La Confederación Económica de Misiones (CEM) convocó a su Asamblea General Ordinaria anual para el miércoles 11 de febrero de 2026, con el objetivo de renovar de manera parcial su Comisión Directiva. El proceso, que se desarrollará en Puerto Leoni.
La convocatoria formal, firmada por el presidente de la entidad, Guillermo Fachinello, fija el inicio del encuentro a las 11 horas en primera convocatoria y establece como sede el salón de eventos de Paraíso Lodge, ubicado en el kilómetro 1.445 de Puerto Leoni. El orden del día combina definiciones administrativas, contables y políticas, con foco en la elección de autoridades que ocupan cargos sensibles para la conducción del principal órgano de representación empresaria de la provincia.
Renovación parcial de autoridades y disputa por la conducción
El núcleo político-institucional de la asamblea se concentra en el Punto 5 del Orden del Día, que prevé la elección directa y parcial de integrantes del Consejo Directivo por vencimiento de mandatos y vacancias, conforme lo dispuesto por el artículo 22, apartado “A”, del estatuto de la CEM.
En esta instancia se renovarán cargos estratégicos que inciden de manera directa en la administración, representación y definición de la agenda gremial empresaria. Entre ellos figuran Vicepresidente Primero, Vicepresidente Tercero, Protesorero y Prosecretario, además de otros puestos del Consejo Directivo alcanzados por vencimientos de mandato.
Según lo establecido en la convocatoria, se trata de posiciones actualmente ocupadas por Víctor Saguier (Vicepresidente I), presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP); Carolina Okulovich (Vicepresidente III), presidenta de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (CETA); Dionel Kimmich (Prosecretario), presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Montecarlo (CACIM); y Alejandro Haene (Protesorero), ex presidente de la CEM y contador público especializado en PyME.
La elección se dará en un escenario donde confluyen miradas divergentes sobre el rumbo económico nacional y el posicionamiento institucional de la entidad frente a la actual coyuntura.
Balance, transparencia y funcionamiento institucional
Más allá del recambio de autoridades, la Asamblea General Ordinaria abordará una serie de puntos vinculados al funcionamiento regular y a la transparencia institucional de la Confederación. El temario incluye la lectura y consideración del acta de la asamblea anterior, la elección de dos socios para firmar el acta junto con el presidente y el secretario, y la designación de dos asambleístas como integrantes de la Comisión Escrutadora de Votos.
Uno de los momentos centrales será la consideración del Ejercicio Económico N° 72, que contempla la Memoria, el Balance General, la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Este punto suele concentrar la atención de los asociados, ya que expone el estado financiero y administrativo de la entidad y habilita eventuales observaciones o pedidos de modificación.
El orden del día también prevé la ratificación de miembros consejeros y el tratamiento de la cuota societaria, un aspecto clave para la sostenibilidad financiera de la CEM en un contexto económico complejo para el entramado productivo y comercial de Misiones.
El Ministerio de Economía resolvió reducir al 0% el aporte obligatorio que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), en el marco del régimen de promoción de la Ley 19.640. La medida, formalizada mediante la Resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, busca recomponer la ecuación económico-financiera del sector ante cambios tributarios y arancelarios que afectaron la competitividad, y tiene impacto directo sobre la inversión, el empleo y la continuidad productiva en la provincia.
La resolución fue firmada el 20 de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires por el Secretario de Coordinación de Producción, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio, y publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero de 2026.
El régimen fueguino, la prórroga hasta 2038 y el rol del FAMP
La decisión se inscribe en el entramado normativo del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, establecido por la Ley N° 19.640, cuyo objetivo original fue reafirmar la soberanía nacional mediante un esquema fiscal y aduanero especial que impulsara el desarrollo económico en la entonces jurisdicción nacional.
Ese régimen permitió la radicación de empresas industriales generadoras de empleo directo e indirecto y, con el Decreto N° 727 del 22 de octubre de 2021, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de diciembre de 2038 la vigencia de los derechos y obligaciones de las firmas con proyectos vigentes, otorgando previsibilidad a largo plazo. Como contrapartida, ese mismo decreto estableció que las empresas debían realizar aportes mensuales obligatorios equivalentes al 15% del beneficio obtenido en concepto de IVA, destinados al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP – Fueguina), creado por el Decreto N° 725/21.
El FAMP fue concebido como un fideicomiso de administración orientado a financiar proyectos productivos que ampliaran la matriz económica provincial y mejoraran la competitividad. Sin embargo, el artículo 5° del Decreto N° 727/21 ya preveía que, ante modificaciones en las condiciones tributarias o arancelarias que alteraran la competitividad, la Autoridad de Aplicación pudiera reducir el porcentaje del aporte, hasta tanto se restablecieran las condiciones originales.
Pérdida de competitividad y pedido del sector industrial
Según los considerandos de la Resolución 20/2026, las empresas que integran la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) presentaron formalmente su reclamo en el expediente administrativo, advirtiendo que la plena vigencia del Decreto N° 333 del 19 de mayo de 2025 y el conjunto de medidas de desregulación económica en curso generaron una pérdida crítica de competitividad para el sector.
El planteo sostuvo que el impacto no se limitó a un segmento específico, sino que alcanzó a toda la actividad productiva de la provincia, comprometiendo la continuidad operativa y el sostenimiento del empleo. En ese marco, y conforme al procedimiento previsto en el artículo 5° de la Resolución N° 228/2022, se realizó la consulta al Comité Ejecutivo del FAMP – Fueguina, que dictaminó favorablemente sobre la afectación de los proyectos vigentes y recomendó hacer lugar a la reducción solicitada.
Los informes técnicos incorporados al expediente concluyeron que se verificaron modificaciones en las condiciones tributarias y arancelarias vigentes al momento del dictado del Decreto N° 727/21, configurándose el supuesto legal que habilita la reducción del aporte. En función de ello, se dispuso llevar el aporte obligatorio a CERO POR CIENTO (0%), con aplicación extensiva a todas las empresas adheridas a las prórrogas establecidas por los Decretos N° 727/21 y N° 594/23.
Alcances, límites y efectos sobre el empleo y la inversión
La resolución aclara que la reducción del aporte no libera a las empresas del cumplimiento de los proyectos productivos que hubieran sido aprobados por el Comité Ejecutivo del FAMP en los términos del artículo 6° bis del Decreto N° 727/21. En caso de incumplimiento, las firmas deberán integrar al fondo los aportes retenidos, más los intereses correspondientes.
Asimismo, se establece que el Comité Ejecutivo del FAMP – Fueguina será el encargado de fijar las pautas para operativizar esta previsión, y que la medida rige desde el día de su suscripción y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su dictado.
Desde el punto de vista económico e institucional, la decisión representa una señal de alivio fiscal para el entramado industrial fueguino en un contexto de cambios regulatorios y de presión sobre costos. Al mismo tiempo, reabre el debate sobre el equilibrio entre la necesidad de financiar políticas de diversificación productiva y la urgencia de preservar la competitividad, la inversión y el empleo en una provincia altamente dependiente del régimen promocional.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen que permite a las microempresas computar parte del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de contribuciones patronales. La medida, instrumentada mediante la Resolución General 5817/2026, busca sostener el alivio fiscal sobre el empleo formal en el segmento más pequeño del entramado productivo, en un contexto de fragilidad económica y necesidad de preservar puestos de trabajo.
La decisión, publicada el 21 de enero de 2026, adecua la normativa vigente a lo dispuesto por el Decreto 923/25, que prorrogó por un año más un beneficio originalmente creado en 2023. En términos prácticos, la resolución amplía el período de remuneraciones alcanzadas por el régimen, incorporando todo el ejercicio 2026.
Un beneficio fiscal clave para el empleo en microempresas
El régimen fue establecido inicialmente por el Decreto 394/23, que habilitó a las microempresas —definidas según el artículo 2° de la Ley 24.467— a computar hasta el 30% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias efectivamente ingresado como pago a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), previsto en la Ley 24.241.
Ese esquema se aplica sobre las contribuciones patronales establecidas en el artículo 19 de la Ley 27.541, y apunta a reducir el costo laboral formal para las empresas de menor escala, consideradas las más vulnerables frente a ciclos recesivos y restricciones financieras.
La operatoria fue reglamentada por la Resolución General 5.405, que fijó requisitos, plazos y condiciones para acceder al beneficio. Posteriormente, el Decreto 1.137/24 había extendido su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, adecuación que ARCA instrumentó mediante la Resolución General 5.632.
Con la nueva normativa, el alcance temporal se amplía nuevamente: ahora el beneficio podrá aplicarse a las remuneraciones devengadas entre agosto de 2023 y diciembre de 2026.
Adecuación normativa y cambios operativos
La Resolución General 5817/2026 introduce una modificación puntual pero relevante: sustituye en el artículo 6° de la Resolución General 5.405 la referencia temporal que llegaba hasta diciembre de 2025, extendiéndola hasta diciembre de 2026. De este modo, ARCA alinea la reglamentación administrativa con la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
En paralelo, la norma ratifica los aspectos operativos del régimen. La determinación nominativa de los aportes y contribuciones a la seguridad social deberá realizarse mediante el release 5 de la versión 47 del sistema “Declaración en línea”, establecido por la Resolución General 3.960, al que se accede con Clave Fiscal a través del sitio web institucional.
Desde el punto de vista institucional, la resolución cuenta con la intervención de las áreas técnicas y jurídicas del organismo, incluyendo las Subdirecciones Generales de Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas, así como la Dirección General Impositiva, lo que refuerza su encuadre formal dentro del esquema de administración tributaria.
✅ Prorrogamos durante todo 2026 el beneficio para microempresas que permite computar parte del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de las contribuciones patronales.
📌 El beneficio permite computar: 👉Hasta 30% del impuesto a los débitos y créditos 👉Como pago… pic.twitter.com/objSriY0F6
— ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) January 21, 2026
Impacto económico y expectativas del sector
La prórroga del beneficio es leída como una señal de continuidad de políticas de alivio fiscal focalizadas en las microempresas, un segmento que concentra una parte significativa del empleo registrado, pero que enfrenta mayores dificultades para absorber aumentos de costos.
Al permitir que un tributo de percepción inmediata —como el impuesto a los débitos y créditos bancarios— se transforme en un crédito aplicable contra contribuciones patronales, el régimen mejora el flujo de fondos y reduce parcialmente la carga sobre la nómina salarial. En ese sentido, su extensión a lo largo de todo 2026 brinda previsibilidad a las microempresas en la planificación de sus obligaciones laborales y fiscales.
Hacia adelante, el impacto concreto dependerá tanto del nivel de actividad como de la capacidad de las empresas de sostener empleo formal. No obstante, la decisión de ARCA y del Poder Ejecutivo Nacional confirma que el beneficio sigue siendo considerado una herramienta vigente para apuntalar al eslabón más chico del tejido productivo.
En un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas, disrupción tecnológica y reconfiguración de cadenas de valor, el 87% de los CEO argentinos espera que la economía crezca en 2026 y ubica a la inteligencia artificial (IA) como eje central de la competitividad futura, según la edición 29 de la Encuesta Global de PwC a los CEO, presentada este lunes 19 de enero de 2026 en Davos, en el marco del World Economic Forum. El relevamiento, que incluyó a 4.454 directores ejecutivos de 95 países, refleja un optimismo económico moderado, condicionado por desafíos estructurales y por la necesidad de acelerar la reinvención de los modelos de negocio.
La encuesta posiciona a la Argentina entre los mercados que, pese a su historial de volatilidad, exhiben una renovada expectativa de expansión, sostenida en la desaceleración inflacionaria, la estabilización macroeconómica y la incorporación progresiva de tecnologías disruptivas como la IA.
Optimismo económico y reformas pendientes: una confianza que exige resultados
El dato central del estudio indica que el 87% de los ejecutivos argentinos espera un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en los próximos 12 meses, mientras que apenas el 13% proyecta una contracción. Este nivel de confianza vuelve a ubicar a la Argentina por encima del promedio regional: en Brasil, el 60% prevé crecimiento y el 20% caída; en Chile, 84% y 5% respectivamente; y en Uruguay, 68% y 15%.
Además, uno de cada tres CEO locales se declara “extremadamente confiado” en el aumento de los ingresos durante los próximos 12 meses, lo que revela una percepción positiva no solo sobre la macroeconomía, sino también sobre el desempeño individual de las compañías.
Sin embargo, el propio informe advierte que este optimismo convive con una agenda estructural pendiente. Persisten condicionantes como costos operativos elevados, un sistema tributario y laboral complejo, burocracia e infraestructura deficiente, que continúan limitando la competitividad. Para los principales ejecutivos del país, la consolidación de reformas será determinante para que las expectativas se traduzcan en resultados sostenibles.
En ese marco, la reinvención estratégica se consolida como imperativo, ya que más de la mitad de los CEO argentinos afirma competir en sectores por fuera de su core business, con especial interés en tecnología, retail y minería. La diversificación y la innovación aparecen, así como pilares para sostener el crecimiento en un entorno económico más previsible, pero aún exigente.
Inteligencia artificial: motor de transformación, con brechas de inversión y talento
La encuesta de PwC muestra que la IA dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad operativa dentro de las empresas argentinas. El 76% de los CEO considera que su infraestructura tecnológica está lista para integrar IA, y el 73% cree que la cultura organizacional acompaña el cambio. No obstante, emergen dos brechas críticas: solo el 41% afirma haber invertido lo suficiente para capitalizar sus beneficios, y apenas el 49% se siente preparado para atraer talento especializado.
Este contraste entre preparación percibida y capacidad real de ejecución plantea un desafío estratégico: mientras la tecnología avanza, la velocidad de adaptación organizacional e inversora parece rezagarse.
La gestión del tiempo directivo refuerza esta tensión: los líderes aseguran dedicar el 60% de su agenda a temas de corto plazo, frente a solo un 10% orientado al largo plazo, lo que limita la posibilidad de planificar transformaciones profundas y sostenibles.
Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina, sintetizó este dilema al afirmar: “Los resultados de la edición que presentamos dejan claro que la estabilidad macroeconómica abre una ventana de oportunidad, pero no garantiza competitividad. Observamos que la confianza debe integrarse en la estrategia de las organizaciones, junto con la adopción de IA y la gestión de riesgos. En un entorno donde tecnología, sostenibilidad y geopolítica redefinen las reglas, las empresas que actúen con rapidez y visión serán las que marcarán la diferencia en la próxima década”.
En cuanto a su implementación concreta, la IA ya se utiliza en múltiples áreas: En funciones de soporte (legales, finanzas y recursos humanos), el 21% la aplica en gran medida y un 36% de forma moderada. En ventas y marketing, el 21% la utiliza de manera intensiva. En productos y servicios, esa proporción alcanza el 23%.
Este despliegue tecnológico, sin embargo, tiene impacto directo sobre el empleo. Más del 60% de los CEO anticipa una reducción de puestos en niveles de menor experiencia, mientras que los mandos medios y gerenciales se mantendrían relativamente estables. El estudio subraya así la necesidad de diseñar estrategias de reskilling y alianzas con el sistema educativo para reconvertir perfiles laborales y elevar el valor agregado de los roles.
Riesgos emergentes, geopolítica e inversiones: entre la amenaza y la oportunidad
Más allá de la estabilización económica local, el informe identifica riesgos estratégicos que requieren respuestas coordinadas. La preocupación por ciberataques alcanza al 23% de los CEO, consolidándose como una de las amenazas más relevantes para la continuidad operativa y la rentabilidad.
En paralelo, la exposición a aranceles inquieta al 18% de los ejecutivos argentinos, en línea con la tendencia regional, mientras que a nivel global, el 20% de los CEO reporta alta o extrema exposición a este riesgo, con especial intensidad en China y Estados Unidos.
La dimensión geopolítica también gana peso. Tras un 2025 marcado por cambios en la política comercial internacional y la competencia tecnológica global, la preocupación por conflictos globales se incrementó: el porcentaje de CEO globales que se consideran alta o extremadamente expuestos pasó del 18% en 2024 al 23% en la actual encuesta.
En contraste, el cambio climático continúa relegado en la agenda local: solo el 21% de los CEO argentinos afirma haber aplicado ajustes significativos en diseño de productos o cadena de suministro, pese a que a nivel global se reconoce como un riesgo financiero relevante.
En materia de inversiones, el proceso de normalización macroeconómica y el potencial energético y minero reactivaron el interés internacional. Argentina aparece entre los destinos prioritarios para el 23% de los CEO brasileños, el 10% de los estadounidenses, y recibe menciones destacadas desde China, México, Paraguay y Uruguay.
Este renovado atractivo se refleja también en las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A): desde 2020, los compradores locales han ganado protagonismo y se anticipa un ciclo alcista impulsado por reformas, desregulación y proyectos estratégicos, con potencial para movilizar inversiones en minería, energías renovables, GNL, siderurgia y puertos.
Nicolás Carusoni, socio de PwC Argentina a cargo de Marketing y Comunicaciones, concluyó: “Los resultados de la presente encuesta nos presentan una oportunidad concreta para convertir el optimismo en resultados; para ello, creemos que es momento de acelerar la reinvención, escalar IA con fundamentos responsables y atraer inversiones hacia sectores de alto impacto”.
Banco Macro concretó una nueva colocación en el mercado internacional de capitales al obtener USD 400 millones mediante la emisión de una Obligación Negociable (ON) clase “H”, con un plazo de cinco años y una tasa del 8% anual. La operación refuerza el acceso del sector corporativo argentino al financiamiento externo y confirma el renovado apetito de los inversores por activos locales, en un contexto de mayor estabilidad financiera tras las elecciones legislativas de octubre de 2025.
La emisión se inscribe en una estrategia de fondeo orientada a diversificar fuentes de financiamiento y capitalizar condiciones de mercado más favorables, tanto para el sistema financiero como para el conjunto de las empresas argentinas.
Detalles de la emisión y respuesta del mercado
La ON clase “H” —identificada como ON 2026— fue colocada a cinco años de plazo, con una tasa del 8%, por un monto total de USD 400 millones. Según informó la entidad, la operación registró una fuerte demanda, con un libro de órdenes que alcanzó los USD 1.150 millones, equivalente a casi tres veces el monto finalmente adjudicado.
“La transacción generó una fuerte tracción en el mercado”, destacó Banco Macro, al precisar que la emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a mediano plazo, autorizado por un valor nominal de hasta USD 1.500 millones.
Los colocadores internacionales de la operación fueron Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Latin Securities S.A. Agente de Valores, mientras que a nivel local participaron Macro Securities, Latin Securities y Balanz.
Desde la entidad señalaron que la colocación “confirma el continuo interés del mercado local e internacional por créditos corporativos argentinos, y la confianza de los inversores en Banco Macro”, una institución que cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y 558 puntos de atención en todo el país.
Regreso sostenido al financiamiento externo
Esta operación se suma a una colocación similar realizada en junio del año pasado, cuando Banco Macro —la entidad privada con mayor red de sucursales del país, presidida por Jorge Brito— volvió a emitir deuda a mediano plazo en los mercados internacionales luego de más de diez años sin operaciones en esa plaza.
En aquella oportunidad, el banco explicó que la emisión formaba parte de una estrategia financiera integral, orientada a diversificar el fondeo y aprovechar una ventana de oportunidad en los mercados. La sólida posición patrimonial de la entidad y su escala dentro del sistema financiero argentino contribuyeron al atractivo del instrumento entre inversores institucionales.
La continuidad de estas emisiones consolida el posicionamiento del banco en el mercado internacional y amplía su margen de maniobra financiera en un escenario de reapertura del crédito.
Contexto financiero y reapertura del crédito corporativo
La colocación de Banco Macro se produce en un escenario en el que las empresas argentinas emitieron deuda en los mercados internacionales por más de USD 7.000 millones tras las elecciones legislativas de octubre de 2025. El ingreso de parte de esas divisas contribuyó a la estabilidad cambiaria local y a mejorar las condiciones de financiamiento.
El descenso del riesgo país posterior al resultado electoral favorable para el gobierno de Javier Milei facilitó nuevas emisiones de títulos, permitiendo a empresas y gobiernos provinciales acceder a tasas más competitivas y plazos más extensos.
En este contexto, compañías como YPF, Pampa Energía, Telecom, Banco Galicia, Vista Energy y Edenor realizaron colocaciones de Obligaciones Negociables por montos que oscilaron entre USD 2 millones y USD 750 millones, con tasas anuales de entre 7,62% y 10,37%. Las primeras operaciones se concretaron a fines de octubre, mientras que la reducción de la prima de riesgo impulsó una mayor actividad durante noviembre, diciembre y parte de enero.
La última colocación destacada fue encabezada por Telecom, que obtuvo USD 600 millones a una tasa del 8,5% y con un plazo de 9,5 años.
Según estimaciones privadas, durante el undécimo mes del año pasado se registró el mayor volumen de emisiones primarias de ON de la última década, reflejando una reapertura del crédito corporativo y una mayor participación del Tesoro, aunque sin absorber completamente la demanda del mercado.
