Por Thalif Deen / Inter Press Service – Más de 100 activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil denuncian el previsto nuevo Tratado de Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia, cuya adopción por la Asamblea General de la ONU está prevista para finales de año, por considerarlo una posible herramienta para la represión de los gobiernos del mundo.
Se espera que el tratado sea adoptado por un Comité Ad Hoc de la ONU a finales de esta primera semana de agosto y pase a la Asamblea General de 193 miembros para su aprobación final.
Deborah Brown, directora adjunta de Tecnología, Derechos e Investigaciones de Human Rights Watch (HRW), dijo a IPS que los gobiernos deberán entonces firmar y ratificar el tratado, lo que implica pasar por procesos nacionales.
«Prevemos que a medida que los países avancen en la ratificación del tratado, este se enfrentará a un considerable escrutinio y a la oposición de los legisladores y del público debido a la amenaza que supone para los derechos humanos», aseguró.
El tratado, señaló, ampliaría la vigilancia gubernamental y crearía una herramienta sin precedentes para la cooperación transfronteriza entre gobiernos en una amplia gama de delitos, sin las salvaguardias adecuadas para proteger a las personas de los abusos de poder.
«También se espera que comiencen las negociaciones sobre un protocolo que acompañe al tratado para abordar delitos adicionales y ampliar aún más el alcance del tratado. Instamos a los gobiernos a que rechacen un tratado sobre ciberdelincuencia que menoscaba los derechos», afirmó Brown.
Al reconocer los crecientes peligros de la ciberdelincuencia, la ONU afirma que los Estados miembros se han puesto a redactar un tratado internacional jurídicamente vinculante para contrarrestar la amenaza.
Cinco años después, las negociaciones siguen en curso, sin que las partes hayan podido alcanzar un consenso aceptable en el Comité Ad Hoc intergubernamental, conformado por expertos gubernamentales en los delitos ciberdependientes.
De hecho, la última reunión de los miembros del Comité, celebrada en febrero, no concluyó con un borrador consensuado, ya que los países fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre una redacción que equilibrara las salvaguardias de los derechos humanos con las preocupaciones en materia de seguridad.
Una de las organizaciones no gubernamentales que participan en las negociaciones es Access Now, que defiende y amplía los derechos digitales de personas y comunidades en situación de riesgo en todo el mundo.
Mientras se celebraba la sesión de febrero en la sede de la ONU en Nueva York, Raman Jit Singh Chima, consejero internacional sénior y director de Políticas para Asia y el Pacífico de Access Now, habló con Conor Lennon, de Noticias ONU, para explicar las preocupaciones de su organización.
«Este tratado debe abordar la ‘ciberdelincuencia básica’, es decir, aquellos delitos que solo son posibles a través de un ordenador, que a veces se denominan delitos ‘ciberdependientes’, como el pirateo de sistemas informáticos y el menoscabo de la seguridad de las redes», afirmó Chima.
Está claro que los Estados deben tipificar estos delitos, con disposiciones claras que permitan a los gobiernos de todo el mundo cooperar entre sí.
«Si se amplía demasiado el ámbito de aplicación del tratado, podrían incluirse los delitos políticos. Por ejemplo, si alguien hace un comentario sobre un jefe de gobierno, o un jefe de Estado, eso podría acabar siendo penalizado por la ley de ciberdelincuencia», señaló.
A su juicio, «cuando se trata de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley cooperen en este tratado, tenemos que establecer normas sólidas en materia de derechos humanos, porque eso proporciona confianza y seguridad en el proceso».
Además, si se tiene un tratado amplio sin salvaguardias, todas las solicitudes de cooperación podrían acabar siendo impugnadas, no solo por los defensores de los derechos humanos y las comunidades afectadas, sino por los propios gobiernos, advirtió.
Mientras tanto, una declaración conjunta de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) vinculadas a las negociaciones señala deficiencias críticas en el actual borrador del tratado, que amenaza la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos humanos.
El proyecto del tratado contiene amplias disposiciones penales que son débiles -y en algunos lugares inexistentes- salvaguardias de los derechos humanos, y establece excesivos requisitos de intercambio de información y cooperación transfronterizos, que podrían facilitar una vigilancia intrusiva.
«Los regímenes de ciberdelincuencia se han utilizado indebidamente en todo el mundo para perseguir y vigilar a defensores de los derechos humanos, periodistas, investigadores de seguridad y lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en flagrante violación de los derechos humanos», indica la declaración.
La amplitud excesiva del proyecto de convenio también amenaza con socavar sus propios objetivos al diluir los esfuerzos para hacer frente a la ciberdelincuencia real, al tiempo que no salvaguarda la investigación legítima en materia de seguridad, dejando a la gente menos segura en línea, advierten las OSC.
Y añaden: «Lamentablemente, las leyes nacionales y regionales sobre ciberdelincuencia se utilizan con demasiada frecuencia para atacar injustamente a periodistas e investigadores de seguridad, reprimir la disidencia y a los denunciantes, poner en peligro a los defensores de los derechos humanos, limitar la libertad de expresión y justificar medidas de vigilancia estatales innecesarias y desproporcionadas».
A lo largo de las negociaciones de los dos últimos años, grupos de la sociedad civil y otras partes interesadas han insistido constantemente en que la lucha contra la ciberdelincuencia no debe ir en detrimento de los derechos humanos, la igualdad de género y la dignidad de las personas cuyas vidas se verán afectadas por el nuevo tratado.
En un artículo de opinión publicado en Foreign Policy in Focus, Tirana Hassan, directora ejecutiva de HRW, afirma que el nuevo tratado, respaldado por Rusia, pretende reprimir la disidencia.
Señala que la ciberdelincuencia -el pirateo malintencionado de redes, sistemas y datos informáticos- amenaza los derechos y el sustento de las personas, y que los gobiernos deben colaborar para hacer más por combatirla.
Sin embargo, el tratado sobre ciberdelincuencia que se está debatiendo en Naciones Unidas podría facilitar la represión gubernamental.
Al ampliar la vigilancia gubernamental para investigar delitos, el tratado podría crear una herramienta sin precedentes para la cooperación transfronteriza en relación con una amplia gama de delitos, sin las salvaguardias adecuadas para proteger a las personas de los abusos de poder.
«No es ningún secreto que Rusia es la impulsora de este tratado. En su afán por controlar la disidencia, el gobierno ruso ha ampliado significativamente en los últimos años las leyes y normativas que endurecen el control sobre la infraestructura de Internet, los contenidos en línea y la privacidad de las comunicaciones», afirma Hassan.
Pero Rusia no tiene el monopolio del abuso de las leyes contra la ciberdelincuencia.
Human Rights Watch ha documentado que muchos gobiernos han introducido leyes contra la ciberdelincuencia que van mucho más allá de abordar los ataques maliciosos a los sistemas informáticos para dirigirse contra las personas que no están de acuerdo con ellos y socavar los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, señaló.
Por ejemplo, en junio de 2020, un tribunal filipino condenó a Maria Ressa, periodista galardonada con el premio nobel de la Pazy fundadora y editora ejecutiva del sitio informativo Rappler, por «difamación cibernética» en virtud de su Ley de Prevención de la Ciberdelincuencia.
El gobierno ha utilizado esta ley contra periodistas, columnistas, críticos con el gobierno y usuarios de las redes sociales, como Walden Bello, destacado activista social progresista, académico y ex congresista.
En Túnez, las autoridades han invocado una ley de ciberdelincuencia para detener, acusar o someter a investigación a periodistas, abogados, estudiantes y otros críticos por sus declaraciones públicas en Internet o en los medios de comunicación.
En Jordania, las autoridades han detenido y hostigado desde octubre de 2023 a decenas de personas que participaban en protestas a favor de Palestina o hacían incidencia política en Internet, y han presentado cargos contra algunas de ellas en virtud de una nueva ley sobre ciberdelincuencia ampliamente criticada.
Los países de la región de Medio Oriente y Norte de África han convertido en armas las leyes que penalizan las conductas homosexualesy han utilizado las leyes de ciberdelincuencia para perseguir la expresión en línea.
El tratado tiene tres problemas principales: su amplio alcance, su falta de salvaguardias de los derechos humanos y los riesgos que plantea para los derechos de los niños, analiza Hassan en su artículo.
Añade que «en lugar de limitar el tratado a los delitos cometidos contra los sistemas informáticos, las redes y los datos -pensemos en la piratería o el ransomware-, el título del tratado define la ciberdelincuencia de modo que incluya cualquier delito cometido mediante el uso de sistemas de tecnologías de la información y la comunicación».
Los negociadores también están dispuestos a acordar la redacción inmediata de un protocolo del tratado para abordar «delitos penales adicionales, según proceda».
Como resultado, cuando los gobiernos aprueben leyes nacionales que penalicen cualquier actividad que utilice Internet de cualquier forma para planificar, cometer o llevar a cabo un delito, podrán remitirse al título de este tratado y potencialmente a su protocolo para justificar la aplicación de leyes represivas.
Además de la amplia definición de ciberdelincuencia que figura en el tratado, precisa Hassan, este exige esencialmente a los gobiernos que vigilen a las personas y entreguen sus datos a las fuerzas de seguridad extranjeras a petición de ellas si el gobierno solicitante alega que han cometido algún «delito grave» con arreglo a la legislación nacional, definido como un delito con una condena de cuatro años o más.
Esto incluiría conductas protegidas por la legislación internacional de derechos humanos, pero que algunos países penalizan de forma abusiva, como las relaciones homosexuales, criticar al gobierno, realizar reportajes de investigación, participar en protestas o denunciar irregularidades.
El año pasado, un tribunal saudí condenó a muerte a un hombre y a 20 años de prisión a otro, ambos por expresarse pacíficamente en Internet, en una escalada de la represión cada vez mayor de la libertad de expresión y otros derechos básicos en el país.
Este tratado obligaría a otros gobiernos a ayudar y convertirse en cómplices de la persecución de tales «delitos».
Además, la falta de salvaguardias de los derechos humanos, concluye Hassan, «es inquietante y debería preocuparnos a todos».
Thalif Deen El jefe de la oficina de IPS en las Naciones Unidas y director regional para América del Norte, ha estado cubriendo la ONU desde finales de la década de 1970. Ex editor adjunto de noticias del Sri Lanka Daily News, también fue redactor editorial senior de The Standard, con sede en Hong Kong
