidad de la desregulación y sostuvieron que el mercado debe seguir funcionando sin intervención estatal en la fijación de precios.
Ese respaldo terminó reforzando la decisión política del Gobierno nacional de no revisar el esquema vigente.
Más allá del intercambio técnico, la reunión dejó un mensaje político contundente.
El Ministerio de Desregulación no abrirá la discusión sobre la restitución de las facultades que perdió el INYM ni impulsará mecanismos de concertación para fijar precios mínimos.
La frase con la que varios participantes resumieron el encuentro fue elocuente. “Nos dijeron, en una palabra, arréglense como puedan”.
Para Misiones, el resultado significa que la estrategia para recuperar herramientas regulatorias seguirá dependiendo de la vía judicial, de proyectos legislativos impulsados en el Congreso y de la presión política de las entidades de productores.
