Luego del cierre de las principales paritarias del año, el Gobierno nacional, los sindicalistas y los empresarios se embarcarán en una durísima puja por el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy está en $ 8.060.
En el Ministerio de Trabajo creen que “todavía falta” para iniciar esa discusión y evitaron dar un porcentaje o monto estimado de la suba que se viene. Cerca del ministro Jorge Triaca consideran apresurado hablar de estos temas, aunque celebran el cierre de casi 40% de las negociaciones salariales en marcha. “El promedio de los acuerdos es del 20% y en la mayoría de ellas se incorpora este concepto de cláusula revisión o gatillo”, dijo Triaca, al admitir la desconfianza que genera en los gremios el cumplimiento de la meta de inflación oficial.
“Si se la mira para adelante estará en 18% y ese es el promedio cercano al 20%” que se firma, resaltó el ministro en una entrevista radial. “La proyección del año pasado terminó en 37%”, añadió el funcionario. En 2016 el órgano tripartito firmó 33% en tres cuotas para el SMVyM.
Fuentes gubernamentales deslizaron a este medio que en la próxima reunión del Consejo del Salario la Casa Rosada buscará fijar el nuevo Salario Mínimo entorno a $ 9.500 para 2017. Los trabajadores piden más. Algunos, muchísimo más.
La CGT espera que los convoquen para la segunda quincena de junio. “Queremos mejorar el piso a través de la recomposición del salario, incluida la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. Las expectativas para este año están muy por encima del 17% o 18%, que ahora han actualizado al 20%. Como sigan así los índices inflacionarios ninguna mediación estará por abajo del 25%”, anticipó a ámbito.com un integrante del Consejo Directivo de la central obrera.
En la calle Azopardo destacaron que el SMVyM debe “estar fuertemente impregnado por los aumentos en alimentos, a donde va principalmente el salario de los trabajadores, y ahí tenemos un aumento mayor que la inflación promedio o núcleo, como le dicen”.
El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT reveló que la inflación de abril fue de 2,45% y que en los últimos 12 meses acumula 33,28%. Según el sondeo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos menores necesitó $ 14.761 mensuales para no ser pobre, lo cual representó un ingreso diario de $ 485. Ese mismo hogar para no caer en la indigencia debió contar con una entrada de $ 6.562 por mes, es decir $ 215 por día.
Según el índice que realiza el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET-UMET) integrado por gremios de la CGT y la CTA, la inflación anual suma 27,1%, aunque remonta al 29,2% para el decil de ingresos más bajos.
Hugo Yasky se reúne el próximo miércoles con los economistas del CIFRA para definir un monto. “El aumento no debería bajar de 35% teniendo en cuenta la pérdida que se ha acumulado en un año y medio”, anticipó el dirigente gremial a este medio. “El SMVyM es la referencia para casi la totalidad de trabajadores que no tienen convenio. En la Argentina hay un 50% de la fuerza laboral que no está en convenio y, generalmente, ellos tienen de piso salarial lo que establece el Salario Mínimo Vital y Móvil”, señaló el titular de la CTA de los Argentinos.
Yasky consideró que la pauta oficial de 18% está “forzando la realidad” y que es “imposible” de sostener. “Puertas adentro en el Gobierno ya se está discutiendo que la meta inflacionaria que pusieron es inalcanzable, que la tendrán que modificar. Y que después de octubre habrá un cambio que significará barajar y dar de nuevo. Si el propio Gobierno está discutiendo eso, no tiene sentido que quiere imponer una pauta desactualizada”, afirmó.
El jefe de la CTA Autónoma Pablo Micheli es el que más pide: $ 22.000. “Debe tender a esa valor porque un matrimonio con dos chicos en edad escolar necesitan esa cifra para vivir dignamente. Pero mientras discutimos cómo llegamos a $ 22.000, porque ni el Gobierno ni los empresarios lo van a aceptar, ningún trabajador debe ganar menos de la línea de la pobreza de $ 14.000. Es una postura firme, es un piso para la discusión en la próxima convocatoria del Consejo del Salario”, explicó el sindicalista de ATE.
Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, coincidió que el “piso” del SMVyM debería estar en la misma línea de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC. “El salario mínimo está en niveles que deberían llamar a la reflexión por lo miserable del monto actual. Tiene que haber un aumento acorde a lo desproporcionado en que está ahora, y creemos que no tendría que seguir la pauta que se está siguiendo para los distintos sectores, que ronda el 20% o 25%”, enfatizó el líder social.
“Debe tener un aumento considerable y que las centrales obreras tomen nota de lo importante que sería una suba significativa que permita poner presión en la base de la pirámide, porque es referencia de empleo informal”, remarcó el jefe de la agrupación piquetera, que para este miércoles prometió desplegar 1.000 ollas populares por todo el país para denunciar la malnutrición de los chicos y la caída en el consumo de leche.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) exigen un suba de 24% para elevar el Salario Social Complementario de $ 4.000 a $ 5.000. “Según establece la ley de emergencia el salario social es el 50% del mínimo, vital y móvil, así que estimamos que debe rondar los $ 10.000 o un poco más”, anunció el dirigente de la CTEP y el Movimiento Evita, Gildo Onorato. “Los índices de pobreza están por encima de eso, que sería ideal, pero no vemos decisión del Gobierno en llevarlo a ese nivel, y pretendemos que suba todo lo posible. A la CGT le planteamos un escenario de máxima, y si no se da, tenemos que estar en $ 10.000”, completó Onorato.
Al igual que Barrios de Pie y la CTA, en la CTEP también rechazaron el 18% que buscaría el Gobierno.“Es bastante irracional, teniendo en cuenta que la tarifa de luz en la provincia subió 58%, los impuestos aumentan por arriba del 30% o 40% y el piso de inflación es de 17% o 18%, y confirma la tendencia de que el Gobierno nacional favorece a los sectores que más tienen”, se quejó el cooperativista.
• Cifras
El año pasado el salario mínimo se incrementó 33% en dos cuotas de $ 750 y una tercera de $ 500hasta llegar en enero pasado a $ 8.060. El seguro de desempleo subió 650% a $ 3.000, tras permanecer congelado desde 2006.
Según el INDEC, una familia necesitó en marzo un ingreso de $ 14.090 para no ser pobre. Mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide los precios de los alimentos de primera necesidad y que marca el umbral para no caer en la indigencia, alcanzó los $ 5.798. El 23 de mayo se conocerán los valores de las CBT y CBA de abril. La inflación oficial fue de 2,6%.
La única medición de abril de canastas que ya se conoce es de consultora FIEL, que estimó la CBT en $ 13.049 y la Alimentaria en $ 5.621. En tanto, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) midió que una familia integrada por dos adultos y dos niños necesitó el mes pasado $ 13.764 para no ser pobre y unos $ 5.664 para no caer en la indigencia.
Desde marzo la jubilación mínima se clavó en $ 6.394, mientras que la máxima trepó a $ 46.849. En el mismo mes, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascendió $ 1.246 y la asignación escolar quedó en $ 1.043 al año. La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que la canasta básica de los jubilados ya cuesta $ 16.134 mensuales. La discusión por el nuevo salario mínimo ya arrancó. (Ambito)
“Quiero decirles que nos llegó la noticia por parte de la prensa de que estoy procesada”. Así, comenzó Hebe de Bonafini su descargo luego de la resolución del Poder Judicial que determinó su procesamiento por la causa de defraudación a la administración pública en la fundación Sueños Compartidos .
“Tenemos claro que este es el precio que tenemos que pagar por haber dicho que Macri era nuestro enemigo cuando nadie todavía ni lo pensaba, por habernos quedado en la plaza del 9 al 10 de diciembre para que él no pise esa plaza que es del pueblo y por denunciar que él y su Gobierno fueron partícipes de la dictadura con sus empresas”, lanzó la titular de Madres de Plaza de Mayo y, a continuación, agregó que están dispuestas “a pagar ese precio”. “Las Madres decidimos jugarnos la vida por la libertad de la misma manera que se la jugaron nuestros hijos”, dijo.
“El precio es este, que el Poder Judicial, no la Justicia, me procese. Estoy honradísima de ser procesada por este Poder y por este Gobierno. Gracias Macri por darme este honor de ser procesada”, ironizó.
La titular de Madres de Plaza de Mayo también dio a entrever que con esta resolución judicial es toda la agrupación la que, de alguna manera, se ve afectada, y advirtió que vivió siempre en la misma casa y no tiene “ni bicicleta”. “Tengo la conciencia muy tranquila, que revisen lo que quieran”, resumió. “No se preocupen compañeros, las Madres tenemos las cosas muy claras, sabemos bien dónde está el enemigo y lo señalamos (…) Vamos a seguir denunciando a quienes, en este gobierno, son los más sádicos, los más ladrones y lo peor que nunca nos pudimos imaginar”, sentenció.
“Hemos sido siempre muy perseguidas y no es por casualidad que nosotras elegimos la calle para darnos a conocer y para que aparecieran nuestros hijos”, continuó para resaltar que es la calle el lugar donde, para ella, el pueblo tienen justicia.
En lo personal, destacó un episodio en el que acusó al ex presidente Eduardo Duhalde de “regentar el juego, la droga y la prostitución”, tras el cual asaltaron su casa y torturaron a su hija, “hasta casi matarla” y, pese al esfuerzo, “nunca encontraron a los responsables”.
El programa “Ahora 3”, que permitió comprar libros en cuotas sin interés, y el cambio de fecha estimularon las compras.
La 43° edición de la Feria del Libro mantuvo el nivel de visitas del año pasado y las ventas aumentaron levemente, advirtieron libreros y editores, que coincidieron en señalar como importante, el volumen de libros vendidos en comparación con la baja de ventas que vienen experimentando las librerías en lo que va de 2017.
Después de un recorrido por los stands que reciben a los lectores desde el 27 de abril, hay coincidencia en señalar que la feria mejoró en ventas a partir de la segunda semana y que tanto el programa “Ahora 3”, que permite la compra de libros en cuotas sin interés, como el cambio de fecha -antes comenzaba a mitad de mes, cuando muchos lectores tenían que esperar al próximo para cobrar-, estimularon las compras.
Leandro Verde, de Galerna, dijo a Télam que “el año pasado las ventas fueron muy malas, así que las expectativas para esta edición eran muy bajas, pero a partir de la segunda semana las visitas y las ventas aumentaron, estimuladas por las promociones de ‘Ahora 3′”, el plan de financiación para tarjetas de crédito.
Tanto Verde como Maximiliano Kreff, de la distribuidora y librería Waldhuter, y Daniel Riveiro, de Riverside Agency, indicaron que los beneficios del Banco Provincia, que hace 5 años otorga un 30 por ciento de descuento a sus clientes en las compras de la feria también estimularon las compras, y remarcaron que las ventas con tarjetas de crédito fueron de un 70 a un 80 por ciento, superando ampliamente las transacciones en efectivo.
Por otro lado, en stands colectivos como “Los siete logos”, “Todo libro es político” y “La sensación”, formados por editoriales independientes, se destacaron las nuevas ediciones de clásicos, traducciones, ensayos, mucha poesía y música.
Diego Alfaro, uno de los responsables de “Los siete logos” (integrado por Adriana Hidalgo, Beatriz Viterbo, Caja Negra, Criatura, Eterna Cadencia, Katz y Mardulce) señaló que los libros más vendidos fueron “Las tres vanguardias”, de Ricardo Piglia -fallecido este año y protagonista de varios homenajes en la Feria) ; “La trilogía”, de Antonio Di Benedetto; y “La vida tranquila” de Marguerite Duras, traducido por Alejandra Pizarnik.
Alfaro contó que la incorporación este año del sello Criatura -que se sumó al stand tras la salida de Entropía- “fue importante porque sumaron muchas visitas de adolescentes por sus variadas propuestas de literatura juvenil”, destinatarios este año de la mayor carga de actividades previstas por la Feria.
A pasos de ese stand, en “Todo libro es político”, Cristóbal Thayer subrayó que “la temática feminista fue la que generó más consultas y cosechó más ventas”. Entre los títulos más vendidos se anotan “La guerra contra las mujeres”, de Rita Segato; “Teoría King Kong”, de Virginie Despentes; y “Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne”, compilado por Laura Contrera y Nicolás Cuello.
“Si bien en las librerías las ventas cayeron cerca de un 20 por ciento, está edición de la Feria viene siendo buena, las ventas se mantuvieron en comparación con la edición anterior. Somos un stand de 20 editoriales muy diversas y en nuestro caso influyó mucho la compra que se hicieron bibliotecarios populares de todo el país subsidiados por la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares)”, manifestó Thayer.
Damián Ríos, del stand “La sensación” que reúne a editoriales como Blatt y Ríos, Caballo negro, Iván Rosado y Mansalva, coincidió en la importancia de la compra promovida por Conabip y en que “la estrepitosa caída de las ventas en las librerías” hizo que llegaran a la Feria con “expectativas muy bajas respecto a las ventas”, pero que “fueron similares a las del año anterior”.
A la hora de indicar cuáles fueron los títulos más vendidos, desde el stand de Riverside, distribuidora de Angrama en el país, Riveiro sostuvo que “La esposa joven”, del italiano Alessandro Baricco; y “Mujer bajando una escalera”, del alemán Bernhard Schlink encabezaron el ranking. Dos escritores que visitaron esta edición de la Feria.
En tanto que los grandes grupos editoriales Penguin Random House (PRH)y Planeta, si bien consideraron que no es fácil hacer un balance porque “el último fin de semana de la Feria es fundamental para las ventas y visitantes”, señalaron que “el balance desde que comenzó la Feria es positivo”.
Para Florencia Ure, jefa de prensa de PRH, “hay menos gente que otros años pero las ventas han sido buenas y, como sucede en cada edición, van mejorando a medida que avanzaba la Feria”.
Mientras que para Gastón Etchegaray, de Planeta, “el balance es positivo, mejor de lo esperado. Hubo un incremento en la venta de ejemplares del 18 o 19 por ciento”.
Por su parte Kuki Miller, cofundadora de De la Flor, la icónica editorial de Quino que este año cumple 50 años, dijo que “el problema para evaluar las ventas es que si se facturó lo mismo que el año pasado se vendió menos, porque la lista de precios están aumentadas debido a la inflación. Además, hay que esperar a ver qué pasa en estos dos últimos días de Feria, porque habitualmente todo va in crescendo hacia el final”.
En este marco, Miller destacó “las adaptaciones a la mala situación general económica para posibilitar la compra de libros que desarrollaron en esta edición ferial”, como “la entrega de chequelibros a bibliotecarios populares, visitantes y compradores que luego podrán usar en librerías”.
“Sirven para que los libreros, quienes atraviesan una muy mala situación económica se recuperen un poco, porque en estas semanas de Feria, además, sus compras disminuyen”, remarcó Miller.
Las narrativas infantiles también fueron centrales y, desde Waldthauer, Kreff señaló a “El monstruo de colores”, de la catalana Anna Llenas, como el libro más vendido; mientras que en el espacio Calibroscopio que reúne a más de una docena de sellos infantiles, Patricio Fayó, destacó la venta de libros álbum.
Manuel Rud, de Limonero, subrayó que este año ese sello estuvo por primera vez por fuera de la Cámara Argentina del Libro (CAL), “lo cual duplicó el trabajo”, aunque se manifestó contento porque “a medida que avanzó la Feria las ventas mejoraron.
Entre las peculiaridades de esta edición se destacó el intenso cronograma dirigido al público joven con eventos multitudianarios en encuentros internacionales de booktubers, bookstagrammers y blogueros; y un un hecho inesperado: luego de que la Corte Suprema habilitara beneficiar a represores con el 2×1, se llamó a la multitudinaria marcha que el 10 de mayo provocó la suspención de numerosas actividades en la Feria.
Entre otras, entregas de premios, mesas redondas, charlas y entrevistas como las que se excusaron de dar Claudia Piñeiro y Luisa Valenzuela -la tercera mujer, en toda la historia de la Feria, convocada para realizar el discurso inaugural-, para poder participar de la marcha de repudio, a la que asistieron también las escritoras Leticia Martin, Tatiana Goransky y Patricia Suárez.
No faltaron los homenajes, que esta vez tuvieron como protagonistas a Piglia; la novela “Cien años de Soledad”, de Gabriel García Márquez, a 50 años de su primera publicación, realizada en Argentina; y a Violeta Parra en el centenario de su nacimiento.
A esto se sumó la visita de dos Premio Nobel de Literaura, Mario Vargas Llosa y JM Coetzee, y de un Premio Cervantes, Jorge Edwards.
En tanto que Los Ángeles, ciudad invitada de esta edición, cedió el paso a Montevideo, que será la invitada de honor de la 44° edición de la Feria del Libro el año próximo, siguiendo una tradición inaugurada en 2013, que implica el desembarco de una nutrida delegación de escritores y figuras de esa cultura para demostrar su producción artística.
A partir del caso Grassi, al menos 62 curas fueron denunciados por abuso sexual en la Argentina. Son 59 sacerdotes y tres monjas los denunciados en el país. De todos ellos, ocho recibieron una condena judicial.o
Una investigación de la Agencia Télam –de las periodistas Lucía Toninello y Mariana García–, deja al descubierto que la denuncia contra Grassi no es un hecho aislado: desde entonces cuatro nuevas denuncias se sumaron por año y sólo tres casos fueron sancionados con la máxima pena prevista por el derecho canónico: la expulsión del sacerdocio.
En Misiones los sacerdotes que fueron acusados son Ladislao Chomin, Miguel Ángel Santurio y Aníbal Valenzuela.
Dos de los tres casos misioneros en la lista. Ladislao Chomin y Padre Miguel Ángel Santurio
Desde que en 2002 se conocieron las denuncias contra el padre Julio César Grassi, 62 nuevos casos de abuso sexual por parte de integrantes de la Iglesia se han conocido en la Argentina.
A casi quince años de aquel escándalo, la condena del cura ha tenido un efecto cascada que dejó al descubierto que no se trataba de un hecho aislado: desde entonces, cuatro nuevas denuncias se sumaron por año y sólo tres casos fueron sancionados con la máxima pena prevista por el derecho canónico: la expulsión del sacerdocio.
En la investigación hecha por la agencia Télam se reconstruyó lo que ocurrió luego de que se conocieran las denuncias contra Grassi. Los datos no sólo dan una idea de la magnitud del problema, sino que muestran cómo un complejo sistema de responsabilidades dentro de la Iglesia permite que rara vez haya una condena.
“La mayoría de los casos no son denunciados. La Iglesia no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso. Estos números muestran la arbitrariedad del juicio canónico, porque salvo en casos que son indefendibles o han tenido mucha trascendencia pública, la expulsión no se concreta”, explicó a Télam Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y uno de los pocos especialistas en derecho canónico del país que no pertenece a la Iglesia.
El caso de Grassi, condenado en 2009 por abuso sexual agravado a uno de los chicos a los que debía cuidar en la Fundación Felices Los Niños, funcionó como disparador. Hasta entonces, sólo se habían conocido nueve hechos de abuso sexual por parte de curas.
En la Argentina no hay registros oficiales sobre la cantidad de sacerdotes o monjas denunciados y mucho menos sobre cuántas son sus víctimas.
En base a las noticias publicadas en los medios nacionales y regionales, los informes de distintos corresponsales de la agencia y la información que aportaron fuentes propias, Télam reconstruyó un mapa de la pedofilia dentro de la Iglesia utilizando el mismo mecanismo de La Casa del Encuentro, la ONG que lleva adelante el único registro nacional que existe sobre femicidio.
Este mapa muestra que en la mayor parte de los casos la Iglesia no acompañó a las víctimas, que los abusadores ya tenían antecedentes y que los traslados son la respuesta más frecuente ante una denuncia.
“Hay distintos niveles de responsabilidad en los traslados. Esos distintos niveles y esa fragmentación y discrecionalidad conspiran contra la tolerancia cero y otras premisas del Papa sobre los abusos”, reconoció en una entrevista con Télam el obispo Sergio Buenanueva, presidente de la comisión de Ministerios del Episcopado.
En junio de 2015, la diócesis de Ciudad del Este decidió enviar de regreso a Mendoza al cura Carlos Urrutigoity. La primera denuncia de abuso en su contra la hizo en 1989 un compañero del seminario en La Reja, en el oeste bonaerense. Desde entonces, siguió sumando acusaciones en todos sus destinos: tres diócesis de Estados Unidos, y también en las de Mendoza y Paraguay.
El episodio de Urrutigoity no es el único. Otros cuatro curas, incluido un acusado por crímenes de lesa humanidad, encontraron refugio en Paraguay.
Un recorrido similar tuvieron los cuatro curas involucrados en el caso del Instituto del Próvolo, que llegaron al país trayendo sus denuncias por abuso sexual desde Italia y siguieron acumulándolas en Mendoza y La Plata.
Buenanueva, quien en 2011 fue designado para elaborar un protocolo a seguir ante denuncias de abuso, admitió que no sabe cuántos son los curas denunciados ni tampoco los condenados y que hoy en la Iglesia “no existe criterio único”. Todo depende de la orden a la que pertenezca el abusador, si ejerce o no como sacerdote. Y si es obispo, la investigación corre entonces por cuenta del Vaticano. Así, la superposición de responsabilidades termina funcionando como una red de encubrimiento
“Hay sanciones para los obispos cuando no investigamos los casos o hacemos acciones de encubrimiento, pero no hay castigo específico para quien no colabore o dé la información debida a la justicia secular. Y no hay tampoco un protocolo de acción. Es discrecional. La Iglesia viene revisando sus procedimientos, pero a veces tenemos un lenguaje muy eclesiástico”, sostuvo Buenanueva.
El obispo recibió a Télam en la casa de retiro de Pilar, horas después de que la conferencia de obispos debatiera la semana pasada la posible conformación de una comisión para prevenir abusos en el futuro. Buenanueva respondió cada una de las preguntas, hizo autocrítica y sólo pareció incomodarse con la mención de un nombre: Grassi.
“Es un hecho complejo. Ahora se iniciaría el proceso canónico, aunque no tengo certezas. Es parte de los errores que hemos cometido”, reconoció.
En estos quince años, sólo tres curas fueron sancionados con la expulsión del estado clerical que implica que ya no pueden ejercer más el sacerdocio. El primer caso conocido fue el de Miguel Ángel Santurio, expulsado en 2013. El papa Francisco fue quien ordenó la sanción contra José Mercau y Cristian Gramlich, ambos sacerdotes de San Isidro. Y aunque el primero terminó con una condena a 14 años por abuso sexual agravado contra cinco chicos de entre 11 y 15 años, las denuncias contra Santurio y Gramlich -cura en el colegio Marín de San Isidro- nunca fueron llevadas a la justicia.
La misma suerte que los abusadores corrió el sacerdote cordobés Nicolás Alessio, castigado también con la expulsión del sacerdocio pero por haber apoyado la ley de matrimonio igualitario. A diferencia de los otros, su castigo se resolvió en un trámite exprés.
El siguiente listado releva los nombres, cargos y el estado de las causas en la justicia penal y eclesiástica de los integrantes de la Iglesia denunciados por abuso según los registros a los que accedió Télam y tomando como punto de partida el caso Grassi, que se conoció a través de los medios en octubre de 2002.
1- Luis Anguita. Denunciado y sobreseído en 2004 por violar a una chica de 13 años. Se desempeñaba en el Colegio Franciscano Tierra Santa de la Ciudad de Buenos Aires. Sin condena.
2- Luis Alberto Brizzio. Acusado de haber abusado de un joven de 16 años en Santa Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe dictaminó que al producirse los hechos el denunciante era mayor de edad y descartó el delito. No hubo denuncia judicial.
3- Padre Walter Eduardo Avanzini. En 1998 un programa de TV mostró cómo pagaba para tener sexo con niños y adolescentes en una plaza de Córdoba. No fue investigado.
4- Miguel Cacciuto. Acusado en 2009 de abuso en un jardín de infantes en Villa Gesell, Buenos Aires. Actual párroco de la Sagrada Familia de Mar del Plata. No fue condenado.
5- Ladislao Chomin. Condenado en 2012 a 4 años de prisión por abuso sexual de una niña en Misiones. Cumplió prisión domiciliaria.
6- Nicolás Corradi. Con prisión domiciliaria por abuso de menores en el Instituto para chicos sordos e hipoacúsicos Próvolo de Mendoza. Acumula denuncias por abuso en Italia y en el Próvolo de La Plata. No fue condenado.
7- Alessandro De Rossi. Acusado de abuso a niños entre 2008 y 2013, cuando era párroco en un templo de Salta capital. Detenido en Roma en 2014, se negó la extradición por falta de pruebas y fue liberado seis meses después.
8- Fray Diego. Denunciado penalmente en 2008 por abuso sexual contra un adolescente de 15 años en Buenos Aires. No fue investigado.
9- Juan Diego Escobar Gaviria. Elevarán a juicio oral la causa que lo investiga por abuso sexual de al menos cuatro menores en Entre Ríos. En 2016 fue detenido en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria.
10- Atilio Jesús Garay. Acusado de violar reiteradamente a una chica en 2004 en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue candidato a intendente de General Campos, Entre Ríos. No fue investigado ni condenado.
11- Daniel Giménez. Denunciado en marzo de 2011 por abusar de una adolescente en Formosa. Se abrió una causa judicial. No fue condenado.
12- Padre Ricardo Giménez. Denunciado en 2013 por Julieta Añazco, por abuso reiterado en La Plata. No fue llamado a declarar.
13- Hermano Isaac Gómez. Condenado a 11 años de prisión por el Tribunal Oral y Criminal N° 4 de Mercedes, Buenos Aires, por el abuso sexual agravado de un menor.
14- Giovanni Granuzzo. Forma parte de la causa Próvolo de Mendoza, donde se abusó de chicos sordos e hipoacúsicos. También fue denunciado por abuso en Verona, Italia, y La Plata junto con Nicolás Corradi, Luigi Spinelli y Eliseo Primati. Aún no fue condenado.
15- Padre Justo José Ilarraz. Se le inició investigación canónica por abusos contra al menos medio centenar de niños de entre 10 y 14 años en el Seminario Arquidiocesano “Nuestra Señora del Cenáculo” de Paraná, Entre Ríos, entre 1984 y 1992. El juicio oral comenzará en agosto próximo.
16- Padre Virginio Juan Isottón. Detenido en julio de 1999 por “abuso deshonesto” de niñas en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Cañuelas, Buenos Aires. Lo declararon inocente en octubre de 2011.
17- Jorge Luis Morello. Denunciado por Iván González, seminarista de 19 años de Guaymallén, Mendoza. En 2012 se inició una demanda civil contra el arzobispado (José María Arancibia y Sergio Buenanueva) por ocultar información y tuvieron que pagar una indemnización. El arzobispado argumentó que la relación “había sido consentida”. No fue condenado.
18- Albano Mattioli, ex directivo del Próvolo de La Plata. Llegó a la Argentina en 1965 desde el Próvolo de Verona, Italia, tras ser denunciado por abusos. Murió en 2013 a los 93 años en Italia y nunca fue investigado.
19- José Antonio Mercau. El papa Francisco decretó el cese de su condición sacerdotal. En 2011 fue condenado a 14 años por “abuso y sometimiento sexual agravado” en perjuicio de cinco chicos en un hogar del Tigre, Buenos Aires. Fue excarcelado el 18 de marzo de 2014.
20- Reinaldo Narvais. Acusado por acoso sexual y abuso de poder por integrantes de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, de Rosario. El Vaticano abrió un juicio, no dio por probado el abuso y fue declarado inocente.
21- Domingo Pacheco. Condenado en febrero último a 13 años de prisión por abusar del menor Osvaldo Ramírez en Corrientes. Sigue libre hasta que la sentencia quede firme.
22- Rubén Pardo. Acusado por violar a un chico de 14 años en 2002 en Quilmes, Buenos Aires. Murió en 2005. Nunca fue juzgado, pero la Justicia condenó al obispado local por encubrimiento y lo obligó a pagar una indemnización.
23- Héctor Pared. Condenado en marzo de 2003 a 24 años de prisión por abuso sexual en un hogar de Florencio Varela, Buenos Aires. Murió en septiembre de ese año.
24- Martín Paz. Separado de sus funciones eclesiásticas en mayo de 2003 por el arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, por abusar en Catamarca de una chica de 17 años que quedó embarazada. Hubo denuncia penal pero no fue investigado.
25- Luis Pezzolo. Detenido en septiembre de 2003 por abuso sexual en el hogar Obra de Don Bosco de Bernal, Buenos Aires. Estuvo cinco años con prisión domiciliaria. Se espera el juicio público.
26- Fernando Enrique Picciochi. Condenado en 2012 a 12 años de cárcel por abusar sexualmente de al menos cinco niños. Sebastián Cuattromo, quien iba al colegio Marianista de Caballito, Buenos Aires, lo denunció en 2000. Está en libertad por el beneficio del 2×1 desde principios de 2016.
27- Monseñor Carlos Robledo. En octubre de 2012, el ex seminarista Alfredo Bazán lo denunció por el abuso de seis adolescentes en 1987. Murió en 2009 sin ser investigado.
28- Luis Sabarre. Denunciado en 2010 por abusar de una nena de 9 años en Mendoza. La Iglesia abrió una investigación y lo declaró inocente. Fue designado como administrador parroquial del colegio Nuestra Señora de Luján de Cuyo.
29- Padre Miguel Ángel Santurio. Condenado en 2013 en un juicio canónico por abuso en Misiones. Fue liberado por falta de pruebas.
30- Mario Napoleón Sasso. Condenado en 2007 a 17 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco niñas en 2002 y 2003, cuando era párroco de la capilla San Manuel en Pilar, Buenos Aires. En el juicio probaron el encubrimiento de dos sacerdotes colegas de Sasso, que fueron procesados.
31- Padre “Seryo”, Instituto Vicente Pallotti, Turdera, Buenos Aires. Denunciado por abusar de alumnos de ese Instituto. No fue condenado.
32- Luis Eduardo Sierra. Condenado a ocho años de prisión en 2004 por abusar en 2000 y 2001 de tres monaguillos de entre 12 y 14 años del colegio Ave María de la Obra Don Orione, de la localidad bonaerense de Claypole. No se sabe si cumplió la condena. Se fue a Paraguay, donde también lo acusaron de abusos.
33- Luigi Spinelli, consejero en el Próvolo de Mendoza. También había sido denunciado en Verona, Italia. No se sabe dónde está.
34- Edgardo Storni. Ex arzobispo de Santa Fe. En 2009 fue condenado a ocho años por abusar de un seminarista. Pasó un poco más de un año en prisión domiciliaria porque tenía más de 70 años. En 2011, la Cámara Penal anuló el fallo. Murió al año siguiente.
35- Richard Suttle. Fue denunciado en 2008 por abuso sexual de menores entre 1982 y 1983 en la escuela primaria del Sagrado Corazón, en Prescott, Arizona, Estados Unidos. En 2013 llegó a Buenos Aires como integrante del equipo de los claretianos dedicado a las misiones de las Naciones Unidas. No fue investigado.
36- Carlos Urrutigoity. Denunciado por “conductas deshonestas” en un seminario en Buenos Aires y trasladado a los Estados Unidos. Por nuevas denuncias lo reubicaron en Paraguay. Actualmente en el Instituto del Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza. No fue investigado.
37- Aníbal Valenzuela. En 2007 el obispo de Puerto Iguazú (Misiones), Marcelo Martorell, decidió suspenderlo como párroco por denuncias de abusos. Tuvo el apoyo del obispo Joaquín Piña y nunca fue investigado.
38- Padre Mario Yulán. Denunciado por abuso sexual en la parroquia San Juan Bautista, en Buenos Aires en 2007, en reemplazo de José Antonio Mercau. No fue condenado.
39- Cristian Vázquez. Ex sacerdote de la capilla Virgen del Carmen de Río Grande (Tierra del Fuego), imputado por abusar de una menor en 2012. No fue condenado.
40- Renato Rasguido. En marzo de 2014 fue denunciado por abusar de un adolescente de 15 años en Andalgalá, Catamarca. En 2015 la fiscal pidió su detención, aunque no se concretó. Espera el juicio en libertad.
41- Daniel Omar Acevedo. Un joven lo denunció como autor del abuso sexual que había sufrido cuando era niño y el 13 de noviembre de 2016 fue separado como cura de Ushuaia. No fue condenado.
42- Juan de Dios Gutiérrez. Denunciado en abril de 2015 por abusar de una chica de 16 años en Belén, Catamarca. Aún no fue condenado.
43- Agustín Rosa, Salta. Detenido con prisión preventiva. La causa será elevada a juicio oral. Fue denunciado por dos ex novicios. Tiene 25 denuncias canónicas por abuso, corrupción y enriquecimiento ilícito.
44- Nicolás Osvaldo Parma Vega. Denunciado por abuso sexual pero aún no fue investigado. Pertenece a la congregación del sacerdote Agustín Rosa.
45- Cristian Gramlich. Expulsado del estado clerical. No hubo investigación judicial. Las denuncias por abuso en su contra habían empezado en 1998 en el colegio Carmen Arriola de Marín de San Isidro, Buenos Aires.
46- Marcelino Moya. Denunciado en 2015, está a punto de ir a juicio oral. Cometió abusos contra menores que eran monaguillos entre 1994 y 1997 en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Entre Ríos.
47- Eliseo Primati. Cura del Instituto Próvolo de Mendoza. Tiene denuncias por abusos también en Italia. Aún no fue investigado.
48- Finnlugh Mac Conastair. Denunciado por abusos sexuales en el Colegio Cardenal Newman de San Isidro, Buenos Aires. El caso más conocido fue el de Rufino Varela. Aún no fue investigado. Tanto el colegio como la Congregación de Hermanos Cristianos Región de América Latina pidieron recientemente “disculpas públicas” a “todos los abusados” en esa institución.
49- Félix Alejandro Martínez. En 2002 fue denunciado junto al profesor de educación física Fernando Melo Pacheco por el abuso sexual de chicos que asistían al jardín de infantes de la Escuela Nuestra Señora del Camino, de Mar del Plata. Recientemente ofició la misa por los 20 años del asesinato de José Luis Cabezas. No fue condenado.
50- Alejandro Squizziatto. Acusado de abusar de un niño en Mendoza en 2014. No fue investigado.
51- Raúl del Castillo. Denunciado en 2008 en Mendoza por abusar de un adolescente. Está en Paraguay, no fue condenado.
52- Carlos Richard Ibañez Morino. Denunciado por abuso sexual de al menos diez jóvenes en Bell Ville, Córdoba, a principios de los ’90. En 2004, la Corte Suprema paraguaya autorizó un proyecto para extraditarlo a la Argentina. No fue condenado.
53- Carlos Alberto Dorado, Santiago del Estero. Acusado por abuso, no fue investigado.
54- Monseñor Adolfo Uriona. En 2006 una joven lo denunció por haberla manoseado cuando era obispo de Añatuya, Santiago del Estero. Fue demorado por la policía. En 2014, el papa Francisco lo nombró obispo de Río Cuarto. No fue investigado.
55- Carlos Miguel Buela. Fundador del Verbo Encarnado, Mendoza. Acusado de violar a seminaristas de la congregación. El Vaticano admitió que era culpable de “inconductas sexuales”. Lo trasladaron a una iglesia en Génova. No fue condenado.
56- Fernando Yáñez. Procesado por abusar de chicos de un hogar en San Rafael, Mendoza. No fue condenado.
57- Horacio Corbacho. Detenido en Mendoza por las denuncias de abuso a chicos sordos e hipoacúsicos en el Instituto Próvolo. No fue condenado.
58- Néstor Monzón. A punto de ir a juicio oral por el abuso de dos nenes de tres años en Reconquista, Santa Fe.
59- Bibiana Fleitas. En 2015, una ex novicia escribió un libro contando los abusos de la monja en el Colegio Santa Rosa de Viterbo de San Lorenzo, Santa Fe. Fue trasladada a Mendoza pero aún no fue investigada.
60- María Alicia Pacheco. Era colaboradora de otro cura abusador, Agustín Rosa. Detenida desde diciembre de 2016 por abuso reiterado de una nena de 13 años en Salta.
61- Monja Kosaka Kumiko, acusada de ayudar y encubrir a los sacerdotes que abusaban de los chicos del Próvolo de Mendoza. Es investigada y podría enfrentar una pena de entre 10 y 50 años de cárcel.
62- Padre Julio César Grassi. Condenado en 2009 a 15 años de prisión por abusar de un menor que vivía en la Fundación Felices los Niños, que él dirigía. La Corte Suprema confirmó la sentencia en marzo último. En abril, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón lo benefició con el 2×1 y le redujo dos años y medio la pena. La medida será apelada por los abogados querellantes.
Son los militares retirados Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Alberto Pelliza, Jorge Fariña y Marino Héctor González, y los ex agentes civiles de inteligencia Eduardo Costanzo, Walter Pagano, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.
El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó hoy a la pena de prisión perpetua a los diez represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el marco de la causa denominada Guerrieri III.
Los delitos juzgados fueron perpetrados en perjuicio de 47 víctimas del terrorismo de Estado, de las cuales 24 siguen desaparecidas.
Los 10 condenados, entre ellos militares retirados y ex agentes civiles de inteligencia (PCI), operaron en el circuito represivo que comprendía los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio conocidos como Quinta de Funes, escuela Magnasco, La Calamita y La Intermedia, en la órbita del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército en Rosario.
Los militares retirados Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Alberto Pelliza, Jorge Fariña y Marino Héctor González, que integraron el Destacamento de Inteligencia 121, fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.
La misma condena recibieron los ex agentes civiles de inteligencia (PCI) de ese destacamento Eduardo Costanzo, Walter Pagano, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.
Querellantes, sobrevivientes y familiares de las víctimas que aguardaron el fallo junto a otros militantes de derechos humanos celebraron las condenas.
“Este fallo es una construcción de todos los que estamos acá. Sin la calle y las movilizaciones no tendríamos a estos genocidas condenados”, dijo Juane Basso, de HIJOS Rosario.
Por su parte, Norma Vermeulen, de Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario, destacó que los condenados “no son viejitos buenos”.
“Son más jóvenes que yo y son personas malvadas que tienen que pudrirse en la cárcel común. Que lo paguen, eso es importantísimo”, añadió emocionada.
La abogada Nadie Schujman, de la querella de HIJOS, dijo ante el centenar de personas que aguardaron el fallo bajo una persistente lluvia que “estas condenas resultado de la lucha colectiva de cientos, de muchos que no están, de familiares que ponen el cuerpo y de los sobrevivientes que hacen esto posible”.
“La sentencia fue la mejor manera de terminar esta semana en que ganamos todas las batallas: llenamos todas las calles del país para frenar el fallo de la Corte y logramos las diez cadenas perpetuas que pedimos en este juicio”.
Sabrina Gullino Valenzuela Negro, militante de HIJOS Rosario y querellante en la causa, opinó que esta fue “una sentencia ejemplar por toda la lucha que se viene dando en estos cuarenta años, donde hubo subidas y bajadas, pero el amor de las Madres, de las Abuelas, la tenacidad de mis hermanos, de mis compañeros de HIJOS, y de todos los sobrevivientes que con tanto valor, en momentos en que eran muchos más difíciles que ahora declarar, pudieron ir reconstruyendo lo que hoy son los juicios”.
“Nuestro pueblo es el que va a poder doblar el destino para poder encontrar a todos los hermanos que nos faltan y saber qué pasó con nuestros padres, que hoy son nuestros compañeros porque luchamos por su memoria”, declaró tras la lectura de la sentencia.
El espía civil Rodolfo Isach fue el único de los diez hoy condenados sin una condena anterior –en los juicios “Guerrieri I y II”-, ya que estuvo prófugo entre septiembre de 2009 y febrero de 2012, cuando fue capturado en una vivienda de la localidad balnearia de Ostende.
En su legajo, incorporado a la causa, figura una evaluación realizada en aquellos años por su superior, Guerrieri, quien destacó que Isach era “versátil, criterioso y subordinado”, lo que lo convertía en “un verdadero agente especial”.
