Escribe Martín Pezzarini. En los últimos días, la situación política de Brasil ha sido noticia en todos los medios. En una semana, siete ministros fueron desplazados y los tres comandantes que integran la cúpula de las Fuerzas Armadas abandonaron su cargo. 

El recambio es inescindible de la crisis política que atraviesa el país vecino. En las elecciones presidenciales de 2018, Jair Bolsonaro prometía liquidar la corrupción de los partidos tradicionales, pero poco después congeló este tipo de causas y comenzó a hacer todo lo contrario. Además de proteger a sus hijos, acusados de organización criminal, desvío de fondos y lavado de dinero, Bolsonaro desarmó la Operación Lava Jato y facilitó el indulto de diversos empresarios y políticos, incluyendo al propio Lula da Silva. 

Desde entonces, ante el progresivo aislamiento político y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, el exmilitar se ha vuelto cada vez más dependiente del Centrão, un bloque de partidos que tiene mucho peso a nivel local y controla un importante número de bancas en el Congreso.

Al igual que todos los gobiernos precedentes, Bolsonaro se dispuso a negociar con este espacio no solo porque define la aprobación de las medidas que promueve, sino también porque lo sostiene en su propio cargo, toda vez que controlan la presidencia de la Cámara de Diputados, el puesto que define la tramitación de un eventual juicio político. 

Este es uno de los factores que explica los recambios que se observaron a nivel ministerial. A cambio de su apoyo, además de exigir un freno a las causas de corrupción, los partidos del Centrão piden favores y cargos en el gabinete.

En el último año, ello les ha permitido arrancarle a Bolsonaro tres ministerios y decenas de otros cargos ubicados en las segundas y terceras líneas del gabinete, el Congreso, las empresas estatales y diversos organismos púbicos. Pero hay más aún.

A fines de marzo, el presidente le entregó la Secretaría de Gobierno al Partido Liberal, una de las organizaciones más fuertes que integran el Centrão. Bolsonaro está intentado fortalecer su relación con el partido porque sabe que su apoyo no es inalterable, especialmente después de la recuperación política de Lula da Silva.

Luego de que habilitaran su candidatura, el líder del Partido de los Trabajadores ya ha expresado interés en reeditar su alianza con el Partido Liberal, la misma fórmula que lo condujo a la presidencia en el año 2002. Si no asegura este vínculo, Bolsonaro perderá el apoyo del Centrão y, tarde o temprano, su continuidad en el cargo será interrumpida.   

 Frente a este escenario, el presidente busca disciplinar sus propias filas, al tiempo que intenta construir una base más robusta en el propio aparato estatal, sobre todo entre los militares. La reciente destitución del Ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, así como el inmediato desplazamiento de toda la cúpula castrense, expresan la debilidad del actual presidente, que busca forjar un apoyo sólido y abierto dentro de las Fuerzas Armadas, una retaguardia que le garantice un sustento a su gobierno ante la posibilidad de que se profundice la crisis. Dado que los funcionarios mencionados no estaban dispuestos a ocupar este lugar, fueron desplazados. Con todo, es difícil que el presidente logre alcanzar su cometido. Si bien existe un importante número de militares integrados al gobierno, también es cierto que hay un notable reparo en ofrecerle más apoyo. En medio de la crisis económica, política y sanitaria, es probable que busquen delimitarse de la actual gestión, especialmente de la figura de Bolsonaro, cada vez más asociada a la corrupción de sus hijos, al Centrão y a la pésima gestión de la pandemia. En este sentido, el reciente nombramiento de las nuevas autoridades militares parece confirmar que el presidente no tiene una tarea fácil por delante.

Ahora bien, este intento de endurecer el régimen no es un rasgo exclusivo del gobierno brasileño.

En Bolivia se asiste a un proceso de características semejantes, aunque con algunas diferencias. Al igual que Bolsonaro, el gobierno del MAS utiliza la justicia buscando consolidar su poder. Sin embargo, en lugar de proteger a sus aliados y ordenar la amnistía de sus adversarios, la gestión de Luis Arce procede de la forma opuesta.

En efecto, pocos días antes de las últimas elecciones, se ordenó la aprehensión de Jeanine Áñez junto a cinco de sus exministros y tres miembros de la cúpula militar que recientemente habían abandonado su cargo.

Una vez más, la maniobra expresa la debilidad del gobierno presidido por el MAS, que termina recurriendo a la justicia para enviarle una señal a sus opositores. Arce y Evo Morales no buscaron castigar a la expresidenta y sus funcionarios, pues política y electoralmente tienen poco apoyo.

El verdadero propósito de la operación fue disciplinar a los disidentes dentro propio MAS y amenazar a la oposición que realmente disputar el poder, en particular, a Luis Camacho y Eva Copa.

De uno y del otro lado de la frontera, la debilidad de los gobiernos de Brasil y Bolivia intenta ser combatida mediante un endurecimiento del régimen. Las formas son distintas, pero el contenido es el mismo. 

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