EL PAIS

Calzados y textiles sufren la importación

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La ola de compras al exterior se mantiene en el arranque de 2017. Las importaciones de ropa de punto treparon 91 por ciento el mes pasado y las de tejidos planos, 60 por ciento. Los industriales del calzado pidieron poner un freno para evitar que el sector “se funda”.

Los empresarios del calzado le pidieron al Gobierno que administre las importaciones de modo que ingrese un 10 por ciento menos de pares que el año pasado. De lo contrario “se fundirá la industria”, plantearon. Las autoridades de la Secretaría de Comercio se mostraron receptivas e incluso ya comentaron a los importadores que el ingreso de productos será menor al de 2016, cuando se violó el cupo acordado. El calzado fue uno de los sectores afectados por la política económica oficial de desincentivo al consumo e ingreso de importados, lo que motivó despidos y el cierre de fábricas. Sin embargo, más allá de las promesas, las primeras señales del año por parte de la administración nacional son favorables a los importadores y en contra de la industria: en enero el ingreso de ropa de tejido de punto aumentó 91 por ciento interanual y la ropa de tejido plano, un 60 por ciento, mientras que los productos de marroquinería importados avanzaron un 16 por ciento.

Según los números de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado, el año pasado se perdieron 3500 empleos en el sector a raíz de la caída en las ventas del orden del 25 por ciento y el aumento de las importaciones. La Cámara del Calzado, que agrupa a las empresas del rubro, registró el ingreso de 27 millones de pares en 2016, a pesar de que el compromiso oficial era que esa cifra se ubicara en 24 millones de pares. En 2015 habían entrado 21,6 millones de pares.

“Todos los días cierra un taller pequeño”, dicen desde el gremio. La noticia más resonante provino de Alpargatas, que anunció el cierre de su fábrica de zapatillas en Villa Mercedes, San Luis, y también de su línea de calzado en la planta ubicada la localidad bonaerense de Florencio Varela. La empresa de capitales brasileños que comercializa la marca Topper, entre otras, despidió a 150 trabajadores sobre una plantilla de 3600 empleados. También cerró la empresa Herzo, de San Luis, que fabricaba para la marca Puma, con lo cual echó a 194 trabajadores. La contracara de ese proceso quedó en evidencia días atrás a través de un informe de la entidad patronal brasileña Abicalçados, que explicó que el sector logró zafar de la crisis en ese país gracias a las mayores compras desde Argentina. Los envíos hacia el mercado nacional en 2016 llegaron a los 9,48 millones de pares, un incremento del 65 por ciento frente a 2015.

Habrá una reunión de la cúpula de la Fundación Protejer, que agrupa a empresas de todo el complejo textil, para analizar los siguientes números: en enero el ingreso de ropa de punto (tejido flexible, como remeras, joggins y medias) alcanzó las 612 toneladas, un aumento interanual del 91 por ciento frente a las 320,4 toneladas de enero de 2016. En tejido plano (telas rígidas, como pantalones, camisas o sacos) el aumento fue de 615,1 a 984 toneladas, un 60 por ciento. En total, la importación de ropa aumentó un 70,7 por ciento en enero frente al mismo mes de 2016. Una de las explicaciones consiste en que luego de un primer semestre de 2016 de muy fuertes importaciones, el Gobierno cerró en cierta medida el grifo en el segundo semestre, con lo que se acumularon pedidos de importadores.

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La Cámara Electoral advirtió “debilidades” en la seguridad informática judicial

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió este lunes nuevamente por “algunas debilidades estructurales de la infraestructura tecnológica con la que cuenta” el fuero y recordó que días pasados le pidió al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema que “tomen recaudos para garantizar la seguridad informática”, en sintonía con la jueza electoral de la Capital, María Romilda Servini, quien dio a conocer los resultados deficitarios que dieron los peritajes al sistema informático de la Justicia Federal.

“De modo afín con la preocupación expresada por magistrados con competencia electoral respecto de la seguridad de los sistemas informáticos, la CNE viene advirtiendo algunas debilidades estructurales de la infraestructura tecnológica con la que cuenta”, señala el comunicado de la Cámara que preside el juez Santiago Corcuera.

Además de poner en duda la seguridad “tanto de los programas como del equipamiento tecnológico disponible en las Secretarías Electorales”, el tribunal electoral reclama la “necesidad de dar impulso al proceso de modernización tecnológica del sistema informático electoral”.

“En el estado actual de los sistemas en uso, se requiere reforzar todos los aspectos de la gestión de la seguridad informática en los sistemas de la justicia nacional electoral, los que, de no ser abordados con suficiente anticipación y a través de medidas pertinentes, podrían incluso afectar su desempeño”, concluye la misiva.

El domingo se publicó en los medios los resultados de los peritajes informáticos ordenados por la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini, en los cuales se resolvió que “los sorteos (que definen qué jueces se ocupan) de las causas judiciales pueden ser manipulados” y pone en duda la seguridad de la a Dirección General de Tecnología (DGT), que tiene a su cargo el traspaso de datos de los padrones electorales.

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Vorágine

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El gobierno de Mauricio Macri entró al año político en medio de una vorágine que genera un enorme desconcierto. El manual indicaba que después de un año de ajuste, inflación y aumentos tarifarios, iba a haber algún tipo de concesiones para los más afectados por el nuevo modelo. Sin embargo, el Presidente sigue con el mismo libreto “poco simpático”. Ya se anunció un nuevo aumento de tarifas y la intención de discutir las paritarias con un techo que representa a la mitad de la inflación registrada durante 2016.

En ese escenario y con una notable ausencia de opositores, salvo el kirchnerismo duro, encabezado por la propia ex Presidenta, son los gremios los que comienzan a mostrar su desencanto. La CGT anunció el primer paro nacional en la era Macri y los docentes están en pie de guerra con la promesa de no iniciar las clases en todo el país si el Gobierno se empaca en la oferta salarial del 17 por ciento de aumento.

Son dos actores “nuevos” en el escenario electoral. La CGT se desperezó después de un año complaciente y los docentes, muchos de los cuáles votaron el cambio, no están dispuestos a resignar derechos conquistados en la mesa de negociaciones. Su actuación puede tener mucha influencia en el resultado de las elecciones legislativas en las que el Gobierno se juega mucho más de lo que está dispuesto a admitir.

Los resultados del primer año de gestión tampoco permiten dormir en laureles. La ola de despidos no se detuvo, la inflación llegó al 40 por ciento anual, muy superior al último año del kirchnerismo, y el Gabinete no tiene demasiados logros que celebrar en materia de resultados ni de cambios. Peor aún, algunos, como el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, hacen quedar mal al propio Presidente y echan por tierra la promesa de transparencia. Arribas, amigo personal de Macri, fue vinculado con el escándalo de las coimas en Brasil, conocido como el “Lava Jato”, que involucra a la firma Odebrecht. El Señor 5 recibió una transferencia –reconoce una- de parte de Leonardo Meirelles, uno de los operadores de Odebrecht que está destapando las maniobras como arrepentido. Primero dijo que se trató de la venta de un departamento en la época en que vivía en el vecino país. Y fue la misma versión que dio Macri. Pero no aportó ni una prueba de la operación. Obligado a dar explicaciones en el Congreso, insólitamente Arribas se desdijo y sostuvo que los 70 mil dólares girados a una cuenta en Suiza en realidad correspondían a la venta de muebles y cuadros. Tampoco presentó documentación que lo respalde. Pero peor aún, dejó en evidencia que le mintió a Macri o que el Jefe de Estado, a sabiendas, faltó a la verdad.

De cualquier modo, la verdad parece ser un valor devaluado. Después de hacer campaña con la promesa de Pobreza Cero, esta semana el Presidente reconoció que hacen falta dos décadas para erradicar la pobreza. La pobreza cero es una utopía en un país con tantas desigualdades. Nadie lo duda. La súbita alusión a las dos décadas, contrasta, sin embargo, con el principal eslogan de la campaña presidencial.

Harían falta dos décadas con un crecimiento continuo y una política de distribución progresiva, que está en las antípodas del reparto de la riqueza puesto en marcha desde el 10 de diciembre de 2015.

El “sinceramiento” de tarifas y el congelamiento de salarios, claramente van en la dirección opuesta. La pobreza creció durante el primer año del mandato macrista y mucha clase media está siendo empujada hacia el estrato más bajo, con una caída del consumo que se hizo sentir en las góndolas durante todo el primer año.

Los precios sincerados y transparentes también parecen ser otra trampa para el consumidor de menores recursos. Su puesta en marcha provocó una gran confusión entre comerciantes y compradores que no saben cuál es el precio de la mercadería, que ahora, obligatoriamente, debe tener a la vista el de contado y el financiado. También revela un grado de improvisación en el área productiva, ya que apenas antes de las fiestas navideñas, se había anunciado con bombos y platillos el plan Ahora 18, para estimular el consumo con compras a través de tarjetas de crédito. Un mes después, se desestimula el uso de la tarjeta, lo que también atenta contra la transparencia de las transacciones.

En zonas alejadas del confort porteño, la realidad es incluso más compleja. “Nosotros seguimos con los mismos precios que teníamos antes. Ponemos el cartel de la financiación con tarjetas porque es lo que nos pide la franquicia. Pero si le decimos los precios distintos al cliente, lo único que pasará es que no hará la compra y se irá a Encarnación”, contó la encargada de una conocida casa de ropas.

Es otro tropiezo más en materia económica, un área en el que todavía no hay resultados concretos y ya se cobró la primera víctima con la eyección de Alfonso Prat Gay. Su sucesor, Nicolás Dujovne, no tuvo tiempo de imprimirle su mirada a la gestión, pero se muestra confiado en que hay variables que se están recuperando, como el empleo: dijo que ya se crean 20 mil puestos por mes. Pero entre despidos y suspensiones, se contabilizan más de 240 mil puestos de trabajo perdidos.

Tampoco hubo un cálculo eficaz del efecto Trump en la economía global. El rubio ocupante de la Casa Blanca apuesta al proteccionismo en Estados Unidos, con un modelo cuyas consecuencias todavía son impredecibles. La suspensión de la importación de limones es apenas una muestra.

Argentina apuesta justo a lo contrario. Abrir la economía para la llegada de inversiones y capitales. Hasta ahora, solo llegan los financieros, a través de la toma de deuda.

Si la tendencia proteccionista se mantiene en Estados Unidos, correrían riesgo el 16 por ciento de las exportaciones misioneras, según los últimos datos oficiales, del primer semestre del año pasado. Si se tiene en cuenta el valor exportado, Brasil se encuentra en primer lugar con un valor de U$S 56.829.973; en segundo lugar, Estados Unidos con un valor exportado de U$S 37.111.970; Siria se posiciona en tercer lugar con un valor de U$S 17.302.528; seguido por China ascendiendo a U$S 5.448.997; Chile U$S 3.706.428 y Vietnam U$S 2.006.329.

La realidad de Misiones no solo es distinta por las asimetrías o la distancia. Recomendaciones para ahorrar energía, como las del ministro de Energía, Juan José Aranguren, son impracticables aquí donde el intenso calor reina durante varios meses. Cuatro horas de aire acondicionado no mitigan las altas temperaturas. En un país que se salvó de ser Venezuela no caben los insólitos tips de racionamiento que el ministro de Energía pretende imponer a la población al mismo tiempo que se le aplica un nuevo tarifazo.

Misiones es además una provincia con producción electrointensiva, donde el ahorro energético no es posible en la misma medida que otras provincias, con otras fuentes de energía.

El nuevo cuadro tarifario anunciado por Aranguren se trasladará en forma lineal a las empresas eléctricas provinciales. El gobernador Hugo Passalacqua ordenó a Electricidad de Misiones SA que el impacto de las subas sea mínimo entre los usuarios de menores recursos, pero de cualquier modo, habrá que pagar más desde abril.

En Misiones se padecen consecuencias directas de algunas medidas políticas y económicas que tienen otro impacto en el centro del país. La devaluación disparó las asimetrías empujando a miles a buscar precios más bajos en Paraguay y Brasil, con el combustible como atractivo principal. Recién en los últimos días la euforia por las compras fronterizas parece haber encontrado una calma, aunque habrá que esperar la comparación de precios de la lista de útiles escolares para saber si se trata de un síntoma de enero o una tendencia.

En realidad, hay datos que permiten aseverar que la economía de Misiones muestra una alentadora recuperación. La recaudación de Rentas cerró diciembre con un crecimiento del 35 por ciento, diez puntos más que el promedio de todo el 2016. El programa Ahora Misiones, que continuará por lo menos un mes más, también cerró diciembre con ventas registradas por 44 millones de pesos, por encima de las expectativas del Gobierno y comerciantes. Es decir, si se generan las condiciones, las compras se realizan en el país. La estrategia nacional, en cambio, puede generar el efecto contrario.

Las provincias no pueden escapar al rumbo que marca la Nación, más allá de que sus propias decisiones inclinen la balanza interna.

La discusión salarial con los docentes arrancó marcada por la decisión del ministro de Educación, Esteban Bullrich de saltarse las paritarias nacionales y discutir a partir de un techo de 17 por ciento de aumento. Esa postura condiciona a todas las provincias, ya que se tendrán que “arreglar” solas y cada una negociar de acuerdo a sus propios recursos y la presión que ejerzan los gremios locales.

Ese fue el punto en común entre los gobernadores que se reunieron el jueves en el Consejo Federal de Inversiones. Con las arcas flacas, ninguno puede aventurar una oferta que supere la nacional y sin asistencia federal, son varias las provincias que tendrán problemas para garantizar el inicio de clases. Aunque la raíz del problema es nacional, las consecuencias se verán en el interior.

Los gremios docentes no están dispuestos a aceptar menos que la inflación del año pasado y eso representa el doble de la oferta inicial.

La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones –gremio docente mayoritario- advirtió además otros riesgos implícitos en la reticencia de Nación a ceder recursos para los salarios. “Más de 650 millones de pesos representa el artículo 9 del fondo compensador que pretenden dejar de pagarnos. Y entre incentivo y artículo 9 son más de  4500 pesos por dos cargos, que forman parte del salario de bolsillo”, indicó Stella Maris Leverberg, la secretaria general de UDPM. Es decir, la discusión no será solo por los aumentos, sino por conservar derechos.

Aunque la relación entre los gremios docentes y la Provincia sigue siendo buena, se anticipa que las negociaciones serán mucho más duras que las anteriores.

Un conflicto en el inicio de clases no es bueno para nadie. Pero más lo sufrirán las provincias que tienen el problema al alcance de la mano. En cambio, la Nación se reserva en última instancia, como interventor, con el poder de la billetera como moderador.

El efecto dañino de las aulas cerradas, sumado al descontento sindical y un anunciado paro nacional no parecen ser las mejores imágenes para iniciar una carrera electoral. Pero el Gobierno nacional no parece demasiado preocupado por mejorar el humor social. Es cierto que todavía mantiene un elevado respaldo de los antikirchneristas y que arriesga, en proporción, menos bancas que la oposición que no tiene un liderazgo claro y se mantiene dividida en parcelas cercadas.

Sin embargo, la alianza gobernante también tiene que resolver su interna. Macri se reunió con radicales para calmar las aguas, pero los socios quieren más protagonismo dentro del Gobierno y en las listas legislativas. En Misiones el radicalismo apuntará al consenso, pero el delicado equilibrio puede romperse si no tienen espacios expectables. Los operadores ya iniciaron contactos, pero todavía se está lejos de llegar a un acuerdo. El PRO local siente que puede andar bien sin los socios.

En la Renovación la situación es más clara. La gestión domina las decisiones y se deja para más adelante la definición de los nombres. No hay apuro, ya que todo apunta que la fecha de las elecciones coincidirá con las nacionales. De todos modos, son varios los funcionarios y dirigentes que están siendo testeados como posibles candidatos. Entre ellos, algunos que todavía no lo saben.

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Ranking de puntualidad para las aerolíneas

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El Ministerio de Transporte de la Nación informa que, a partir del 2 de mayo de 2017, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicará en su sitio web (www.anac.gob.ar) un ranking de puntualidad de los vuelos de las líneas aéreas que operan en el país, con el objetivo de brindar mayor información a usuarios y pasajeros a la hora de elegir su compañía aérea. El ranking será publicado cada tres meses.

En la Resolución N°1195/2016 publicada hoy en el Boletín Oficial se establece que serán considerados puntuales todos aquellos vuelos que presenten una demora de hasta 15 minutos con relación al horario de partida establecido y que, para la confección del índice de puntualidad, las empresas deberán informar fecha del vuelo, número identificatorio, itinerario, horario aprobado; horario efectivamente cumplido; tiempo de demora en caso que lo hubiere y la razón de la misma. Esta información está basada según los códigos elaborados por la Asociación de Transporte Aéreo internacional (IATA).

Las empresas incluidas en el primer registro serán: Aerolíneas Argentinas, Austral, LAN Argentina VRG Linhas Aéreas (Gol), TAM, American Airlines, LAN Perú, COPA Airlines, Transportes Aéreos del Mercosur, Sky Airlaine y TACA Perú..

Esta medida también busca darle transparencia a la información que brindan las empresas aéreas y prevee sanciones a aquellas a las que se les comrpruebe inexactitudes, falta de fidelidad en la información aportada u omisión de dicha información.

“Tomamos como ejemplo a los países más desarrollados en la defensa de los derechos de los usuarios. Queremos que los pasajeros tengan elementos suficientes que les permitan elegir una línea aérea por los niveles de calidad de los servicios que brindan y a la vez que los operadores tomen consciencia de las implicancias negativas que tiene no cumplir con lo comprometido con el pasajero, ya sea una demora o una cancelación”  expresó el titular de la ANAC Ing. Juan Pedro Irigoin.

 

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