Sangre indígena, tomatillos y ayahuasca: la biopiratería patenta ilegalmente recursos genéticos
Escribe Ricardo Borja / Inter Press Service – A las puertas de la COP16 sobre diversidad biológica, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales se enmarcan en la agenda de los países que luchan contra la biopiratería. Desde adquisiciones realizadas por Harvard hasta patentes obtenidas por laboratorios internacionales, Ecuador ha sufrido los efectos de esta problemática, aún sin un plan efectivo para combatirla.
La relación entre Ecuador y la biopiratería ha sido intensa y duradera. Esta se ha forjado bajo tres características básicas que se consolidaron durante varias décadas: megadiversidad, múltiples etnias y un control deficiente de los recursos genéticos.
Según el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), Ecuador es uno de los 20 países megadiversos del mundo; es decir, aquí se concentra una alta cantidad de especies vegetales, animales y ecosistemas. De la misma forma, el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) determinó que en el país existen 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas.
Esta diversidad ha generado un profundo interés por parte de científicos de varias nacionalidades. Con un atractivo académico —y, quizás, una posterior intención comercial—, investigadores se han llevado recursos genéticos sin autorización del Estado ecuatoriano.
“Los pueblos aislados a veces tienen cierta composición genética que no tienen otros pueblos”, menciona Elizabeth Bravo, miembro de la organización Acción Ecológica, sobre el caso de uso ilegal del ADN waorani.
En 2012, la Defensoría del Pueblo inició una investigación sobre este hecho que se relacionó con el instituto estadounidense Coriell, la Escuela Médica Harvard y la compañía petrolera Maxus.En este caso de biopiratería, la Defensoría del Pueblo declaró, a través de una resolución defensorial, que “se han vulnerado los derechos a la identidad cultural, al consentimiento previo, libre e informado para la extracción y uso de recursos genéticos».
Además, en el documento se menciona que las muestras de sangre fueron recolectadas por brigadistas norteamericanos —uno de los miembros era médico de la compañía Maxus, con el fin de realizar chequeos médicos a los habitantes de las comunidades. Sin embargo, nunca se conocieron los resultados de dichas revisiones médicas.
Desde 1991, el Instituto Coriell posee muestras de sangre waorani, las cuales han sido vendidas, a partir de 1994, a instituciones de ocho países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Brasil. En 2010, las muestras fueron retiradas para investigación.
A pesar de que esta problemática se desarrolla en toda la región y representa una pérdida económica para los Estados, Bravo considera que, actualmente, temas como la seguridad y la crisis energética son el foco de atención para el país. “¿Tú crees que la biopiratería está dentro de esas prioridades o solo es una manera de apantallar para hacer una especie de greenwashing(lavado verde)? Yo no creo que sea una prioridad del Estado”, dijo.
El rastro de la biopiratería
El aprovechamiento ilegal de recursos genéticos no es un problema reciente; a la par de la ciencia, este fenómeno ha evolucionado desde hace varias décadas. A pesar de ello, en 1992, con la creación del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), el paradigma sobre estos recursos cambió.
Gracias al CDB, la biodiversidad y los recursos genéticos pasaron a ser patrimonio de los Estados. No obstante, antes de 1992, al ser considerados patrimonio natural de la humanidad, pertenecían a quien los aprovechaba.
Por esta razón, “cualquiera podía tener acceso a ellos, incluidas las empresas que son las que tienen más poder, más posibilidad de acceder. Eso les posibilitó apropiarse e inclusive aplicar derechos de propiedad intelectual”, señala Bravo.
En Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) determina que la biopiratería es “el acceso, uso y/o aprovechamiento ilegal, irregular y/o inequitativo de recursos biológicos y sus derivados».
Aquí también se incluye a los conocimientos tradicionales provenientes de pueblos indígenas, cuando estos son utilizados con una intención de atribuirse derechos exclusivos, a través de la propiedad intelectual.
En 2016, el Senadi -antes llamado Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-, junto con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), presentaron el Primer informe sobre biopiratería en el Ecuador.
Este documento es el único estudio formal realizado por el Estado ecuatoriano respecto al aprovechamiento ilegal de recursos genéticos.
En el informe, se pudo evidenciar la existencia de 128 patentes o solicitudes, a partir de 16 especies endémicas, que no fueron autorizadas por el Estado. Además, en el informe se indica que 100 de las 128 patentes han generado invenciones.
Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Australia y Corea del Sur son los países que concentran más patentes o solicitudes, según el estudio.
Asimismo, algunas de las especies de las cuales se han desarrollado invenciones son las algas de Galápagos (Eisenia galapagensis), la calabaza ecuatoriana (Cucurbita ecuadorensis), la guayusa (Ilex guayusa) y el tomatillo de Galápagos (Solanum cheesmaniae) que presentó más patentes o solicitudes: 21 en total.
Este vegetal endémico de Galápagos es resistente a las plagas y es capaz de crecer en condiciones adversas, como su hábitat cerca del mar y con corrientes de lava costera. El tomatillo es pequeño y agridulce; además, posee la peculiaridad de autopolinizarse. Esta especie única del archipiélago ya se ha patentado de manera ilegal, a pesar de los esfuerzos de las autoridades.
Diego Inclán, director ejecutivo del Inabio, considera que la problemática va más allá de las regulación; esto tiene que ver con el limitado conocimiento que posee Ecuador sobre su megadiversidad. “¿Cómo quieres controlar la biopiratería si no conoces lo que tienes?”, se cuestiona Inclán.
Para el director del Inabio, el camino principal sigue siendo la investigación y la administración del conocimiento. Además, la agilización de procesos es esencial para impulsar una investigación transparente y fluida.
“Si bien es cierto hay que controlar, también hay que dar facilidades y quitar un poco de burocracia para que este sea un camino de emprendimiento”, afirma Inclán.
Ecuador, la COP16 y varias interrogantes
Desde 1993, Ecuador es parte del CDB, es decir, es uno de los 196 Estados firmantes. Este tratado internacional —jurídicamente vinculante— tiene entre sus objetivos principales “la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”.
Este objetivo está directamente relacionado con la biopiratería y, además, será uno de los temas principales de la 16 Conferencia de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP16), que va a realizarse en la ciudad de Cali, en Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre.
Al respecto, se espera que finalicen las negociaciones sobre el mecanismo multilateral para el reparto justo de los beneficios que se derivan por el uso de la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos.
Otra de las temáticas clave y que relaciona a todas las Partes del CDB es la actualización de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad.
Esto, después de la aprobación del Marco Mundial Kunming-Montreal sobre Diversidad Biológica, en diciembre de 2022, que presenta 23 metas para 2030.
Para cumplir con los acuerdos internacionales, Ecuador desarrolló la Estrategia Nacional de Biodiversidad en 2016. A pesar de ello, este documento está alineado con las 20 Metas Aichi que no fueron cumplidas por las Partes y que fue reemplazado por el Marco Mundial Kunming-Montreal desde 2022.
Desde el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) se indicó que en abril de este año, las mesas de trabajo para actualizar la Estrategia Nacional empezaron a desarrollarse. Aunque el documento final todavía no está listo, existe la intención de presentar un borrador en la COP16.
En relación a la administración de recursos genéticos y, pese a que el instrumento de implementación ecuatoriano no está actualizado, existen dos metas sobre el avance del país en este tema.
El primero es la ratificación del Protocolo de Nagoya, que fue realizado en 2017. Este también incluye el desarrollo de la normativa y un plan de implementación: el nivel de progreso indica “Bien encaminados para alcanzar la meta”.
El mismo nivel de progreso se muestra en la segunda meta: “Para el 2021, el Ecuador ha suscrito al menos cinco contratos marco y acceso a recursos genéticos”. Sin embargo, el año de evaluación fue en 2018, la fecha límite 2021 y el estatus de este indicador no ha sido actualizado, según el portal del Inabio.
Lenín Núñez, coordinador de asesoría jurídica del Inabio, indica que, por ahora, no existen casos de éxito en negociaciones relacionadas con solicitudes de investigación con una intención comercial o bioprospección. Para Núñez, el modelo ecuatoriano en cuanto a distribución de beneficios de los recursos genéticos es deficiente y poco competitivo.
Si bien es cierto, la biopiratería se define como el aprovechamiento ilegal de recursos biológicos y sus derivados, la facilidad de acceso a este patrimonio y su importancia en las agendas gubernamentales es parte de la problemática.
“Los recursos genéticos y la biodiversidad todavía no son vistos como ese portal para el desarrollo al futuro. Todavía creemos que la minería y el petróleo son nuestro eje económico”, señala Núñez.
Además de la Constitución del Ecuador, que en su artículo 400 declara la soberanía sobre el patrimonio genético del país, existen otros instrumentos para garantizar su cumplimiento como el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación (Coescci), creado en 2016. Uno de los 11 principios de este cuerpo normativo es combatir la biopiratería.
Según el artículo académico “Delitos contra el patrimonio genético nacional desde la perspectiva del Coescci publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana”, este código “instituye los requisitos de acceso a los recursos biológicos y genéticos y se modifican las competencias de las instituciones”.
Organismos del Estado como el Senadi, Inabio y Matee tienen responsabilidad en la administración de recursos genéticos; sin embargo, la Senescyt desempeña un papel crucial.
En relación a recursos genéticos, la Senescyt es la autoridad encargada de generar normativa para el acceso a estos. A pesar de ello, tal reglamento todavía no se ha desarrollado y se trabaja con el Decreto Ejecutivo 905 de 2011.
“Tiene los insumos principales para que se pueda armonizar el acceso a los recursos genéticos, pero no es lo óptimo, porque hoy ya tenemos una norma como lo es el Coescci”, precisa Núñez.
Esta secretaría también tiene a su cargo la formulación de políticas públicas para efectivizar el Protocolo de Nagoya. Este es uno de los temas en los que participará Ecuador en la COP16; sin embargo, al cierre de este reportaje, la SENESCYT no atendió nuestras solicitudes para realizar una entrevista.
Conocimientos tradicionales…y comerciales
La definición de biopiratería también tiene una relación directa con los conocimientos ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas. En muchas ocasiones, las propiedades de una planta son descubiertas por ciertas comunidades que la han utilizado, por miles de años, para propósitos comunes.
La Meta 13 del Marco Mundial Kunming-Montreal sobre “la participación en los beneficios de los recursos genéticos, la información de secuencias digitales y los conocimientos tradicionales” reconoce la importancia de los pueblos indígenas y su relación con la naturaleza.
De esta conexión milenaria se han desprendido patentes y, en varias ocasiones, las comunidades indígenas no han recibido los beneficios derivados.
Uno de los casos más relevantes para Ecuador y para la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) fue el de la ayahuasca.
Después de convivir con el pueblo secoya por más de 10 años, Miller aprendió los conocimientos asociados a esta planta.
Este caso fue una clara violación al sistema de valores y al patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
La ayahuasca en la Amazonia es utilizada con fines sociales, religiosos y medicinales. Además, los shamanes la emplean para la adivinación y con el propósito de realizar ceremonias desde un contexto sobrenatural y de conexión con su entorno.
Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coica, menciona que “la base del conocimiento de los pueblos indígenas, sea plantas o en biodiversidad pasa por el idioma, nuestra comunión, nuestro arte, nuestra música, nuestra danza, nuestras canciones, nuestra ceremonia. Todo lo que tiene que ver con nuestro calendario cultural”.
A finales de la década de los 90, la Coica inició un proceso legal ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.
En 1999, la patente de la ayahuasca fue anulada hasta 2001, cuando la Oficina de Patentes, después de una apelación de Miller, emitió un certificado para que la patente se mantuviera hasta finalizar su vigencia: junio de 2003.
La Meta 13 será un punto de discusión en la COP16. Esta, además, tiene una conexión directa con el Protocolo de Nagoya; pues remarca el fortalecimiento de las capacidades en las comunidades para beneficiarse sobre los conocimientos relacionados con recursos genéticos.
Para Díaz Mirabal, “el sentido del Protocolo de Nagoya, y el espíritu, es muy bueno, pero no se cumple. Entonces, yo creo que debe haber acuerdos de implementación y aplicación que sean reales”.
Además, Díaz Mirabal y Núñez coinciden que en el país, todavía no existe un sistema real de reparto de beneficios de recursos genéticos asociados a conocimientos tradicionales.
El coordinador de la Coica indica que es necesaria la consulta previa, libre e informada sobre temas de conocimiento ancestral.
Díaz Mirabal menciona que el conocimiento sobre la naturaleza no le pertenece a una sola persona; esta es información que se ha desarrollado por siglos en los pueblos indígenas.
Sin embargo, lo que suele ocurrir es que personas externas negocian particularmente con una sola persona de la comunidad para acceder a cierta información.
Ecuador ha trabajado en la implementación de un marco legal sobre los conocimientos tradicionales para evitar actos de biopiratería. Un ejemplo de esto es el Coescci que en su Libro III se ocupa de la gestión de los conocimientos.
Ante ello, Díaz Mirabal afirma que los pueblos indígenas necesitan mecanismos para apropiarse, conocer y poder alinearse a los requerimientos de patentes.
A pesar de ello, el coordinador de la Coica considera que Ecuador “ha avanzado mucho más que en otros países en el tema de la propiedad intelectual indígena”.
Por ahora, el control al aprovechamiento ilegal de recursos genéticos y el acceso a conocimientos ancestrales son cuestiones que estarán presentes en la COP16. Ante este escenario, Ecuador deberá ajustar —de manera efectiva— su planes y estrategias para atender estos temas.
Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
Ricardo Borja
