Estos datos muestran que los hogares de mayores ingresos tienen una conformación educativa y laboral marcadamente diferente a la de los pobres. En las familias de mayores ingresos, los responsables por la manutención del hogar se caracterizan por tener más educación, lo que les facilita la inserción laboral y el acceso a puestos de trabajo decentes. Más allá de las debilidades de las que todavía adolecen las estadísticas del INDEC en materia de relevamiento de ingresos, resulta muy sugerente que a partir de estas características los hogares de mayores ingresos generen hasta 6 veces más ingresos per cápita que los hogares pobres. En otras palabras, la pobreza está esencialmente asociada a las barreras que impiden el acceso al empleo de calidad.
El crecimiento económico y la estabilidad de los precios son condiciones necesarias, pero no suficientes para superar la pobreza. Para acelerar la construcción de una sociedad más integrada se necesita además políticas acompañantes. Un punto de partida clave es descartar las recetas tradicionales como imponer aumentos de salarios de convenio por encima de los aumentos de la productividad o complejizar y judicializar la legislación laboral o mantener altas las cargas sociales. Estas medidas, que se aplicaron con intensidad en el último ciclo de crecimiento (2003 – 2011), en el mejor de los casos favorecen a los hogares de ingresos más altos, que ya tienen buenos empleos, pero no promueven la entrada a los empleos decentes a las familias más postergadas.
Al crecimiento y baja inflación hay que sumarle innovación en las políticas sociales. En educación, es clave que las provincias y los municipios pongan énfasis en los centros de cuidado de la primera infancia y mejoren sustantivamente la cobertura y la calidad de la educación básica. Esto comenzará a revertir los déficits educativos. En paralelo, hay que promover la generación de empleos, especialmente los orientados a jóvenes y mujeres con menos formación, a través de la modernización de las instituciones laborales. Aquí se debería contemplar mínimos no imponibles a las cargas sociales, un estatuto laboral especial para pequeñas empresas y simplificar, en general, la legislación laboral.
Una macroeconomía sana no exime de ser audaz en el diseño e implementación de las políticas sociales. Es fundamental no repetir el error de maximizar los beneficios del crecimiento entre los trabajadores formales sino en lograr el acceso de los hogares más humildes al empleo formal. El desafío es grande porque hay que ensamblar políticas de corto plazo (modernizar las instituciones laborales) con políticas de largo alcance (modernizar las instituciones educativas).
|