pobreza

La mitad del país se percibe clase baja y casi 9 de cada 10 asegura que su salario no le gana a la inflación

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El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de junio confirma que el malestar económico ya no es sólo una percepción difusa, sino un dato estructural con anclaje directo en el bolsillo: el 50,2% de los argentinos se autopercibe de clase baja, el 86,1% asegura que su salario no le está ganando a la inflación, y el 61% llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes.

La autopercepción de clase social confirma una sociedad que se ubica mayoritariamente en la base de la pirámide: el 50,2% se define como clase baja, contra apenas un 10,5% que se reconoce en la clase alta; el resto —cerca de cuatro de cada diez— se percibe de clase media. Esta fotografía no es un dato subjetivo aislado ni una simple etiqueta de autopercepción. A diferencia de otras mediciones donde la clase social es sólo una variable descriptiva, en este informe se convierte en la clave explicativa de todo lo demás: cuando se la cruza con la experiencia concreta del ingreso, la autopercepción se confirma número por número, y ahí es donde el diagnóstico deja de ser una sensación para volverse un patrón sistemático.
 


El primer punto de contacto entre percepción y realidad es el salario. El 86,1% de los encuestados afirma que su ingreso no le está ganando a la inflación, un nivel apenas por debajo del máximo de la serie (86,6% en abril) que confirma que, desde marzo, ese indicador se mantiene estable en una franja alta, sin señales de mejora en los últimos cuatro meses. La estabilización del dato no debería leerse como buena noticia: significa que la sociedad lleva ya un tercio de año conviviendo con la misma sensación de pérdida, sin que la desaceleración de la inflación general alcance para revertirla. Lo notable es que este malestar no es exclusivo de quienes se oponen al Gobierno: entre los propios votantes oficialistas, el 70,2% reconoce que su salario pierde contra la inflación, contra un 96,6% entre los votantes opositores. La brecha entre ambos electorados es amplia, pero lo que los separa no es si el ajuste existe —lo sienten los dos, incluso los que respaldan al Presidente— sino cómo se lo interpreta: como costo de una transición todavía en curso para unos, como prueba de un fracaso para otros.
 


Esa pérdida de poder adquisitivo tiene, además, una fecha concreta en el calendario, y es ahí donde el informe encuentra su dato más contundente. El 61% de los encuestados llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes, y sólo el 13% llega a fin de mes y logra ahorrar. Es en este punto donde la autopercepción de clase deja de ser una etiqueta y se convierte en el eje explicativo de todo el informe: entre los sectores de clase alta, apenas el 11,8% se queda sin ingresos antes del día 20; entre la clase media, esa cifra trepa al 43%; y entre la clase baja llega al 86,1% —el mismo número que, a nivel país, dice perder contra la inflación—.
 

La coincidencia entre ambos indicadores no es casual: describe, desde dos preguntas distintas del estudio, exactamente el mismo fenómeno. Para la mitad de la Argentina que se percibe pobre, quedarse sin salario antes de fin de mes dejó de ser la excepción para convertirse en la norma con la que se convive todos los meses, un ritmo que se repite de manera casi mecánica cada treinta días.

Ese mismo patrón de clase se repite cuando se mide la confianza en el termómetro oficial de los precios, lo que sugiere que no se trata de un fenómeno aislado al ingreso, sino de una desconfianza más amplia hacia el relato de la estabilización económica. A nivel país, el 68,8% considera que el índice de inflación del INDEC no refleja la variación de precios que percibe en su vida diaria; entre los sectores de clase baja esa desconfianza es sensiblemente mayor, unos 15 puntos por encima del promedio nacional, rozando el 84%.

Cuanto más ajustado está el bolsillo, menos crédito se le da al dato oficial: quien vive al límite del día 20 tiene, lógicamente, menos margen para creer que los precios subieron sólo lo que dice el organismo estadístico. Y esa misma lógica se proyecta hacia el futuro: el 55,1% de los encuestados cree que “lo peor está por venir” en materia económica, contra apenas un 24% que considera que lo peor ya pasó, con el pesimismo otra vez más marcado entre los sectores de clase baja.

 


La brecha se agranda todavía más si se mira por identidad política: entre los votantes de Milei en 2025, el 55,4% cree que lo peor ya pasó; entre los votantes de la oposición, sólo el 3,4% piensa lo mismo. Es, junto con la fecha en la que se acaba la plata, una de las divisiones más nítidas de todo el estudio: la misma economía, leída como el final de un ajuste necesario por unos y como un fracaso sin salida por otros, según de qué lado de la grieta electoral —y, cada vez más, de qué lado de la pirámide social— se la mire.

Ese cuadro de ajuste generalizado también ordena la agenda de preocupaciones y ayuda a explicar por qué la corrupción, y no la economía, es hoy la palabra que más rápido asocian los argentinos con los problemas del país. Cuando se pregunta, sin opciones cerradas, cuál es en una sola palabra el principal problema de Argentina, corrupción es la respuesta más repetida y Milei aparece en segundo lugar, por delante de economía: el diagnóstico social ya no se agota en una categoría abstracta, se personaliza tanto en una causa estructural como en una figura de gobierno concreta. La pregunta cerrada de preocupaciones lo confirma: corrupción lidera con el 51,3%, apenas por delante de ingresos/salario (48,2%) y de la incertidumbre económica (37,1%). Que la corrupción encabece la respuesta espontánea es la forma en que una sociedad que vive el ajuste en el cuerpo canaliza ese malestar hacia una explicación moral y política, antes que estrictamente económica.
 

Imagen del Gobierno en este contexto


Frente a este cuadro económico, el dato político de junio llama la atención por contraste. La desaprobación a la gestión de Javier Milei, que venía en ascenso sostenido desde marzo hasta tocar un pico del 61,2% en mayo, retrocedió en junio al 56,6%, cortando por primera vez en cuatro meses la racha negativa; la aprobación, en el mismo lapso, pasó del 32,2% al 33,2%. Es un freno acotado y todavía dentro de lo que puede leerse como estabilización más que como reversión de tendencia, pero contrasta con la dureza del resto de los indicadores: el malestar económico no cede en ninguno de los planos relevados —ni en el salario, ni en el calendario del bolsillo, ni en la confianza hacia el futuro— y, sin embargo, ese malestar dejó de traducirse en más desaprobación para el Gobierno nacional.

Una lectura posible es que ese freno no responda todavía a una mejora real en la percepción económica, sino a que buena parte de la sociedad ya “descontó” el ajuste como parte del paisaje: cuando el deterioro se estabiliza en un piso alto durante varios meses seguidos, como ocurre con el 86,1% de los salarios perdiendo contra la inflación, deja de operar como sorpresa negativa capaz de erosionar más la imagen presidencial.
 


El freno en la desaprobación de la gestión, sin embargo, no implica que la erosión de imagen haya quedado atrás. El desgaste es un fenómeno que atraviesa a casi toda la dirigencia medida: de las cuatro figuras del informe, tres tienen balance neto de imagen negativo en junio —Milei (-22,4 pp), Kicillof (-13,8 pp) y Bullrich (-13,3 pp) —, y sólo Myriam Bregman muestra un balance positivo (+3,8 pp), con la mejor imagen positiva del grupo (44,1%). Más que una debilidad puntual del oficialismo, el dato sugiere un humor social crítico con la dirigencia política en general, donde ningún referente logra, por ahora, capitalizar de forma sólida el malestar económico que describe el resto de este informe.
 


Cuando se analiza por tipo de votante, tanto en 2023 como en 2025, el crecimiento de Bregman parece estar capitalizando, al menos en parte, a un electorado que no encuentra representación plena ni en el kirchnerismo ni en el peronismo más tradicional. Ambos espacios, absorbidos por sus disputas internas, no logran generar un debate de propuestas que interpele a una sociedad que reclama alternativas. Ese vacío es el que el espacio de Bregman parece estar ocupando.

En un contexto donde gran parte de la sociedad no logra recomponer sus ingresos y convive con el ajuste —ya sea aceptándolo como condición necesaria para una mejora futura, o rechazándolo como un fracaso de modelo—, lo que no aparece con claridad es una oposición que le hable a ese malestar, que genere propuestas y plantee un horizonte alternativo. En la práctica, Milei enfrenta una oposición más ocupada en sus conflictos internos que en capitalizar los errores del Gobierno. Eso le despeja el escenario a oficialismo.

Con los recientes cambios en el gabinete —la salida de Adorni y el ingreso de perfiles más dialoguistas—, si la economía cotidiana comienza a mejorar, el año 2027 podría ser relativamente tranquilo para un gobierno que ya logró estabilizar la macro y que tiene pendiente estabilizar la micro. Si lo consigue, y considerando la ausencia de figuras opositoras con peso propio —incluyendo la del centroderecha, como el PRO, que podría plantearle una interna competitiva—, la reelección empieza a ser un escenario plausible. La condición, en todo caso, sigue siendo la misma: que la mejora llegue a los ingresos y al día a día de las familias.

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Ravier admitió que la recuperación aún no alcanza a todos, pero defendió el rumbo económico del Gobierno

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que la mejora macroeconómica impulsada por el Gobierno todavía no se traduce de manera homogénea en la realidad cotidiana de los argentinos. Durante una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario admitió que existen sectores que continúan atravesando dificultades, aunque ratificó que la administración de Javier Milei mantendrá sin cambios el programa de estabilización económica y las reformas estructurales.

“Yo también escucho en mi entorno que hay personas que no están bien y es una realidad”, afirmó Ravier, en una de las definiciones más autocríticas desde que asumió como portavoz presidencial. Sin embargo, sostuvo que el país “no está todavía donde quiere estar” y que el camino elegido sigue siendo el correcto para consolidar el crecimiento de largo plazo.

El vocero vinculó la recuperación económica con el ordenamiento macroeconómico, la estabilidad monetaria y el proceso de desregulación impulsado por el Ejecutivo. Según explicó, la estrategia apunta a reducir el peso del Estado sobre la actividad privada para favorecer la inversión, el incremento de las exportaciones y una expansión sostenida del empleo y la producción.

En ese contexto, defendió los resultados obtenidos en los primeros dos años y medio de gestión. Señaló que, respecto de diciembre de 2023, “la Argentina ya es otra” y aseguró que numerosos indicadores económicos muestran una mejora significativa. No obstante, reconoció que esos avances todavía no son percibidos por todos los sectores sociales y económicos.

“Está claro que no todo el mundo siente que está bien. Nos encantaría que esa sensación fuera generalizada, pero todavía falta”, sostuvo el economista, quien remarcó que los procesos de estabilización suelen requerir plazos más extensos para reflejarse plenamente en los ingresos y el bienestar de la población.

Ravier también destacó el papel que, según el Gobierno, comenzará a desempeñar el interior del país en la nueva etapa de crecimiento. En ese sentido, mencionó a provincias como Neuquén, Catamarca y San Juan como ejemplos de jurisdicciones donde las inversiones comienzan a dinamizar la actividad económica, impulsadas principalmente por proyectos vinculados a energía y minería.

En paralelo, el vocero puso como ejemplo del nuevo esquema de desarrollo la inversión anunciada por la estadounidense Meitner Energy, perteneciente al Ansari Group, que destinará unos 1.200 millones de dólares para construir un reactor nuclear privado en Argentina. Desde la Casa Rosada califican la iniciativa como la mayor inversión privada de la historia del sector nuclear nacional y la presentan como el primer proyecto enmarcado en el denominado “Súper RIGI”.

Según Ravier, este tipo de desembolsos reflejan la confianza que comienza a generar el nuevo marco regulatorio. “Será la cuarta central nuclear del país y la primera desarrollada íntegramente con inversión privada, lo que implica mayor seguridad energética sin costo para el Estado”, afirmó.

Durante la conferencia también surgieron cuestionamientos de periodistas acreditados respecto de las restricciones para circular libremente dentro de Casa Rosada. El funcionario respondió que el tema se encuentra bajo evaluación, aunque defendió las actuales limitaciones por razones de seguridad.

En el plano político, el vocero proyectó que la consolidación del programa económico requerirá continuidad institucional. En ese sentido, manifestó su expectativa de que el presidente Javier Milei obtenga la reelección en 2027 para profundizar el proceso de estabilización, la desregulación y las reformas orientadas a atraer inversiones.

La declaración deja al descubierto una estrategia comunicacional que busca combinar una defensa firme del rumbo económico con un reconocimiento explícito de las dificultades que aún enfrentan numerosos hogares. Mientras el Gobierno sostiene que los principales indicadores macroeconómicos muestran una recuperación, admite que el desafío inmediato pasa por trasladar esa mejora al bolsillo de una mayor parte de la población y consolidar el crecimiento en las economías regionales y el interior del país.

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Ingresos: hay argentinos que viven con sólo 8 dólares por día

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Mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una persona dispone en promedio de 25 dólares por día, en provincias del norte argentino como La Rioja, Chaco o Formosa ese ingreso no llega a los 9 dólares diarios. La diferencia, superior a tres veces, refleja con crudeza la desigualdad territorial que persiste en el país y cómo el promedio nacional suele esconder realidades profundamente distintas.

Un informe de la consultora Focus Market reveló que el ingreso individual promedio en Argentina asciende a 671,08 dólares medido al tipo de cambio oficial. Esa cifra ubica al país por encima de Bolivia (607,81 dólares), Paraguay (598,40 dólares) y Brasil (620 dólares), aunque todavía lejos de Uruguay (1.273 dólares) y Chile (1.518 dólares). Sin embargo, el verdadero problema aparece cuando se observa cómo se distribuyen esos ingresos dentro del territorio argentino.

“El ingreso total individual refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona, independientemente de su origen. Sueldos, jubilaciones, rentas, transferencias sociales y otras percepciones monetarias conforman este indicador”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora.

Según el relevamiento, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el ranking con un ingreso per cápita familiar de 762,34 dólares mensuales, seguida por Tierra del Fuego con 635,52 dólares y Neuquén con 610,75 dólares. En el otro extremo aparecen La Rioja con 247,20 dólares, Chaco con 255,74 dólares y Formosa con 266,65 dólares. Esto implica que una persona en CABA percibe más del doble que alguien que vive en La Rioja.

Traducido a la vida cotidiana, la diferencia resulta todavía más evidente. En CABA, un día de trabajo permite comprar un kilo y tres cuartos de bifes, un kilo y medio de helado o catorce empanadas. En cambio, en La Rioja apenas alcanza para medio kilo de bifes, medio kilo de helado o cinco empanadas. En Chaco y Formosa el panorama es similar.

El informe también pone el foco en la brecha entre trabajadores formales e informales. En provincias como Santa Cruz, Chaco y San Luis, un trabajador informal percibe menos de la mitad de lo que gana uno formal. Santa Cruz presenta la mayor brecha del país con 67,3%, seguida por Chaco con 63,9% y San Luis con 62,7%. En contraste, Tierra del Fuego exhibe la menor diferencia con 31,6%, seguida por La Rioja con 42,5% y CABA con 42,6%.

Para Di Pace, estas desigualdades no son inevitables. “Reducir la informalidad laboral es una de las palancas más poderosas disponibles. Un trabajador que accede al sistema formal no solo mejora sus ingresos inmediatos, sino que construye derechos, previsibilidad y acceso al crédito”, sostuvo.

El especialista advirtió que mientras persistan diferencias de tres a uno en los ingresos diarios entre provincias y brechas superiores al 60% entre trabajadores formales e informales, cualquier discurso sobre recuperación económica seguirá siendo parcial. “Estabilidad, inversión y formalización son las tres condiciones necesarias para que el crecimiento se traduzca en mejoras reales y sostenidas para el conjunto de la población”, concluyó.

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El INDEC revela que criar a un hijo ya supera los $500.000 mensuales y presiona sobre el ingreso familiar

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El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a registrar un salto en marzo y superó el medio millón de pesos en todos los tramos etarios, según datos oficiales del INDEC. El informe indica que mantener a un menor de 1 año demandó $515.236 mensuales, mientras que para niños de entre 6 y 12 años el gasto ascendió a $676.431.

La actualización se conoce en un contexto de inflación mensual del 3,4% y acumulada del 9,4% en el primer trimestre de 2026, lo que reaviva el debate sobre el poder adquisitivo y la sostenibilidad económica de los hogares, especialmente en sectores medios y trabajadores formales.

Cómo se compone el costo de criar

La medición oficial incorpora dos dimensiones: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes; por otro, el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

En términos concretos, los valores informados para marzo fueron:

  • Menores de 1 año: $515.236
  • Niños de 1 a 3 años: $616.046
  • Niños de 4 a 5 años: $538.587
  • Niños de 6 a 12 años: $676.431

El componente de bienes y servicios se calcula en base a la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, transporte, educación, salud, vestimenta y vivienda. A eso se suma el costo del cuidado, estimado a partir del tiempo requerido según cada edad y valorizado con el salario de referencia del personal de casas particulares.

Qué cambia en la dinámica económica familiar

El dato central no es solo el monto, sino su velocidad de actualización frente a ingresos que, según distintas mediciones oficiales, avanzan con rezagos o en línea inferior a la inflación en algunos sectores.

La canasta de crianza funciona como un indicador indirecto del costo de reproducción social de los hogares. En ese sentido, el hecho de que todos los tramos etarios superen el medio millón de pesos mensuales marca un piso elevado de gasto estructural para las familias.

Además, el peso del componente de cuidado introduce una variable clave: no todo el costo es monetario directo, pero sí representa tiempo de trabajo que, en muchos casos, limita la generación de ingresos adicionales.

Entre la macro y la economía real

El informe del INDEC se inscribe en un escenario donde el Gobierno sostiene el orden macroeconómico como eje de gestión, mientras los indicadores de consumo y capacidad de gasto siguen bajo presión.

La evolución de la canasta de crianza expone una tensión estructural: el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria conviven con un nivel de costos de vida que condiciona la economía cotidiana.

En ese marco, los hogares —especialmente aquellos con niños— quedan en el centro de la ecuación, con menor margen para absorber aumentos sostenidos en servicios, alimentos y gastos asociados al desarrollo infantil.

Impacto económico concreto

El aumento de la canasta de crianza impacta directamente en: La planificación del consumo familiar. La capacidad de ahorro. La demanda de crédito para gastos corrientes. Y la participación laboral, especialmente en tareas de cuidado

También condiciona decisiones de mediano plazo, como ampliación del hogar o inversión en educación.

Presión extendida en economías del NEA

Si bien la medición se basa en valores del Gran Buenos Aires, el impacto es extrapolable a provincias como Misiones, donde las economías regionales enfrentan ingresos más ajustados y mayores costos logísticos.

En estos contextos, el peso relativo de la canasta de crianza sobre el ingreso puede ser incluso mayor, lo que profundiza las restricciones al consumo y al desarrollo económico local.

Hacia adelante, la evolución de este indicador dependerá de dos variables clave: la dinámica inflacionaria y la recuperación —o no— de los ingresos reales.

Si los costos continúan creciendo por encima de los salarios, la presión sobre los hogares podría intensificarse. Por el contrario, una convergencia entre ingresos y precios podría aliviar parcialmente el impacto.

En ese equilibrio se juega no solo el bienestar familiar, sino también la capacidad de sostener el consumo interno como motor de actividad.

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El INDEC informó subas de hasta 2,6% en canastas básicas en marzo y marca presión sobre el poder adquisitivo

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los datos de marzo de 2026 sobre las canastas básicas alimentaria y total, que registraron subas del 2,2% y 2,6% respectivamente respecto de febrero. En términos interanuales, los incrementos alcanzaron el 32,8% en alimentos y el 30,4% en la canasta total, consolidando un escenario de presión sostenida sobre los ingresos de los hogares.

El dato se conoce en un momento clave para la política económica, donde el Gobierno busca consolidar la desaceleración de la inflación, pero aún enfrenta tensiones en variables sensibles como el costo de vida.

Evolución de las canastas: desaceleración con piso alto

Las cifras muestran una dinámica de aumentos mensuales moderados en comparación con períodos previos, pero con niveles acumulados que siguen siendo significativos. La canasta básica alimentaria —que define la línea de indigencia— avanzó 2,2% en marzo, mientras que la canasta básica total —que mide el umbral de pobreza— lo hizo en 2,6%.

En términos anuales, ambas mediciones reflejan subas por encima del 30%, lo que indica que, pese a la desaceleración inflacionaria, el costo de cubrir necesidades básicas continúa en niveles elevados.

Esta evolución implica que el proceso de desinflación no se traduce de forma inmediata en una mejora del poder adquisitivo, especialmente en los sectores más vulnerables.

Qué mide cada indicador y por qué importa

La canasta básica alimentaria incluye el conjunto de alimentos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales mínimos. Su variación impacta directamente en la medición de la indigencia.

Por su parte, la canasta básica total incorpora además bienes y servicios no alimentarios, como transporte, salud o educación, y se utiliza para establecer la línea de pobreza.

El comportamiento de ambos indicadores funciona como termómetro social de la economía: incluso con menor inflación general, su evolución define la capacidad real de los ingresos para sostener condiciones de vida básicas.

Tensión entre desinflación y costo social

Los datos del INDEC introducen una variable sensible en la estrategia económica del Gobierno: la brecha entre la desaceleración inflacionaria y la percepción social del costo de vida.

Mientras el programa económico apunta a estabilizar precios, la persistencia de subas en las canastas básicas condiciona la narrativa oficial y mantiene presión sobre salarios, transferencias sociales y consumo.

En este contexto, los indicadores refuerzan el desafío político de sostener el rumbo económico sin deteriorar los niveles de ingreso real, una tensión que atraviesa tanto al Gobierno como a actores empresariales y sindicales.

Consumo bajo presión

El aumento de las canastas básicas tiene efectos directos sobre el consumo. Al incrementarse el gasto destinado a bienes esenciales, se reduce el margen disponible para otros productos y servicios.

Esto puede traducirse en una reasignación del gasto de los hogares y en un comportamiento más selectivo, especialmente en sectores de ingresos medios y bajos.

En términos agregados, la dinámica impacta en la actividad económica, ya que condiciona la demanda interna, uno de los componentes clave del crecimiento.

Implicancias para Misiones y el NEA

Aunque el informe no desagrega datos por región, el comportamiento de las canastas básicas tiene implicancias directas en provincias como Misiones, donde el peso de los alimentos en el gasto familiar suele ser mayor.

En economías regionales con fuerte dependencia del consumo interno, estos incrementos pueden amplificar el efecto sobre el comercio local y la dinámica productiva.

De forma prudente, puede inferirse que la evolución de estos indicadores será clave para monitorear el impacto social del proceso de estabilización en el NEA.

Variables a seguir

Hacia adelante, el comportamiento de las canastas básicas estará condicionado por la evolución de la inflación general, los ingresos y la dinámica del consumo.

Entre las variables a observar aparecen la tendencia del índice de precios, la política salarial y la recuperación —o no— del poder adquisitivo.

El desafío central será determinar si la desaceleración inflacionaria logra traducirse en una mejora concreta en el costo de vida o si la presión sobre los hogares se mantiene en los próximos meses.

canasta_04_26 INDEC by CristianMilciades

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